Opinión - Etiquetado frontal de alimentos, obesidad y pandemia
La estrecha relación entre la obesidad y la gravedad de los efectos del coronavirus ha vuelto el etiquetado frontal de advertencia en los alimentos una política fundamental.
Según la Federación Mundial de Obesidad, la tasa de mortalidad por coronavirus es aproximadamente 10 veces mayor en aquellos países en los cuales el sobrepeso afecta a por lo menos la mitad de la población en comparación con países donde la prevalencia del sobrepeso es inferior al 50% de los adultos.
En Uruguay, ocho de cada 10 pacientes que ingresaron a cuidados intensivos en abril por Covid-19 sufrían obesidad, y la mortalidad de esa población es entre dos y tres veces mayor que la del resto de los pacientes, según un informe de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva.
El etiquetado frontal no solo permite a las personas tomar decisiones más informadas sobre la composición nutricional de los alimentos, sino que incentiva a la industria a reformular sus productos, reduciendo la cantidad de sal, azúcar, sodio y grasas que utilizan, para contribuir a una mejor alimentación.
Chile, Ecuador, Bolivia, México, Perú, Colombia y Uruguay tienen aprobadas leyes o regulaciones que apuntan a diferentes formas de etiquetado, mientras que Brasil, Argentina, Paraguay y Panamá están legislando sobre la materia.
En Uruguay la fiscalización del decreto de etiquetado frontal de alimentos aprobado en 2018 está en curso de implementación, en el Parlamento uruguayo hay un proyecto de ley y a su vez está en gestación la conformación de un nuevo Frente Parlamentario contra el Hambre, que será clave para acompañar estas iniciativas.
Como política pública para combatir el sobrepeso y la obesidad y sus enfermedades crónicas asociadas, como la diabetes y la hipertensión, la evidencia indica que el etiquetado frontal tiene un impacto efectivo en las decisiones de los consumidores.
En Ecuador, por ejemplo, los consumidores modificaron sus decisiones de compra, eligiendo alimentos sin etiquetas, o consumiendo en menor cantidad o con menor frecuencia los productos con etiqueta de “alto en” azúcares, sal, grasas, etc.
Lo mismo ocurrió en Chile, donde se implementó el sistema de sellos frontales de advertencia: un 91,6% de los consumidores consideró que la existencia de sellos en los alimentos envasados influyó, en alguna medida, en sus decisiones de compra; de estas personas, un 67,8% modificó su decisión de compra hacia alimentos con menos sellos, un 14,1% manifestó que compró menos alimentos con sellos y un 9,7% no compró alimentos con sellos.
En América Latina y el Caribe la obesidad y el sobrepeso están en aumento, y esa situación se vuelve aún más urgente debido al impacto de la pandemia. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), estamos atravesando la peor crisis de los últimos 100 años. América Latina y el Caribe verán caer en un 7,7% su PIB.
En 2020, la tasa regional de pobreza extrema alcanzó el 12,5% y la pobreza afectó al 33,7% de la población: el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior.
En Uruguay, 11,6% de la población no supera el ingreso mínimo y 100.000 personas cayeron en la pobreza en 2020, según el Instituto Nacional de Estadística. Esto implica que unos 400.000 uruguayos viven hoy en situación de pobreza.
Esto afecta su capacidad para adquirir alimentos, en particular los que son saludables. Gran parte de la población seguramente buscará saciar el hambre comprando alimentos más baratos, altos en calorías, menos nutritivos y de más fácil acceso.
Dado este contexto, algunos países que discuten sus leyes de etiquetado temen profundizar la crisis al regularlo. Temen que esta política pública impacte negativamente en el empleo y en los salarios de los trabajadores vinculados a la industria alimentaria.
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realizó un estudio con el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de Chile (INTA), basado en la experiencia de la implementación de la ley de etiquetado en dicho país, la mayor de la región. Ese riguroso estudio demuestra que la ley de etiquetado no tuvo impacto negativo en el empleo o en los salarios. Al contrario, se vio que la industria ajustó con rapidez la fórmula de sus productos e incluso utilizó la ausencia de sellos de advertencia como una estrategia de mercadeo para posicionarse a favor de la salud de sus consumidores.
El estudio de la FAO es de enorme importancia: da una señal clara y contundente para todos los países que han detenido o ralentizado sus intentos por regular el etiquetado de advertencia de los alimentos.
Hoy, más que nunca, todo lo que los países puedan hacer para mejorar la nutrición y la salud de sus poblaciones es de la mayor urgencia. Y el etiquetado de advertencia es una política más necesaria que nunca.
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Autora: Dulclair Sternadt, oficial de alianzas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América latina y el Caribe.
Publicada en el semanario Búsqueda.