Promovido por el Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo Colombia, el proyecto de Ley 139 de 2018 busca, entre otros, que las entidades públicas que demandan alimentos adquieran a nivel departamental, como mínimo, un 10 % del valor total de las compras de alimentos con los productores/as de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Los diferentes Ministerios y entidades de Gobierno que abarcan más del 70% de la demanda de alimentos, procuran abastecerse con productos frescos, diversificados y culturalmente aceptados en las dietas de su población. Ellos proveen la alimentación de las poblaciones más vulnerables, proporcionando comida saludable a los niños y niñas que participan de los programas de alimentación escolar, beneficiarios de los hospitales públicos, miembros de las fuerzas militares, personas de los circuitos carcelarios y otras instituciones similares. Una demanda que la agricultura familiar puede estar en capacidad de abastecer.

En lo que respecta a compra de alimentos, en el 2017 tan sólo tres entidades/programas de gobierno (el Programa de Alimentación Escolar PAE; el ICBF y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC) adquirieron $ COL 2.1 billones en alimentos, sin embargo la participación de la agricultura familiar como proveedor directo de estos mercados institucionales es tan sólo del 3%, lo que revela la oportunidad de fomentar la vinculación de estos actores a los sistemas de compras públicas. Hoy una de las apuestas más prometedoras en América Latina y el Caribe para erradicar el hambre y la pobreza.

Para impulsar esta propuesta en el país, el Frente Parlamentario contra el Hambre conformado por 43 congresistas de 17 partidos políticos, con el apoyo de la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura – FAO, el Programa Mesoamérica sin Hambre y la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas de Alimentos, construyó el año pasado el proyecto de ley número 139 de 2018.

El proyecto propone formalizar la creación de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas de Alimentos, que si bien existe desde el año 2017, con la ley sería establecida como ente encargado de la implementación de esta propuesta en el país, hoy conformada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias - UAEOS, el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, la Agencia de Desarrollo Rural – ADR; la Agencia de Renovación del Territorio – ART; con el acompañamiento técnico de la FAO y el programa Mesoamérica sin Hambre. Sin embargo de ser aprobada esta ley 15 entidades estatales más serían adheridas.

Plantea también reglamentar el diseño de minutas alimentarias y menús estandarizados que prioricen en las preparaciones o paquetes alimentarios distribuidos por las entidades del Estado, la inclusión de alimentos producidos localmente, que sin afectar el aporte nutricional, prioricen el abastecimiento con productores/as de la agricultura familiar.

Establece la creación de un sistema de información de compras públicas locales de alimentos articulado con la plataforma Colombia Compra Eficiente que incluiría indicadores como: el registro de agricultores campesinos, familiares y comunitarios y sus organizaciones solidarias; la demanda de alimentos requerida mensualmente por las entidades públicas; la evolución histórica de los precios; la identificación y datos de contacto de los contratistas que demandan alimentos; las compras locales de alimentos realizadas, entre otros.

De la misma manera, se proponen incentivos para los productores quienes quedarían exentos de diferentes contribuciones y retenciones fiscales y parafiscales, además del costo de otros trámites y con la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas serían vinculados a procesos de generación de capacidades para el fortalecimiento y sostenibilidad de sus actividades productivas, así como a estrategias, acciones, programas, orientados a incrementar su productividad y competitividad para el abastecimiento de alimentos de las compras públicas locales.

El proyecto de ley que deberá superar cuatro debates en el Congreso de la República, ya fue aprobado por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en noviembre de 2018 y actualmente se encuentra en proceso de discusión y fortalecimiento, razón por la que se han llevado a cabo diversas actividades entre ellas una socialización con la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas a principios de febrero de este año a la que se suma las audiencias públicas que se han desarrollado en las ciudades de Ibagué y Tunja en alianza con RAPE Región Central y en el Congreso de la República con la Comisión Accidental del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo Colombia, el Programa Mesoamérica sin Hambre y la Comisión Quinta Constitucional de la Cámara de Representantes.

Hoy en Meta, Villavicencio, y el jueves, 11 de abril en Fusagasuga, Cundinamarca, además de socializar el proyecto de ley, se realizará una jornada de asistencia técnica de entrada libre dirigida a pequeños productores locales y operadores de programas de alimentación estatal de ambos departamentos con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el abastecimiento de las compras gubernamentales con productos locales organizado por la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas de Alimentos, la FAO y el programa Mesoamérica sin Hambre.

La inclusión de la Agricultura Familiar a los Sistemas de Compras Públicas de Alimentos se ha convertido en América Latina y el Caribe en una de las estrategias más prometedoras en la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional y la superación de la pobreza rural por su integralidad, pues representa un círculo virtuoso entre la agricultura familiar, los mercados locales, los programas de asistencia del gobierno y los consumidores.