Hoy fue presentado a la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) -y otras instancias relacionadas a tema de tierras- el programa de cooperación técnica que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) implementará en Guatemala por medio de dos proyectos facilitados por el Programa de Cooperación Técnica de la organización.

Esto con el objetivo de fortalecer la institucionalidad de la SAA, el Fondo de Tierras y el Registro de Información Catastral y de promover la implementación de la Política Agraria, en el marco de las Directrices Voluntarias de la Gobernanza Responsable de la Tierra, los Bosques y la Pesca.

Los proyectos buscan contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 (Fin de la pobreza) e impulsar la agricultura familiar y los sistemas inclusivos para el desarrollo rural sostenible, así como la reactivación de la economía campesina.

Una de las herramientas vitales con las que cuenta Guatemala para el logro de lo anterior es: la Política Agraria. Esta constituye una de las 11 políticas sectoriales definidas en el Plan para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI). 

La Política Agraria establece los objetivos, estrategias e instrumentos que, en su conjunto, pretenden facilitar y ampliar el acceso a la tierra, la resolución de conflictos, la certeza y seguridad jurídica y el acceso a otros activos productivos, con la finalidad de atender la problemática agraria nacional.

Los proyectos estarían teniendo impactos a dos niveles: nacional –en caso del apoyo a la institucionalización e implementación de la Política A- y territorial, específicamente en el área del valle del Polochic, Alta Verapaz.

“Guatemala es un caso contradictorio en cuanto al uso, tenencia y gobernanza de la tierra.  Es muy rico en recursos, sin embargo, la distribución de estos es desigual. El país tiene un coeficiente de GINI[1] de 0.84, uno de los más altos de la región. El 92% de los productores agrícolas rurales a pequeña escala utiliza únicamente el 22% de la tierra” indicó Diego Recalde, durante su intervención en la actividad.

Recalde agregó: “Esta desigualdad es una de las principales causas de la conflictividad relacionada con la problemática de la tenencia de la tierra”.

Al 31 de diciembre del 2015, la SAA atendía 1,476 casos de conflicto que involucran a aproximadamente 1, 490,315 personas en una extensión de 1,393,344.98 hectáreas.  De ellos el 73.38% involucran a población indígena. 

Por grupo étnico, la pobreza afecta al 74.8% de la población indígena (47.6% en pobreza, 27.2% en pobreza extrema) y el 36.2% de no indígenas (28.5% en pobreza, 7.7% en pobreza extrema.  Geográficamente el 53.9% de la población del país reside en el área rural caracterizándose por ser pluricultural, pluriétnica y multilingüe. 

Por un derecho fundamental

El apoyo técnico que la FAO anunció hoy no es nuevo. Desde el 2013 acompaña a la Secretaría de Asuntos Agrarios en la formulación y socialización de la Política Agraria, la cual incorporó los principios de las Directrices Voluntarias de Gobernanza Responsable en un 80%, que han sido validadas por 189 países siendo Guatemala el primer país de Latinoamérica en implementarlas en una política.

Aunque el Estado de Guatemala ya ha recibido por algunos años el apoyo de FAO, el tema continúa siendo complejo.

“La tenencia, propiedad y distribución de la tierra ha sido y continúa siendo en Guatemala uno de los temas centrales para avanzar en el desarrollo rural; en un escenario así, el acceso a la tierra en un país cuya población depende de la agricultura para su consumo y subsistencia este derecho cobra mayor relevancia” finalizó Recalde.