Hoy más que nunca todos buscamos alimentos sanos y nutritivos. Una alianza entre la agricultura familiar y las compras públicas del estado, puede ser el camino para lograr este objetivo. ¡Esta es nuestra propuesta!

La agricultura familiar produce alrededor del 70% de los alimentos que se consumen en la República Dominicana (cifra siempre debatida). Esto lo posiciona como un país con un nivel de autosuficiencia medio alto. Cabe considerar que, dependiendo del rubro, la autosuficiencia alimentaria está por encima del 90%, especialmente en los sectores de arroz, bananos, plátanos y huevos, cuatro de los principales productos de esta canasta. (FAO; FIDA; OMS; PMA; UNICEF. 2020). ¿Y entonces, por qué no tener una porción de estos productos agrícolas en los programas de compras públicas del estado?

Lograr que los pequeños productores puedan acceder de manera directa a más y mejores mercados, tanto públicos como privados, es una de las apuestas que están incorporando varios países de la región, como parte de las estrategias para generar mayores ingresos en este sector, así como para permitir a su población el acceso a productos frescos y saludables, combatiendo los fenómenos del sobrepeso y la obesidad, especialmente en las zonas rurales. Las compras públicas de alimentos se están convirtiendo en una herramienta para fomentar el desarrollo rural, al orientar la demanda pública de alimentos hacia los proveedores nacionales, en especial hacia los pequeños agricultores.

Si miramos las experiencias de la región, encontramos que alrededor de doce países poseen marcos regulatorios, normativas, políticas públicas, planes y/o programas que promueven las compras públicas provenientes de la agricultura familiar. Destacable es el caso de Brasil, que cuenta con un amplio programa de adquisición de alimentos para atender las necesidades de las poblaciones en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, estableciendo que un 30% de las compras del Estado sean provistas por agricultores familiares, de forma que sus productos sean comercializados a precios más justos, se fomente la inclusión social y se suministre al mercado institucional de alimentos, incluyendo los programas de alimentación escolar, con resultados que a su vez mejoran el ámbito nutricional de la población.

Resalta también el caso de Uruguay, que recientemente promulgó la ley de compras públicas. Esta ley declara de interés general la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal, y estableció un mecanismo de reserva mínimo de mercado de 30% para las compras centralizadas y un 100% para las compras descentralizadas, provenientes de organizaciones de agricultores familiares. Ese mismo camino han seguido otros, como el programa de alimentación escolar de Chile, la alimentación en las escuelas de Guatemala, Honduras, Colombia y Paraguay, por nombrar algunos.

La FAO viene acompañando a varios de estos países en el diseño y establecimiento de programas de compras públicas, generando beneficios en una suerte de “doble ganancia”. Por un lado, los pequeños agricultores cuentan con un canal de comercialización accesible que les permite insertarse en mercados públicos con menores riesgos e incertidumbres, y por otro, los beneficiarios que reciben la asistencia alimentaria, mejoran la calidad de sus dietas, integrando en ellas frutas, verduras, legumbres y productos frescos y sanos. No obstante sus evidentes beneficios, para desarrollar este tipo de iniciativas se requiere superar varios retos. Uno de ellos es la escasa formación técnica y organizacional que poseen los agricultores para cumplir con los requisitos que exige este tipo de mecanismo, para convertirse en proveedores del Estado. A esto se une la falta de asociatividad de los agricultores, quienes trabajan de forma dispersa, ofreciendo escasos volúmenes como para competir en el mercado.

Otro desafío que enfrentan los agricultores, es su limitada formación en temas de logística, planes de negocios y mercadeo, así como aspectos relativos a la calidad e inocuidad de los alimentos, ámbitos muy necesarios para que los agricultores puedan enfrentarse a los competitivos mercados actuales. Los altos grados de informalidad, así como problemas de acceso a financiamiento para realizar las inversiones necesarias, son otros aspectos críticos.

Para el establecimiento de un sistema de compras públicas es fundamental contar con políticas públicas especializadas e inversión gubernamental que fortalezcan la agricultura familiar y creen procesos específicos de compra que les otorguen acceso preferente a los mercados públicos de alimentos, reduzcan la burocracia y costes asociados a su participación en ellos.

Un buen marco para comenzar estos cambios, es el establecimiento de una Ley Nacional de Agricultura Familiar que fortalezca y proteja este sector. Es relevante además contar con un registro nacional de la agricultura familiar, que permitirá conocer cuántos y quiénes son los agricultores familiares, dónde viven y trabajan, qué producen y cuáles son sus potencialidades y necesidades específicas.

Una interesante opción es la creación de sellos de agricultura familiar, que podrían identificar y diferenciar los productos provenientes de este segmento, otorgando una marca de valor agregado por origen. De paso, los habilitaría para ser proveedores de las compras públicas.

La asistencia técnica y servicio de extensión agrícola, serán fundamentales para orientar a los productores en aspectos tales como producción, organización y administración, así como acceso a créditos y seguros agrícolas.

Todos estos procesos serán más efectivos, mientras mayor componente de innovación técnica y digital posean. En esta era digital, tenemos que incorporar las nuevas oportunidades que entregan los servicios digitales, que permitan a los agricultores realizar gestiones financiera y administrativas, trasferencia de conocimientos y acceso a la información y precios de mercados de manera remota y con menor burocracia e intermediarios.

En este sentido, la FAO pone a disposición sus conocimientos técnicos para avanzar en tecnologías, innovación y digitalización de la agricultura, facilitando así el desarrollo e incremento de capacidades del sector productivo.

Desde la FAO, alentamos a los países a impulsar políticas públicas que faciliten el acceso de los pequeños agricultores al sistema de compras públicas y creen sinergias con otros programas que incrementen su impacto en la seguridad alimentaria y nutricional, al tiempo que se dinamizan las comunidades locales.

Sin lugar a dudas, este tipo de iniciativas han demostrado tener un fuerte efecto sobre la pobreza y desigualdad, tanto en los “proveedores” (agricultores), como en los “beneficiarios” (ciudadanía en situación de vulnerabilidad).

Este es un buen momento para que República Dominicana dé ese salto. El país tiene una gran posibilidad con el anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas, que impulsa la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esto significa una oportunidad para incluir a la agricultura familiar como una modalidad de contrataciones públicas del estado, que debe ser utilizada en la adquisición de productos agropecuarios, alimentos o servicios de alimentación.

Solo por mencionar un ejemplo, imagínense los beneficios que traería incluir productos locales, tradicionales y sanos (en vez de alimentos ultra-procesados con déficit de micronutrientes) de los agricultores familiares, al más del millón de estudiantes que hoy atiende el programa de alimentación escolar dominicano.

La DGCP y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han firmado un plan de trabajo conjunto de cara a los próximos dos años, que busca promover la articulación de las compras públicas en favor de la agricultura familiar, a fin de reducir los largos circuitos de intermediación.

Con este espíritu, se ha conformado una mesa permanente de trabajo, que busca soluciones articuladas entre las instituciones públicas y los agricultores familiares. Con estas iniciativas, República Dominicana estaría avanzado fuertemente en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en específico la erradicación de la pobreza (ODS1) y la erradicación del Hambre (ODS2) 2. Todo indica que el momento de dar este paso ha llegado.

Por: Rodrigo Castañeda, Representante de la FAO en la Republica Dominicana, y Alberto Ramírez, Consultor Internacional de FAO.