Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (DVGT) ponen en el centro de sus recomendaciones el beneficio que los SAT deben proveer en término del fortalecimiento de los derechos relativos a la seguridad de la tenencia de la tierra. Estos principios mencionan, entre otros, la necesidad de:

• dar reconocimiento y respetar a todos los titulares legítimos y sus derechos de tenencia
• adoptar medidas razonables para identificar, registrar y respetar a los titulares y sus derechos
• que los Estados deberían esforzarse por asegurar la gobernanza responsable de la tenencia, porque la tierra, la pesca y los bosques son fundamentales para la realización de los derechos humanos, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad de los medios de vida, la estabilidad social, la seguridad de la vivienda, el desarrollo rural y el crecimiento social y económico
• proporcionar una vía eficaz y accesible para la resolución de los conflictos sobre los derechos de tenencia, y poner en ejecución las resoluciones en plazos breves y a costos asequibles
• «Los Estados deberían elaborar unas políticas, leyes y procedimientos pertinentes por medio de procesos participativos que involucren a todas las partes afectadas, asegurando que desde un principio sean tomados en cuenta tanto los hombres como las mujeres.»

Por su lado el Marco de Evaluación de la Gobernanza de la Tierra (LGAF) considera entre los temas esenciales a tomar en cuenta al momento de analizar un SAT:

• el reconocimiento de un continuo de derechos sobre la tenencia, en forma individual o colectiva
• el respecto de los derechos de tenencia, incluyendo los derechos de posesión y los de las mujeres y de las minorías
• los mecanismos de asignación, de registro de derechos de tenencia de una forma non discriminatoria
• el acceso para todos los interesados a información pública, certera y en forma eficiente sobre la tenencia de la tierra
• una clara distribución de responsabilidad dentro del gobierno y la sociedad civil para la resolución de conflictos y un bajo nivel de conflictividad en relación con la tenencia