La pesca artesanal es una actividad productiva fundamental para la garantía del derecho a la alimentación y la economía local de los pescadores[1]. Casi un 80% del pescado sin conservar que se consume en Colombia proviene de la pesca artesanal y de subsistencia[2]; una actividad productiva que, según encuestas oficiales[3], es la principal fuente de alimentación y de trabajo de las comunidades pesqueras asentadas en las cuencas de los ríos y costas del país.

Aunque la pesca artesanal genera ingresos, proporciona alimentos en el mercado y contribuye a la alimentación diaria de las familias de los pescadores, es una actividad que se encuentra amenazada por los impactos del cambio climático, la contaminación y la sobrepesca. Estos impactos ambientales aumentan las necesidades de protección social que las asociaciones y comunidades de pescadores han reclamado en distintos espacios[4].

Entre estas necesidades se encuentran la variabilidad y precariedad de ingresos de los pescadores, inadecuadas condiciones de trabajo, falta de acceso al sistema de seguridad social, riesgos a la salud, cualificación por género en la protección social y dificultades para el acceso a la participación en las decisiones relacionadas con el sector pesquero.

Actualmente en Colombia fue presentado el proyecto de ley No. 38 de 2020 “Por medio del cual se expiden normas para garantizar beneficios sociales focalizados a los pescadores artesanales comerciales y de subsistencia” y que actualmente se tramita en la Cámara de Representantes del Congreso de la República, este proyecto tiene el propósito de atender las necesidades de protección social de esta comunidad y mejorar las condiciones productivas de los pescadores por medio de beneficios sociales focalizados.

Como beneficios sociales el proyecto de ley contempla la realización de un censo nacional de pesca y acuicultura para conocer la situación socioeconómica de los pescadores y la afiliación al régimen subsidiado de seguridad social para financiar la atención en salud de los pescadores y su grupo familiar.

Uno de los beneficios sociales más importantes que traería el proyecto es la creación del seguro de desempleo estacional por veda, que busca mitigar las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de los pescadores durante este periodo estacional.  

El valor del seguro de desempleo es de medio salario mínimo legal mensual vigente y se daría a los pescadores como una compensación por no pescar durante el tiempo de veda.

Al recibir el seguro de desempleo, los pescadores deberán realizar actividades para la conservación y protección de ecosistemas esenciales para las especies pesqueras durante la veda, como limpieza de caños o áreas de pesca. Con esta medida cumpliría una doble finalidad: (i) contribuir a la estabilidad en el ingreso de los pescadores y (ii) brindar incentivos para la conservación de las especies de las que depende la pesca.

Observamos, sin embargo, que uno de los problemas que tendría contemplar este seguro sería que éste sólo cubriría a pescadores pertenecientes al sector formal, dado que entre sus requisitos estaría el registro ante la Oficina Regional de la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura -AUNAP y el Registro General de Pesca. Si tenemos en cuenta que el sector de pesca en el país es, en su mayoría, informal[5], este requisito significaría una barrera de acceso para los pescadores.

Como integrantes del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC), y socios activos del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe  (ambas redes apoyadas por elprograma "Mesoamérica sin Hambre AMEXCID – FAO" y el Programa España – FAO para América Latina y el Caribe),  destacamos que el proyecto de ley sería un instrumento legal importante para lograr la garantía del mínimo vital de los pescadores artesanales y de subsistencia y del derecho a la alimentación.

En la elaboración del Concepto Técnico del proyecto de ley, presentado por nosotros al Congreso de la República, destacamos la importancia de incluir en este documento el enfoque de derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria.

Sin duda, el reconocimiento, respeto, garantía y protección del derecho a la alimentación deberá incluir la accesibilidad, disponibilidad y adecuación de los bienes y servicios alimentarios de los pescadores artesanales comerciales y de subsistencia, y sus familias.

Por eso, es necesario que el proyecto de ley incorpore la protección del derecho a la alimentación y contemple actividades productivas complementarias al seguro de desempleo, como la acuicultura, para que durante el tiempo de veda los pescadores puedan tener acceso a una alimentación adecuada y tener recursos económicos distintos al seguro.

De acuerdo con lo anterior, consideramos que contar con una ley sobre beneficios sociales para el sector de pesca artesanal comercial y de subsistencia que articule la protección social, la conservación del ambiente y el derecho a la alimentación sería un paso muy importante para desarrollar políticas y estrategias que conformen un sistema alimentario sostenible, como parte de los esfuerzos necesarios para acabar tanto con el hambre como con todas las formas de malnutrición.