Madre e hija en la Nicaragua rural

La Reforma Agraria emprendida por el Gobierno Sandinista de Nicaragua en los 80 se propuso democratizar el acceso a la tierra y reorganizar la propiedad. 30 años después, sin embargo, sigue siendo necesario robustecer la administración de la tierra al modernizar las instituciones que prestan servicios y reforzar los derechos de propiedad de la tierra de las familias más pobres.

Por ello, en 2003 el Proyecto de fortalecimiento de los derechos de la Propiedad (PRODEP) aspiró a dar mayores garantías en la titularidad de las tierras a los pequeños poseedores de tierras en zonas rurales y urbanas de cuatro departamentos de Nicaragua. Porque una mayor certeza jurídica sobre la tenencia—asumía el proyecto, tendría un impacto en la inversión productiva, la mejora de viviendas, y la resolución de la conflictividad agraria. También impulsaría el desarrollo de sus comunidades, reflejándose en una más clara delimitación de territorios indígenas y en una mayor equidad de género en materia de acceso a la propiedad.

Ante los resultados positivos del proyecto, en 2012 se puso en marcha una segunda fase, el PRODEP II, que ahondaba en el contexto normativo e institucional, buscando generar un clima favorable para la elaboración de políticas y la modernización de los servicios de administración de tierras, incluyendo a los municipios. Asimismo, el PRODEP II extendió la actualización del catastro, la regularización de la tenencia y la demarcación de áreas protegidas en dos departamentos más.

Hasta la fecha, los resultados de la segunda fase han sido alentadores, superando las metas iniciales. Por ejemplo, se han otorgado títulos de propiedad a 85.000 hogares, más de la mitad de ellos a mujeres. También se ha actualizado la información catastral manejada por los municipios para facilitar la recaudación de impuestos locales, desarrollado un sistema de vinculación del Catastro con el Registro de la Propiedad en Chinandega y Managua- y se han acortado los plazos para realizar una transacción de tierras. Se aprecia, además, un descenso de la conflictividad agraria.

Por ello, sin que la Fase II haya concluido, el Banco Mundial acaba de dar luz verde a la financiación de la tercera fase del PRODEP, que extenderá las acciones sobre los derechos de propiedad y los servicios de administración de tierras en cuatro nuevos departamentos ubicados en el eje centro-norte del país. Esta zona coincide en gran parte con el llamado Corredor Seco mesoamericano, una región que se ve afectada regularmente con eventos climáticos extremos. Fabrice Edouard, experto de la FAO y miembro del equipo del proyecto, apunta a que se activará también allí “un programa de regularización de los derechos de tenencia a pequeños productores, especialmente cafetaleros, además de los 80,000 títulos nuevos sobre tierra de la reforma agraria”.

El anuncio de la puesta en marcha del PRODEP III, que representa una inversión de 50 millones de dólares, se enmarca en un nuevo acuerdo del Banco Mundial para apoyar 3 proyectos en el país mesoamericano –con una inversión total de 145 millones de dólares.