La inversión en capital humano, en áreas como la salud y educación, continúa como uno de los desafíos de El Salvador para contribuir a la reducción de la pobreza, según la nota técnica “20 años de reducción de pobreza y desigualdad en El Salvador”, publicada por la división de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el documento, entre 1992 y 2012 la pobreza en el país se redujo 24.3%, mientras que la desigualdad bajó 0.07%, lo cual indica que el crecimiento económico del país ha sido “pro pobre” en ese período. Buena parte de la reducción de la pobreza es atribuida al incremento en ingresos laborales, que, a su vez, se debe a factores como los cambios en las distribuciones y retornos a los años de educación de los miembros de un hogar y el sector de la economía en el que se desempeñan.

La combinación de estas variables, indican, explica el 52% de la caída en la desigualdad reportada entre 2008 y 2012. “En el periodo 1992-2012 se han visto otros importantes cambios socioeconómicos en el país: el número promedio de años de educación se incrementó de 4.3 a 6.7, y la población se ha urbanizado, subiendo el porcentaje de hogares que viven en zonas urbanas de 52.2% a 65.8%”, añade el documento.

Pese a ello, el incremento de los años de estudio fue distinto según los niveles de ingreso de los hogares. Los hogares más pobres, por ejemplo, tuvieron un aumento de 0.9 años de educación frente a los 2.4 años que incrementó la educación en los hogares más ricos, detalla el estudio.

Las transferencias

Debido al peso de los ingresos en la reducción de la pobreza, las autoras del documento elaboraron un ejercicio para observar los efectos potenciales de programas de transferencias en efectivo a las familias pobres. De esta forma, se evidencia el bajo nivel de impacto de programas gubernamentales como Comunidades Rurales Solidarias y la Pensión Básica Universal (ver tabla), los cuales otorgan bonos de salud y educación, además de ampliar la cobertura de servicios básicos.

Según las estimaciones, al eliminar cualquiera de los dos programas, la pobreza incrementaría solo 0.1% al pasar de 34.5% a 34.6%, mientras que, si no hubiesen remesas, la pobreza incrementaría a 40.8% (un 6.3% más).

En el caso de implementarse programas ficticios que entregasen $20 o $40 a los 561,620 hogares pobres en el país (calculados con base al ingreso per cápita), la pobreza se reduciría a niveles del 31% y del 27.2%, respectivamente. Si la ayuda se entrega a los hogares pobres, catalogados así por un Registro Único de Participantes (RUP) que focalice la ayuda, el índice de pobreza se reduce a 32% y 30.9%.

“El nivel de eficiencia en la selección de hogares pobres es superior si se utiliza a nivel nacional un índice como el de RUP en comparación con los subsidios generalizados e incluso con programas como la entrega de paquetes escolares”, indican las autoras.

Pese a que su impacto en la reducción de la pobreza es limitado, el estudio reconoce que el programa de Comunidades Rurales fomenta inversiones en capital humano, lo cual puede ser importante.

“Si se promoviera el tipo de políticas que fomenta inversiones en capital humano, como lo hacen programas como Comunidades Solidarias Rurales, en El Salvador se podrían lograr reducciones en la pobreza de hasta siete puntos porcentuales en el corto plazo, más las ganancias de fortalecer la inversión en el capital humano de la población a una fracción del costo actual de los subsidios generalizados en El Salvador”, advierte el texto.

Imagen: elmundo.com