Así lo establece la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su documento Pactos para la igualdad. Hacia un futuro sostenible, 2014, y dice: “sólo estos pactos podrán restituir la soberanía de nuestros países para encontrar caminos propios, desde sus historias e identidades particulares, superando las injustas fronteras que secularmente han impuesto la cuna, la edad, el género o la etnia”.

La Cepal señala que el mundo tiene ante sí un escenario económico poblado de restricciones e incertidumbres, pues se vive una fase de crecimiento lento e inestable –que inició en los países industrializados y hoy se extiende a las economías emergentes-, a tal grado que hoy día se delibera sobre cómo regular “el reino de la escasez, allí donde hasta hace poco la abundancia y el Estado de bienestar se daban por sentados”.

La emisión del documento coincidió con declaraciones de la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, publicadas el 14 de mayo por el diario chileno La Tercera, en el sentido de que se avizora una desaceleración de la economía de la región que, aun cuando no llegará al extremo de crisis graves de los años 80s y 90s, sí implicará un mercado laboral menos dinámico que “podría dejar de contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad”. Bárcena dijo al diario que “para la Cepal, la respuesta a esta encrucijada pasa por la construcción de acuerdos nacionales en torno a diversos ámbitos del desarrollo, bajo un solo principio ético normativo y objetivo último: la igualdad de derechos de las personas”.

Según Pactos para la igualdad, emitido en el marco del 35 periodo de sesiones de la Cepal, a inicios de mayo, “si bien la región ha completado, con diferencias entre países y subregiones, una década de logros en materia de crecimiento económico, empleo y diversos indicadores sociales, persisten las reducidas tasas de inversión, un dinamismo interno centrado sobre todo en el consumo privado con elevada presencia de bienes importados, una baja productividad y un crecimiento altamente dependiente de los recursos naturales y de sus precios internacionales, todo lo cual se traduce en serias vulnerabilidades de balanza de pagos”.

A esto se agregan niveles crecientes de violencia y deudas pendientes en campos claves como la salud, la seguridad social y la educación.

En este marco, la Cepal define la necesidad de impulsar el desarrollo a partir de tres ejes: la igualdad, la sostenibilidad ambiental, el bienestar y la democracia.

La Cepal considera que en la región los conflictos de la economía tienen su raíz en restricciones externas y rasgos endógenos. Destaca, entre las primeras, “la pérdida de dinamismo del comercio internacional; la fluctuación de los precios de materias primas; la volatilidad de las señales financieras, y el reordenamiento de la producción en cadenas trasnacionales de valor en que los países corren el riesgo, una vez más, de perder la oportunidad de insertarse con menores asimetrías”.

Entre los segundos, los rasgos endógenos, están “la estructura productiva desarticulada y rezagada, los niveles de inversión bajos y con poca incorporación de progreso técnico, la alta informalidad en el mundo del trabajo, las brechas de bienestar y de capacidades, la débil gobernanza de los recursos naturales, los patrones de consumo en que se evidencian fuertes carencias de servicios públicos y altas presiones ambientales y energéticas, y el persistente déficit institucional en materia de regulación, captación y orientación de recursos”.

El documento es amplio y analiza aspectos tales como la desnutrición, el desempleo, desventajas particulares de sectores de la población (indígenas y mujeres), y otros.

El documento, de 340 páginas, precisa que la CEPAL aspira a la igualdad en la región por medio de la reorientación de las políticas públicas hacia un fuerte dinamismo de la inversión para asegurar una relación virtuosa entre crecimiento, productividad y sostenibilidad ambiental, mediante la incorporación de conocimiento a la producción y la generación de un alto valor agregado. Asimismo, por la vía de hacer converger la política fiscal y las políticas sociales en la reducción de múltiples brechas sociales; de orientar la expansión del consumo para armonizar la oportuna provisión de servicios públicos con el consumo privado, en consonancia con una mayor cohesión social y con la sostenibilidad ambiental, y de avanzar resueltamente hacia una mejor y mayor gobernanza y aprovechamiento de los recursos naturales, para construir una economía diversificada, sostenible en términos ambientales y con sinergias en materia de empleo y de bienestar.