Vigilar el derecho a la alimentación en un país implica recopilar, analizar, interpretar y difundir de forma regular información relevante para evaluar los avances en la realización del derecho a una alimentación adecuada de todos los miembros de la sociedad, y comprobar si se producen de acuerdo a los principios y enfoques basados en los derechos humanos.

La vigilancia es un proceso que se desarrolla al mismo tiempo que la ejecución de políticas, programas y proyectos, y que recopila, procesa y analiza información para determinar si éstos avanzan según lo previsto (plazos, costes, eficiencia, etc.) y si están contribuyendo a alcanzar los resultados y objetivos previstos. Es una actividad dinámica y flexible que se lleva a cabo para facilitar las adecuaciones y ajustes necesarios que permitan centrar mejor las medidas en la consecución de resultados y objetivos.

La vigilancia puede contribuir significativamente a proteger el derecho a una alimentación adecuada de quienes lo disfrutan actualmente y ser una herramienta útil para implementar adecuadamente proyectos y programas que pretenden poner fin al hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición (ODS 2) y acabar con la pobreza (ODS 1) en todas sus formas en todo el mundo.

El enfoque de la vigilancia basado en los derechos humanos puede considerarse desde dos perspectivas complementarias: la vigilancia centrada en los derechos (en lo que respecta a lo que se vigila) y la vigilancia basada en los derechos (en lo relativo a la forma de realizar la vigilancia).

La vigilancia centrada en los derechos implica verificar si los principios de los derechos humanos se han aplicado en el diseño, financiación e implementación de las políticas, programas, proyectos y actividades pertinentes, y si han tenido consecuencias significativas para la realización de los derechos. Por lo tanto, este enfoque de vigilancia supone:

• vigilar los procesos de desarrollo e implementación de medidas que previsiblemente afectarán a la realización de un derecho humano, en este caso el derecho a una alimentación adecuada;
• vigilar los resultados obtenidos con estas medidas (que pueden ser políticas, programas, proyectos, etc.) y su contribución a la realización progresiva de los derechos;
• vigilar la repercusión final en lo que respecta al aumento del nivel de respeto, protección y cumplimiento de los derechos, en particular del derecho a la alimentación.

La vigilancia basada en los derechos implica que el propio proceso de vigilancia se basa en los principios de los derechos humanos y es coherente con ellos; es transparente y participativo; ayuda a empoderar a los titulares de los derechos; y refuerza las capacidades de los titulares de los deberes, proporcionando información valiosa a ambos grupos para la toma de decisiones destinadas a la realización de los derechos.

La vigilancia basada en los derechos tiene características analíticas y metodológicas de las que adolece la vigilancia convencional:

• análisis de los resultados y consecuencias de las políticas y programas;
• identificación de los beneficiarios/no beneficiarios;
• identificación precisa de las razones por las que los grupos identificados padecen inseguridad alimentaria y malnutrición o son vulnerables a ellas;
• evaluación continua del proceso de implementación de las medidas para la realización del derecho a la alimentación y de la prestación de servicios públicos para comprobar si se ajustan a los principios de los derechos humanos;
• desarrollo de indicadores basados en los derechos;
• desarrollo y adaptación de metodologías de vigilancia que incorporen los principios de participación, inclusión y empoderamiento de los grupos de titulares de los derechos, pese a sus limitados conocimientos técnicos o su falta de experiencia.