La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) formula las directrices y visión estratégica del desarrollo; y presta asistencia técnica a las instituciones públicas y al Sistema de Consejos de Desarrollo. Junto a ella, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia formula las políticas de desarrollo urbano y rural, y tiene a su cargo la coordinación del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural a nivel nacional, regional y departamental.  Además, da seguimiento al proceso de la Descentralización.

Junto a estas Secretarías, otras instituciones con competencias en distintos ámbitos del desarrollo territorial son los ministerios relevantes, el Instituto Nacional de Bosques, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, o Fondo de Tierras.

Por último, las Municipalidades constituyen el nivel operativo más significativo del gobierno a nivel subnacional y cuentan con independencia para redactar, aprobar e implementar sus propios planes de uso y desarrollo de la tierra 

El Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 orienta la planificación para el desarrollo territorial; y armoniza las dimensiones socioculturales, económicas, territoriales, ambientales y políticas, con el objetivo de avanzar en la socialización de la gestión pública. Dicho plan establece cinco ejes prioritarios: -) Guatemala urbana y rural, -) Bienestar para la gente, -) Riquezas para todos y para todas, -) Recursos naturales para hoy y para el futuro y -) Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo.

Dentro de los marcos regulatorios en los que se fundamenta la descentralización económico administrativa, para lograr un adecuado desarrollo del país, se encuentran: a) el Código Municipal (Decreto 12-2002) que otorga al municipio autonomía e independencia para el manejo del territorio a su cargo; b) la Ley General de Descentralización (Decreto 14-2002; y c) la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (2002), que se establecen a nivel nacional (CONADUR), regional (COREDUR), departamental (CODEDE), municipal (COMUDE) y comunitario (COCODE).

La Política de Fortalecimiento de las Municipalidades por su parte, es la política pública con mayor vinculación a la descentralización. Cuenta con cinco ejes de fortalecimiento: administrativo; financiero; de los servicios públicos municipales; de la gestión estratégica de las municipalidades; de la gobernabilidad democrática.

Dentro de las Políticas sectoriales que apoyan el desarrollo territorial desde distintos ámbitos, están la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (2009) o la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2005); o la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (1986). 

Bajo el marco que ofrece el Plan K’atun, se establecen programaciones multianuales correspondientes a los diferentes periodos de gobierno, que constituyen las herramientas mediante las cuales se asignan recursos a las diferentes metas de desarrollo establecidas por el Plan. 

Al analizar la inversión prevista para el período 2019 a 2023 (USD2,134 millones) es el Ministerio de Educación el que hace la mayor inversión a nivel territorial, seguido del Ministerio de Salud. 

Las experiencias más importantes con relación a la implementación de los enfoques de desarrollo territorial o de paisaje, están financiados por Instituciones Financieras Internacionales y socios de desarrollo.

En relación con el enfoque territorial, existen grandes iniciativas como:
- el  Programa conjunto "Desarrollo Rural Integral Ixil": (US$1,920,978), ejecutado por FAO, PNUD y OPS/OMS entre 2016 y 2019, con fondos del gobierno de Suecia; 
- el Programa Nacional de Desarrollo Rural regiones Central y Oriental: (US$34 M), cerrado en 2017 y cofinanciado (US$17 M) y ejecutado por FIDA;
- el Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Norte: (US$40.44 M) en fase de cierre, en operación desde 2008, cofinanciado (US$18.42 M) y ejecutado por FIDA; o
- el Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano: (US$ 50 M) con fondos del BID.

Más relacionados con el enfoque de paisaje, se encuentran proyectos como:

- El Instituto Nacional de Bosques (INAB) cuenta con dos programas de incentivos forestales, el PINPEP (Decreto 51-2010) y PROBOSQUE (Decreto 2-2015), herramientas que los actores como las municipalidades utilizan para el manejo del territorio, pues brindan asesoría técnica y un incentivo económico en este ámbito.
- Programa de Adaptación de comunidades rurales, a la variabilidad y cambio climático para mejorar su resiliencia y medios de vida (2018-2021) ejecutado por FAO. El coste total del Programa es de US$5 millones financiados por la Agencia de Cooperación Coreana (KOICA).
- Programa de Recuperación del Capital Natural del Corredor Seco y Adaptación Climática, en ejecución. El coste total es US$17.8 M financiado con fondos BID y cofinanciamiento del país),;
-  Fase II Preparación de la Estrategia Nacional para Reducir las Emisiones a través de Deforestación evitada y Degradación forestal en Guatemala: (US$5 M) con fondos administrados por el BID.

• Existe desconocimiento de las prioridades de país a nivel general
• Algunas políticas y regulaciones vinculadas al manejo territorial y/o del paisaje son bastante antiguas
• Bajo nivel de cooperación política intersectorial y escaso análisis sobre complementariedad.
• Las instituciones en general, enfrentan limitaciones presupuestarias.
• Al llegar las propuestas municipales al nivel local, han de competir con otras, debido a la limitación de recursos disponibles, en un escenario de peso de poderes, que perjudica a los actores más débiles.
• Limitados niveles de empoderamiento en las asociaciones locales y organizaciones territoriales. 

Los esfuerzos de planificación en Guatemala, han estado mayoritariamente dirigidos al enfoque territorial de acuerdo a la división administrativa del país por medio de las autoridades pertinentes y de acuerdo a las necesidades sociales y económicas de la población.  El hecho de que las prioridades de planificación nacional busquen el el equilibrio entre las dimensiones social, económica y ambiental, inclina la balanza cada vez más a aplicar enfoques de planificación tendientes a la conservación de los recursos naturales. El enfoque de paisaje no se aplica aún a nivel nacional como una política de Estado, aunque ya existen algunos esfuerzos en lugares específicos y dirigidos por proyectos de cooperación internacional. 

Aunque Guatemala cuenta con un buen marco de políticas públicas con enfoque territorial, a menudo adolece de una buena estrategia para su sostenibilidad social y financiera en el tiempo. Y ello actúa como barrera para su efectividad.La capacitación de actores, dado el alto índice de renovación de los mismos, sobre todo en el ámbito político, ha de ser un proceso constante.Los procesos de desarrollo territorial en el país, hasta ahora, confirman la necesidad de anclar las inversiones públicas y privadas a las prioridades locales en una planificación consensuada.La generación de información clave para apoyar los procesos de decisión y de planificación a nivel local es un elemento destacable en los modelos de desarrollo territorial de Guatemala.La planificación participativa a nivel local y regional con enfoque integrado ha incidido positivamente en los modelos de inclusión socioeconómica y étnica en el país. 

El departamento de Alta Verapaz, al norte-centro de Guatemala, integrado por 17 municipios, se encuentra entre los tres departamentos con mayor conflictividad agraria del país y más bajos índices de salud, educación e ingresos. El 89% de la población vive en pobreza, de ellos el 65% viven en pobreza extrema. Los pueblos indígenas representan un 93% de la población, siendo los habitantes con más alta vulnerabilidad.

Históricamente, la principal causa de conflictos ha estado relacionada con la tenencia de la tierra, que ha generado episodios de violencia, personas fallecidas, y recursos naturales destruidos o dañados. Ante esta situación, en el año 2004 un grupo de instituciones que contaban con proyectos de cooperación (con fondos provenientes de la Cooperación Técnica Alemana -GIZ-, Mercy Corps y Fundación PROPAZ), empezaron a brindar atención directa a los conflictos e iniciaron un trabajo conjunto para homologar procedimientos de atención a la conflictividad en el departamento. Después de más de una década de trabajo y experiencia adquirida, el objetivo se materializó con el diseño y oficialización de la Política Pública Departamental para la Atención de la Conflictividad en Alta Verapaz 2018-2032, aprobada por el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) en 2018, y enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032.

La aplicación de esta Política Departamental se basa en seis principios: Equidad étnica, equidad de género, inclusividad, transparencia, rendición de cuentas y derecho a la consulta. Está integrada por tres ejes prioritarios de conflictividad: Social, Ambiental y Agraria. Si bien no cuenta con un presupuesto específico designado, la Política indica dos modalidades para asegurarse los recursos necesarios para hacerla operativa: presupuesto estatal y cooperación internacional. En 2019 tuvo una asignación de aproximadamente USD36,000.
La Política ha sido exitosa en la creación de un proceso estandarizado, que se inicia a requerimiento de las partes involucradas, y que se gestiona mediante Comisiones Municipales creadas para la atención de la conflictividad y su respectivo fortalecimiento. La Gobernación Departamental de Alta Verapaz es quien lidera la implementación de la política, si bien se están fortaleciendo capacidades para que pueda manejarse a nivel municipal. En el proceso siempre participan instancias de derechos humanos para asegurar el respeto a los derechos de todas las partes.

Esta Política permitirá la puesta en marcha una plataforma en línea que contendrá un Sistema Único de Información para el manejo de los casos y de su impacto, lo cual constituye una buena práctica de coordinación institucional, digitalización de servicios públicos y eficacia que merece ser resaltada. A un año de haberse oficializado, los actores institucionales consultados perciben que están mejor organizados, y que hay más claridad en los roles de cada institución en la resolución de conflictos.

Aunque no es una política establecida, ni hay directrices en el país para la planificación con enfoque de paisaje, este es un caso donde se integran tanto la visión de territorio como la de paisaje, dado que la mayoría de conflictos son debidos a problemas con el acceso a la tierra, en los que ocurre daño a los recursos naturales del lugar. Finalmente, esta Política, que refleja la descentralización efectiva de las funciones del Estado en Guatemala, y que promueve la cooperación institucional y la multisectorialidad, cuenta con esquema de gobernanza participativa que fomenta el diálogo y la colaboración entre actores territoriales.

Este caso es un claro ejemplo de la aplicación de la política de descentralización de Guatemala, en la cual el gobierno municipal y los actores locales organizados (consejos de desarrollo), ejercen el poder que la Ley (Código Civil, Ley de Descentralización y Ley de Consejos de Desarrollo) les otorga.

El municipio de Ixchiguán está al norte del departamento de San Marcos. Tiene una población de unas 35.000 personas. El 88.5% de la población vive en situación de pobreza, llegando al 38.1% el nivel de pobreza extrema. El 82.5% de la población es indígena. La población se dedica a la agricultura de subsistencia sin capacidad para generar excedentes; y tiene precarias condiciones de salud, analfabetismo y acceso a servicios básicos. Ante la elevada vulnerabilidad social, económica y ambiental de sus habitantes, el municipio se planteó ser un municipio “en el que la mayoría de sus habitantes disfruten de alto nivel de bienestar económico y social en consonancia con su cultura y respeto por los recursos naturales”.

A partir de una iniciativa de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), se propuso al Consejo Municipal una regionalización del territorio del municipio con base a las microcuencas del área. Tras la realización de un diagnóstico, se construyó el Modelo de Desarrollo Territorial Actual y el Modelo de Desarrollo Futuro,  siendo el Plan Municipal de Desarrollo (PMD 2011-2025) el elemento que se concibió como puente entre ambos. Para la planificación con base a cuencas, se brindó capacitación a personal municipal, que a su vez manejó el diálogo y transmitió el conocimiento a las bases comunitarias. La planificación se hizo con base en las interacciones entre los sectores y los actores (ministerios, actores sociales, cooperantes) coordinados a través de los diferentes consejos de desarrollo. Las acciones, de carácter multisectorial, se plantean a una escala micro (la parcela o el área comunal) y es la suma de todas ellas a que consigue un impacto mayor, a escala de cuenca.

El instrumento estatal que apoya la iniciativa es el Programa de Incentivos del Instituto Nacional de Bosques. El presupuesto estimado anuales de USD39,000 anules de los fondos de la municipalidad; por lo cual la sostenibilidad financiera de la acción es débil.

Entre los beneficios que se esperan con esta acción se encuentran: el incremento de la disponibilidad y la calidad del agua a nivel de cada microcuenca (para riego, para consumo humano y animal) – la percepción es que se ha cumplido en gran parte-; la reducción de gastos y riesgos por enfermedades relacionadas al consumo de agua (no hay datos a este respecto); la disponibilidad de leña, disminuyendo presión sobre el bosque (se ha mejorado);  o el  fortalecimiento del gobierno municipal y organizaciones locales (se ha abierto una oficina de ordenamiento territorial, se ha fortalecido la articulación institucional y se han realizado acciones de capacitación).

Aunque existen mecanismos para equilibrar el ejercicio del poder en su aplicación, en la práctica los procesos de toma de decisión a nivel departamental están altamente politizados y favorecen a aquellos grupos con mayor peso político. Junto a ello, los cambios de gobierno a menudo generan discontinuidad en las acciones que inciden negativamente en su efectividad.

Una lección aprendida ha sido que los planes de manejo de microcuenca deben tener unos pocos proyectos específicos y claramente delimitados, para evitar la dispersión.  Finalmente, el caso de estudio en Ixchiguán, muestra una interacción entre los enfoques territorial y de paisaje, pues la planificación parte de la toma en consideración del recurso agua y su sostenibilidad, junto con la de otros recursos naturales (suelo, bosque) de los que su población es altamente dependiente.