Durante la primera audiencia pública sobre la implementación de la Ley 5210/14 de “Alimentación Escolar y Control Sanitario”, representantes del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) y de diferentes sectores reflexionaron sobre los principales impactos generados a partir de la promulgación de la ley.

En 2014, Paraguay aprobó su Ley de Alimentación Escolar y Control Sanitario en atención a los derechos a la alimentación y a la salud del sector estudiantil, con el fin de garantizar su bienestar durante el periodo de asistencia a la institución educativa. Esta ley también prioriza la adquisición de alimentos de la agricultura familiar.

En ese contexto, la senadora Blanca Ovelar hizo referencia a que “una alimentación saludable significa una alimentación variada, balanceada, inocua, de óptima calidad y adecuada a los requerimientos nutricionales de cada grupo etario”. A seguir, destacó la importancia de esta ley porque “beneficia a la alimentación de niños y niñas, que tenemos que cuidar porque está nuestro potencial como sociedad y Estado”, y se propuso a seguir en la lucha para lograr el hambre cero desde la Comisión que preside en el Parlamento.

Por su parte, el Gobernador del IX Departamento de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, habló de la necesidad de “trabajar en corregir errores y buscar aumentar el presupuesto destinado a este sector para que la alimentación alcance a más niños y niñas en edad escolar y cumplir con el programa desde el primero hasta el último día”.

América González, Coordinadora de Área Temática en FAO Paraguay, hizo alusión a los principios de la alimentación escolar: universalidad, equidad, sostenibilidad, descentralización e integridad. También resaltó que con esta ley “no solo se busca apoyar la participación comunitaria y la dinamización de la economía local, ya que no solo se basa en dar alimentos, sino también generar una cultura de protección y cuidado para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes”; y  mencionó que la FAO busca potenciar la alimentación escolar como una herramienta de lucha contra el hambre, generando vínculos con la agricultura familiar e incentivando la participación social, sin dejar a nadie atrás.

La Dra. Laura Mendoza, asesora del FPH hizo alusión al alcance de la ley en las instituciones educativas y en beneficio de los estudiantes matriculados en todo el departamento. Habló de la base sobre la que está forjada esta ley que tiene enfoque de derecho; alimentación escolar fresca, variada, balanceada y adecuada; y, enfoque educativo. Destacó, además, la importancia de garantizar a los alumnos y alumnas el consumo de alimentos inocuos y de calidad con el fin de asegurar la protección a la salud y respetar sus derechos.

Luego de las palabras de las autoridades, representantes de las distintas instancias público-privadas afines, expusieron sus posturas. Así se pronunciaron desde el Gremio de Docentes Federación de Educadores de Paraguay, la Junta Municipal de Quiindy, la Concejalía de Carapegua, Intendentes de Yaguarón, Pirayu y Caballero y de las diferentes instituciones educativas presentes.

Se concluyó que la alimentación escolar es un programa gubernamental, que de ser planificado adecuadamente y ejecutado de forma prioritaria por el Estado, se constituye en una importante estrategia de protección social. La adecuada, variada y saludable ingesta calórica de niños, niñas y jóvenes, genera múltiples beneficios a nivel de la salud individual de los estudiantes y de su rendimiento educativo. Las autoridades presentes destacaron la importancia de evaluar el presupuesto, el alcance y el impacto de la implementación de ley con el objetivo primordial de beneficiar a todos y todas por igual.

Los programas de Alimentación Escolar (PAE) son una importante intervención de protección social y de aplicación efectiva del derecho a la alimentación adecuada, y han sido recomendados como uno de los componentes clave para garantizar el acceso a los alimentos, tanto a poblaciones vulnerables, como para el proceso de educación alimentaria y nutricional, teniendo la escuela como importante actor comunitario para el desarrollo sostenible a largo plazo.

De la actividad, llevada a cabo en el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Económica de la UNA, filial Paraguarí, participaron además, los senadores Tony Apuril, Amado Florentín y Pedro Santacruz, y Santiago Laguardia, director de la Facultad.