Bajo el nombre de “Gestión comunal de los derechos de propiedad de la tierra”, esta propuesta se traduce en la construcción de acuerdos familiares y comunales que permiten administrar la propiedad de este recurso. Según la Fundación, la puesta en práctica es una señal inequívoca de que cada comunidad organizada es capaz de documentar los derechos de propiedad, fijar reglas para la ejecución de actos administrativos, controlar las transacciones internas de tierras, dando fe de esos actos a través de sus autoridades comunales legítimas.