Entorno a esta pregunta se desarrolló el foro ‘Avances y oportunidades territoriales en la implementación de compras públicas locales a la agricultura familiar’, en el que instituciones y organizaciones de productores presentaron sus experiencias y recomendaciones.

El foro, realizado el 15 de marzo en formato híbrido (presencial y virtual), contó con la participación de más de 150 delegados de instituciones, organizaciones de productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) y empresas del orden nacional y territorial.

Este espacio, organizado por la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con apoyo del programa "Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO", tuvo como propósito identificar los principales avances y oportunidades en la implementación de la Ley 2046 de 2020.

Para tal fin, fueron invitados como panelistas de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), la Dirección de economía rural y abastecimiento alimentario de la Secretaría de Desarrollo Económico del distrito (SDDE), la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá (SDIS) y la Agencia de Comercialización de Cundinamarca, en representación de instituciones que han generado avances en la implementación de la Ley.

Asimismo, el señor Carlos Darío Moreno, representante de la asociación de productores de cebolla larga de Aquitania (COBOY), quien explicó la incursión que han tenido en la venta de cebolla y otras hortalizas a programas institucionales en el marco de la Ley de compras públicas, que hoy llegan a beneficiarios de la ciudad de Bogotá en algunos programas de la SDIS y la Región Central del país.

Mientras que en el conversatorio: desafíos operacionales y territoriales de la implementación de compras públicas, moderado por Angela Rivera Espinosa, Punto Focal del Programa Mesoamérica Sin Hambre en Colombia MSH, participaron Dilberto Trujillo Dussán, Secretario de Agricultura y Minería del Huila; Rodolfo Casas Morales, Gerente administrativo y comercial EPROFRUVER - Operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE); Luis Alejandro Jiménez, Presidente nacional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC); y Ricardo Agudelo, Gerente de la RAP-E Región Central.

Distintos ángulos permitieron identificar que, si bien se ha dado inicio a la implementación a la Ley -que exige la compra a la ACFC y los pequeños productores locales de al menos el 30% de la demanda alimentaria en los programas y compras institucionales de alimentos- los avances siguen siendo pocos en relación con cifras, pero muy significativos en cuanto a la experiencia en sí. Esto ratifica que el mayor reto es la apropiación de la Ley, cumpliendo con lo indicado en su decreto reglamentario 248 de 2021 y entendiendo las compras públicas a la agricultura familiar como una estrategia de desarrollo territorial.

Las experiencias presentadas coinciden en indicar que los avances se han logrado al incluir algunos elementos claves como: 1) la articulación interinstitucional, al identificar las necesidades por programas e instituciones y generando así una afinación de términos de referencia o pliegos licitatorios; 2) el acercamiento indispensable de las organizaciones y/o productores de la ACFC, cumpliendo estos con los requisitos establecidos en la Ley; 3) apoyando la socialización de la Ley tanto con instituciones como productores, a fin de generar mayor interés y voluntad de participación.

Sin embargo, entre los desafíos de la implementación de compras públicas, que mencionaron los participantes del conversatorio, se encuentran: fortalecer y promover la formalización de las organizaciones de pequeños productores y de la ACFC, facilitar circuitos logísticos, identificar en las minutas y menús alimentarios el intercambio de productos que se encuentren en cosecha, y promover una normatividad más flexible con la ACFC para lograr su participación como proveedores de programas institucionales.

“Debemos seguir abriendo espacio para que las compras públicas se masifiquen”, dijo el gerente de la RAP-E Región Central, Ricardo Agudelo, al explicar que este foro hace parte de la estrategia de compras públicas y a su vez del Plan de Abastecimiento Alimentario regional. Destacó también que se ha avanzado en la construcción y puesta en marcha del Sistema de Información Sumercé “este sistema facilita la consolidación de la oferta y demanda alimentaria, así como insumos agrícolas y el trámite de créditos”.

“Continuamos en el proceso de desarrollo del Plan de Abastecimiento de la Región Central, en el que un elemento importante es la compra pública, un mecanismo que le permite a los productores vender a mejores precios, al eliminar varios pasos en la intermediación”, agregó el gerente Agudelo.

Otro de los retos a superar en el desarrollo de la Ley es el registro de productores de la ACFC, un proceso que se explicó bajo la experiencia desarrollada por Uruguay, por el ingeniero Fernando Sganga, asesor de la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de ese país, en donde el registro ha sido apoyado por la Reunión Especializada en Agricultura Familiar del Mercosur (REAF), instancia en la que también participa Colombia.

“El registro de la agricultura familiar es indispensable para el diseño y desarrollo de políticas públicas y programas que les beneficie, bajo el entendido de que al ser este sector el mayor proveedor de alimentos, son también estos pequeños productores quienes deben recibir mayores beneficios y apoyo” dijo el ingeniero Sganga.

De igual forma, y de acuerdo con lo manifestado por Andrés León, asesor de la dirección de capacidades productivas y generación de ingresos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la implementación de la Ley se conecta con programas y políticas que buscan impulsar los circuitos cortos y brindar mayores beneficios a la ACFC, como la agricultura por contrato, con los que se avanza en la planificación rural y la apertura de nuevos mercados.

De otro lado, Juan David Vélez Bolívar, subdirector general de la UApA, explicó a los participantes cómo a la fecha se han incluido en algunos municipios y departamentos las compras públicas como elemento dinamizador del programa PAE, una estrategia de acceso y permanencia escolar que complementa la seguridad alimentaria y nutricional de los estudiantes.

“El PAE tiene actualmente un presupuesto de 2,6 billones anuales, de los cuales 1,4 son aportados por el Gobierno Nacional y con los que se benefician cerca de 6 millones de estudiantes” declaró el Sr. Vélez. La UApA, adscrita al Ministerio de Educación, contribuye entonces a la política de educación y la de salud, y en este sentido lo más efectivo es comprar los alimentos a nivel local, teniendo en cuenta la participación de las comunidades, así como la apropiación local, especialmente en la ruralidad dispersa.

De otro lado, a través de la alianza UApA-FAO, se está desarrollando un piloto de Laboratorio Gastronómico, con el que se busca mejorar la aceptabilidad de los estudiantes, incluyendo en los menús alimentos tradicionales y autóctonos con la realidad del territorio, así como técnicas de preparación.

Así, la RAP-E Región Central y la FAO, en su propósito de avanzar con sus socios en la implementación de la Ley, en el último semestre de 2021 y lo que va corrido de 2022, ha realizado dos encuentros de compras públicas en Bogotá y Neiva, un foro en Villavicencio, una gira comercial en Boyacá, así como ruedas de negocio en Bogotá, Villavicencio y Neiva, y capacitaciones a productores de la región y operadores de programas de servicios alimentarios de Bogotá.

También ha apoyado la instalación de la Mesa Departamental de Compras Públicas del Tolima, y realizó un taller con la Mesa Nacional de Compras Públicas, todas estas acciones como muestra de su compromiso en la implementación de la Ley de compras públicas locales, ciclo que cierra con este foro, en busca de tener un aporte de trascendencia nacional para el fortalecimiento de las capacidades de todos los actores involucrados.

“Debemos seguir trabajando en esta oportunidad que representan las compras públicas, un proceso que contribuye a la inclusión social, la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria en los territorios”, resaltó Marcos Rodríguez, especialista senior en desarrollo rural, sistemas alimentarios y mercados inclusivos de la FAO en Colombia, y coordinador del Programa Mesoamérica Sin Hambre FAO-AMEXCID, en el país.

En el siguiente link puede ver la transmisión del foro: https://youtu.be/rJ9oRhFNklk