Las fincas que son de los nativos y están en manos de “blancos” –como llaman a los no indígenas– están cercadas con portones. A cambio, los “blancos” ofrecen a los indígenas trabajo en condiciones de precariedad.

Se dedican a la siembra, la chapia o a labores en lecherías en jornadas de 12 horas, sin salario mínimo ni seguro social.  “Dicen que somos vagos y que por eso nos quitan la tierra. Lo que no entienden es que nuestra cultura es diferente; comemos lo que nosotros sembramos”, explicó Jorge Villanueva.

“Si peleamos la tierra, amenazan con quitarnos el trabajo de jornaleros, que paga ¢600 por hora. Por eso, muchos se van”, añadió Doris Ríos, líder de China Kichá.

Alvaro Paniagua, director de Protección Especial de la Defensoría de los Habitantes, confirmó que la entidad tiene conocimiento de gente que ocupó ilegalmente la tierra indígena.

En algunos casos, dijo, mediaron documentos falsos anteriores a 1977 para luego cobrar al Estado una expropiación. Licor, vacas y ¢30.000 fueron algunos de los pagos que hicieron los “blancos” para apropiarse de tierras que, según la Ley Indígena de 1977, solo pertenecen a los nativos.Los abuelos de los nativos no sabían leer ni escribir en español y así firmaron cartas hace tres décadas, en las cuales cedieron terrenos y convirtieron a sus hijos en empleados de los terratenientes.

Paniagua recordó un caso del 2013, en el que el Estado debió pagar ¢6.000 millones de expropiación a un no indígena. El monto triplica el presupuesto del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).

Según el PNUD, se debe proceder con la expropiación de quienes ocupen las tierras de modo ilegal en todo el país. “Esperamos que la situación en las tierras indígenas se esclarezca con la delimitación de territorios que el Gobierno está impulsando”, concluyó Yasukawa.

Imagen: Albert Marín. La Nación.