FAO en Uruguay

COVID-19: Observatorios del Derecho a la Alimentación escribieron al Gobierno

Foto: @FAO/Maximiliano Valencia
07/05/2020

Ante la pandemia, académicos uruguayos especializados en Derecho a la Alimentación enviaron sugerencias de medidas a tomar y se pusieron a disposición de las autoridades

Los Observatorios del Derecho a la Alimentación (ODA) que funcionan en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República de Uruguay enviaron, el 26 de abril, una carta al presidente de la República Luis Lacalle Pou, a los ministros de Desarrollo Social, Pablo Bartol; Salud Pública, Daniel Salinas y Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte; y a los Presidentes de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón y de la Cámara de Representantes, Martín Lema.

En la misiva, que cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas  para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que ejerce la secretaría técnica de los ODA a nivel regional, los académicos consideran que es una “estrategia adecuada” el “focalizar prioritariamente recursos y medidas en la población que está en mayor riesgo de padecer inseguridad alimentaria y malnutrición” ya que “es el Estado quien tiene la obligación de proteger y garantizar” el derecho a la alimentación y saludan detalladamente varias medidas que se han venido tomando.

“Uruguay, como Estado, está jurídicamente obligado a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a una alimentación adecuada para toda la población y, particularmente, de las personas en situación de vulnerabilidad biológica, psíquica y/o socioeconómica, cumpliendo, a su vez, con el principio de ‘no regresividad’ en los avances alcanzados y manteniendo vigentes los desafíos planteados por la Agenda 2030”, enfatizan.

El texto indica quiénes son los grupos de personas que entienden pueden ser más afectados por la vulneración de ese derecho humano, como las y los niños, los adultos mayores; las mujeres embarazadas o en período de lactancia; las minorías étnicas en condición de pobreza y exclusión social; las personas migrantes; las y los trabajadores de rubros que podrían estar fuertemente impactados como el turismo, la gastronomía y el transporte; entre otros.

Concreto

Entre las sugerencias de los académicos, se destaca la necesidad de monitorear los precios y el mercado de alimentos y “de ser necesario” que se fije el monto de una “canasta básica de alimentos y productos básicos de higiene” adecuada a la situación. La FAO está trabajando junto a las autoridades en este ámbito, en el que se han prendido las luces de alarma debido a un aumento de los precios de alimentos y bebidas del 18,9% en el último año móvil y un 28,2% de los precios de productos alimentarios frescos, no procesados.

Por otro lado, la carta destaca la necesidad de “orientar técnicamente, formando y sensibilizando sobre prácticas de nutrición y alimentación adecuadas, así como de prevención de la transmisión del virus, a aquellos que organizan ollas populares, merenderos, entre otros” para prevenir diversos “riesgos que conllevan las inadecuadas prácticas de alimentación”.

Los integrantes de los ODA también recomiendan “trabajar en coordinación con los gobiernos locales y proveedores del sector privado para asegurar la disponibilidad de reservas de alimentos de calidad por si se viera afectado el suministro normal” y “fomentar la compra local de alimentos a medianos y pequeños productores familiares”.

Entre otras propuestas concretas también figura la de “suministrar suplementos nutricionales a aquellas personas que lo requieran, bajo estricta indicación médica”.

Como tareas que pueden realizarse con explícito apoyo de la Academia se pueden destacar sus propuestas de realizar un “mapeo de la población en situación de riesgo social y económico, estableciendo los territorios de mayor vulnerabilidad” y de “reforzar a corto plazo los sistemas de alerta, incorporando indicadores vinculados con la situación de seguridad alimentaria” para poder actuar de manera “rápida y oportuna” cuando sea necesario.

Como último punto, solicitan “instalar, en el Parlamento, la Comisión Especial sobre el Derechos a la Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional” porque “es una buena herramienta para promover legislación sobre el tema, acorde con las necesidades del país y en sintonía con los tratados internacionales”.

Esa comisión, expresión uruguaya del Frente Parlamentario contra el Hambre, supone un espacio multipartidario que trabajó de manera exitosa y destacada en el país y la región durante el periodo parlamentario pasado.

Contexto

Los dos observatorios del Derecho a la Alimentación en Uruguay son parte del ODA de América Latina y el Caribe (ODA-ALC) que conforma una red de universidades, centros de estudios, de investigación y difusión de conocimiento con el objetivo de promover, educar e investigar sobre el derecho a la alimentación y cuentan con la asesoría técnica de la FAO.

Los firmantes de la carta son la magíster en Nutrición Alejandra Girona, coordinadora del ODA y punto focal para Uruguay del ODA-ALC; la licenciada en Ciencias Políticas Gloria Canclini, co-coordinadora del ODA-Facultad de Derecho y miembro de la Secretaría Técnica de la red regional ODA- ALC y del grupo para la Alianza Iberoamericana de ODAs; la magíster en Nutrición Gabriela Fajardo, punto focal para Uruguay del ODA de la Escuela de Nutrición y el doctor en Derecho Alejandro Borche, co-coordinador del ODA-Facultad de Derecho.

Ver la carta de los ODA de Uruguay para las autoridades