Los países que en las últimas décadas han incorporado el derecho a la alimentación a sus constituciones lo han hecho como resultado de un pacto social que permita unir a la sociedad y superar situaciones de desigualdad y exclusión. También, porque es un mecanismo que da prioridad a las políticas que han demostrado la capacidad de generar desarrollo socioeconómico y contribuir al bienestar nacional.

El proceso de elaboración de una nueva constitución en Chile presenta una valiosa oportunidad para que el derecho a la alimentación sea incorporado, de manera explícita y para todas las personas, en su texto, en pleno respeto de las obligaciones internacionales del país.