Crisis de la COVID-19: la ampliación de la protección social a las poblaciones rurales resulta esencial para la recuperación

Roma – El Sr. QU Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), declaró el miércoles en el Foro mundial para una recuperación centrada en las personas, organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que la ampliación de la protección social a las poblaciones rurales es un requisito previo para una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y que debe constituir un elemento central de las políticas de recuperación posteriores a la pandemia.

“Debido a una serie de desafíos que afronta la población rural como, por ejemplo, el aislamiento, la informalidad generalizada y los ingresos bajos e irregulares vinculados a la estacionalidad de las actividades agroalimentarias, las poblaciones rurales no disponen de un acceso suficiente a los servicios de protección social, especialmente a los contributivos”, afirmó el Director General señalando que la población rural ha sido la más afectada por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, lo cual ha dado lugar a un incremento todavía mayor de las desigualdades entre las personas que se benefician de una cobertura de protección sanitaria y social y las que no tienen acceso a ella.

El Sr. QU pronunció un discurso en una reunión del Foro en la que también participaron el Presidente de Mozambique, Sr. Filipe Nyusi, y el Primer Ministro de Bélgica, Sr. Alexander De Croo, y que moderó la Sra. Zeinab Badawi, periodista de radio y televisión.

Deficiencias en la protección social

Para la FAO, la protección social es un conjunto de intervenciones cuyo objetivo consiste en reducir la vulnerabilidad y el riesgo en los ámbitos social y económico, y aliviar la pobreza extrema y la privación. Esto puede incluir asistencia social, por ejemplo, transferencias monetarias o en especie proporcionadas por el Gobierno, y protección de los mercados de mano de obra, como prestaciones de desempleo, desarrollo de competencias y capacitación de trabajadores.

El Sr. QU subrayó la necesidad de adaptar las políticas de protección social a las necesidades específicas de cada país, especialmente en África, donde más del 80 % de la población carece de acceso a prestaciones de protección social de cualquier tipo.

“A pesar de la reciente ampliación de la asistencia relacionada con la protección social a nivel mundial, solo uno de cada 10 hogares en el África subsahariana y menos de uno de cada cinco hogares en Asia meridional se beneficiaron de algún tipo medida de protección social específica de la COVID-19”, añadió el Director General.

A nivel mundial, más del 80 % de los trabajadores autónomos rurales son informales, y el sector agroalimentario registra el nivel más elevado de empleo informal. Asimismo, las personas que viven en zonas rurales tienen el doble de probabilidades de tener un empleo informal que las personas de las zonas urbanas.

El Sr. QU se hizo eco del reciente llamamiento realizado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Antonio Guterres, en favor de la aceleración de los progresos para la creación de puestos de trabajo decentes y la ampliación de la protección social con el fin de abordar deficiencias, contribuyendo al mismo tiempo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para promover puestos de trabajo decentes en las zonas rurales, el Director General destacó la necesidad de aplicar un enfoque integral que definiera tres esferas específicas: centrar la atención en el desarrollo rural sobre la base de las características y ventajas competitivas específicas de cada país en desarrollo, en particular la inversión en la elaboración de alimentos como uno de los enfoques más eficientes para ofrecer oportunidades, sobre todo para los jóvenes y las mujeres; establecer políticas favorables para las pequeñas y medianas empresas; e impartir formación profesional, de manera que los agricultores puedan adquirir ciertos niveles de competencias.

Sistemas de protección social sólidos, medios de vida sólidos

“Contar con sistemas de protección social sólidos allanará el camino hacia el logro de sistemas agroalimentarios más inclusivos, resilientes y sostenibles, que son esenciales para los medios de vida de 4 500 millones de personas, incluidos más de 1 100 millones de personas pobres que viven y trabajan en zonas rurales”, afirmó el Director General.

El Sr. QU reiteró el apoyo de la FAO a los Miembros en lo que respecta a la adaptación de sus políticas de protección social para incluir medidas adaptadas a las necesidades de la población cuyos medios de vida dependen de la agricultura.

Algunos ejemplos de dicho apoyo incluyen permitir a los hogares pastoriles que cobren pagos a lo largo de las rutas de trashumancia, facilitar su acceso a los pagos electrónicos o reconocer la estacionalidad de los medios de vida de los pescadores mediante el incremento del valor de los pagos de las transferencias sociales fuera de temporada. De manera más general, esto implica hacer que los sistemas de protección social respondan mejor a las perturbaciones a las que están expuestos los medios de vida agroalimentarios, por ejemplo, sequías, brotes de plagas e inundaciones.

Movilización de fondos

“La ampliación progresiva de la protección social requerirá financiación”, destacó el Director General. “Sin inversión, innovación, tecnología y, especialmente, digitalización de los sistemas agroalimentarios, no podemos lograr un desarrollo más inclusivo”, declaró, señalando que la creación de sistemas de protección social sólidos también requerirá asociaciones eficientes, eficaces y coherentes, así como solidaridad a escala mundial.

La FAO y la protección social

La FAO reconoce la protección social como un derecho universal. La Organización es miembro activo de la Alianza mundial para la protección social universal y ha estado trabajando estrechamente con la OIT, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco Mundial y otras organizaciones en el establecimiento de un Consorcio sobre Protección Social.

El año pasado, la FAO y la OIT publicaron el informe conjunto titulado “Extender la protección social a las poblaciones rurales”, en el que se describe un enfoque interinstitucional común para ampliar la prestación de servicios en las zonas rurales.