Foto: @FAO / Marina González

Uruguay trabaja para informar sobre sus avances en materia de igualdad de derechos de la mujer a la tierra

La Agenda 2030 incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Fue aprobada por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015, incluyendo Uruguay. Los ODS contribuyen a los planes nacionales de desarrollo con el propósito de erradicar la pobreza y el hambre, combatir el cambio climático y proteger nuestros recursos naturales, la alimentación y la agricultura, entre otros puntos clave. 

Como agencia especializada de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) está a cargo de custodiar 21 indicadores que permiten medir el cumplimiento de 6 ODS, entre ellos el indicador 5.a.2.

Relativo al ODS 5 -lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas-, este indicador busca establecer el “porcentaje de países en que el ordenamiento jurídico (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad y/o el control de la tierra”.

Es parte de una meta que apunta a que los países que suscribieron los ODS puedan realizar reformas que permitan a las mujeres tener igualdad de acceso a los recursos económicos, a la propiedad y al control de la tierra y otras formas de propiedad, servicios financieros, herencias y recursos naturales, en acuerdo con la legislación nacional.

Este lunes 18 de noviembre se realizó un taller, en la sede de la Presidencia de Uruguay, para comenzar a trabajar con el fin de que el país pueda reportar su situación en cuanto al indicador 5.a.2, presentando y compartiendo con referentes identificados que apoyarán estas tareas brindando información, la metodología y las principales líneas de trabajo que la FAO y Uruguay van a seguir para eso. 

A término, se trata de instalar en Uruguay una metodología que permita medir y monitorear la evolución de ese indicador, para poder incluirlo, finalmente en la rendición de cuentas que se hará en 2030, para conocer el grado de cumplimiento de los ODS que deberán ser alcanzados ese año.

 “Este proceso que hemos comenzado a recorrer con la FAO es importante para nosotros, Instituto Nacional de Colonización, pero también para las políticas públicas de acceso a derechos de las mujeres en términos generales, porque las mediciones nos permiten ir tomando definiciones, ir viendo cuál es el estado de situación y apuntalando los lugares en los que tenemos que seguir trabajando”, dijo la presidenta del Instituto Nacional de Colonización Jacqueline Gómez, al inicio del taller.

El encuentro contó con la participación de, entre otros, funcionarios del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de su Dirección de Gestión y Evaluación (AGEV), del Instituto Nacional de Estadísticas, del Instituto Nacional de la Mujer del Ministerio del Desarrollo social; del Banco de Previsión Social, de la Dirección General de Registro, de la FAO y del INC.

Para uruguay y para el mundo

“Para la FAO es un gran gusto que Uruguay haya tomado la decisión de comenzar a medir este indicador, que le va a permitir fijarse metas hacia adelante”, dijo el Oficial a Cargo de la Representación de la FAO en Uruguay, Vicente Plata.

“Hemos resuelto avanzar en esta línea porque desde hace unos años hemos venido trabajando en políticas concretas de acceso de las mujeres al derecho a la tierra. Empezamos en el 2014 con la titularidad conjunta, que primero fue una reglamentación interna del Instituto y en 2019 la incluimos en la ley de 1948, que creó el Instituto de Colonización y que hoy está corregida con un enfoque de género e igualdad de derecho al acceso a la tierra entre varones y mujeres”, explicó Gómez.

La FAO apoyará a Uruguay para generar datos que le permitan informar de sus avances a la comunidad internacional, pero también pensar sus políticas públicas en base a evidencia, partiendo de la voluntad demostrada por el país en materia de cotitularidad de la tierra y para reducir la desigualdad de género en general.

Para ello, fue contratada una consultora nacional y experta legal, Alicia Deus, que está a cargo de trabajar con los referentes de distintos organismos del Estado que se desempeñan en entidades vinculadas a la legislación de la propiedad de la tierra o atienden los ODS.

El INC es la institución nacional seleccionada para acompañar y facilitar la evaluación y monitoreo junto a Deus.

“El proceso de evaluación y medición de las políticas y de las normas legales en un país son esenciales para avanzar en derechos, sobre todo en derechos de las mujeres, que siempre han estado relegadas e invisibilizadas en los datos generales”, destacó Deus al iniciar la presentación de la metodología a quiénes serán sus referentes.

Deus trabajará con una guía metodológica elaborada por la FAO que proporciona, tanto los pasos a seguir para recolectar la información en los marcos legales y las políticas implementadas, como la forma de medir los progresos e informar. 

La instancia fue también una oportunidad para intercambiar con técnicos del área que trabajan en distintas dependencias del Estado y visibilizar posibles líneas de trabajo, desafíos que superar y recibir orientaciones para poder acceder a la información que permita construir una línea de base y comenzar a medir en base a formularios diseñados por la FAO e informar sobre los avances de Uruguay en cuanto a legislación sobre igualdad de género en tenencia de la tierra.

La titular del INC explicó que se trata de “un esfuerzo de sistematizar lo que tenemos en un formato que permita validar esa información y hacernos comparables con otros países y aportar al resto de nuestra sociedad y también al del mundo”.

Gómez entiende que este trabajo tiene que permitir “brindar información para afuera, que sirva de herramienta para nosotros, pero también para el resto de las sociedades y el resto de los pueblos que también luchan por sus derechos y ni qué hablar de las mujeres, que han tenido una diferenciación social bastante importante”.

Guatemala, Paraguay y Colombia son los otros tres países que están recorriendo el camino para poder informar también de sus avances en cuanto a este indicador de desarrollo sostenible.