La nueva política de gobernanza de la tierra, que forma parte de la “Política Nacional de Desarrollo Rural Integral”, promueve el desarrollo sostenible mediante el acceso a la tierra, la certeza jurídica y la seguridad de la tenencia de la tierra y la resolución de conflictos en torno a la tierra, así como mediante el acceso a otros recursos productivos que contribuyen a la agricultura familiar y, en términos más generales, atraen inversiones agrícolas.

La Secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo de Tierras han integrado las Directrices voluntarias a este nuevo marco normativo. En ella se reconocen y fortalecen los sistemas comunales indígenas de tenencia de la tierra su gestión, como la ley de tierras y sus jurisdicciones. Asimismo, se reconocen y promueven los derechos de las mujeres a la tierra y se intenta promover la economía rural y contribuir a la competitividad de las zonas rurales y su plena integración en la economía nacional.

Un hilo conductor de todo este proceso ha sido mejorar la capacidad de las personas y las organizaciones. Al principio, las principales partes interesadas incrementaron sus conocimientos al recibir información sobre las Directrices voluntarias. Se proporcionó capacitación a los funcionarios de las instituciones encargadas de políticas agrarias para que mejoren sus capacidades, mientras que las oficinas de Gobierno competentes (la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Comisión Presidencial de Desarrollo Rural) recibieron apoyo para examinar y formular la política.

Gracias a un encuentro de aprendizaje, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con organizaciones de agricultores, derechos humanos y pueblos indígenas, aprendieron la manera de utilizar las Directrices voluntarias en los sectores de la tierra, la pesca y los bosques.

Los representantes de Guatemala participaron en un programa de apoyo a las comunidades indígenas de América central dirigido al desarrollo de sus capacidades, con miras a que puedan participar en los diálogos sobre políticas nacionales encaminadas a mejorar los derechos y el acceso a la tierra de los pueblos indígenas a la luz de las Directrices voluntarias. Los participantes compartieron sus experiencias en relación con los conflictos de tierras, la debilidad de las instituciones encargadas de la gobernanza de la tierra dentro de territorios indígenas, la gestión no sostenible de los bosques y otros desafíos tales como la minería y los megaproyectos de infraestructura. Estos relatos sentaron las bases para que se debatiera sobre la manera en que podría mejorarse la gobernanza de la tenencia en sus comunidades y territorios mediante el uso de la Directrices voluntarias. Se presentaron tecnologías como Open Tenure, al ser herramientas que facilitan la administración de los derechos de tenencia.

Ahora el interés se ha centrado en la aplicación de la política nacional de tierras. Los representantes del Gobierno, la sociedad civil y el mundo académico han participado en una serie de talleres dedicados a promover los avances en materia de desarrollo rural en Guatemala en el marco de las Directrices voluntarias.

La FAO proporciona apoyo técnico y financiero a Guatemala desde 2014, junto con financiación adicional de Bélgica y el Reino Unido [DFID]).