El gobierno tiene la obligación de realizar progresivamente el derecho a la alimentación. Pero para saber qué se debe hacer, resulta necesario comprender la situación actual de un país, un distrito, una comunidad o un sector. Sólo se podrá formular una respuesta adecuada si sabemos quiénes carecen de este derecho y cuáles son las causas, y en qué medida el marco jurídico, institucional y normativo es propicio para avanzar en el derecho a la alimentación. Todo el proceso se denomina Evaluación del derecho a la alimentación.

Un análisis de las leyes, las políticas y las instituciones del país ayuda a comprender si un gobierno está siguiendo un camino adecuado para abordar las causas fundamentales del hambre y qué medidas se deben adoptar para solucionar posibles carencias. Si las causas fundamentales del hambre no se comprenden de forma profunda y válida, no pueden establecerse leyes, políticas y normas institucionales específicas que sean propicias para la realización del derecho a la alimentación. Por lo tanto, la evaluación detallada de un marco jurídico, normativo e institucional proporciona datos objetivos consistentes para mejorar las acciones de los países destinadas a poner fin al hambre y la malnutrición (ODS 2), erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo (ODS 1) y alcanzar la igualdad de género (ODS 5).

Un punto de partida útil para realizar una evaluación del derecho a la alimentación es el análisis del marco jurídico de un estado y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que se ha comprometido a cumplir o a las que se ha adherido. Este análisis permite determinar si el marco jurídico es propicio para la realización progresiva del derecho a la alimentación y, por tanto, determinar si su modificación debe ser una prioridad para el país. Entre los instrumentos internacionales que han de tenerse en cuenta figuran el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Además, también se debería abordar la validación de las obligaciones de los tratados internacionales en las leyes nacionales, para comprender cómo se protege el derecho a la alimentación consagrado en dichos acuerdos en el ámbito doméstico.

Otro elemento fundamental de una evaluación es la identificación de los grupos que padecen inseguridad alimentaria, son vulnerables y están marginados, y las causas subyacentes de sus carencias.

Identificar estos grupos es importante para medir el alcance y el impacto de las medidas normativas y programáticas. Las personas pueden ser vulnerables a la inseguridad alimentaria por razones fisiológicas (p.ej. madres lactantes), económicas (p.ej. falta de acceso a los recursos naturales) o políticas (p.ej. discriminación contra ciertos grupos étnicos). Es necesario describir la ubicación, características demográficas y socioeconómicas, y los medios de subsistencia de estos grupos, y comprender por qué padecen hambre y malnutrición. Esto permite a los responsables de las políticas diseñar medidas normativas y programáticas con objetivos específicos que aborden con eficacia las causas subyacentes del hambre y la malnutrición. Por lo tanto, el análisis de las causas subyacentes y fundamentales de la subalimentación permitirá identificar los mejores puntos de partida para implementar medidas y acciones que promuevan la realización del derecho a una alimentación adecuada.

El siguiente paso es analizar las leyes, las políticas y las instituciones de un país para comprender si un gobierno está siguiendo un camino adecuado a la hora de abordar las causas fundamentales del hambre y si existen riesgos potenciales que podrían poner en peligro la promoción del derecho a una alimentación adecuada. Esto también permitirá conocer las medidas que se deben adoptar para solucionar posibles carencias. La evaluación también permitirá comprender los procesos de implementación y las consecuencias de las medidas normativas y programáticas existentes (o propuestas), así como las necesidades de rediseñar las políticas y programas para facilitar la realización del derecho a una alimentación adecuada.

Por último, la evaluación del derecho a la alimentación no sólo es oportuna para los países con problemas graves de inseguridad alimentaria; las preocupaciones relacionadas con una alimentación adecuada -como los estilos de vida poco saludables que pueden provocar obesidad, y los problemas asociados a la promoción comercial (p. ej. el etiquetado), también son relevantes para los países desarrollados.