El ordenamiento territorial (OT) puede definirse como “una política de Estado y un instrumento de planificación del desarrollo, desde una perspectiva sistémica, prospectiva, democrática y participativa, que orienta la apropiada organización político administrativa de la Nación y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente, tanto para las actuales generaciones, como para las del futuro” (Lücke, 1999).

El OT es al mismo tiempo:

• una política pública, en la medida que involucra la toma de decisiones concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y el aprovechamiento del territorio.
• una disciplina científica, que forma parte de la política de Estado sobre el desarrollo sostenible.
• un proceso técnico- administrativo, porque orienta la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, actividades económicas, sociales, y desarrollo físico, espacial.

Normalmente, la legislación estatal establece la normativa para el proceso de Ordenación Territorial (OT), al igual que su marco institucional; y define las características de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a nivel nacional, departamental y municipal, los procedimientos para su aprobación y las competencias de las instancias relacionadas con el tema.

La FAO define la planificación del uso del suelo como “la evaluación sistemática (i) del potencial de la tierra y del agua, (ii) de las alternativas para el uso del suelo y (iii) de las condiciones económicas y sociales, con el fin de seleccionar y adoptar las mejores opciones de uso del suelo”. El objetivo es seleccionar y poner en práctica los usos del suelo que mejor satisfagan las necesidades de las personas, salvaguardando los recursos para el futuro. Este tipo de planificación “afecta a todos los usos del suelo, y con ello, a la agricultura, el pastoreo, la silvicultura, la conservación de la fauna y el turismo” (FAO, 1993).

A pesar de la diversidad de definiciones de OT o planificación del uso del suelo, es posible identificar algunos elementos comunes en todas ellas: (i) la finalidad de un desarrollo equilibrado y la transformación física del espacio de acuerdo a una estrategia común; (ii) el planteamiento desde lo local hacia lo nacional; (iii) la necesidad de un abordaje interdisciplinario e integrado; y (iv) la consecuencia directa de la interrelación de competencias y potestades administrativas.

Los objetivos de las políticas de OT varían dependiendo en nivel en el cual se aplica. La interacción entre los tres niveles de la planificación territorial (a escala nacional, regional, y local), es necesaria ya que en cada nivel ha de producirse una planificación con diferentes objetivos y componentes, relacionados entre sí:

El OT es una herramienta particularmente valiosa para impulsar acciones en diferentes ámbitos relevantes del desarrollo sostenible, ya que en su enfoque considera aspectos tales como:

1. Pobreza y equidad: El OT actúa como instrumento que permite guiar e impulsar las inversiones públicas y privadas, con el fin de contribuir a revertir los procesos de exclusión y de pobreza y de fortalecer un desarrollo territorial sostenible y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones.
2. Productividad de los asentamientos humanos: El OT previene y corrige la localización de los asentamientos humanos e infraestructura productiva (sistema vial, energético y de comunicaciones) y social; articula lo agrario, lo industrial, lo comercial y los servicios (identificando las condiciones de vulnerabilidad en zonas de riesgo), tanto en zonas urbanas como rurales; conecta al territorio con los mercados y los clústeres productivos.
3. Medio ambiente y prevención de los desastres: El OT vela por la salvaguarda de los recursos naturales y los espacios protegidos; revierte los procesos de conflictos ambientales, deterioro de los ecosistemas y competitividad territorial; y promueve políticas que regulen el uso del territorio y el manejo de los recursos naturales y que, al mismo tiempo, contribuyen a prevenir las consecuencias perjudiciales de los fenómenos naturales extremos. 
4. Propiedad y tenencia de la tierra: El OT permite, a través del catastro, la demarcación territorial, delimitar las fronteras entre unidades administrativas (municipios, tierras comunales…etc), y facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la diversidad biológica, la ocupación ordenada del territorio, conservación del medio ambiente y ecosistemas, preservación del patrimonio natural y cultural, el bienestar y salud de la población.
5. Gobernabilidad y participación ciudadana: El OT impulsa procesos de mayor participación ciudadana, considerando los diversos intereses y visiones que tienen los actores sobre el uso y manejo del territorio. Impulsa el desarrollo del territorio nacional de manera equilibrada y competitiva con la participación de actores públicos, privados y comunales, a través de la adecuada planificación del territorio, en respuesta a los requerimientos de los planes de desarrollo económico y social de los tres niveles de gobierno. Profundiza en la democracia y la descentralización al promover acuerdos sociales en los territories.