Un encuentro virtual para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, se realizará el martes 17 de agosto, a partir de las 14:00, bajo organización del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y del Grupo Interagencial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas en Paraguay.

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se celebra el 9 de agosto y fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidasen diciembre de 1994. La fecha marca el día de la primera reunión, en 1982, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

En conmemoración al día y con motivo de dar continuidad a la generación de espacios de diálogo y articulación en Paraguay, se organiza el conversatorio que se realizará con la participación de referentes nacionales e internacionales. La actividad será transmitida por las redes de Naciones Unidas en Paraguay. No se requiere de registro previo.

Expondrán, entre otros, Myrna Cunninghan, Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de America Latina y el Caribe (FILAC); Francisco Cali Tzay, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y representantes, líderes y lideresas, de Organizaciones Indígenas, como Daniela Benítez, Tania Vera, Angela Sales y Ángel Vera.

Los Pueblos Indígenas y el llamado a un nuevo contrato social

Los Pueblos Indígenas son los titulares de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y poseen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto y exacerbado muchas desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones de todo el mundo que ya estaban sufriendo pobreza, enfermedad, discriminación, inestabilidad institucional o inseguridad financiera.

Estas desigualdades no pueden ni deben ignorarse. En muchas de nuestras sociedades, el contrato social -el acuerdo no escrito que las sociedades hacen para cooperar en el ámbito social y beneficios económicos-requiere cuando mínimo ser revisado.

Desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas, el contraste es aún más marcado. En muchos países, nunca fueron incluidos en un contrato social, particularmente donde fueron expulsados de sus tierras, sus culturas y sus idiomas fueron denigrados y su gente marginada de las actividades políticas y económicas.

En los últimos años varias sociedades han intentado revertir esta marginación, pidiendo disculpas públicas, realizando esfuerzos en favor de la verdad y la reconciliación, promoviendo reformas legislativas y constitucionales. A nivel internacional, estos esfuerzos han incluido la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el establecimiento de órganos asesores como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

A pesar de la existencia de instrumentos internacionales para responder a estas desigualdades, es necesario que más sociedades se sumen a este cambio de paradigma para garantizar que nadie se quede atrás, incluidos los pueblos indígenas. Por tanto, es necesaria la construcción y rediseño de un nuevo contrato social como expresión de cooperación por el interés social y el bien común para la humanidad y la naturaleza.

El nuevo contrato social debe basarse en una auténtica participación y asociación que fomente la igualdad de oportunidades y respete los derechos, la dignidad y las libertades de todos. No solo los gobiernos, sino la totalidad de la sociedad, incluyendo activistas sociales, pueblos indígenas, mujeres, el mundo académico, los científicos, tienen un papel que desempeñar en la construcción y el rediseño de un nuevo contrato que sirve a los intereses de “Nosotros, los pueblos”.

El derecho de los Pueblos Indígenas a participar en la toma de decisiones es un componente clave para lograr la reconciliación entre los pueblos indígenas y el Estado. Por tanto, un nuevo contrato social debe combatir el legado de exclusión y marginación que les afectan a través de su participación efectiva y de la obtención de su consentimiento libre, previo e informado.

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