A medida que la pandemia COVID-19 se extiende por todo el mundo, las vidas, los medios de subsistencia y los suministros de alimentos se ven gravemente afectados. Frente a esta crisis, la inversión en la agricultura y los sistemas alimentarios constituye una forma importante de apoyar la capacidad de resistencia de las comunidades frente a las crisis y de garantizar unas cadenas de suministro de alimentos sólidas. La inversión en el sector es crucial ahora más que nunca, pero la experiencia demuestra que no basta con centrarse únicamente en más inversiones. Los Principios para la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios (CSA-IAR) del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial son el principal instrumento mundial para proporcionar orientación a este respecto.

Análisis recientes [1] muestran que la pandemia de COVID-19 tiene graves consecuencias para la seguridad alimentaria y nutricional, en particular para las personas más pobres y vulnerables. Por un lado, varios factores han dado lugar a la pérdida de ingresos y empleos. Esto es particularmente grave en el caso de los trabajadores agrícolas del sector informal, especialmente las mujeres, los jóvenes, los indígenas y los trabajadores migrantes [2][3]. En abril la OIT declaró que "casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal se ven afectados de manera significativa por las medidas de bloqueo y/o trabajan en los sectores más afectados", y se espera que los ingresos disminuyan más del 80% en algunas zonas.[4]

Además, según las últimas estimaciones de la FAO, la recesión económica mundial prevista podría aumentar el número de personas subnutridas en los países importadores netos de alimentos en al menos 14,4 millones o, en el peor de los casos, en 80,3 millones[5][6]. Por otra parte, se prevén perturbaciones de la cadena de suministro de alimentos a nivel local y regional como resultado de problemas de salud, restricciones al movimiento de trabajadores agrícolas y un menor acceso a los insumos agrícolas. Las restricciones a las exportaciones y otras medidas relacionadas con el comercio están ejerciendo una presión adicional sobre la disponibilidad de alimentos. En general, esta combinación de dificultades de acceso económico y físico a los alimentos tendrá más repercusiones en la diversidad de la dieta y, por consiguiente, en el estado nutricional y de salud de las personas, lo que las hará aún más vulnerables a la COVID-19.

Antes de la pandemia de COVID-19, el sector agrícola ya sufría una grave falta de inversión, con una disminución de las inversiones en los dos últimos decenios [7]. La imprevisibilidad de COVID-19 puede afectar negativamente y disuadir las decisiones sobre las inversiones públicas y privadas.

Las inversiones en la agricultura y los sistemas alimentarios son necesarias no sólo para mitigar y recuperarse de los efectos de la pandemia a corto y largo plazo en la seguridad alimentaria y nutricional, sino también para reconstruir nuestras economías. También se necesitan inversiones para construir sistemas agrícolas y alimentarios que sean más resistentes a futuras pandemias y otros tipos de crisis.

El sector público tendrá un papel fundamental que desempeñar en la movilización y la catalización de esas inversiones. En el contexto previsto de disminución de las corrientes de inversión extranjera directa (IED) y de perturbaciones del mercado que afectan a la capacidad de inversión de los pequeños productores y las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), es esencial aumentar, o al menos mantener, los niveles actuales de inversión pública en la agricultura y los sistemas alimentarios. Sin embargo, no cualquier tipo de inversión servirá, necesitamos inversiones más "responsables". Esas inversiones deberían apoyar estratégicamente la recuperación de los efectos de la pandemia de COVID-19 garantizando efectos multiplicadores y utilizando los fondos públicos como catalizadores para movilizar inversiones privadas adicionales, incluso de productores en pequeña escala y MIPYME, en particular de jóvenes agroempresarios. Los gobiernos pueden considerar diversas opciones que van desde la financiación innovadora hasta los incentivos tangibles e intangibles.

Para garantizar que estas inversiones necesarias sean responsables y fortalezcan la seguridad alimentaria y nutricional (local y nacional), así como el desarrollo económico sostenible e inclusivo, en particular en las zonas rurales, el CSA-IAR es el instrumento mundial para orientar esas inversiones[8]. Aplicando el CSA-IAR en cualquier tipo de inversión en la agricultura y los sistemas alimentarios, podemos garantizar que los más pobres y vulnerables, incluidas las mujeres y los jóvenes, no queden desempoderados, que se proteja a los trabajadores formales e informales de las cadenas de suministro, que se reduzca la pérdida de alimentos y el desperdicio y que construyamos cadenas agroalimentarias inclusivas y sistemas alimentarios locales, nacionales y regionales resistentes que soporten las crisis actuales y futuras.

Ahora más que nunca, no sólo necesitamos más inversiones sino mejores inversiones para asegurar la sostenibilidad social, ambiental y económica de acuerdo con la Agenda 2030. Las inversiones en consonancia con el CSA-IAR apoyarán la recuperación de los efectos de la actual pandemia de COVID-19 y ayudarán a mitigar los efectos de futuras crisis.

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