El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. El Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo es la institución gubernamental más importante en materia de desarrollo territorial.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, promueve las actividades de preservación, protección, restauración y uso sostenible de los recursos naturales.

Y el Comité Nacional de Agricultura Familiar, integrado por los ministerios de Agricultura, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud Pública, el Instituto Agrario Dominicano, la Fundación REDDOM, OXFAM, la Articulación Nacional Campesina, FEDECARES y el IICA, y responsable del Plan Nacional para la Agricultura Familiar. El plan incluye 9 ejes, incluyendo programas de compras públicas y un mecanismo de inclusión efectiva y de reducción de la pobreza rural.

Existe un marco legal propicio para que el Estado dominicano adopte el enfoque territorial del desarrollo. La Constitución de la República (2010) contiene como una prioridad clara la formulación de un plan de desarrollo territorial y la mejora de la gestión de la tierra. En el ámbito de las políticas públicas existe, además, un fuerte acento hacia el cierre de brechas sociales y territoriales en el país:

• Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), Estrategia regional y nacional para América Central para mejorar el desarrollo de las áreas rurales y sus potenciales, favoreciendo la plataforma de intercambio y los diálogos entre actores territoriales, instituciones locales, actores políticos y la sociedad civil.

• La Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030 (END) es la principal referencia y base para la elaboración de una serie de marcos institucionales que configuran las inversiones del sector público. Sobre la base de la END (Visión 2030), el Gobierno elaboró el Plan de Gobierno 2016-2020 para un crecimiento económico más inclusivo.

• La Ley del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Decreto 493-07): crea los consejos municipales, provinciales y regionales de desarrollo como órganos consultivos del sistema de planificación, así como unidades de planificación en las alcaldías con la responsabilidad de elaborar planes municipales. La ley define instrumentos de planificación, relevantes para el enfoque territorial: Plan Nacional Plurianual del Sector Público; Plan Nacional de Inversión Pública; Planes regionales con la participación de las alcaldías; etc.

• Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, establece la creación de unidades técnicas de planificación en los ayuntamientos y crea el Presupuesto Participativo municipal como espacio de consulta y definición de prioridades de inversión.

• Con respecto a la descentralización, hay dos proyectos de ley que la promueven : el de regiones únicas de planificación y el de ley de ordenamiento del territorio, de las que se espera que impulsen el enfoque territorial desde lo local.

• Las estrategias de Desarrollo Rural con enfoque territorial y de género en la región Suroeste del país, por su parte, cuentan con un  enfoque multisectorial, y participan en ellas varios Ministerios (Economía, Planificación y Desarrollo, Agricultura y Ministerio de la Mujer, etc).

• En relación con el cambio climático y su impacto sobre la seguridad alimentaria y medios de vida de las poblaciones más vulnerables, el Gobierno dominicano ha implementado acciones concretas como la Declaración del Cuatrenio del Agua, la creación de la Mesa de Coordinación del Recurso Agua, o la implementación de proyectos de agroforestería.

• Finalmente, existe una Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad (2011-2020) en la que se enmarcan diferentes Leyes y normas en este ámbito.

República Dominicana ha puesto un gran énfasis en la mejora del capital humano. El gobierno ha duplicado el presupuesto enfocado en educación como porcentaje del PIB desde 2013 y ha implementado una serie de reformas para mejorar los resultados de aprendizaje. La formulación del proyecto de presupuesto todavía tiene una perspectiva sectorial y no cuenta con la participación de los actores territoriales.

Recientemente se ha impulsado un proceso de inserción de los municipios en el Sistema Nacional de Inversión Pública con el objetivo de promover la calidad del gasto, aumentar la transparencia, e incrementar capacidades en los ayuntamientos.

En 2018 había 15 proyectos de inversión pública en esta modalidad por un valor total de 2.2 mil millones de pesos (equivalente a USD 46 millones) equivalente a un 0.2% del presupuesto general del estado para el año 2018. Aunque limitado, este esfuerzo es un avance en la dirección de imprimir una perspectiva territorial a la inversión estatal.

• Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y a las Autoridades Locales (PASCAL) - 10mo. Fondos de la Unión Europea administrados por la DIGECOOM con participación del Ministerio de la Administración Pública, FEDOMU y un conjunto de ONG´s internacionales y locales, con un presupuesto de UER 15,600,000  (2011-2016): con el propósito de mejorar el desempeño de 50 ayuntamientos pilotos, en planificación territorial, gestión presupuestaria y de Recursos Humanos,

• Programa de Desarrollo Municipal (PRODEM). Banco Mundial, con un presupuesto de 20 millones de USD (2010- 2017) : que tuvo el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión de 31 municipios y distritos municipales, mejorando la planificación del gasto, y eficientizando los servicios básicos en contribución a la reducción de la pobreza.

• Programa Mesoamérica sin Hambre (AMEXID. FAO con Ministerio de Agricultura. Presupuesto US$1MM (2015-2020): que ha creado una Red Local de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Provincia de Monte Plata, como experiencia piloto en el marco del Consejo de Desarrollo Provincial de Monte Plata y bajo el amparo de la Ley SSAN.

Aunque existen mandatos legales que promueven el enfoque territorial, existe una implantada lógica sectorial en el país que no privilegia las articulaciones interinstitucionales ni las intervenciones multidimensionales. Junto a ello el marco no ha desarrollado aún las leyes de regiones únicas de planificación y de ordenamiento territorial.

Con frecuencia las autoridades locales se perciben como gestores de servicios y no como promotores del desarrollo del territorio y persiste una significativa concentración de los recursos y las decisiones en el nivel central del gobierno.
Finalmente, a pesar de que hay mayores capacidades en los gobiernos locales en materia de planificación territorial, acumuladas gracias a diversas intervenciones, persisten marcadas brechas de conocimiento y capacidades en las áreas técnicas de los gobiernos locales, que, además son erosionadas cuando ocurren cambios en las autoridades electas.

El presupuesto público se ha concentrado en el Gobierno Central en la medida en que se ha reducido la asignación presupuestaria a los ayuntamientos (en la actualidad es equivalente sólo a un cuarto de lo que establece la Ley).

A pesar de contar con un importante marco legal para favorecer la preservación de los recursos, la descentralización y el territorio rural, en República Dominicana persiste un enfoque marcadamente sectorial tanto en las intervenciones como en la elaboración del presupuesto nacional.

Los planes estratégicos territoriales no se han transformado en instrumentos de gestión de política pública a pesar de los esfuerzos en fortalecimiento de capacidades locales para la planificación del desarrollo con este enfoque. Es un proceso de largo plazo que aún no cuenta con suficiente recorrido, y cuyos avances se están produciendo, fundamentalmente, de la mano de la cooperación internacional que está aplicando en sus proyectos la perspectiva multidimensional del desarrollo.

Tampoco el enfoque de paisaje se adopta en el país, y es poco conocido. La cuestión del paisaje se limita a la protección de recursos naturales (biodiversidad, bosques, cuencas hidrográficas).
   

La región Suroeste de la República Dominicana concentra las provincias con mayores niveles de pobreza del país. El 75.4 por ciento de los hogares se encuentren en situación de pobreza, según el índice oficial que toma en cuenta la calidad de la vivienda, el capital humano, la presencia de servicios básicos y la capacidad de sustento familiar. A pesar de que a lo largo de los últimos años se han puesto en marcha en la región diferentes iniciativas de desarrollo y planes de acción, la pobreza se mantiene y es mayor en los colectivos de mayor vulnerabilidad. Las debilidades estructurales no han sido superadas.

Por otra parte, la interacción entre las diferentes escalas de planificación no es clara, y la relación entre los niveles de gobierno nacional y municipal es unidireccional y está muy centralizada. Junto a ello, existe un importante volumen de la inversión pública a nivel territorial que no está vinculada con los procesos de planificación a nivel local.

Con el objetivo de mejorar la articulación institucional y la gobernanza y promover la territorialización de la inversión pública, se puso en marcha la Alianza estratégica para el desarrollo incluyente de la región Suroeste del país. Esta iniciativa piloto fue implementada en seis municipios de la región Suroeste, los cuales fueron seleccionados a partir de tres variables: capacidad instalada, nivel de vulnerabilidad (económica, social y climática) y nivel de ruralidad. En ellos existían consejos de desarrollo si bien con un endeble funcionamiento y nivel de convocatorias. El proyecto, ejecutado por FAO junto al Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), ha tenido una duración de un año (2018-2019), y ha contado con un presupuesto de US$ 75,000. 

La iniciativa incluye dos componentes:

• Gobernanza territorial, abordada en tres aspectos: integración de acciones a través de la creación de la alianza estratégica para el desarrollo incluyente de la región suroeste; intersectorialidad, mediante un piloto de articulación de la planificación sectorial entre el MEPYD y el Ministerio de Agricultura; y multiescalaridad, a través de la generación de espacios para planificar la territorialización de la inversión pública entre las diferentes escalas territoriales y con el gobierno
• Planificación territorial: por una parte, desde el Ministerio de Agricultura se impulsó la aplicación de un enfoque territorial en el esquema de operativización Plan Nacional de Agricultura Familiar (que se tradujo en una regionalización de las acciones); y por otro, se crea el Sistema nacional para la seguridad alimentaria y nutricional, que establece como mecanismo de participación en el sistema las redes de soberanía seguridad alimentaria y nutricional.

Este iniciativa, en proceso de finalización, aborda los desafíos en la gestión multinivel del desarrollo territorial y los vínculos rural-urbano, planteando una nueva mirada desde lo nacional hacia los territorios. Con él se espera avanzar en la descentralización mediante la mejora de la coordinación y de la eficiencia de los procesos de planificación territorial. Contribuyendo de esta manera a revitalizar la macro región Suroeste y reducir la pobreza y la pobreza extrema rural.

La Programa de cuatro años "Planificación para la Adaptación Climática"(2015-2019) tenía como objetivo mejorar la resiliencia de las personas que viven en ciudades de la República Dominicana a los impactos adversos del cambio climático, al trabajar con los municipios para incorporar la adaptación al cambio climático (CCA, abreviación inglesa) en sus procesos participativos de planificación del uso del suelo.

El programa fue financiado por USAID e incluía tres elementos:1) Mejorar la capacidad técnica y de gestión de los planificadores municipales, 2) Incorporar las consideraciones de la CCA en el proceso de planificación municipal y3) Apoyar la ampliación de las mejores prácticas de planificación del uso de suelos resistentes al clima.

El programa fue implementado por la Asociación Internacional de Gestión de la Ciudad / Condado (ICMA), con la colaboración de tres socios clave: la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU); el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el ICF.

El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) se utilizó como enfoque de implementación del programa. La Guía PMOT es un proceso de siete etapas para desarrollar planes integrales de uso del suelo municipal que integran los principios de CCA y la planificación participativa. El programa implementó el proceso PMOT en el Distrito Nacional (capital de la República Dominicana) y en tres municipios: Santiago, Las Terrenas y San Pedro de Macorís. Al final del Programa, las cuatro jurisdicciones tenían planes de uso del suelo adaptados al clima y planes de adaptación climática, y tres de ellas habían redactado ordenanzas de planificación del uso del suelo. Estos fueron los primeros planes municipales de uso del suelo en República Dominicana que incluían distritos rurales.

•    El portafolio de adaptación de Santiago incluye agregar categorías de uso del suelo para peligros específicos, conservación y agricultura; un programa de reforestación en las zonas urbanizadas y un plan piloto de pago por servicios ambientales tales como la eliminación de sedimentos y el mantenimiento de la calidad del agua en la cuenca alta del río Yasica. La portfolio también recomienda ampliar las clasificaciones del suelo no urbanizables de acuerdo con objetivos específicos (históricos, culturales, de biodiversidad, agrícolas y forestales, así como los riesgos naturales y saneamiento). Poner mayor énfasis en la infraestructura verde para promover la construcción de techos verdes, jardines verticales y otros diseños innovadores.
•    El portafolio de adaptación de Las Terrenas propone regulaciones de zonificación para promover la adaptación basada en ecosistemas y biodiversidad, así como recomendaciones para ampliar las clasificaciones de suelo no urbanizables para incluir agricultura y silvicultura, conservación, riesgos climáticos y geológicos, y puntos críticos de peligro para la salud ambiental.
•    El portafolio de adaptación de San Pedro de Macoris propone restringir el desarrollo a lo largo de terrenos propensos a inundaciones y deslizamientos de tierra, reduciendo o eliminando por completo el riesgo de inundaciones en asentamientos propensos a inundaciones; Adaptación basada en ecosistemas para promover la biodiversidad y el ecoturismo, preservación de recursos históricos, etc.

El enfoque de implementación basado en (i) aprovechar los marcos existentes; (ii) establecer protocolos para promover la colaboración de múltiples partes interesadas; (iii) conectar un grupo de planificadores expertos, especialistas en CC y personal municipal e (iv) identificar mecanismos claros para la coordinación, y guias para el éxito del programa. Involucrar a los socios locales (FEDOMU) fue clave para la sostenibilidad de los resultados. Entre las limitaciones se encuentran (I) falta de compromiso político efectivo para impulsar la agenda de resiliencia urbana , (ii) escasa capacidad institucional en la concepción del proceso, (iii) falta de personal bien cualificado para ejecutar el flujo de trabajo.

Aquí se destacan tres lecciones aprendidas: (1) explicar más la metodología PMOT para mejorar la implementación; (2) emplear diferentes estrategias con líderes políticos, otras agencias gubernamentales, el sector privado, ONG locales, asociaciones de vecinos, etc. (3) asegurar una participación constante de la sociedad civil y el sector privado en todas las etapas.

Para más información, consulte: Planificación del Programa de Adaptación Climática. Informe Final (USAID)