Visión general

Justo antes del inicio de la pandemia de la COVID-19, cerca de 700 millones de personas pasaban hambre y unos 2 000 millones sufrían inseguridad alimentaria moderada o grave, cifras que han ido aumentando gradualmente desde 2014. La crisis ha agravado aún más las amenazas a la seguridad alimentaria y la nutrición mundiales. La interrupción de las cadenas de suministro de alimentos y la ralentización económica han afectado a los sistemas alimentarios de todo el mundo y han amenazado el acceso de las personas a los alimentos. De hecho, se calcula que en 2020 la pandemia de la COVID-19 ha abocado a entre 83 y 132 millones de personas más a una situación de hambre crónica, lo que dificulta aún más si cabe lograr el objetivo de erradicar el hambre.

Se prevé que la COVID-19 exacerbe todas las formas de malnutrición, en particular en los niños, debido a la pérdida de ingresos de los hogares, la falta de alimentos nutritivos disponibles y asequibles, la reducción de la actividad física y las perturbaciones en los servicios esenciales de nutrición. Es necesario adoptar medidas urgentes a corto plazo para evitar el aumento del hambre en el mundo; al mismo tiempo, se requiere una transformación de los sistemas alimentarios para lograr un futuro alimentario saludable y sostenible para todos.

El número de personas subalimentadas en el mundo siguió aumentando en 2020. Entre 720 y 811 millones de personas en el mundo padecieron hambre en 2020.

Después de permanecer prácticamente sin cambios durante cinco años, la prevalencia de la subalimentación pasó del 8,4 % en 2019 a alrededor del 9,9 % en 2020, lo que dificulta aún más si cabe lograr el objetivo del Hambre cero de aquí a 2030. En 2020, entre 720 y 811 millones de personas padecieron hambre en el mundo. Si se considera el punto medio del intervalo previsto (768 millones), en 2020 se enfrentaron al hambre unos 118 millones de personas más que en 2019, o hasta 161 millones más, si se toma en consideración el límite superior del intervalo previsto.

Las estimaciones sobre el número de personas sumidas en el hambre y la inseguridad alimentaria en todo el mundo en 2020 se ven afectadas este año por una mayor incertidumbre que en años anteriores, debido a los problemas metodológicos y de datos que plantea la pandemia de la COVID-19. La prevalencia mundial de la subalimentación en 2020 (indicador 2.1.1 de los ODS) se presenta como un intervalo para reflejar la incertidumbre añadida en torno a las estimaciones del hambre causada por este acontecimiento sin precedentes.

Con la excepción de Asia oriental y Asia sudoriental, todas las regiones del mundo registraron un aumento del hambre durante el período de 2015 a 2020; cabe mencionar los fuertes incrementos que se produjeron en el África subsahariana y América Latina y el Caribe de 2019 a 2020. Se estima que la prevalencia de la subalimentación en el África subsahariana se situó en el 24,1 % de la población en 2020,que corresponde a cerca de 264,2 millones de personas subalimentadas, es decir, un aumento de 4,7 puntos porcentuales desde 2015, de los cuales 3,5 puntos porcentuales solo entre 2019 y 2020. Esto es más del doble de la prevalencia registrada en Asia occidental y África septentrional (11,3 %) y constituye la cifra más elevada de todas las regiones.

Más del 40 % de las personas subalimentadas en el mundo viven en Asia central y Asia meridional (una cifra estimada de 308 millones de personas en 2020). Es la región con la segunda mayor prevalencia de subnutrición (15,3 %) después del África subsahariana.

En América Latina y el Caribe, la prevalencia de la subalimentación era del 9,1 % en 2020, porcentaje inferior a la prevalencia mundial del 9,9 %, pero que aun así representa casi 60 millones de personas subalimentadas. El número de personas subalimentadas aumentó en más de 23 millones entre 2015 y 2020, de ellas casi 14 millones solo de 2019 a 2020.

Se calcula que casi una de cada tres personas en el mundo no tenía acceso a una alimentación adecuada en 2020, lo que supone un aumento de 320 millones de personas en solo un año, pasando de 2 050 a 2 370 millones.

La meta 2.1 de los ODS desafía al mundo a ir más allá de la erradicación del hambre. Para lograr una salud y un bienestar óptimos, es imprescindible garantizar el acceso de todos a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes durante todo el año. El indicador 2.1.2 de los ODS —prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, según la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés)— se utiliza para supervisar el progreso hacia el acceso garantizado a alimentos suficientes para todos.

Las estimaciones acerca de la prevalencia de la inseguridad alimentaria experimentada en niveles graves solo proporcionan un parámetro suplementario para el seguimiento del hambre como complemento de la prevalencia de la subalimentación (indicador 2.1.1 de los ODS). Aunque estas estimaciones se han obtenido mediante datos y métodos muy diferentes, se prevé que guarden una estrecha correlación con la prevalencia de la subalimentación en todas las regiones.

Desde que la FAO comenzó a recopilar los datos de la FIES en 2014, la inseguridad alimentaria moderada o grave a nivel mundial ha ido aumentando lentamente, pasando del 22,6 % en 2014 al 26,6 % en 2019. Posteriormente, en 2020, el año en que la COVID 19 se extendió por todo el mundo, aumentó casi tanto como en los cinco años anteriores juntos, hasta el 30,4 %. Por tanto, casi una de cada tres personas en el mundo no tenía acceso a una alimentación adecuada en 2020, lo que supone un aumento de 320 millones de personas en solo un año, pasando de 2 050 a 2 370 millones (Figura 8).

Casi el 40 % de esas personas —el 11,9 % de la población mundial, es decir, casi 928 millones de personas— se enfrentaban a una inseguridad alimentaria grave, lo que indicaba que se habían quedado sin alimentos y, en el peor de los casos, habían pasado un día sin comer. Al igual que la inseguridad alimentaria moderada o grave, el aumento de la inseguridad alimentaria grave de 2019 a 2020 fue equivalente al aumento total de los cinco años anteriores. En 2020, el número de personas que padecían inseguridad alimentaria grave en el mundo aumentó en 148 millones con respecto al año 2019.

Los niveles más altos de inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020 se registraron en el África subsahariana (66,2 % de la población), seguida de Asia central y Asia meridional (42,8 %), y América Latina y el Caribe (40,8 %). Aunque en 2019 estas regiones ya experimentaban elevados niveles de inseguridad alimentaria, de 2019 a 2020 se registraron fuertes aumentos de entre seis y nueve puntos porcentuales.

América Latina y el Caribe es la región donde la prevalencia de la inseguridad alimentaria aumenta más rápidamente (del 27,5 % en 2015 al 48,8 % en 2020) debido a un fuerte aumento en América del Sur. En América del Norte y Europa, si bien se registró una disminución gradual de la prevalencia de la inseguridad alimentaria durante el período de 2015 a 2020, esta tendencia se invirtió en 2020, cuando aumentó hasta el 8,8 % con respecto al 7,7 % del año anterior.

En 2020, dos tercios del total de personas que se enfrentaban a una inseguridad alimentaria moderada o grave en el mundo vivían en Asia central y meridional o en el África subsahariana (Figura 8). En concreto, en Asia central y meridional vivían 863 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria (el 36,5 % del total mundial), y 724 millones en el África subsahariana (el 30,6 % del total mundial). América Latina y el Caribe, y Asia occidental y África septentrional representaban cada uno alrededor del 11 % de las personas con inseguridad alimentaria moderada o grave en el mundo.

Desde una perspectiva histórica, las mujeres suelen verse desproporcionadamente afectadas por las crisis sanitarias y económicas de varias formas, en particular el aumento de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, así como el deterioro del estado de salud y de las oportunidades productivas y económicas. A nivel mundial, la brecha de género en la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave creció aún más en el año en que la pandemia de la COVID-19 se extendió por todo el mundo, ya que en 2020 la inseguridad alimentaria entre las mujeres superaba a la de los hombres en un 10 %, frente al 6 % de 2019. En el caso de la inseguridad alimentaria grave, la prevalencia también es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Estos datos también son indicativos de los efectos desproporcionados de la COVID-19 en las oportunidades económicas de las mujeres y en el acceso a alimentos nutritivos.

La productividad de los pequeños productores de alimentos es sistemáticamente más baja, de media, que la de los productores de alimentos en mayor escala.

En todas las regiones en desarrollo, el indicador 2.3.1, que mide la productividad laboral media de los pequeños productores de alimentos, puede oscilar entre unos 3 USD al día en países como Burkina Faso, Nigeria, República Unida de Tanzanía y Uganda, y 13,5 USD, como en Malí en 2017. En los países desarrollados, la productividad de los pequeños productores de alimentos oscila entre 45 USD al día en Hungría (2016) y 142 USD al día en Austria (2016).

En todos los países en desarrollo, los pequeños productores tienen una productividad inferior a la de los grandes productores (véase la Figura 11). Entre los países con mayores diferencias de productividad media entre los pequeños productores y el resto de productores se encuentran la India y Malawi. En cambio, en los últimos años Uganda ha ido cerrando progresivamente la brecha entre los productores en pequeña escala y los demás productores.

En los países en desarrollo, los datos desglosados por sexo relativos a la productividad de los pequeños productores de alimentos no revelan ningún patrón particular, lo que sugiere que en muchos países la productividad de las mujeres productoras de alimentos en pequeña escala es equivalente o incluso superior a la de sus homólogos masculinos (Figura 12.a). En cambio, según los datos facilitados recientemente por Eurostat, no ocurre lo mismo en la UE, donde los hombres alcanzan sistemáticamente una mayor productividad que las mujeres en la producción de alimentos en pequeña escala, con una sola excepción (Figura 12.b).

Medir los progresos hacia la meta 2.3 de los ODS conlleva importantes desafíos. Aunque existen datos pertinentes para una amplia gama de países de África, Asia, Europa y América Latina, rara vez se dispone del tipo ideal de información a nivel de explotación agrícola que permita identificar a la población de pequeños productores y medir el progreso en los dos indicadores de la meta 2.3. Este es el caso, en particular, del indicador 2.3.1. El cálculo de este indicador requiere que se disponga simultáneamente de información sobre los insumos de mano de obra y los ingresos para la misma unidad de producción. Las encuestas agrícolas nacionales disponibles rara vez recogen estos datos. Los datos presentados en este informe se basan en las encuestas de hogares, que constituyen una variable representativa válida para los indicadores solo en la medida en que los hogares coinciden con las unidades de producción de alimentos. En este mismo sentido, para desglosar los datos por sexo, se ha tomado como referencia el cabeza de familia. En las encuestas disponibles no se ofrece información sobre la condición indígena de los productores de alimentos.

Los ingresos de los pequeños productores de alimentos son, por término medio, menos de la mitad de los de los productores de alimentos en mayor escala, mientras que los ingresos de las productoras de alimentos a pequeña escala son sistemáticamente inferiores a los de sus homólogos masculinos.

Respecto del indicador 2.3.2 de los ODS (ingresos de los productores en pequeña escala) se dispone de información acerca de un mayor número de países que sobre el indicador 2.3.1, relativo a la productividad de los pequeños productores de alimentos. Los ingresos medios anuales de los pequeños productores varían desde aproximadamente 300 USD (Malawi, Mozambique y Níger) hasta más de 3 000 USD (Albania, Guatemala, Iraq y Serbia). En la mayoría de los países, los ingresos anuales obtenidos por los productores en mayor escala son hasta dos o tres veces superiores a los percibidos por los productores en pequeña escala. En Sierra Leona y Malawi, esta diferencia se multiplica por cuatro, en Mozambique, por seis, en Armenia, por siete y en México, por ocho (véase la Figura 14).

En todos los países para los que se dispone de datos, los hogares encabezados por hombres presentan unos ingresos anuales mayores que los hogares encabezados por mujeres. Se trata de una conclusión especialmente preocupante, dado que, como revela el indicador 2.3.1 de los ODS, la productividad de las mujeres productoras de alimentos en pequeña escala suele ser similar o incluso superior a la de sus homólogos masculinos. En Bangladesh, los hogares encabezados por mujeres obtienen por término medio solo la mitad de los ingresos agrícolas que obtienen los hogares encabezados por hombres, mientras que en Bulgaria reciben aproximadamente un tercio de los ingresos de los hogares encabezados por hombres. En Rwanda y la República Unida de Tanzanía, las diferencias son menores que en otros países.

La pandemia de la COVID-19 ha ralentizado la tasa de crecimiento de las existencias mundiales de recursos fitogenéticos hasta su nivel más bajo jamás registrado.

En 2020, las existencias mundiales de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura no mostraron cambios significativos con respecto al año anterior. La tasa de crecimiento de las existencias mundiales ha disminuido en los últimos diez años, hasta alcanzar su nivel más bajo en 2020. Es probable que el primer año de la pandemia de la COVID 19 haya acelerado esta tendencia negativa al afectar a las operaciones de los bancos de genes, incluidas las nuevas actividades de recolección y adquisición de germoplasma. El proceso de elaboración en curso del Tercer informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo ha contribuido a que el número de países que proporcionan información haya pasado de 103 a 114. De los nuevos países que han aportado información, cuatro son de América Central, tres de África occidental y Asia central y uno de Asia sudoriental.

En general, la diversidad de los parientes silvestres de cultivos, las plantas alimentarias silvestres y las especies de cultivos marginadas e infrautilizadas sigue estando escasamente representada en las colecciones ex situ, lo que resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta la creciente presión a la que se enfrentan estas especies vegetales tanto en entornos naturales como agrícolas.

Los recursos fitogenéticos sustentan la seguridad alimentaria y la nutrición, así como los medios de vida de millones de agricultores en todo el mundo. Desempeñan una función fundamental en la adaptación de los cultivos a entornos cambiantes y en la intensificación sostenible de la producción agrícola.

A finales de 2020, se informó de que las existencias de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura almacenadas en condiciones a medio y largo plazo en 831 bancos de germoplasma de 114 países y 17 centros de investigación regionales e internacionales eran de 5,7 millones de lotes, lo que supone un aumento aproximado del 0,2 % respecto al año anterior. Las estimaciones se basaron en informes actualizados de 70 países y 14 centros de investigación, lo que representa el 82,6 % de las existencias totales, y en informes de años anteriores en el caso de los restantes países y centros.

Los aumentos netos de las existencias de los bancos de germoplasma con el mayor incremento relativo (22 %) se observaron en Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia), seguido del África subsahariana (1,8 %), el África septentrional (1,3 %) y Asia meridional (1,1 %). A lo largo del año, el germoplasma conservado se incrementó en más de un 1 % en 19 de los 70 países y en cuatro de los 14 centros regionales o internacionales.

En siete países se produjeron descensos netos en las existencias de los bancos de germoplasma, superiores al 1 %; tres de estos países eran de Europa (-11,4 %, -3,7 % y 1,7 %), dos de Asia occidental (-38 % y -2,7 %), uno de Asia sudoriental (-12,1 %) y otro de América del Sur (-3,5 %). Las pérdidas se atribuyeron a la identificación y eliminación de duplicados en Europa y a la insuficiencia de recursos humanos y financieros en las demás regiones.

En diciembre de 2020, un total de 355 bancos de germoplasma de todo el mundo conservaban 125 027 muestras de más de 2 276 especies incluidas en las categorías de mayor preocupación mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre las que figuran cultivos infrautilizados y especies silvestres afines a cultivos especialmente importantes para la seguridad alimentaria mundial y local, así como para los medios de subsistencia también en entornos marginales, como las zonas áridas y semiáridas. Entre estas especies se encuentran el algodón velloso, la batata, el café, la ciruela, el albaricoque, el algodón de Levante, la manzana, el fríjol moth y el fríjol espárrago, así como parientes silvestres del trigo, la avena, el garbanzo, el altramuz y el arroz.

En los últimos 25 años, la creciente presión que ejerce el cambio climático sobre los cultivos y la diversidad asociada a ellos en la explotación o en condiciones silvestres ha alcanzado niveles alarmantes. Entre los grupos de plantas en situación de mayor riesgo se encuentran las especies silvestres afines a plantas cultivadas, las plantas silvestres comestibles y las especies de cultivos marginadas e infrautilizadas. La respuesta mundial en relación con la conservación de la diversidad de los cultivos en instalaciones ex situ que cumplan las normas pertinentes ha sido insuficiente para hacer frente a las crecientes amenazas. Los grupos de plantas vulnerables siguen estando ausentes en las colecciones de los bancos de germoplasma o existe una representación deficiente de su diversidad intraespecífica.

Además de los recursos fitogenéticos, los recursos zoogenéticos son igualmente esenciales para la seguridad alimentaria y los medios de vida, pues permiten la adaptación del ganado a condiciones ambientales cambiantes y, por tanto, refuerzan la resiliencia de los sistemas alimentarios frente al cambio climático.

Una buena forma de medir la conservación de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura consiste en contabilizar el número de razas locales de ganado (es decir, razas que solo estén presentes en un país) con material suficiente almacenado en los bancos de germoplasma para permitir su restauración en caso de extinción. Esta información es facilitada anualmente por los coordinadores nacionales designados en el Sistema de información sobre la diversidad de los animales domésticos (DAD-IS) de la FAO.

Entre 2010 y 2021, el número de razas locales con material suficiente almacenado en bancos de germoplasma pasó de 10 a 203. Este incremento puede parecer considerable, pero representa una pequeña parte de las aproximadamente 7 700 razas notificadas a nivel mundial y sigue estando muy lejos de la meta de los ODS que se solicita a la comunidad internacional a fin de frenar la pérdida de recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura.

De un total de 7 700 razas locales registradas en el mundo (incluidas las extintas), se ha notificado que el 8,7 % cuentan con algún material genético almacenado, de las cuales, según los informes, el 2,7 % disponen de material suficiente almacenado para permitir su restauración. Esto refleja los escasos progresos realizados en contraste con el año anterior, cuando solo el 5,2 % de las razas de animales locales contaba con algún material almacenado y únicamente el 1,3 % tenía material suficiente para permitir la restauración de la raza en caso de extinción.

Desafíos a la hora de cuantificar los recursos zoogenéticos en los bancos de germoplasma

La cuantificación precisa de los esfuerzos mundiales para conservar los recursos zoogenéticos en los bancos de germoplasma se ve dificultada por la falta de informes de los inventarios nacionales. Un alarmante 56,5 % de las razas locales de ganado no cuenta con información sobre su estado de conservación. Solo unos 30 países (la mayoría de ellos de Europa occidental) notifican datos sobre este indicador, que ni siquiera se actualizan regularmente. Los esfuerzos que se están realizando para conservar los recursos zoogenéticos parecen insuficientes frente al cambio climático y el aumento de la demanda de productos pecuarios.

La diversidad genética de los animales domésticos y de cría sigue estando amenazada (o sigue en peligro).

La diversidad genética en las razas de animales vivos resulta importante para la agricultura y la producción de alimentos. Permite criar ganado en diversos entornos y proporciona una amplia gama de productos y servicios (alimentos, fibras, estiércol, potencia de tiro, etc.). Mientras que el indicador 2.5.1.b de los ODS reveló que solo una mínima parte de las razas locales de ganado contaba con material suficiente almacenado en caso de extinción, el indicador 2.5.2 de los ODS proporciona una cuantificación del riesgo real de extinción de cada raza de ganado vivo local.

El hecho de que no se estén conservando suficientes recursos zoogenéticos en las instalaciones de conservación a medio y largo plazo resulta especialmente preocupante ya que, según los últimos informes de los países, una proporción alarmante de las razas locales se encuentra en riesgo de extinción.

Entre el limitado número de razas ganaderas locales estudiadas, el 74 % se considera en riesgo de extinción debido a que el número de animales vivos de una población está por debajo de un determinado umbral, mientras que la situación de riesgo del 61 % de las razas locales de todo el mundo sigue siendo desconocida.

Los resultados varían en función de la región. Entre las razas con una situación de riesgo conocida:

• el 84 % se considera en situación de riesgo en Europa;
• el 42 % se considera en situación de riesgo en América del Sur;
• el 66 % se considera en situación de riesgo en África austral.

Debido a la escasa información notificada, los resultados de otras regiones no se consideran representativos.

A nivel mundial, el índice de orientación agrícola solo ha aumentado marginalmente desde 2001, pero esto oculta amplias variaciones entre las regiones, con avances en Asia, pero con descensos observados en otras regiones.

La mejora del acceso de los agricultores a las nuevas tecnologías agrícolas, los servicios de crédito y los recursos de información aumentan la productividad agrícola y los ingresos, lo que contribuye al crecimiento económico inclusivo y a la reducción de la pobreza, especialmente en las zonas rurales más vulnerables económicamente. La inversión pública en la agricultura desempeña un papel fundamental a la hora de proporcionar a los trabajadores agrícolas estos insumos y también para atraer la inversión privada.

El índice de orientación agrícola (IOA) para el gasto público —que compara el gasto público en agricultura, pesca y silvicultura con la contribución del sector al PIB— registró un modesto aumento a nivel mundial entre 2001 y 2019: desde el 0,52 hasta el 0,53. Este leve avance es consecuencia de un pequeño aumento simultáneo de la proporción de valor añadido aportado por la agricultura, la pesca y la silvicultura, y un incremento aún mayor del gasto público dedicado a estos sectores.

En el período de 2001 a 2019 se registraron notables aumentos en el IOA regional para Asia oriental y sudoriental, que pasó del 0,64 al 1,06, impulsado principalmente por China. No obstante, en otras regiones, como el África subsahariana, el IOA bajó del 0,17 al 0,13 entre 2001 y 2019. En Oceanía y en Europa y América del Norte se observó una disminución similar del IOA durante el mismo período.

Entre 2001 y 2019, las subregiones que informaron de notables aumentos en el IOA incluyen el Caribe (de 0,39 a 0,93), América Central (de 0,28 a 0,34), Asia central (de 0,27 a 0,48) y Asia oriental (de 0,73 a 1,21). Las subregiones de Europa (de 0,50 a 0,38) y América del Norte (de 1,02 a 0,63) mostraron una tendencia a la baja en el IOA.

Tanto los países en desarrollo sin litoral (PDL) como los países menos adelantados (PMA) registraron un modesto aumento del IOA, de 0,22 a 0,28, y de 0,15 a 0,21, respectivamente, entre 2001 y 2019.

A nivel mundial, la proporción de países afectados por precios elevados de los alimentos aumentó considerablemente en 2020, después de años de tendencia a la baja.

La proporción de países afectados por precios elevados de los alimentos en todo el mundo, que se había mantenido relativamente estable desde 2016, aumentó considerablemente, del 16 % en 2019 al 47 % en 2020, debido principalmente a las tendencias de los mercados internacionales. Los precios internacionales de los artículos alimentarios se dispararon en la segunda mitad de 2020, contrarrestando con creces los descensos registrados en los cinco primeros meses del año, como resultado del aumento de la demanda internacional de cereales, aceites vegetales, azúcar y productos lácteos debido a la relajación de las medidas restrictivas relacionadas con la COVID-19 en algunos países. La presión al alza de los precios derivó también de factores relacionados con los mercados internos. En algunos países, los precios de los productos alimenticios esenciales se dispararon a consecuencia de las compras masivas y la acumulación de existencias durante la primera ola de la pandemia de la COVID 19, cuando se introdujeron las medidas restrictivas conexas. Los precios de los alimentos en los mercados nacionales también sufrieron una presión alcista adicional a causa del incremento de los costos del transporte y los insumos agrícolas. Sin embargo, los aumentos en los precios internos de los alimentos se vieron limitados en parte por la introducción de medidas de políticas tales como el apoyo fiscal a los productores y los consumidores.

En 2020, la proporción de países que experimentaron precios inusual y moderadamente elevados se registró en Asia central y meridional (67 %), mientras que la más baja correspondió a Asia oriental y sudoriental (33 %). En América Latina y el Caribe, la proporción de países afectados por precios elevados aumentó en 31 puntos porcentuales respecto al año anterior, por lo que se invirtieron los descensos de años anteriores. En Asia central, meridional y occidental, así como en África septentrional, las perturbaciones del mercado durante la pandemia de la COVID 19 agravaron aún más los problemas preexistentes, en particular la escasez de existencias internas de alimentos básicos y las depreciaciones de la moneda en determinados países. En Oceanía, solo unos pocos países facilitan información sobre sus índices de precios, lo cual dificulta la extracción de conclusiones sobre la volatilidad de los precios de los alimentos a escala regional.

Visión general

Las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19 han supuesto un importante retroceso en los avances logrados en los últimos años en relación con la igualdad de género: la violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado; el matrimonio infantil, en declive en los últimos años, se prevé que aumente; y el incremento de las tareas de cuidados en el hogar está afectando a las mujeres de forma desproporcionada. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de actuar con rapidez para abordar la desigualdad de género existente, que sigue siendo generalizada en todo el mundo. Las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la respuesta a la COVID-19, como personal sanitario de primera línea, como cuidadoras y como gestoras y responsables de los esfuerzos de respuesta y recuperación. Sin embargo, siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad más importantes, y sus derechos y prioridades no suelen abordarse explícitamente en las medidas de respuesta y recuperación. La crisis brinda una oportunidad para reformar los sistemas, las leyes, las políticas y las instituciones con miras a fomentar la igualdad de género.

En los últimos años, los compromisos internacionales para avanzar en materia de igualdad de género han producido mejoras en algunos ámbitos: el matrimonio infantil y la mutilación genital de la mujer han descendido, y la representación política de la mujer muestra una lenta tendencia al alza. Sin embargo, la visión de la plena igualdad de género en las dimensiones económica, social y política sigue estando lejos de cumplirse. Este es el caso de la propiedad o los derechos de tenencia seguros sobre las tierras agrícolas, que pueden ser fundamentales para determinar el acceso al crédito y a los servicios financieros. Aunque las mujeres representan un porcentaje importante de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo, el número de mujeres que poseen derechos de propiedad o derechos de tenencia jurídicamente garantizados sobre las tierras agrícolas es relativamente menor que el de sus homólogos masculinos. Todavía es necesario realizar progresos importantes tanto en los marcos jurídicos como en la aplicación de estos para realizar los derechos de las mujeres sobre la tierra.

En comparación con los hombres, el número de mujeres que poseen derechos de propiedad o derechos seguros de tenencia de las tierras agrícolas es relativamente menor.

La tierra es uno de los activos más importantes para respaldar la producción agrícola y proporcionar seguridad alimentaria y nutrición. Los datos sugieren que los derechos de propiedad o la titularidad sobre la tierra reducen la dependencia de las mujeres de sus cónyuges o parientes masculinos e incrementan su poder de negociación en la economía y dentro del hogar. También aumentan las posibilidades de las mujeres de acceder a servicios de extensión y crédito, y las alienta a realizar inversiones y ampliarlas, así como a unirse a organizaciones de productores. Por tanto, la propiedad o el control de la tierra por parte de las mujeres es fundamental para lograr la dimensión económica de la igualdad de género, ya que les otorga un sinfín de ventajas mediante un aumento de su poder de negociación dentro de los hogares y la economía. Sin embargo, estos beneficios no se limitarían a las mujeres; algunos estudios sugieren que, si las mujeres tuvieran un acceso equitativo a la tierra, la pobreza y la inseguridad alimentaria se reducirían significativamente en el mundo.

No obstante, esta visión está lejos de hacerse realidad: los datos muestran que, en la mayoría de los países, menos del 50 % de las mujeres de la población agrícola² tienen derechos de propiedad o derechos seguros de tenencia sobre las tierras agrícolas, y en 29 de los 33 países evaluados el número de mujeres en posesión de estos derechos es relativamente menor que el de hombres. De hecho, en 13 de estos 33 países, la proporción de mujeres que se dedican a la agricultura y poseen derechos de propiedad o derechos seguros de tenencia sobre las tierras es menos de la mitad que el número de hombres con este tipo de derechos. Además, la proporción de hombres entre los propietarios de tierras supera a la de las mujeres en 28 de los 33 países evaluados. Por tanto, aunque no siempre se da el caso de que los hombres superen en número a las mujeres entre los propietarios de tierras, esta es, con mucho, la situación más frecuente. De hecho, la proporción de hombres entre los propietarios de tierras supera el 65 % en 12 de los 33 países. Por consiguiente, las desigualdades generales en la propiedad de la tierra son bastante evidentes en todo el mundo.

Los marcos jurídicos no ofrecen suficientes garantías para la igualdad de género en la propiedad o el control sobre la tierra. Todavía es necesario lograr progresos importantes en la formulación y aplicación de las leyes para realizar los derechos de las mujeres sobre la tierra.

Disponer de marcos jurídicos es fundamental para garantizar los derechos de las mujeres a la propiedad o el control de las tierras. No obstante, los últimos datos disponibles de 36 países indican que las disposiciones legales incluidas en las leyes nacionales que representan a diversas regiones, así como diferentes contextos religiosos y culturales, no protegen adecuadamente los derechos de las mujeres sobre la tierra.

Por ejemplo, 15 de los 36 países han integrado disposiciones de registro conjunto en sus leyes; en 14 de los 36 el registro conjunto de la propiedad es obligatorio, mientras que solo uno de los 36 países ha establecido incentivos económicos para fomentarlo. Si no se incluye el nombre de las mujeres y sus derechos en el documento de registro de la tierra, los derechos de propiedad de las mujeres no son seguros, sobre todo en el caso de divorcio o de fallecimiento de su esposo o compañero sentimental.

Las características más positivas de los marcos jurídicos que garantizan los derechos de las mujeres sobre la tierra se refieren a la gestión de los bienes conyugales y los derechos de sucesión. Veintidós de los 36 países tienen disposiciones que establecen requisitos de consentimiento del cónyuge para las transacciones de tierras y 25 de los 36 países protegen por igual el derecho a heredar de las parejas casadas y de los hijos e hijas. No obstante, la persistencia de normas sociales y culturales constituye un importante obstáculo para el ejercicio y la reivindicación de los derechos de sucesión, en particular en aquellos países en los que el marco jurídico establece la supremacía del código de estatuto personal o de la costumbre en materia de herencia.

Asimismo, en los países en que se reconoce el derecho consuetudinario, es muy habitual que los derechos de las mujeres no estén explícitamente protegidos en caso de conflicto entre el derecho formal y el consuetudinario, y, por tanto, se vean amenazados por normas patriarcales. Únicamente en la mitad de los países en los que se reconoce el derecho consuetudinario, el principio de no discriminación prevalece en caso de conflicto. Además, en el caso de los derechos a la propiedad, es importante mencionar que las mujeres en uniones de hecho gozan de menor protección jurídica que las casadas y por tanto un gran número de ellas se ven desamparadas. Esta situación resulta particularmente pertinente en cuestiones relativas al registro conjunto, el consentimiento para las transacciones de tierras y los derechos de herencia.

Asimismo, aunque algunos países han adoptado medidas especiales de carácter temporal para apoyar la realización de los derechos de las mujeres a la tierra por ley y en la práctica, en consonancia con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aún queda mucho por hacer. El indicador 5.a.2 de los ODS incluye dos medidas positivas. Una está relacionada con la asignación de recursos financieros para facilitar la adquisición de tierras por parte de las mujeres, y la segunda con el establecimiento de cuotas obligatorias para fomentar la participación de las mujeres en instituciones que se ocupan de la tierra. Solo 12 de 36 países han establecido cuotas obligatorias para garantizar la participación de las mujeres en las instituciones de gobernanza de la tierra. Los datos demuestran que cuando las mujeres participan en los procesos de toma de decisiones, es más probable que se tengan en cuenta sus intereses y prioridades. Por último, solo seis países tienen disposiciones en sus marcos que asignan recursos financieros para facilitar la adquisición de tierras por parte de las mujeres. Estas cifras demuestran que hay que intensificar los esfuerzos para garantizar que las mujeres estén representadas en las instituciones relacionadas con la tierra y que los programas para aumentar la propiedad o el control de la tierra por parte de las mujeres cuenten con recursos financieros adecuados.

Si bien la información contextual indica que, en los últimos tres decenios, muchos países han cambiado sus legislaciones con miras a promover la igualdad de género, los datos de los países que actualmente presentan informes en relación con el indicador 5.a.2 de los ODS muestran que es necesario seguir avanzando para promover los derechos de las mujeres a la tierra en la ley y en la práctica. De hecho, las disposiciones incluidas en los ordenamientos jurídicos de 15 de los 36 países no ofrecen garantías adecuadas para proteger los derechos de las mujeres sobre la tierra (las barras numeradas con 1, 2 y 3 de la Figura 28 representan que las garantías ofrecidas son inexistentes o de niveles muy bajo o bajo). Esta situación resulta aún más acuciante ahora que la COVID-19 parece haber afectado negativamente a los derechos de las mujeres sobre la tierra. Por ejemplo, se han registrado casos de mujeres obligadas a ceder sus tierras tras el fallecimiento de su marido; estas mujeres se ven sometidas a presiones internas para renunciar a sus derechos a favor de miembros más poderosos de la familia o de la comunidad y encuentran dificultades para acceder a sistemas de mediación o mecanismos judiciales de reclamación.

Visión general

Miles de millones de personas en todo el mundo siguen viviendo sin servicios de agua potable, saneamiento e higiene gestionados de forma segura. La COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia fundamental del acceso al agua potable y la higiene para proteger la salud humana y contener la propagación de la pandemia. Además, el agua también es esencial para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria, garantizar la paz y los derechos humanos y mejorar los ecosistemas. En el último siglo, el uso del agua a nivel mundial ha aumentado a un ritmo más de dos veces superior al del crecimiento demográfico. Además del estrés hídrico, los países se enfrentan a crecientes desafíos relacionados con la contaminación del agua, la degradación de los ecosistemas acuáticos y la escasez de recursos hídricos causada por el cambio climático. El mundo no lleva camino de lograr el ODS 6. Es necesario acelerar drásticamente los actuales ritmos de progreso y los enfoques integrados y holísticos para la ordenación de los recursos hídricos.

La eficiencia del uso del agua está mejorando en la mayoría de las regiones, aunque la tasa de progreso varía considerablemente.

La mejora de la eficiencia del uso del agua constituye una medida clave que puede contribuir a reducir el estrés general por falta de agua en un país, siempre que esto conlleve también una reducción paralela de la extracción de agua. Incrementar la eficiencia del uso del agua a lo largo del tiempo significa usar menos agua para obtener la misma producción, desvinculando así de efectivamente el crecimiento económico del uso del agua en los principales sectores que utilizan este recurso.

A nivel mundial, la eficiencia en el uso del agua pasó de 17,28 USD/m³ en 2015 a 19,01 USD/m³ en 2018, lo que supone un aumento del 10 %. Las estimaciones de la eficiencia del uso del agua van de valores tan bajos como 0,2 USD/m³, en países cuyas economías dependen ampliamente de la agricultura, a 1 096 USD/m³ en economías basadas en los servicios y altamente industrializadas que dependen menos de los recursos naturales. La mayoría de los países (dos tercios) registran una eficiencia del uso del agua comprendida entre 5 USD/m³ y 100 USD/m³.

A escala regional, la eficiencia del uso del agua en 2018 varió de 2,5 USD/m³ en Asia central a 62,34 USD/m³ en Oceanía, lo cual destaca de nuevo las enormes diferencias existentes en el mundo. Las cifras también muestran que varias regiones han incrementado con más rapidez la eficiencia del uso del agua a lo largo del tiempo. Los incrementos proporcionales más elevados se han registrado en Asia central y Asia meridional, mientras que Oceanía y África septentrional han mostrado menos mejoras, y en América Latina y el Caribe se registró, de hecho, un descenso de la eficiencia del uso del agua.

La agricultura suele tener una eficiencia del uso del agua mucho menor que otros sectores productivos, lo cual quiere decir que, normalmente, la estructura económica de un país afecta en gran medida a su eficiencia general del uso del agua. Por tanto, el incremento de la productividad del agua en la agricultura constituye una intervención fundamental para mejorar la eficiencia del uso de los recursos hídricos, especialmente en los países dependientes de la agricultura. El sector agrícola ha experimentado un aumento del 8 % en su eficiencia en el uso del agua desde 2015. Otras medidas importantes incluyen la reducción de las pérdidas de agua abordando las fugas en las redes de distribución municipales y la optimización de los procesos de refrigeración mediante energía e industriales.

Alrededor del 56 % de los países presentaron una eficiencia en el uso del agua equivalente a 20 USD/m³ o menos en 2018, frente al 58 % en 2015.

El estrés hídrico sigue siendo alarmantemente elevado en numerosas regiones, lo cual supone una amenaza para los progresos relacionados con el desarrollo sostenible.

El estrés hídrico es una de las amenazas más graves para el desarrollo sostenible. El estrés hídrico elevado, es decir, la extracción de una cantidad excesiva de agua dulce procedente de fuentes naturales en comparación con los recursos de agua dulce disponibles, puede tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente y dificultar o incluso revertir el desarrollo económico y social. Se estima que la escasez de agua resultante, que tiende a afectar desproporcionadamente a la población más vulnerable, podría desplazar a 700 millones de personas de aquí al año 2030.

El estrés hídrico afecta a países de todos los continentes. El elevado estrés hídrico tiene muchas consecuencias indeseables, tales como dificultar la sostenibilidad de los recursos naturales y obstaculizar el desarrollo económico y social, todo lo cual tiende a afectar desproporcionadamente a las personas más vulnerables.

A nivel mundial, el estrés hídrico sigue situándose a un nivel seguro del 18,4 %, tras haber aumentado ligeramente con respecto al 18,2 % registrado en 2015. Sin embargo, la media mundial oculta enormes variaciones regionales. Por ejemplo, Asia central y meridional, así como África septentrional, registraron un estrés hídrico muy elevado, superior al 70 %, y experimentaron un aumento del estrés hídrico entre 2015 y 2018. A estas regiones les siguen Asia oriental y Asia occidental, con un estrés hídrico comprendido entre el 45 % y el 60 %, y esta última región ha registrado un nivel creciente desde 2015.

Por esta razón, la tendencia gradualmente creciente del estrés hídrico mundial a lo largo de los últimos 20 años refleja un estrés cada vez mayor en varias zonas del mundo, con descensos en otras zonas del planeta que no pueden compensar dichos aumentos.

En cambio, el estrés hídrico en algunas regiones como el África subsahariana y América Central y del Sur es lo suficientemente bajo como para ofrecer a algunos países margen para incrementar de manera sostenible el uso del agua, siempre que se tomen las precauciones adecuadas. En las regiones afectadas por un elevado estrés hídrico, es necesario tomar medidas urgentes y concretas para ahorrar agua e incrementar la eficiencia del uso de esta.

Visión general

La desigualdad, en sus múltiples formas, constituye un importante desafío mundial, aunque en algunos países se ha avanzado en la reducción de la desigualdad relativa de ingresos. Sin embargo, la crisis de la COVID-19 ha agravado la desigualdad sistémica, ya que ha afectado de forma desproporcionada a las personas y los países más pobres y vulnerables, y se prevé que haga retroceder a los países más pobres 10 años en su progreso hacia la consecución de los ODS en esta dimensión.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce que el comercio internacional es uno de los principales factores impulsores del crecimiento económico y que los beneficios de este crecimiento deben ser inclusivos y contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad en todo el mundo. De ahí que existan varias metas de los ODS relacionadas con el comercio que buscan eliminar diferentes obstáculos al intercambio internacional de mercancías y limitar las consecuencias indeseables derivadas del comercio.

La meta 2.b pide a los países que corrijan y prevengan las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, por lo que se ha incluido en este capítulo un breve análisis de las tendencias mundiales del indicador correspondiente, aunque la meta y el indicador, en sentido estricto, pertenecen al Objetivo 2. Asimismo, las metas 17.10, 17.11 y 17.12 refuerzan el llamamiento a favor de un sistema de comercio multilateral equitativo que tenga en cuenta la situación particular de los países en desarrollo y de los países menos adelantados (PMA).

Estas metas se complementan con el Objetivo 10.a, que pretende mejorar las condiciones de acceso al mercado para las exportaciones de los PMA como elemento integrante del trato especial y diferenciado para estos países, en consonancia con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La mayoría de los países desarrollados conceden a los PMA un acceso total o casi total al mercado, libre de derechos y contingentes, y un número cada vez mayor de países en desarrollo están otorgando un trato similar a la mayoría de las importaciones procedentes de los PMA. El arancel medio que grava las exportaciones de los PMA es un indicador útil para comprobar si realmente se está ofreciendo un acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes. De 2015 a 2019, la proporción de productos exportados por los PMA y los países en desarrollo que se benefician de una exención de derechos de aduana ha aumentado desde el 64 % hasta el 66 % y desde el 49 % hasta el 52 %, respectivamente. No obstante, la participación de las exportaciones de los PMA en el comercio mundial sigue siendo extremadamente baja, en torno al 1 % en 2018, más o menos lo mismo que hace 10 años, por lo que se ha incumplido la meta 17.11 de la Agenda 2030, que buscaba un aumento de las exportaciones de los países en desarrollo, y en particular la duplicación de la participación de los PMA en las exportaciones mundiales para 2020.

El acceso libre de aranceles de las exportaciones de los países en desarrollo y de los países menos adelantados (PMA) en los mercados internacionales ha mejorado en los últimos años, en particular para los productos agrícolas, si bien el crecimiento global de las exportaciones de los PMA sigue siendo preocupantemente bajo.

La meta 10.a de la Agenda 2030 tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso a los mercados para las exportaciones de los países en desarrollo y los PMA, mediante el otorgamiento de un trato especial y diferenciado de conformidad con los acuerdos de la OMC. El indicador 10.a.1 de los ODS se calcula como la proporción media de líneas arancelarias nacionales exentas de derechos, lo que permite observar cuántos países en desarrollo y PMA tendrán libre acceso a los mercados de los países desarrollados.

Como se muestra en la Figura 34, los países en desarrollo y los PMA disfrutan de un acceso total o casi total libre de derechos de aduana y de contingentes en la mayoría de los mercados internacionales. Entre 2015 y 2019, la proporción de productos exportados por los PMA, las regiones en desarrollo y los pequeños Estados insulares en desarrollo que podían acceder a los mercados internacionales exentos de derechos aumentó del 63,8 % al 66,3 %, del 49,3 % al 52,2 % y del 59,4 % al 67,2 %, respectivamente. En consecuencia, en el mismo período la proporción de productos agrícolas exportados por los PMA, las regiones en desarrollo y los pequeños Estados insulares en desarrollo que podían entrar en el mercado internacional exentos de derechos aumentó del 69 % al 75,1 %, del 50,7 % al 53,9 % y del 60,4 % al 69,2%, respectivamente.

Por lo tanto, el trato preferencial concedido a las exportaciones agrícolas de los países en desarrollo era similar, sino algo más favorable, al de otros productos básicos de exportación. No obstante, a pesar de la mejora experimentada desde 2015, aún queda mucho camino por recorrer para aplicar plenamente el principio de trato especial y diferenciado, que constituye un factor clave para reducir la desigualdad mundial. Además, hay que recordar que los avances en la expansión de las exportaciones de los PMA son lentos. A pesar del considerable crecimiento de las exportaciones de los PMA desde el año 2000, su participación en el comercio mundial en 2019 representó menos del 1 %, una cifra que ha permanecido prácticamente estancada durante un decenio, mientras que la participación de los PMA en la población mundial ha aumentado desde el 10,7 % en 2000 hasta más del 13 % en 2020.

En los últimos años se ha avanzado mucho en la eliminación de las subvenciones a las exportaciones agrícolas en todo el mundo para evitar las distorsiones de los precios, aunque algunos países todavía tienen que proceder a la eliminación total de estas ayudas.

Otro elemento clave para corregir las distorsiones en los mercados internacionales y, por extensión, la desigualdad a nivel mundial, es eliminar ciertas subvenciones a la exportación. Se ha acusado a este tipo de subvenciones de distorsionar los precios del mercado, fomentando un exceso de producción en los países exportadores y una caída de precios y producción en los países importadores, lo que tiene efectos perjudiciales para los consumidores a corto y largo plazo.

A la vista de estos efectos, en diciembre de 2015, los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobaron la Decisión Ministerial sobre la competencia de las exportaciones, acordando así oficialmente la eliminación de todas las formas de derechos de subsidio a las exportaciones agrícolas. Los desembolsos en concepto de subvenciones a la exportación agrícola notificados a la OMC han registrado una tendencia general a la baja desde 1995 (Figura 35). El total de los desembolsos anuales notificados se redujo desde su máximo de 6 700 millones de USD, en 1999, hasta 138 millones de USD en 2018. Por tanto, aunque las subvenciones a las exportaciones agrícolas son hoy en día inferiores a lo que solían ser, algunos países aún no han procedido a su total eliminación.

Visión general

Las dinámicas de consumo y producción sustentan el crecimiento de la economía mundial, pero sus tendencias y patrones actuales están comprometiendo el desarrollo sostenible. Durante decenios, los científicos han expuesto cómo la humanidad está impulsando las tres crisis planetarias: la crisis climática, la crisis de la biodiversidad y la crisis de la contaminación, todas ellas relacionadas con la producción y el consumo insostenibles.

Nuestra incesante extracción de recursos de la Tierra está teniendo un efecto devastador en el mundo natural. Los cambios en las pautas de consumo y producción pueden contribuir a desvincular el crecimiento económico y el bienestar humano del uso de los recursos y los efectos ambientales. También pueden desencadenar las transformaciones previstas en los compromisos mundiales sobre biodiversidad, clima y desarrollo sostenible en general. La COVID-19 ofrece una oportunidad para explorar modelos de desarrollo más inclusivos y equitativos sustentados en el consumo y la producción sostenibles con miras a lograr una recuperación más sostenible y resiliente.

Un porcentaje inaceptablemente elevado de alimentos se pierde a lo largo de la cadena de suministro, antes incluso de que llegue al consumidor.

Reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos resulta esencial para mejorar la situación de seguridad alimentaria de los grupos vulnerables y disminuir la huella ambiental de las actividades de producción de alimentos. La consecución de esta meta tiene el potencial de contribuir a varias dimensiones de la Agenda 2030, tales como la erradicación de la inseguridad alimentaria y el hambre, la mejora de la gestión sostenible del agua, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la sostenibilidad de los ecosistemas marinos y terrestres.

Aunque los datos disponibles al respecto son limitados, se calcula que en torno al 14 % de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde entre la producción y la fase anterior a la venta minorista. Estas estimaciones varían según las regiones y van desde el 20,7 % en Asia central y meridional hasta el 8,9 % y el 5,8 % en Oceanía³  y Australia y Nueva Zelandia, respectivamente. Las estimaciones también varían según los grupos de productos básicos y las diferentes etapas de la cadena de suministro de alimentos. Es importante que los países determinen cuáles son los productos básicos prioritarios y las fases posteriores en las que se producen grandes pérdidas para poder aplicar una intervención selectiva. Es posible reducir considerablemente las pérdidas de alimentos mediante la identificación de estos puntos críticos de pérdida y la adopción de las medidas adecuadas. Para ello, se necesita urgentemente una labor de recopilación de datos para que los países puedan impulsar intervenciones selectivas basadas en datos objetivos.

Visión general

Los recursos marinos de los océanos y los mares representan más de tres cuartas partes del comercio mundial y proporcionan medios de vida a más de 6 000 millones de personas. Los océanos son también el mayor ecosistema del mundo y albergan casi un millón de especies conocidas. Sin embargo, este vasto recurso está continuamente amenazado por la contaminación, el calentamiento y la acidificación que están perturbando los ecosistemas marinos y las comunidades que estos sustentan. Estos cambios tienen repercusiones a largo plazo que exigen aumentar urgentemente la protección de los entornos marinos, la inversión en ciencias oceánicas y el apoyo a las comunidades de pescadores artesanales y a la gestión sostenible de los océanos.

A pesar de que se han realizado algunos esfuerzos en la conservación de los océanos, decenios de explotación irresponsable han provocado un nivel alarmante de degradación. La sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales sigue descendiendo, aunque a un menor ritmo, y, a pesar de que numerosos países han realizado progresos a la hora de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), es necesario llevar a cabo un esfuerzo más concertado. En vista de la pandemia de la COVID-19, el aumento del apoyo a los pescadores en pequeña escala resultará esencial para permitirles seguir ganándose el sustento y alimentando a las comunidades locales.

La sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales sigue disminuyendo, aunque a un menor ritmo.

La sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales sigue disminuyendo, y ha pasado del 90 % en 1974 al 65,8 % en 2017. Las poblaciones de peces que se encuentran dentro de los límites de la sostenibilidad biológica aportaron el 78,7% de los desembarques mundiales de pescado marino en 2017, que se han mantenido relativamente estables en torno a los 80 millones de toneladas desde 1995. A pesar del continuo deterioro, el ritmo de descenso se ha ralentizado en el período más reciente.

La tendencia mundial oculta grandes variaciones en la proporción de poblaciones de peces sostenibles entre las distintas regiones. En 2017, el Mediterráneo y el Mar Negro siguieron registrando los porcentajes más elevados de poblaciones explotadas a niveles insostenibles (62,5 %), seguidos del Pacífico sudoriental (54,5 %) y el Atlántico sudoccidental (53,3 %). En cambio, las áreas del Pacífico centro-oriental, el Pacífico sudoccidental, el Pacífico nororiental y el Pacífico centro-occidental tenían la proporción más baja (entre el 13 % y el 22 %) de poblaciones explotadas a niveles biológicamente insostenibles.

La mejora de la reglamentación, juntamente con un seguimiento y una vigilancia eficaces, han demostrado su utilidad con miras a devolver las poblaciones sobreexplotadas a niveles biológicamente sostenibles. No obstante, la adopción de estas medidas ha sido, en general, lenta, especialmente en numerosos países en desarrollo. Esta situación queda reflejada en los primeros informes nacionales de sostenibilidad de las poblaciones de peces de 13 países. La mayoría de estos países cuentan con sistemas de evaluación y gestión en funcionamiento y, por lo tanto, son capaces de alcanzar una sostenibilidad de las poblaciones de peces superior a la media mundial.

Los países han realizado progresos en la lucha contra la pesca INDNR, pero se necesita un esfuerzo más concertado.

La pesca INDNR es una de las mayores amenazas para los ecosistemas acuáticos y los pescadores y poblaciones que dependen de estos recursos para su alimentación y sustento. Estas prácticas pesqueras socavan gravemente los esfuerzos nacionales y regionales por una ordenación sostenible de la pesca y ponen en peligro las iniciativas de conservación de la biodiversidad marina.

La clave para acabar con la pesca INDNR de una vez por todas es la cooperación, la transparencia y el cumplimiento. Es necesaria la cooperación entre todos los agentes para reforzar los esfuerzos individuales y fomentar las interrelaciones. Esto comienza a nivel nacional con la cooperación interinstitucional y continúa con la colaboración entre los diferentes Estados, organizaciones intergubernamentales y ONG que trabajan para lograr este objetivo común. También se precisa transparencia y que los Estados compartan con los agentes pertinentes información sobre la identidad e historial de cumplimiento de las embarcaciones de pesca, así como otros datos que permitan la rastreabilidad de los productos pesqueros a lo largo de la cadena de valor. Finalmente, se necesita cumplimiento dentro del amplio marco internacional que abarca todos los pasos desde el mar hasta la mesa Esto incluye contar con una capacidad de seguimiento, control y vigilancia (SCV) y un marco legislativo sólidos, además de una capacidad de cumplimiento eficaz, que son esenciales para aplicar de manera adecuada los instrumentos internacionales destinados a combatir la pesca INDNR.

El marco de instrumentos internacionales, elaborados durante los últimos decenios, proporciona un poderoso conjunto de herramientas para combatir la pesca INDNR que abarca las responsabilidades del Estado del pabellón, costero, del puerto y de comercio. El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (Acuerdo sobre MERP) es el primer instrumento internacional vinculante que hace frente concretamente a la pesca INDNR. En él se establece un conjunto mínimo de medidas estándar para que las Partes las apliquen cuando buques extranjeros intenten entrar en sus puertos o mientras estos buques se encuentren en ellos. El Acuerdo sobre MERP entró en vigor en junio de 2016, y cuatro años más tarde contaba con 69 Partes, incluida la Unión Europea como Parte representante de sus Estados miembros. Esta notable tasa de adhesión refleja la importancia que otorgan los Estados a la lucha contra la pesca INDNR, que ahora incluye como Parte a más del 50 % de los Estados ribereños.

Entre 2018 y 2020, el grado medio de aplicación de instrumentos internacionales para combatir la pesca INDNR mejoró en todo el mundo. Una medida compuesta del grado de aplicación de los cinco principales instrumentos, la puntuación mundial del indicador 14.6.1 de ODS, aumentó de 3/5 a 4/5 durante este período. Según la información presentada para el indicador 14.6.1, en general, los Estados han realizado progresos importantes a la hora de llevar a cabo las medidas recomendadas para combatir la pesca INDNR, y cerca de un 75 % ha obtenido una puntuación elevada sobre el grado de aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes en 2020, frente al 70 % registrado en 2018. Los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), que se enfrentan a dificultades específicas para aplicar plenamente esos instrumentos debido a la amplitud de las aguas que se encuentran bajo su jurisdicción, registraron un grado medio de aplicación tanto en 2018 como en 2020. El mismo nivel de aplicación se registró entre 2018 y 2020 en los PMA, que se enfrentan a menudo a dificultades para aplicar estos instrumentos. En cuanto a las regiones, la mayoría de ellas o bien han permanecido en el mismo grado de aplicación o bien han mejorado, a excepción de Oceanía (excluidas Australia y Nueva Zelandia) y el África subsahariana.

La pesca sostenible realiza una contribución esencial al PIB de los PMA y los PEID.

La pesca sostenible ha apoyado los medios de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades durante milenios, desempeñando un papel esencial en las economías y la seguridad alimentaria locales. En la actualidad, la pesca sostenible representa aproximadamente el 0,1 % del PIB mundial, aunque en algunas regiones y en los PMA contribuye con más del 0,5 %. La gestión sostenible de las poblaciones de peces sigue siendo fundamental para garantizar que la pesca siga generando crecimiento económico y apoyando un desarrollo equitativo, al satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias.

Hoy en día, el pescado puede alimentar a más personas que nunca, proporcionando medios de vida a millones de personas en todo el mundo, a la vez que alivia el hambre y la malnutrición. El apetito mundial por el pescado ha hecho que la producción pase de 20 millones de toneladas en 1950 a unos 179 millones de toneladas en 2018. A medida que la pesca y la acuicultura han ido creciendo, también lo han hecho los dividendos económicos del sector y su contribución al crecimiento económico sostenido. A nivel mundial, el valor añadido de este sector ha aumentado de forma constante, en varios puntos porcentuales interanuales. Esto ha dado lugar a una tendencia positiva en la contribución de la pesca sostenible en regiones como el África subsahariana, donde su proporción del PIB aumentó del 0,25 % en 2011 al 0,46 % en 2017.

Estos dividendos económicos solo se pueden mantener mediante una ordenación prudente de las poblaciones de peces que evite la sobreexplotación y el agotamiento. El descenso de las poblaciones de peces dentro de los niveles biológicamente sostenibles continúa, aunque a un ritmo más lento, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la normativa y adoptar medidas eficaces de seguimiento. La disminución de la sostenibilidad de varias poblaciones en el Océano Pacífico ha llevado a un empeoramiento de la tendencia general para regiones como Asia sudoriental, donde la contribución de la pesca sostenible al PIB cayó del 0,76 % en 2011 al 0,57 % en 2017.

La COVID-19 plantea nuevos desafíos para el sector. A corto plazo, la demanda ha disminuido en muchos ámbitos, siendo especialmente significativa la caída de las ventas en la hostelería. Este retroceso, en combinación con problemas logísticos y perturbaciones en la producción, ha repercutido negativamente en la rentabilidad del sector. Si bien aún quedan por ver muchos de los efectos a largo plazo de la COVID-19, es esencial que la gestión de la pesca esté capacitada para operar de forma eficaz y, en combinación con políticas gubernamentales efectivas, garantizar que la pesca se recupere de una forma sostenible que permita aprovechar al máximo los beneficios.

En vista de la pandemia de la COVID-19, el incremento del apoyo a los pescadores artesanales resulta esencial.

Debido a que el mundo tiene la vista puesta en el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 2022 (FAO,2021d), el compromiso de los países con la facilitación del acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los mercados y recursos marinos está adquiriendo fuerza. Los pescadores artesanales, que representan más de la mitad de la producción total de capturas en los países en desarrollo, siguen encontrándose entre los productores de alimentos más marginados, lo cual requiere que la comunidad internacional tome medidas. Existen datos objetivos de que la crisis de la COVID-19 está afectando negativamente a los medios de vida de estos pescadores, pues la demanda mundial de productos alimenticios marinos disminuye y las limitaciones al transporte impiden el acceso a los mercados.

Al mismo tiempo, estos productores de alimentos en pequeña escala desempeñan una función vital para alimentar a las personas que dependen del sector y a las comunidades locales en el contexto de la crisis actual. Resulta más importante que nunca que los países apoyen a los pescadores artesanales como contribuyentes clave de los sistemas alimentarios sostenibles. Este tipo de medidas se pueden basar en la adopción de iniciativas específicas para aplicar las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (FAO, 2015), un instrumento acordado internacionalmente que promueve la mejora de la gobernanza de la pesca artesanal, en particular en las cadenas de valor, las operaciones posteriores a la captura y el comercio, y que incluye un capítulo específico sobre riesgos de desastres y cambio climático.

Desde 2015, la mayoría de las regiones ha ampliado la adopción de marcos reglamentarios que apoyan la pesca artesanal y promueven los procesos de adopción de decisiones participativos, en particular los PEID, donde hasta el 70 % de las personas que trabajan en el sector pesquero participan en el sector de la pesca en pequeña escala. La puntuación media mundial del indicador 14.b.1 de los ODS (una puntuación compuesta por la aplicación de marcos jurídicos, reglamentarios, normativos e institucionales que reconozcan y protejan los derechos de acceso de la pesca en pequeña escala) ha pasado de 3/5 en 2018 a 4/5 en 2020. A nivel regional, África septentrional y Asia occidental reflejan este avance, mientras que Asia central y meridional y América Latina y el Caribe redujeron su puntuación regional de 3/5 a 2/5 y de 4/5 a 3/5, respectivamente, lo cual pone de manifiesto la necesidad de intensificar los esfuerzos de aplicación y que no hay motivos para la autocomplacencia. Las demás regiones permanecieron estables con una puntuación de 4/5.

A pesar de la mejora general, algunos de los componentes de la puntuación compuesta para el indicador 14.b.1 de los ODS muestran un menor progreso. Uno de estos componentes es la adopción de iniciativas específicas para aplicar las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, que refleja el menor compromiso de los países, a pesar de su capacidad para orientar medidas destinadas a proteger la pesca artesanal, especialmente en las circunstancias actuales. Solo alrededor de la mitad de los países del mundo han puesto en marcha iniciativas específicas para aplicar las Directrices voluntarias. La falta de recursos financieros y estructuras orgánicas entre los pescadores artesanales constituyen limitaciones fundamentales, agravadas por una escasa concienciación pública sobre la importancia de la pesca artesanal, así como por la insuficiente coordinación entre las autoridades nacionales competentes.

Visión general

La deforestación y la degradación de los bosques, la pérdida continuada de biodiversidad y la degradación en curso de los ecosistemas están teniendo profundas consecuencias para el bienestar y la supervivencia de los seres humanos. El mundo no alcanzó las metas de 2020 para detener la pérdida de biodiversidad. La superficie forestal sigue disminuyendo, aunque a un ritmo más lento que en decenios anteriores, y un sinfín de especies siguen en peligro de extinción. La pandemia de la COVID-19 ha confirmado que, al amenazar la biodiversidad, la humanidad amenaza su propia supervivencia. Aunque se está trabajando de forma intensa para ampliar la gestión sostenible de los bosques, aumentar la cobertura de las zonas clave de la biodiversidad y suscribir la legislación y los tratados para proteger la biodiversidad y los ecosistemas, la comunidad internacional tendrá que redoblar los esfuerzos encaminados a proteger los ecosistemas terrestres para “poner la salud del planeta en el centro de todos nuestros planes y políticas” (Secretario General de las Naciones Unidas).

En 2020, un 31,2 % de la superficie terrestre estaba cubierta por bosques; esto supone que en los dos últimos decenios la cubierta forestal se ha reducido en 100 millones de hectáreas.

La proporción de superficie forestal con respecto a la superficie terrestre del planeta ha disminuido gradualmente desde el 31,9 % en el año 2000 (4 200 millones de hectáreas) hasta el 31,5 % en 2010, para posteriormente bajar al 31,2 % (4 100 millones de hectáreas) en 2020. Las pérdidas de superficie forestal ascendieron a casi 100 millones de hectáreas en los dos últimos decenios; sin embargo, el ritmo de pérdida se ha ralentizado ligeramente en los últimos 10 años. Estas tendencias mundiales son el resultado de dinámicas contrapuestas de las regiones:

• Asia, así como Europa y América del Norte registraron un incremento general de la superficie forestal entre los años 2000 y 2020, gracias a los esfuerzos de forestación y restauración del paisaje y a la expansión natural de los bosques en estas regiones. No obstante, la expansión de la superficie forestal se ralentizó entre 2010 y 2020 en comparación con el período 2000-2010.
• Por su parte, en América Latina y el Caribe así como en el África subsahariana se han observado grandes pérdidas de superficie forestal en los últimos 20 años, debido principalmente a la conversión de los bosques para su uso con fines agrícolas y de pastoreo. Los PMA se ven especialmente afectados por las pérdidas de superficie forestal. En América Latina y el Caribe, las pérdidas forestales disminuyeron en el período 2010-2020 en relación con el decenio anterior, mientras que en el África subsahariana se observó un incremento.

Los bosques desempeñan una importante función para los medios de vida y el bienestar de la población rural y urbana. Contribuyen notablemente a regular el ciclo del agua y mitigar el cambio climático, al tiempo que albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre del planeta. La pérdida de bosques contribuye al calentamiento global y tiene efectos negativos, especialmente en los medios de vida de la población más pobre, en usos interrelacionados de la tierra como la agricultura, así como en la flora y fauna silvestres y otros servicios ambientales.

Se prevé que la crisis de la COVID-19 tenga un efecto negativo en los recursos forestales y aumente el riesgo de deforestación, con la consiguiente pérdida de biodiversidad. Los bosques desempeñan un papel fundamental a fin de garantizar los medios de vida de la población más vulnerable y aumentar la capacidad de resistencia frente a crisis como las pandemias. Por lo tanto, existe el riesgo de que aumente la presión sobre la cubierta forestal y la integridad ambiental si no se aplican otras medidas de apoyo.

Mantener el impulso para detener la deforestación y la degradación de los bosques y restaurar los ecosistemas dañados será fundamental para mejorar la resiliencia al cambio climático de los ecosistemas, evitar la pérdida de biodiversidad y mejorar los medios de vida rurales, especialmente en los trópicos y en los países menos adelantados.

Esta actualización anual del indicador 15.1.1 utiliza los datos más recientes de la Evaluación de los recursos forestales mundiales de la FAO de 2020 (FAO, 2021e), que se basa en los mejores datos e información disponibles de los países hasta la fecha.

Se han realizado avances significativos en todo el mundo en relación con la gestión forestal sostenible, pero la pérdida de bosques sigue siendo elevada.

El indicador 15.2.1 muestra progresos evidentes en relación con la gestión sostenible de los bosques del mundo. La mayoría de los subindicadores muestran tendencias positivas, al comparar el período 2010-2020 con el período 2000-2010, lo cual demuestra que se están realizando esfuerzos satisfactorios para conservar y utilizar de manera sostenible los bosques.

A nivel mundial, en la mayoría de las regiones se han registrado incrementos en los siguientes subindicadores:

• la superficie forestal con certificación;
• el porcentaje de superficie forestal en áreas protegidas y sometida a planes de gestión a largo plazo;
• la biomasa forestal por encima del suelo por hectárea.

El número de países con superficie forestal certificada ha aumentado de 80 en 2019 a 83 en 2020.

La única excepción a esta tendencia es la tasa de variación de la superficie forestal, que muestra una leve disminución en la tasa de pérdida de bosques a nivel mundial, por lo que sigue siendo un motivo de preocupación. Los datos de la Evaluación de los recursos forestales mundiales de la FAO de 2020 (FRA 2020) revelan que, en África y Asia sudoriental, la pérdida de bosques en los últimos 10 años ha sido superior a la que se registró en el decenio anterior. La pérdida de bosques también sigue siendo elevada en América Latina y el Caribe, aunque a un menor ritmo que antes. En estas regiones, la conversión de los bosques para fines agrícolas a gran escala (especialmente en América Latina y Asia sudoriental), pastoreo y agricultura de subsistencia (África) es el principal factor causante de la pérdida de bosques.

La deforestación y la degradación de los bosques siguen constituyendo dos de los principales desafíos, especialmente en los trópicos, los PMA, los PDL y los PEID. Por ello, es necesario seguir reforzando la gobernanza forestal en todos los niveles.

Los bosques son las mayores reservas de carbono y biodiversidad del planeta. Son fuentes esenciales de alimentos, bienes y servicios y resultan fundamentales para los medios de vida de la población más pobre y las comunidades rurales.

A medida que la pandemia de la COVID-19 sigue propagándose por todo el planeta, también afecta a los bosques y las actividades forestales de muchas maneras. Existe un mayor riesgo de aumento de la deforestación y, en consecuencia, de pérdida de la biodiversidad, pues determinados grupos de población están perdiendo sus puestos de trabajo y sus ingresos y recurren a los bosques y los productos forestales para subsistir, ejerciendo una mayor presión sobre los recursos forestales. El refuerzo de la vigilancia y la aplicación de la ley con miras a frenar las actividades ilegales y apoyar a las personas más vulnerables constituyen medidas esenciales para mitigar la deforestación y la degradación impulsadas por la pandemia.

Los bosques pueden desempeñar un papel fundamental para aportar soluciones a crisis como la pandemia de la COVID-19. Actúan como redes de seguridad para los miembros más vulnerables de la sociedad, proporcionando alimentos, subsistencia e ingresos en tiempos de escasez y aumentando así su capacidad de recuperación.

Se deberían promover enérgicamente los esfuerzos a escala mundial y regional para mantener los ecosistemas forestales, así como sus funciones social, económica y ambiental, haciendo especial hincapié en los trópicos y los países en desarrollo.

En esta actualización anual del indicador 15.2.1 de los ODS se utilizan los datos más recientes de la FRA 2020 (FAO, 2021e), así como datos de certificación actualizados para el año 2020. La Evaluación de los recursos forestales mundiales se basa en los mejores datos e información disponibles de los países hasta la fecha.

Los ecosistemas de montaña son zonas de alta diversidad biológica terrestre. Sin embargo, son especialmente vulnerables al cambio climático, lo cual pone en riesgo la biodiversidad y los medios de vida de las personas que viven en zonas montañosas y tierras bajas adjacentes.

Las montañas abarcan aproximadamente el 22 % de la superficie terrestre y albergan a unos 915 millones de personas. Contienen más del 85% de las especies de anfibios, aves y mamíferos del mundo. Además, proporcionan recursos vitales, como agua potable, a una proporción significativa de la población mundial.

Sin embargo, los ecosistemas montañosos son especialmente vulnerables al cambio climático, el cual supone una amenaza para su capacidad de continuar proporcionando servicios ecosistémicos. Esto resulta especialmente alarmante teniendo en cuenta que las personas que viven en las montañas ya se encuentran entre la población más afectada por la inseguridad alimentaria a nivel mundial, pues aproximadamente uno de cada tres habitantes de las zonas montañosas se enfrenta a la amenaza de la inseguridad alimentaria.

La cobertura verde de las montañas puede porporcionar información sobre el estado de salud de estas áreas y, por tanto, con su capacidad para cumplir sus funciones ecosistémicas. Nuevos datos basados en imágenes por satélite con una resolución de 300 m revelan que alrededor del 73 % de las montañas del mundo están cubiertas de vegetación (bosques, pastizales, humedales y tierras cultivables).

• Oceanía es la región con la mayor proporción de cobertura verde en las montañas, con más del 95 %.
• Asia occidental y África septentrional registran la cobertura más escasa con un porcentaje de cerca del 55 %.
• África subsahariana tiene una cobertura montañosa del 92 %, seguida por Asia oriental y meridional con un 85 % y América Latina y el Caribe con un 81 %.
• América del Norte y Europa y Asia central y meridional registran coberturas verdes de las montañas comprendidas entre el 65 % y el 67 %.

Interpretación de la cobertura verde de las zonas montañosas

Puesto que es un indicador agregado, la cobertura verde de las zonas montañosas debería interpretarse con precaución. La cifra correspondiente a la cobertura verde no proporciona detalles sobre la variación de especies ni tampoco sobre la variación del límite de la vegetación arbórea. Además, no todos los cambios en la cobertura verde pueden considerarse "positivos" (por ejemplo, el aumento de la cobertura verde como resultado del retroceso de los glaciares y la pérdida de la capa de nieve).

Comprender la variación de la composición de las especies y el límite de la vegetación arbórea resultará importante para determinar las consecuencias a largo plazo del cambio climático en las regiones montañosas. Por tanto, será importante analizar la variación de cada una de las zonas de elevación a lo largo del tiempo para determinar las medidas de gestión y adaptación adecuadas.

Datos desglosados por tipo de cobertura del suelo y elevación

La Figura 51 ofrece una representación gráfica de la cubierta montañosa mundial, desglosada por tipo de cobertura del suelo y elevación para facilitar una comprensión más detallada de los patrones de la cubierta montañosa mundial.

• Bosque: Situados en la elevación más baja, los bosques son el tipo de cobertura del suelo predominante, pues abarcan más del 50 % de la superficie. No obstante, el porcentaje de cubierta forestal disminuye de manera progresiva a medida que aumenta la elevación, alcanzando valores casi insignificantes por encima de los 4 500 metros.
• Pastizales y otras tierras: La proporción de la superficie montañosa cubierta por pastizales y otras tierras (que pueden incluir capas de hielo, glaciares y terrenos rasos) generalmente aumenta con la elevación, y los pastizales son el tipo de cobertura del suelo predominante por encima de los 3 500 metros.
• Tierra cultivable: De los distintos rangos de elevación, las tierras cultivables son las más extendidas entre los 1 500 y los 2 500 metros, lo cual probablemente refleja el hecho de que las montañas situadas a una elevación menor también se caracterizan por una pendiente y un rango de elevación local más altos, por lo cual es posible que no constituyan un terreno adecuado para el cultivo. Por encima de los 2 500 metros, la cobertura de cultivos de las montañas también se reduce progresivamente.
• Asentamientos y humedales: El porcentaje de cobertura de los asentamientos y humedales en las montañas es insignificante en todos los rangos de elevación, aunque también muestra una tendencia descendente a mayores altitudes.

La mejora de la precisión, la frecuencia y la resolución de los datos geoespaciales permitirá en el futuro realizar un análisis más preciso de la variación de la cubierta verde en los diferentes tipos de elevaciones y cobertura del suelo.

En la Figura 53 se representan los cambios en el índice de cobertura verde de las montañas de 2015 a 2018, en diferentes regiones del mundo. La figura muestra las tendencias del indicador solo para los países para los que existen datos y estos han sido validados; los países cuyos datos aún no se han validado se representan en gris.

Un número cada vez mayor de países está tomando medidas para garantizar el acceso a los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA) y la distribución de beneficios conexa, pero se deben intensificar los esfuerzos.

El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización entró en vigor el 12 de octubre de 2014 como acuerdo complementario del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), a fin de avanzar ulteriormente en el tercer objetivo del Convenio. El Protocolo se encuentra todavía en las fases iniciales de ejecución. No obstante, muchas Partes en el Protocolo de Nagoya, así como los países que no son Partes, han hecho progresos considerables en el establecimiento de marcos de acceso y distribución de beneficios (ADB).

A fecha de 1 de febrero de 2021, un total de 128 países y la Unión Europea han ratificado el Protocolo y 67 países y la Unión Europea han adoptado marcos de ADB y han publicado la información correspondiente en el Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios. Hasta el momento, se han emitido 2 110 certificados de cumplimiento reconocidos internacionalmente en 22 países; además, seis países han publicado 44 comunicados de puntos de control. La Secretaría del CDB está colaborando con los países para facilitar este proceso.

Facilitación del acceso a los recursos vegetales

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura facilita el acceso al material fitogenético a los agricultores y fitomejoradores para que puedan desarrollar nuevas variedades de cultivos a fin de adaptar la producción agrícola a entornos cambiantes, con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria mundial. El intercambio de material de plantación brinda la oportunidad de compartir los beneficios monetarios y no monetarios derivados de la utilización de dicho material con los agricultores de los países en desarrollo, lo que constituye un importante incentivo para que estos sigan conservando y utilizando de forma sostenible el material fitogenético.

Hasta febrero de 2021, un total de 57 países habían presentado informes en el marco de los Procedimientos de cumplimiento sobre sus medidas de ADB para facilitar el intercambio de material de plantación, si bien hay 148 Partes Contratantes en el Tratado. Hasta la fecha, se han transferido más de 5,5 millones de muestras en todo el mundo mediante más de 78 000 contratos —conocidos como acuerdos normalizados de transferencia de material (ANTM)— utilizados por 6 447 receptores de 181 países para facilitar el intercambio de material fitogenético.

Orientaciones sobre los indicadores básicos de los sistemas agroalimentarios: Medir la contribución del sector privado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es un esfuerzo colectivo y de múltiples partes interesadas. Una de las principales lagunas en el seguimiento de los países y en la presentación de informes sobre los progresos realizados hacia el logro de los ODS es reflejar la significativa contribución del sector privado en la senda de transformación del sistema agroalimentario hacia los ODS.

Si bien muchas organizaciones del sector privado agroalimentario —tanto grandes como pequeñas— están recopilando una cantidad importante de datos relacionados con su impacto ambiental, social y de gobernanza; estos datos i) a menudo no están en una forma que se pueda combinar fácilmente con los datos del gobierno; o ii) no están alineados específicamente con la agenda de los ODS; o iii) no son recopilados por las autoridades nacionales pertinentes o no se les comunican. Esto significa que los países no son capaces de informar sobre el panorama completo de los progresos, y las empresas privadas no reciben el crédito que merecen por su contribución a los ODS.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se propuso abordar estas lagunas mediante el desarrollo de un conjunto de indicadores que pudieran ser utilizados por el sector privado e integrados en los informes nacionales sobre los ODS. Los indicadores se basan en el documento más amplio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) titulado Guidance on core indicators for entity reporting on contribution towards implementation of the Sustainable Development Goal (UNCTAD-GCI) (Orientaciones sobre los indicadores básicos para la presentación de informes de las entidades sobre la contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [CNUCED, 2019]), pero se centran específicamente en el sector alimentario y agrícola.

Objetivos

Al igual que en las UNCTAD-CGI, el objetivo de las orientaciones sobre los indicadores básicos para los sistemas agroalimentarios es proporcionar información práctica sobre cómo se puede medir la contribución de las empresas alimentarias y agrícolas a los ODS de manera coherente y en consonancia con las necesidades de los países en relación con el seguimiento de la consecución de la Agenda 2030. Los indicadores pretenden además servir de herramienta para ayudar a los gobiernos a:

• mejorar los mecanismos de rendición de cuentas del sector privado y evaluar su contribución a la implementación de los ODS, en particular en lo que respecta a las acciones transformadoras claves necesarias para alcanzar los ODS;
• establecer normas y políticas para la presentación de informes de sostenibilidad de las empresas, crear mecanismos nacionales de presentación de informes del sector privado y permitir la presentación de informes sobre el Indicador 12.6.1 de los ODS (número de empresas que publican informes sobre sostenibilidad);
• la posible reutilización de los datos notificados por las entidades privadas para mejorar el seguimiento de los ODS a nivel nacional.

Las orientaciones proporcionan información adicional sobre cómo medir los 32 indicadores básicos identificados en el marco general de la UNCTAD y propone 25 nuevos indicadores básicos que abordan otras cuestiones materiales económicas, ambientales, sociales e institucionales para los agentes privados que participan en el sector agroalimentario.

Ámbito y destinatarios

Los indicadores pretenden abarcar el sistema agroalimentario de forma general para proporcionar un conjunto universal de indicadores “básicos” como punto de partida para cualquier agente del sistema agroalimentario. Se aplican a todas las etapas del sistema agroalimentario, desde las explotaciones hasta la mesa: la producción agrícola (incluyendo la pesca, la acuicultura y la silvicultura), la elaboración de alimentos, la venta al por mayor y al por menor de alimentos, y los servicios de alimentación/restauración.

A efectos de la utilización de estos indicadores, la FAO considera que el sector privado abarca una amplia gama de entidades, que van desde agricultores, pescadores, silvicultores, ganaderos y microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYME), incluidas las cooperativas, organizaciones de agricultores/pescadores/silvicultores/ganaderos y las empresas sociales, hasta grandes corporaciones, tanto nacionales como multinacionales, instituciones financieras, inversores y organizaciones privadas de establecimiento de normas o de análisis comparativo.

Los indicadores pretenden aplicarse a empresas de todos los tamaños, tanto grandes como pequeñas. Si bien es probable que las compañías más grandes cuenten con marcos de información sobre los ODS y sistemas de recopilación de datos más avanzados, las pequeñas y medianas empresas (PYME) constituyen el grueso de los sistemas alimentarios de todo el mundo y desempeñan un papel integral en la consecución de los ODS, en especial en los países en desarrollo. Se puede y se debe animar a las empresas de mayor tamaño a que compartan las lecciones aprendidas y ofrezcan apoyo a las empresas más pequeñas y medianas de su red o cadena de suministro sobre cómo implementar estos indicadores y establecer sistemas de recopilación de datos y de presentación de informes.

Próximos pasos

Las Orientaciones son el resultado de un amplio proceso de examen y consulta por pares a nivel interno y externo, así como de ensayos piloto iniciales con entidades del sector privado. La FAO trabajará ahora con las organizaciones asociadas para garantizar que los indicadores contribuyen a fortalecer las normas de presentación de informes y de contabilidad existentes, las referencias agroalimentarias y los marcos de rendición de cuentas. La FAO tiene también la intención de proporcionar apoyo técnico a los Estados miembros en el uso de los indicadores con el fin de desarrollar o mejorar los mecanismos nacionales de contabilidad del sector privado y comprender su impacto en los ODS.

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