Los alimentos: clave de una estrategia país
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Uruguay tiene un doble desafío en estos tiempos de COVID-19: brindar comida de calidad a su población y asegurar sus exportaciones, para alimentar al país, a la región y al mundo, evitando que la crisis sanitaria se convierta en crisis alimentaria.
De acuerdo al último informe mundial de la FAO y varias agencias y programas de Naciones Unidas sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020, en 2030, cuando deberíamos haber cumplido la meta fijada de hambre cero, no solo no va a ser el caso, sino que en la región tendríamos 67 millones de personas con hambre o falta de alimentos.
Uruguay es exportador neto de alimentos. Sin embargo, desde el anuncio de la emergencia sanitaria en marzo, se multiplicaron las ollas populares en complemento de las medidas de ayuda alimentaria tomadas por el Gobierno. En el portal Ollapopular.uy, aparecen reseñadas unas 170 iniciativas solidarias de apoyo alimentario de todo el país y, en el mapa ParandoLaOlla, otras tantas, principalmente en los departamentos de Montevideo y Canelones.
La CEPAL proyecta, para el 2020, una caída de la producción en la región de América Latina del 9.2% en promedio. En el caso de Uruguay, la caída del Producto Interno Bruto que se prevé es de 3,7% para este año. Las 20.000 personas despedidas desde marzo en Uruguay ya experimentan las consecuencias y se el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cree que serán más.
Por su parte, la última Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (ENDIS) indica que el 25,5% de los niños de entre 2 y 6 años vivía en hogares con inseguridad alimentaria leve, 11,7% con inseguridad alimentaria moderada y el 4,8% presentan una grave inseguridad alimentaria (autopercepción de capacidad limitada o incierta de disponer de alimentos nutricionalmente adecuados, inocuos y socialmente aceptables) en Uruguay.
La ENDIS también mostró en 2018 que el 12,6% de los niños tenía exceso de peso y el 5,6% tenía un retraso de crecimiento.
“La proporción de personas en situaciones muy precarias en Uruguay crece, debido a circunstancias anteriores y sobre todo al impacto que está teniendo la transmisión de la crisis sanitaria en la economía”, advierte el Oficial Principal de Políticas para América Latina y el Caribe y Representante de la FAO ad ínterim en Uruguay, Rubén Flores Agreda.
Además, entre la gente que no vive o atraviesa una situación precaria, también hay una cantidad importante de personas mal alimentadas. En efecto, 20,8% de las mujeres uruguayas de entre 15 y 49 años, sufría anemia en 2016 (el conjunto de las sudamericanas era el 23,9%), indica el último informe de la FAO y, según a la ENDIS, la energía que reciben habitualmente los menores de 6 años en Uruguay a través de su alimentación corresponde al 130% de lo que en realidad necesitan. Entre los adultos, la tasa de personas con obesidad en 2016 era del 28,6%, una cifra que, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, aumenta un 1% cada año.
En la ENDIS se encontraron además vinculaciones entre el estado nutricional de madres e hijos, tanto en los casos de déficit como de exceso de nutrición. “Podemos pensar que esta realidad compleja implica situaciones económicas y hábitos, por lo que debemos acompañar al país en mejoras para ambos aspectos”, estima Flores Agreda.
El costo de la alimentación
En tal caso, y en un momento de crisis, la posibilidad de acceso a alimentos saludables es una clave de la batalla contra esta otra pandemia.
En Uruguay, según el Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020 con base en los datos más recientes del Programa de comparación internacional de precios del Banco Mundial, alimentarse con la cantidad de calorías suficiente tan solo para tener la energía necesaria para funcionar, costaba 19.37 pesos (0.69 dólares) diarios en 2017, según el valor promedio anual de ese año. Esto representaba el 9,4% del gasto diario promedio por persona en alimentación y menos del 0.1% de los habitantes del país no podía pagarlo, indica el informe.
Por otro lado, de acuerdo a la FAO, una dieta adecuada en término de nutrientes salía 59,8 pesos uruguayos (2,13 dólares de 2017) por día, lo cual supone el 28.8% de lo que una persona gastaba a diario en alimentación. El Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020, señala además que el 0,3% de los habitantes del país no podía realizar ese gasto cotidiano para cubrir sus necesidades en nutrientes.
Finalmente, una dieta saludable salía 84,80 pesos diarios en promedio (3,02 dólares de 2017) y eso representa el 40,8% de lo que una persona gastaba en promedio cada día en alimentación. La dieta saludable no estaba al alcance del 1.2% de la población: 40.800 personas aproximadamente, no podían hacer ese gasto.
Para que una dieta sea saludable y no solo adecuada en nutrientes, es necesario satisfacer las necesidades diarias de energía, vitaminas y minerales, sin que la ingesta de energía supere las necesidades de la persona, indica el informe. Además, el consumo de frutas y verduras debe ser de al menos 400 gramos por día y la cantidad de grasa que se consuma, menor al 30% de la energía (las calorías, principalmente) que se absorben. Esto, a su vez, debe ir de la mano de un cambio en el consumo de grasas: la dieta saludable tiene menos grasas saturadas, más grasas no saturadas y no tiene grasas trans industriales. El consumo de azúcar no supera el 10 % (menos del 5% es lo ideal) de la energía que se absorbe en los alimentos. Por último, el informe indica que no se debería consumir más de 5 gramos de sal por día.
Seguir esa dieta en Uruguay sale 4,38 veces más caro que una dieta que solo incluye las calorías necesarias para funcionar y, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), los integrantes de 5,2 de los hogares no alcanzaban los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias básicas en 2018.
La dieta saludable en Uruguay está lejos de ser la menos accesible de la región, sin embargo, las estadísticas nunca son inmediatas y, por lo tanto, desconocemos la situación actual. Lo que sí sabemos, consultando el último informe de precios publicado por el INE, es que, en lo que va del año 2020, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 7,24% y, en los últimos 12 meses, un 16,63%.
Más allá de esto, es interesante notar que, en Uruguay, como suele ser el caso en los países de ingresos altos, el costo de una dieta saludable es menor que el gasto diario promedio en alimentación de la población. Esto demuestra que también se trata de las opciones de compra que hacen las personas en países que, por otro lado, tienen altas tasas de sobrepeso, como es el caso de Uruguay.
Matices y recomendaciones
La adopción de dietas saludables de acá al 2030, puede contribuir a reducir los costos sanitarios y los que genera el cambio climático, ya que los costos ocultos que supone pasar a dietas saludables son menores que los que conllevan los hábitos de consumo actuales, según el informe de la FAO.
Este trabajo realizado junto a varias entidades especializadas de la ONU concluye que la adopción de dietas saludables podría reducir hasta en un 97% los costos sanitarios directos e indirectos de los países y entre el 41% y el 74% de los costos sociales que conllevan las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.
Es importante tener claro, sin embargo, que no todas las dietas saludables son sostenibles y no todas las dietas sostenibles son necesariamente saludables. El informe de la FAO señala que este matiz, importante de tener en cuenta, no suele estar presente en los debates sobre la contribución de las dietas saludables al cuidado del medio ambiente.
En ese sentido, “tener en cuenta la conexión entre alimentación saludable y producción sostenible es un dato clave a evaluar para Uruguay, a la hora de captar mercados en momentos en que la Unión Europea, por ejemplo, impulsa el Pacto Verde”, advierte Flores.
En Uruguay y en el mundo, es probable que la situación nutricional de las personas más vulnerables se deteriore y la inseguridad alimentaria empeore la calidad de las dietas y, en consecuencia, incremente el riesgo de diversas formas de malnutrición, lo cual puede conducir tanto a la desnutrición, como al sobrepeso, la obesidad, a dietas aún menos sostenibles y a mayores gastos en salud pública.
Para que las dietas saludables estén al alcance de todos, el costo de los alimentos nutritivos deberá bajar y la posibilidad de acceder y elegir, mejorar. Los factores que determinan estos aspectos están repartidos a lo largo de la cadena de suministro de alimentos, en el entorno alimentario y en la economía política que define las políticas comerciales, de gasto público y de inversión, advierte el informe. “Para lograr el desafío de que la alimentación saludable esté al alcance de todas y todos, serán necesarios grandes cambios en los sistemas alimentarios y en la formación de los márgenes de intermediación”, asegura Flores, en línea con el informe.
Además, señala el representante de la FAO, “será esencial que el país cuente con los datos necesarios para poder monitorear sus avances y los de su población ante todos estos desafíos y, para ello, podrá contar con el apoyo de nuestra organización”.
Una cuestión estratégica
Uruguay produce alimentos para casi 30 millones de personas y tiene potencial para llegar a 50 millones, aseguraba a fines de 2018, Uruguay XXI. Sin embargo, una de las consecuencias de la actual crisis sanitaria y de las medidas que conlleva, son los impactos en los mercados internacionales y por lo tanto en las exportaciones.
“Por suerte la respuesta a esta situación excepcional ha sido positiva, en la región en particular, y las consecuencias en el mercado no son tan grandes como las oportunidades de fortalecimiento de las exportaciones que se abren en Uruguay y en América Latina”, cree Flores.
“A la hora de proyectarse como proveedor de alimentos para el mundo de forma coherente, mostrando el ejemplo, y también para contar con los recursos humanos necesarios, es esencial que la población uruguaya pueda alimentarse de manera saludable”, asegura el representante de la FAO, ya que eso aumentará la productividad, mejorará las respuestas inmunitarias de la población y reducirá la cantidad de personas afectadas por enfermedades no transmisibles y el gasto en salud.
En este contexto, Uruguay debe tomar acción y demostrar liderazgo, aplicando el etiquetado frontal que servirá de antecedente para políticas regionales y dará valor agregado a sus productos, dentro y fuera de fronteras.
También fortalecerá su accionar y su capacidad de contralor en políticas públicas de seguridad alimentaria si sus legisladores se vuelven a unir con base en esta causa común, superando divisiones partidarias, para impulsar avances en Uruguay y la región, en el marco de un Frente parlamentario contra el Hambre como el que ya tuvo.
Para Flores, “ese Frente Parlamentario podrá a su vez apoyar e impulsar una Ley Marco que apuntale las herramientas para el acceso al derecho a la seguridad alimentaria de toda la población uruguaya, una forma de fortalecer el accionar de las instituciones del Estado en respuesta a crisis como la de hoy y también a problemas de fondo”.
Ahora, más que nunca, asegura Flores, “es urgente que Uruguay asuma el valor estratégico de tener solidas políticas públicas alimentarias integrales y actúe en consecuencia”.
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