Al aumentar de manera activa la eficiencia en el uso de los recursos naturales, los programas públicos de mejoramiento de la productividad agrícola pueden funcionar como incentivos para el cumplimiento de las normas de conservación, reduciendo además la competencia respecto a las metas de conservación. Ciertas políticas públicas pueden exigir que se combinen las inversiones públicas de refuerzo de las normativas medioambientales con inversiones complementarias del sector privado.