9 de junio de 2021, Roma/Santiago de Chile- Para evitar una crisis alimentaria en América Latina y el Caribe ante los efectos de la Covid-19, el rol de los parlamentos, la unidad en la pluralidad y la capacidad de generar acciones que deriven en políticas de Estado son clave.

Las constituciones cuentan con la mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico nacional, además de establecer los objetivos estatales a materializar por los diferentes gobiernos.

Las Sesiones Parlamentarias Hambre Cero son impulsadas por el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, y cuentan con el soporte técnico del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre (ejecutado por la Cooperación Española y la FAO), el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y el Programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO. 

En su segunda edición, que tuvo lugar el pasado 27 de abril, el tema principal fue la importancia de fortalecer el derecho a una alimentación adecuada en las constituciones. Buscó intercambiar experiencias entre países que ya cuentan con el derecho a la una alimentada en lo más alto de las agendas políticas y otros que tienen interés de reflexionar al respecto, como Chile, Colombia y El Salvador.

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Nota informativa

Datos clave

-        15 países de la región consagran explícitamente el derecho a una alimentación adecuada en sus Constituciones, ya sea para toda la población o para grupos específicos de la población en situación de mayor vulnerabilidad, tales como niños y niñas, mujeres embarazadas, - personas de la tercera edad, entre otros.

-        9 países cuentan con legislaciones marco en seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y/o derecho a la alimentación, las cuales principalmente tienen el objetivo de organizar o establecer una estructura de gobernanza en la materia, crear mecanismos de articulación interinstitucional y con la sociedad civil, permitir coordinar, evaluar y fiscalizar políticas - públicas y programas con incidencia en este derecho a la alimentación adecuada.

-        En complemento al reconocimiento constitucional explícito del derecho a la alimentación adecuada y el desarrollo de legislación marco sobre la materia, los países de la región han avanzado en múltiples legislaciones sectoriales que afectan al cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada, como las destinadas a promover las compras públicas a la agricultura familiar, evitar pérdidas y desperdicios de alimentos, reforzar alimentación escolar, fomentar la información a los consumidores, entre otras