Desarrollo de la capacidad
El desarrollo de la capacidad es un elemento fundamental del mandato de la FAO y está reconocido como una de sus funciones básicas en el Marco Estratégico de la Organización. Es clave para lograr resultados sostenibles a nivel de país y garantiza que los esfuerzos de la FAO dan lugar a cambios duraderos. A juicio de la FAO, el desarrollo de la capacidad viene impulsado por los actores de los propios países, en consonancia con las prioridades nacionales y el contexto local, y se basa en los sistemas nacionales y la experiencia local. El desarrollo de la capacidad debe llevarse a cabo en colaboración con los agentes nacionales, regionales e internacionales, y requiere intervenciones a largo plazo en lugar de actuaciones aisladas a corto plazo.
El desarrollo de la capacidad es el proceso de liberar, fortalecer y mantener la capacidad de las personas, las organizaciones y la sociedad en su conjunto para gestionar satisfactoriamente sus asuntos, alentando a los países a diseñar e implementar políticas nacionales que ayuden a reducir la pobreza (ODS 1) y lograr la seguridad alimentaria (ODS 2).
No sólo incluye la incorporación del derecho humano a la alimentación en las actividades de capacitación y la educación, sino también el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones nacionales para mejorar la prestación de servicios a nivel subnacional y reforzar la formulación e implementación de planes de desarrollo a nivel de distrito.
La transformación verdadera y duradera del desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria obedece a unas capacidades bien fundamentadas y mantenidas en el tiempo. Estas capacidades deben ser potenciadas a todos los niveles de gobierno y deben involucrar a otros actores como las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, el mundo académico y el sector privado. Por lo tanto, el desarrollo de la capacidad debe producirse en tres dimensiones diferentes. Una condición fundamental para que un país alcance sus objetivos de desarrollo son sus capacidades a nivel individual e institucional y en la creación de un entorno propicio.
- La dimensión individual hace referencia a los conocimientos, habilidades, comportamiento y actitudes de las personas.
- La dimensión institucional hace referencia a los mandatos, prioridades, procesos y estructuras de las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Incluye las organizaciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y las redes de organizaciones.
- El entorno propicio es el contexto en el que trabajan las personas y las organizaciones, e incluye el marco institucional, las estructuras de poder y los marcos normativos y jurídicos de un país.
El desarrollo efectivo de la capacidad en lo relativo al derecho a la alimentación reconoce y aborda estas tres dimensiones interrelacionadas. Mejora los conocimientos, habilidades, comportamiento y actitudes de los individuos; modifica los mandatos, prioridades, procesos y estructuras de las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil; y fortalece la voluntad política, los marcos normativos y jurídicos y otros elementos para crear un entorno general que facilite la realización e implementación del derecho a la alimentación.
Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación, en particular la Directriz 11 (“Educación y sensibilización”), destacan la importancia de la educación y la sensibilización, en especial en lo relativo al derecho a la alimentación y otros derechos humanos, como último recurso para ampliar el conocimiento de los responsables de sus obligaciones, y ayudar al mismo tiempo a las comunidades y a los titulares de derechos, especialmente a las mujeres, niñas y niños (los más vulnerables), a exigir la rendición de cuentas sobre sus derechos y ampliar sus oportunidades educativas en lo que respecta al acceso a la educación. Sin embargo, todas las directrices expresan la necesidad de aumentar el desarrollo de la capacidad en un amplio abanico de ámbitos normativos para crear un entorno propicio para que las personas se alimenten dignamente.
Desarrollo de la capacidad de profesionales, responsables de las políticas, mediadores (ombudsmen) y parlamentarios
La realización del derecho a la alimentación requiere fortalecer las capacidades de un amplio abanico de partes interesadas, para que puedan aplicar un enfoque basado en los derechos humanos en el desempeño de su propia función y mandato.
Los programas específicos de desarrollo de la capacidad en materia de derecho a la alimentación se diseñan e imparten a oficiales -incluyendo funcionarios públicos-, responsables de políticas y administradores de programas pertinentes, así como a abogados, mediadores (ombudsmen) y jueces que puedan tener que emprender acciones judiciales contra las violaciones de los derechos humanos.
Ejemplo de trabajo
Los Parlamentos son socios clave en la lucha contra el hambre. En su mandato, los legisladores pueden promover marcos jurídicos que contribuyan a la realización del derecho a la alimentación y, al mismo tiempo, definir los recursos financieros para los programas desarrollados por dichas leyes. Con el apoyo de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, en la región latinoamericana se han constituido Frentes Parlamentarios contra el Hambre (FPH) con dos objetivos principales: (a) impulsar la erradicación del hambre y asegurar que este objetivo se incluye en las agendas públicas, basándose en los esfuerzos de los parlamentarios y los congresistas de los órganos legislativos nacionales, regionales e interamericanos; (b) dotar a este esfuerzo de la estructura legal, institucional y financiera necesaria para tener éxito. En este contexto, se imparten a los parlamentarios sesiones específicas de creación de capacidad sobre el derecho a la alimentación y la forma de implementarlo a través de marcos jurídicos nacionales.