14/03/2011

La Conferencia de Consulta Global sobre los Derechos de los Agricultores, celebrada el 23-25 de noviembre en Addis Abeba, reunió a 51 participantes de 30 países con el fin de analizar cuestiones de importancia crítica para reconocer y recompensar a los agricultores por su papel como administradores e innovadores de la biodiversidad agrícola y contribuyentes a los recursos de la reserva génica global. El Fridtjof Nansen Institute (FNI) de Noruega, que estableció el Proyecto de los derechos de los agricultores, organizó conjuntamente la Conferencia como la culminación de un proceso de consulta que incluyó una encuesta enviada a las partes interesadas con anterioridad al evento.

En la conferencia de 3 días se consideraron temas tales como: el modo de garantizar que el conocimiento tradicional se pueda compartir sin que sea apropiado indebidamente, y el modo de garantizar que los agricultores tengan suficiente participación para determinar cómo el Fondo de distribución de beneficios del Tratado distribuye y recibe los fondos.

S. E. Sr. Sileshi Getahum, Ministro de Estado de Agricultura de Etiopía, inauguró la conferencia, con el Dr. Abera Deressa del Ministerio de Agricultura presidiendo la ceremonia de apertura, y la Dra. Regine Anderson del FNI presidiendo las sesiones plenarias. Los participantes escucharon las presentaciones de expertos y partes interesadas y debatieron con el fin de compartir puntos de vista y experiencias sobre las cuestiones tratadas. Aunque los Derechos de los agricultores están entre los objetivos esenciales del Tratado, la responsabilidad de implementarlos depende de los gobiernos nacionales. El proyecto del FNI está trabajando para desarrollar una base empírica sólida, basada en la investigación, para avanzar en la discusión con la esperanza de preparar el terreno para detectar las opciones y los procesos destinados a implementar los derechos de los agricultores tanto nacional como internacionalmente.

El segundo día de la conferencia estuvo destinado a las consultas regionales, que resultaron en una serie de propuestas que se han compartido esta semana en durante la reunión del Órgano Rector en Bali. Entre las principales ideas que surgieron de las discusiones regionales en términos de las cuestiones que se elevarán al Órgano Rector, se encuentran las siguientes:

• Desarrollar la capacidad de los agricultores para participar en la toma de decisiones vinculadas con sus derechos de guardar, utilizar, intercambiar y vender las semillas conservadas en la explotación y el material de propagación.
• Establecer medidas para garantizar que el conocimiento tradicional, así como los sistemas que lo generan, se respeten y promuevan.
• Estudiar la relación entre la distribución de beneficios y los sistemas de comercio justo con miras a mejorar el mecanismo de distribución del Tratado y revisar la eficacia del flujo de los recursos amparados por el Tratado.
• Apoyar a los países para que creen capacidad en los agricultores, para que puedan participar en la toma de decisiones y adapten sus planes de gestión de los recursos fitogenéticos al cambio climático.
• Instar a los países a que desarrollen sus bibliotecas nacionales sobre los conocimientos tradicionales asociados con los recursos fitogenéticos, y solicitar a la Secretaría que inicie el trabajo de desarrollar una biblioteca global.
• Exhortar a los países y a los centros del GCIAI a que intensifiquen la transferencia de las variedades de los agricultores conservadas actualmente en los bancos de genes nacionales e internacionales a los bancos de genes comunitarios, para que los agricultores puedan acceder a ellas más fácilmente.

Además, las recomendaciones conjuntas hicieron necesario que el Órgano Rector analizara las opciones para mejorar la legislación nacional sobre semillas, y que los gobiernos nacionales reconocieran que los sistemas de semillas formales y locales son complementarios. Ambos deben recibir el apoyo de la legislación nacional. Las recomendaciones conjuntas también hicieron necesario que el Órgano Rector estableciera un Grupo de trabajo especial para desarrollar lineamientos voluntarios destinados a implementar los derechos de los agricultores a nivel nacional.