Pese al enorme potencial natural de la región, la mitad de la población rural vive en la pobreza y el 20 %, en situación de pobreza extrema. Este contexto impone un doble desafío: proseguir los avances regionales para reducir la pobreza y el hambre y, al mismo tiempo, paliar las desigualdades étnicas, económicas, sociales, territoriales y de género que aún caracterizan a las sociedades rurales de la región; y ejecutar programas de desarrollo rural más amplios, que puedan generar una dinámica de crecimiento inclusivo para todos los actores.

• El suministro de asistencia técnica para el diseño, la aplicación y la evaluación de
• políticas de desarrollo rural que promueven la promoción del diálogo político y los intercambios técnicos.
• El respaldo a los países de la región para crear estrategias de desarrollo económico encaminadas a aumentar la productividad, la inclusión social y la sostenibilidad.
• La contribución a una cooperación estratégica entre los sectores sociales, productivos y Medioambientales.
• La facilitación de sus recursos técnicos, herramientas y normas elaborados y validados a nivel internacional.
• La prestación de asistencia técnica a los países para que formulen políticas de desarrollo rural adaptadas a las necesidades de cada grupo de población, y para la adopción de un enfoque basado en los derechos en el ámbito programático, especialmente respecto a las mujeres, la juventud rural, la población indígena y los afrodescendientes.
• El respaldo a los países de la región para el fortalecimiento, a nivel político, social, orgánico y técnico, de la agricultura familiar y las organizaciones de pesca artesanal, y los marcos institucionales públicos correspondientes, a fin de darles visibilidad.