10 de junio de 2021, Santiago de Chile - ¿Cómo pudieron ganaderos de Ecuador aumentar en un 40 % sus ingresos y reducir en un 20 % sus emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cómo fue posible que agricultores de Uruguay disminuyeran en un hasta un 70% su uso de pesticidas? ¿Y cómo pudo una iniciativa de energía limpias en la agroindustria de México evitar la emisión de 6 millones de toneladas de carbono, mejorando las condiciones laborales de sus trabajadores y la salud ambiental de las comunidades aledañas?

Una nueva publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) responde estas preguntas y analiza siete experiencias de transformación en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay y el Caribe.

Hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe muestra –con ejemplos concretos– cómo pasar de buenas prácticas a políticas públicas, y cómo alinear los objetivos ambientales con una producción agrícola eficiente y socialmente inclusiva.

“Ahora más que nunca es fundamental aprovechar las inversiones que requerirá la reconstrucción luego de la pandemia para avanzar en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de la huella ambiental de la agricultura”, dijo el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.

Siete casos exitosos

En Ecuador, un proyecto de ganadería climáticamente inteligente implementado en más de 800 fincas permitió que 1.056 ganaderos incrementaran su producción de leche, aumentaran sus ingresos y mejoraran la calidad de los suelos en 40 mil hectáreas. El proyecto evitó la emisión de 24 mil toneladas de gases de efecto invernadero gracias a técnicas como el pastoreo rotativo y la producción de compost para pastos. Además, los ganaderos aprendieron a producir sus propios piensos, y también aplicaron herramientas digitales para monitorear sus emisiones de GEI.

En México, un proyecto de fomento de tecnologías eficientes y bajas en emisiones en la agricultura y la agroindustria permitió que 1.842 agronegocios –principalmente fincas de ganado de vacuno, porcicultura y avicultura, centros de procesamiento de carne e industrias agroprocesadoras– redujeran sus emisiones netas de GEI en 6 millones de toneladas de CO2 eq, además de producir energía a partir de biomasa.

En Uruguay, un proyecto de buenas prácticas y alternativas al uso de plaguicidas trabajó con más de 2.000 técnicos y productores, y demostró que es posible reducir hasta en un 70% el uso de herbicidas en un ciclo de producción de soja, sin afectar en nada el rendimiento y sin aumento de costos, lo que supuso –para los casos evaluados– un ahorro de 40 dólares por hectárea, en promedio.

En Chile, los Acuerdos de Producción Limpia permitieron a 340 miembros de la agricultura familiar de la región de El Maule aumentar en 15% sus beneficios económicos, reduciendo su uso de energía, sus emisiones de GEI, sus residuos y uso de plaguicidas, además de mejorar el uso del agua y del suelo.

En Guatemala y Colombia, un proyecto de manejo forestal comunitario permitió impulsar la conservación de los bosques, generar empleo y aumentar la inversión en desarrollo social y productivo. En Guatemala participaron 1.233 familias en 350 mil hectáreas de la Reserva de la Biósfera Maya en Petén, mientras que en Colombia participaron 25 comunidades y dos asociaciones madereras.

Un proyecto de gestión sostenible de las pesquerías de arrastre en Brasil, Surinam y Trinidad y Tobago, permitió reducir en hasta 36% la pesca no intencionada gracias a nuevas redes y tecnología, protegiendo a especies amenazadas, como tortugas y rayas, y disminuyendo su impacto ambiental.

En Colombia, mesas técnicas agroclimáticas permitieron que un gremio bananero en Magdalena y La Guajira redujera en 15% sus pérdidas por efectos climáticos y un 25% en su uso de fertilizantes por hectárea.

Todas estas iniciativas muestran que no es necesario elegir entre crear empleo y cuidar el medioambiente, o entre la necesaria transformación sostenible de la agricultura y la reactivación económica post pandemia, porque los proyectos y políticas ambientales también generan múltiples beneficios económicos y sociales.

Más información: Sitio web del informe

• Una agricultura próspera, inclusiva, sostenible, baja en emisiones y resiliente al cambio climático es posible en América Latina y el Caribe.
• Recuperarnos de la crisis por el COVID-19 requiere inversiones y proyectos que generen beneficios socioeconómicos, ambientales y climáticos.
• Existen maneras de transformar la agricultura en la región que no afectan la productividad ni la rentabilidad, y que expanden las oportunidades de desarrollo económico y social. 

7 casos exitosos

1. En Ecuador, un proyecto de ganadería climáticamente inteligente 800 fincas permitió que 1.056 pequeños agricultores incrementaran su producción de leche, sus ingresos en 40%, mejorarán la calidad de los suelos en 40 mil hectáreas, y disminuyeran en 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), evitando más de 24 mil toneladas de GEI.
2. En México, un proyecto de fomento de tecnologías eficientes y bajas en emisiones en la agricultura y la agroindustria permitió que 1842 agronegocios redujeran sus emisiones netas de GEI en 6 millones de toneladas de CO2 eq, además de producir energía a partir de biomasa.
3. En Uruguay, un proyecto de buenas prácticas y alternativas al uso de plaguicidas que trabajó con más de 2.000 técnicos y productores, permitió demostrar que es posible reducir hasta en un 70% el uso de herbicidas en un ciclo de producción de soja, sin afectar en nada el rendimiento y sin aumento de costos: supuso un ahorro en promedio de 40 dólares por hectárea.
4. En Chile, los Acuerdos de Producción Limpia permitieron a 340 miembros de la agricultura familiar de la región de El Maule aumentar en 15% sus ingresos, reduciendo su uso de energía, sus emisiones de GEI, sus residuos y uso de plaguicidas, además de mejorar el uso del agua y el suelo.
5. En Guatemala y Colombia, un proyecto de manejo forestal comunitario permitió impulsar la conservación de los bosques, generar empleo, y aumentar la inversión en desarrollo social y productivo.
6. Un proyecto de gestión sostenible de las pesquerías de arrastre, principalmente de camarón, permitió reducir en hasta 36% la pesca no intencionada de especies gracias a nuevas redes y tecnología, disminuyendo el impacto ambiental en Brasil, Surinam y Trinidad y Tobago.
7. En Colombia, mesas técnicas agroclimáticas permitieron que un gremio bananero en Magdalena y La Guajira redujera en 15% sus pérdidas por efectos climáticos y un 25% en el uso de fertilizantes por hectárea.

Transformar la agricultura es económicamente rentable

• La transformación de la agricultura constituye una inversión de alto retorno social: tras la crisis de 2009-2010, la evidencia mostró que, por cada millón USD invertidos en la restauración de ecosistemas, se crearon 10 veces más empleos que con inversiones similares en el sector del carbón o nuclear.
• Casi la mitad de las soluciones viables para que los países alcancen los objetivos climáticos internacionalmente acordados, se relacionan con el sector agrícola.
• A nivel global, por cada dólar invertido en la restauración de bosques degradados se pueden obtener entre 7 y 30 dólares en beneficios económicos (Ding et al., 2017).
• Recuperar las tierras degradadas de América Latina y el Caribe produciría 23.000 millones de dólares en beneficios netos en 50 años.

El sector agrícola en cifras

• La región posee 576 millones de hectáreas de suelos agrícolas (Gardi et al., 2014) y aporta el 14% de la producción y el 23% de las exportaciones agrícolas y pesqueras (OCDE y FAO, 2019).
• La región cuenta con más de 15 millones de agricultores y 2 millones de pescadores (Trivelli y Berdegué, 2019).
• América Latina y el Caribe posee el 23,4% de la cobertura boscosa y el 31% del agua dulce del planeta y contiene el 50% de la biodiversidad mundial.
• En la región, la pobreza se concentra mayormente en zonas rurales, donde el 48,6% de la población es pobre y el 22,5% extremadamente pobre.
• El sector agrícola utiliza un 73% del total del agua dulce en la región.
• Existen cerca de 200 millones de hectáreas de tierras degradadas en América Latina y el Caribe, y en un 50% de los suelos agrícolas existe algún grado de erosión, debido a un mal manejo y a la pérdida de cobertura vegetal.
• Más de la mitad de las pesquerías de la región están sobreexplotadas.