Campesinos/as colombianos celebran la sanción de la Ley 2046 de 2020, con la que se abrirán oportunidades de nuevos mercados y de generación de ingresos.

Luego de un proceso de construcción conjunta y tras cursar la debida revisión, el proyecto de Ley aprobado por unanimidad en su último debate en la Plenaria del Senado de la República el pasado 20 de junio de 2020, fue sancionado como Ley de la República de Colombia este 6 de agosto.

La noticia esperada por los campesinos, agricultores familiares y pequeños productores agropecuarios ha sido motivo de celebración, no solo por el reconocimiento a su labor, sino porque, a partir de ahora, será exigencia que los programas institucionales les compren al menos el 30 por ciento de los alimentos que éstos demandan.

En medio de las delicadas consecuencias que ha traído la crisis generada por la pandemia del Covid-19, surge a nivel legal una oportunidad para la reactivación económica de uno de los sectores económicos y sociales más importantes: el de la producción de alimentos y el abastecimiento alimentario.

La Ley 2046, sancionada por el señor Presidente, Iván Duque Márquez, el 6 de agosto de 2020, “establece mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos".

“Hoy marca un hito nuestro país en la política rural, en la política de desarrollo del campo, porque hoy los pequeños productores, los productores comunitarios, los productores cooperativos reciben por la puerta grande un anhelo de años y es la participación activa y efectiva en el sistema de compras públicas”, dijo el Mandatario durante el acto de sanción de la Ley.

Aspectos destacados que contempla la Ley 2046 del 6 de agosto de 2020

Esta comprende varios beneficios económicos, organizacionales y nutricionales, dentro los que se destacan:

En adelante los programas públicos que incluyen la compra de alimentos tendrán la obligación de adquirir localmente al menos el 30 por ciento de esta demanda a los pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria (ACFC) locales y sus organizaciones.

Los pagos por estas compras deberán realizarse contra entrega del producto. Un aspecto de alta relevancia, pues campesinos y productores agropecuarios no tendrán que esperar los 30 días hábiles que normalmente establecen las compras públicas, viabilizando que el flujo de caja se mantenga activo y con ello también su motivación como proveedores de estos programas.

La creación legal de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales es otro de los puntos contemplados en la Ley. Este espacio que ha venido en funcionamiento desde 2016, y que surgió como una instancia de articulación interministerial voluntaria, será ahora reconocida como ente encargado del diseño de políticas, lineamientos, guías, estrategias, seguimiento, así como la inclusión de productos agropecuarios en los menús institucionales, sus preparaciones y frecuencias.

Asimismo, establece la creación de un sistema de información de compras públicas locales de alimentos, articulado con la plataforma Colombia Compra Eficiente, que incluirá indicadores como: el registro de agricultores campesinos, familiares y comunitarios y sus organizaciones; la demanda de alimentos requerida mensualmente por las entidades públicas; la evolución histórica de los precios; y las compras públicas locales de alimentos realizadas, entre otros.

Dicha información, además de convertirse en una herramienta de seguimiento, articulará a todos los actores involucrados en estos esquemas y permitirá la preparación de informes anuales que deberán ser presentados al Congreso de la República.

Poner en funcionamiento la Ley 2046 va a requerir del fortalecimiento y formación a funcionarios de Alcaldías, Gobernaciones y participantes de los espacios territoriales de articulación definidos.

Vale la pena destacar que dentro de los artículos contemplados por la Ley se encuentra la obligación estatal de diseñar minutas alimentarias y menús con enfoque territorial, conforme a los hábitos alimenticios de la población (Artículo 8). Medida que busca mejorar las condiciones nutricionales de los beneficiarios de los programas institucionales, a la vez que promueve la agricultura local y su fortalecimiento económico y la reducción en la pérdida de alimentos, entre otros.

¿Cómo fue construida y por qué es necesario tener una ley de compras públicas locales?

La inclusión de la Agricultura Familiar en los Sistemas de Compras Públicas de Alimentos se ha convertido en América Latina y el Caribe en una de las estrategias más prometedoras en la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional y la superación de la pobreza rural por su integralidad, pues representa un círculo virtuoso entre la agricultura familiar, los mercados locales, los programas de asistencia del gobierno y los consumidores.

Ante este escenario, desde el 2016, con el apoyo de la FAO, a través de los programas de Cooperación Internacional Brasil-FAO y Mesoamérica Sin Hambre AMEXCID-FAO, una iniciativa en conjunto con el Gobierno de México a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), se ha promovido en Colombia junto a entidades de gobierno de orden departamental y local la asistencia técnica para la implementación de la estrategia de compras públicas locales a la agricultura familiar.

Fruto de estas experiencias, Colombia comienza un proceso de diseño institiucional para el tema. Por un lado, se articularon las principales entidades de gobierno que tienen a su cargo la demanda de alimentos como el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Ejército Nacional.

En igual sentido, se coordinaron las entidades que trabajan en el fortalecimiento de productores y en garantizar una oferta alimentaria inocua y de calidad, como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo Rural, la RAPE Región Central, secretarías de agricultura y desarrollo económico departamentales, entre otros, con apoyo permanente de entidades encargadas de la promoción de la asociatividad para el fortalecimiento del sector agropecuario como la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), y de entidades encargadas de la vigilancia y cumplimiento de requisitos sanitarios (INVIMA), se consolidó la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas.

A través de este espacio intersectorial, al que se sumaron más de 30 instituciones, organizaciones campesinas y de sociedad civil, academia y agencias de cooperación internacional, entre 2016 y 2018, hizo presencia institucional en 17 departamentos, completando su instalación departamental en toda la nación a inicios del 2020.

Una de las principales acciones operativas de las entidades fue la promoción de ciclos de ruedas negocios, con las que logró que 603 operadores de programas institucionales (ICBF, USPEC, PAE) compraran a 592 organizaciones de productores locales agropecuarios alimentos para su abastecimiento, por un valor de 10 165 millones de pesos colombianos.

Paralelamente, y ante los exitosos resultados en las ruedas de negocios, participantes de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas, en coordinación con el Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) y el acompañamiento de varios congresistas de distintos partidos que lo integran, el proyecto de ley fue radicado el 5 de septiembre de 2019.

Es de resaltar la participación activa en esta propuesta de Silvio Carrasquilla en calidad de autor, los ponentes y conciliadores Flora Perdomo Andrade, Guillermo García Realpe, Sandra Ortiz Novoa, Maritza Martínez Aristizabal, Miguel Ángel Barreto y Rubén Darío Molano y el Presidente de Senado Lidio García Turbay.

Asimismo, la realización de varias jornadas académicas, audiencias públicas y foros a nivel nacional y local, que como parte del proceso de construcción y validación de la propuesta, participantes del FPH y de la Mesa Técnica, con el acompañamiento técnico-legislativo de la FAO, pusieron en marcha con el objetivo de socializar la iniciativa, establecer consenso en su articulado y de fortalecerla para que esta fuese una ley que le sirviera al sector rural en su lucha por la erradicación de la pobreza y en la garantía progresiva del derecho a la alimentación.

Oportunidad de desarrollo local

Según estimaciones de FAO y la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales, solo tres de los programas institucionales más importantes a nivel nacional, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), Atención a Primera Infancia (ICBF) y atención carcelaria (USPEC), adquieren alimentos por $2.6 billones de pesos colombianos al año (USD 900 millones). La Ley genera la oportunidad de que como mínimo, unos 300 millones de dólares sean puestos a disposición de la agricultura familiar campesina, valor que podrá aumentar en aquellos territorios donde se encuentre una oferta de alimentos estable y organizada.

Asimismo, la participación más directa de los campesinos permitirá abastecer las necesidades locales bajo esquemas de circuitos cortos de comercialización; ello trae aparejado una reducción de la intermediación, de la huella de carbono y la posibilidad de consumir productos locales que respeten los hábitos y la cultura alimenticia de cada zona.

Finalmente, la Ley apuesta a dinamizar las economías locales, por lo cual será fundamental acompañar la reglamentación con un programa de fortalecimiento de capacidades para gobiernos y entidades locales.

¿Qué es el FPH?

El FPH –ALC es una red regional de legisladores y legisladoras que además de impulsar leyes, se encargan de que estas funcionen e impacten en el logro del Objetivo 2 de la Agenda 2030: Hambre Cero, garantizando presupuestos y recursos adecuados, una correcta fiscalización y procesos de rendición de cuentas.

Hasta el momento, esta plataforma regional presente en más de 20 congresos nacionales y en cuatro parlamentos regionales, ha impulsado más de 30 leyes para hacer del Derecho Humano a la Alimentación una prioridad.

El Frente cuenta con el apoyo de la FAO, la Cooperación Española y la AMEXCID, a través del Programa “Mesoamérica Sin Hambre AMEXCID-FAO”, para ubicar en lo más alto de las agendas públicas el derecho a la alimentación.