Las compras públicas a la agricultura familiar, clave de un sistema alimentario sostenible
Más de 50 profesionales estatales y de la sociedad civil de Uruguay se capacitaron en compras públicas a la producción agropecuaria familiar
En Uruguay, 56.045 personas trabajan en la agricultura familiar, de acuerdo a la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Por esta razón, sus actividades tienen un importante potencial de cambio para el desarrollo de sistemas alimentarios resilientes.
En base a esa primicia, la aplicación de la Ley 19292 aprobada en 2014, sobre el Régimen de Reserva de Mercado a la Agricultura Familiar y Pesca Artesanal, conocida como ley de compras públicas a la agricultura familiar, fue evaluada a través de una carta de acuerdo con el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Ese trabajo, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) permitió ajustar la aplicación de la norma, facilitando el acceso de los productores familiares al mercado público mediante cooperativas.
Las compras públicas, o contrataciones estatales son reconocidas como instrumento de política pública para impulsar el desarrollo de determinados sectores como, en este caso, las pequeñas y medianas empresas de agricultores familiares.
Ese mecanismo de adquisición de productos abastece a las instituciones y programas financiados o ejecutados por el Estado: consumo de organismos públicos, programas sociales, fuerzas armadas, obras públicas, entre otros.
De la teoría a la práctica
Como apoyo a la promoción y capacitación del personal a cargo de aplicar este tipo de leyes, la FAO desarrolló el curso gratuito de autoaprendizaje “Hacia la promoción de Sistemas agroalimentarios inclusivos: Mecanismos y programas de adquisición de alimentos de la Agricultura familiar”, destinado a toda la región y del cual se beneficiaron 54 profesionales de los sectores público y privado de Uruguay.
El curso, ofrecido por el Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, cuenta con el apoyo de la Cooperación Española en el marco del Programa España-FAO.
El objetivo de esta capacitación es transmitir conocimientos y conceptos para que los mecanismos y programas de adquisición de alimentos sean reconocidos como estrategias de abastecimiento en los países de América Latina y el Caribe.
Esta capacitación presenta diferentes casos de experiencias realizadas en la región sobre cómo han sido usadas las compras públicas a la agricultura familiar para proveer la venta de alimentos al Estado y a su vez generar desarrollo e inclusión.
Esto permite comprender los mecanismos y conocer de forma general los procedimientos y pasos necesarios para el diseño de modelos en cada país.
De igual forma, el curso brinda recomendaciones y sugerencias para una mejor implementación de los programas en los países. Finalmente, busca que los participantes visualicen a las compras públicas como una alternativa de creación de mercados inclusivos impulsadas por el Estado.
Una de las beneficiarias de esta formación en Uruguay fue Dasha Bujinsky, responsable de la Unidad de Planificación Presupuestal del Instituto Nacional de Alimentación del Minsterio de Desarrollo Social (INDA-MIDES).
“Este curso me ayudó a sensibilizarme frente al trabajo arduo que hay detrás de la producción y el trabajo familiar”, comentó Bujinsky.
Por otro lado, agregó que el interés de la capacitación ofrecida por la FAO se debe a “que estos productores son los que cuentan con las mayores barreras para acceder al mercado público y es importante incrementar su participación en el mercado, no solamente porque es beneficioso para el Estado sino porque también beneficia al consumidor. Además, me dio a entender la importancia de la gestión estatal en re-dirigir las compras públicas en la agricultura familiar, no solamente para el bienestar de los consumidores sino también para el desarrollo rural”.
La experiencia piloto del Instituto Nacional de Alimentación en Uruguay
Nicolás Minetti, asesor de la Dirección y responsable de la Unidad de Planificación Presupuestal del INDA-MIDES, explicó su experiencia durante la implementación de esta norma y sus principales apuestas.
“El INDA asumió el compromiso de servir de laboratorio de experiencias, en ese marco desarrollamos un modelo muy adaptable de compra de canasta de frutas y verduras, que nos permite absorber problemas de producción debidos a motivos climáticos y comprar siempre los productos de estación más baratos”, relató el asesor.
Minetti aseguró que este modelo le permite a esta institución pública obtener productos de mejor calidad a mejor precio, mientras que le asegura al productor familiar vender con condiciones de pago más adecuadas a su realidad.
Garantizar el pago a corto plazo fortalece al sector aumentando el respaldo financiero con el que cuentan los productores de agricultura familiar.
“Hacemos compras piloto para evaluar el producto y para que los productores puedan probar el sistema de pagos. Se trata de acomodarnos a las necesidades de los productores para generar confianza mutua. En este sentido todas las áreas del INDA están comprometidas para ayudar en este proceso”, comentó Minetti.
Considerando la importancia de esta primera experiencia, enfocada en lograr el desarrollo de las organizaciones de productores familiares, Nicolás aseguró que se debe implementar con extremo cuidado para garantizar el impacto positivo, además subrayó que el productor familiar es esencial para lograr un sistema alimentario sostenible de modo: “El propósito es lograr que otros productores se animen, minimizando las angustias o los miedos”.
Agricultura Familiar y políticas públicas, un espacio de crecimiento