La propuesta para completar el último engranaje de la nueva institucionalidad ambiental ingresó al Congreso hace unos días: el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Abogados especialistas en temas medio ambientales coinciden que en términos generales frente a la actual institucionalidad esta propuesta es un avance importante.

Con esta iniciativa “se busca zanjar un tema que se viene discutiendo hace tiempo, referido a qué se puede hacer en las áreas protegidas. Para definirlo, el proyecto genera una relación estrecha entre los objetivos de conservación y los planes de manejo de las áreas. Respecto al plan de manejo, éste definirá las prohibiciones de desarrollo de actividades en un lugar. Dependiendo del objetivo de conservación que tenga el área y su plan, se podrán autorizar o no proyectos como líneas de transmisión, mini centrales hidroeléctricas o actividades mineras compatibles, que hoy se autorizan vía Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Un punto positivo, son los instrumentos económicos que se usan para incentivar la conservación: el ejemplo más destacable es un “banco de compensaciones”, que básicamente es un conjunto de territorios cuyas singularidades y valor a la biodiversidad, lo convierten en candidato para proyectos de inversión que deban compensar impactos ambientales.

También hay voces críticas que cuestionan que se cree un sistema de fiscalización y sanción al interior del nuevo Servicio, paralelo a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).