[Entrevista] La transformación de los sistemas alimentarios, entre la pandemia y la guerra
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Uruguay es “ejemplar en muchos sentidos para la región”, para Tito Efraín Díaz, representante adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Uruguay y Argentina.
Sin embargo, enfrenta importantes desafíos, sobre todo en materia de sobrepeso y obesidad; “es uno de los países en Latinoamérica en donde más crecen la obesidad y el sobrepeso, sobre todo infantil”.
¿Qué rol desempeña la FAO dentro de Naciones Unidas?
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO] es la agencia de la ONU que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre y la malnutrición. Nuestro objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todos, y también garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para que todas las personas puedan llevar una vida activa y sana. Es una organización integrada por 195 miembros —194 países además de la Unión Europea— y trabaja en más de 130 países en todo el mundo.
La organización experimentó recientemente una “profunda reforma”. ¿Qué fue lo que la motivó?
En agosto de 2019 asumió al frente de la FAO en la sede global, en Roma, un nuevo director general, Qu Dongyu, con la idea de que la alimentación y la agricultura son la clave para mejorar la vida de millones de personas. Para ofrecer soluciones a problemas complejos y duraderos, como el hambre, la malnutrición y la pobreza rural, proyectó una serie de reformas destinadas a hacer que la Organización sea más eficiente y mejore su capacidad de respuesta, asegurando en paralelo que los sólidos conocimientos científicos y técnicos de esta agencia especializada siguieran siendo un elemento esencial de su labor y se pueda seguir consolidando “como centro mundial de coordinación de las políticas agrícolas”.
¿Cuáles fueron las principales transformaciones?
Hubo grandes cambios en el funcionamiento interno para agilizar los procesos, en base a direcciones temáticas. La idea de la FAO es acercarse más a los gobiernos, a las organizaciones de productores, a la comunidad científica y al sector privado para trabajar más coordinadamente con todos ellos. Esto se basa en que la eliminación del hambre, la pobreza y el logro del desarrollo sostenible son compromisos compartidos.
Lo que más representa esta nueva forma de trabajo, más ágil y moderna, es el nuevo Marco Estratégico que nos rige, que apunta a trabajar con una mirada transversal considerando la cadena agroalimentaria en su conjunto para una mejor producción, mejor nutrición, mejor ambiente y mejor vida, sin dejar a nadie atrás. Esto es lo que rige y organiza nuestras tareas cada día.
¿De qué se trata la conferencia regional que comienza hoy?
La conferencia que empieza este lunes en Quito es el principal órgano de gobierno y foro de discusión de la FAO en la región de América Latina y El Caribe y se celebra cada dos años, al igual que en las otras regiones del mundo. Los lineamientos que de ahí surgen se elevan luego a la conferencia global de la FAO, que se realiza al año siguiente, en este caso en 2023. Ahí se definen las orientaciones de las políticas globales en materia de alimentación y agricultura, en base a los mandatos de todas las conferencias regionales.
La conferencia, que se realiza de forma semipresencial, es la oportunidad de evaluar los logros y los desafíos que tuvimos en los últimos dos años, pero también de intercambiar buenas prácticas y de que los representantes de los países dialoguen entre sí y escuchen a otros actores, a los técnicos especializados, a la sociedad civil y al sector privado.
Los gobiernos van a debatir sobre tres prioridades regionales fundamentales para poder lograr los objetivos: sistemas agroalimentarios sostenibles para proporcionar dietas saludables para todos, sociedades rurales prósperas e inclusivas y agricultura sostenible y resiliente.
¿Por qué es importante para Uruguay?
Uruguay es un país productor de alimentos, la economía agropecuaria representó el 7,5% del Producto Interno Bruto [PIB] en 2020 y, en su conjunto, el sector representa casi el 80% de las exportaciones del país. Por lo tanto, las discusiones de la Conferencia Regional de la FAO y las decisiones que allí se tomen son muy relevantes para Uruguay, tienen consecuencias en la economía, en el trabajo y en el acceso y calidad de la alimentación de todas las personas que habitan el país, pero también en la vida de todas las personas que consumen su producción en el mundo. Las crisis actuales afectan a todos los países de la región y, por lo tanto, el análisis conjunto y la búsqueda de soluciones compartidas son esenciales. Ningún país puede resolver aisladamente los problemas en un mundo interconectado.
¿Qué se espera de nuestro país?
Uruguay es un miembro fundador de la FAO, instituida incluso antes de que lo fueran las propias Naciones Unidas. Si las decisiones que allí se toman son clave para su población, es igual de clave que sea partícipe activo de ellas. Uruguay tiene voz y un voto en la conferencia, al igual que cada país miembro, sea cual sea su población y tamaño; utilizarlos es una forma de participar del concierto de las naciones, con más razón en un ámbito que es esencial para el país.
Por otro lado, Uruguay es un ejemplo a seguir por su solidez institucional y su compromiso de Estado con el desarrollo sostenible. También por sus características peculiares de país pequeño, muy rico en campo natural y con una cultura de ganadería sostenible basada en el uso apropiado de ese recurso, así como políticas sociales que en la región son de vanguardia. Para la FAO es muy importante que Uruguay pueda mostrar sus logros y enseñar su camino, porque puede ser una de las naciones capaces de demostrar que el desarrollo sostenible es una realidad alcanzable.
Y en este contexto la conferencia cobra otra relevancia...
Exacto. La crisis por la covid-19 nos demostró lo expuestos y a la vez lo esenciales que son los sistemas agroalimentarios. Los resultados de esta conferencia marcarán el rumbo que quieren tomar los países para recuperarse lo mejor posible de estas crisis y poder llegar mejor preparados a las que nos esperen. La conferencia es más urgente y necesaria que nunca: el hambre afecta a 60 millones de personas, está en su punto más alto en 20 años, 22 millones de personas cayeron en la pobreza en 2020, la inseguridad alimentaria afecta a cuatro de cada diez personas —267 millones— en la región, y el cambio climático ya es una realidad ineludible. Necesitamos soluciones conjuntas a los desafíos de la alimentación, el agro y la nutrición.
¿Qué se entiende por “sistemas alimentarios”?
El “sistema agroalimentario” está integrado por todas las personas y todos los procesos involucrados en el cultivo, la cría o la elaboración de alimentos, incluyendo el consumo: involucra desde los agricultores pasando por los recolectores de frutas, llegando hasta quienes trabajan en las cajas de los supermercados y sus clientes, también parte de los molinos de harina pasando por los camiones refrigerados y va hasta las instalaciones de reciclaje de las ciudades o el compost del hogar. Miles de millones de personas se ganan la vida y participan de los sistemas agroalimentarios y el Banco Mundial estima que el sistema agroalimentario mundial tiene un valor aproximado de 8 mil millones de dólares, una décima parte de la economía global.
¿Y qué supone la transformación de estos sistemas?
Significa cambios profundos en la forma en que producimos, transformamos, distribuimos y consumimos los alimentos, protegiendo a la vez la salud humana y la salud del planeta. Se requiere una transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para lograr, justamente, una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medioambiente y una mejor vida, sin dejar a nadie atrás. Ese es nuestro gran objetivo, para acompañar los compromisos asumidos por los países en 2015, que acordaron cumplir una serie de metas para lograr un desarrollo más sostenible, vinculado a los 17 temas que abarcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS]. La FAO se ocupa en particular de acompañar el logro del ODS 2, poner fin al hambre, pero también aporta a otros, como por ejemplo trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, fin de la pobreza y acción por el clima.
La salud de nuestros sistemas agroalimentarios afecta la salud de las personas, pero también la salud de nuestro medioambiente, nuestras economías y nuestras culturas. Si funcionan bien, los sistemas alimentarios tienen el poder de unirnos como familias, comunidades y naciones. Los sistemas agroalimentarios son motores fundamentales para superar la crisis generada por la pandemia que ha golpeado a América Latina y El Caribe más fuerte que a cualquier otra región del planeta y también la crisis que está generando ahora la guerra en Europa Oriental: estos sistemas son responsables de entre el 9 y el 35% del Producto Interno Bruto de la región y contribuyen al 25% de las exportaciones de la región.
¿Cuál es el impacto de la guerra sobre los sistemas alimentarios y el precio de los alimentos?
Rusia es el mayor exportador mundial de trigo, mientras que Ucrania es el quinto mayor exportador. En conjunto, proporcionan el 19% del suministro de cebada, el 14% del trigo y el 4% del maíz del mundo y representan más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales. También son los principales proveedores de colza y representan el 52% del mercado mundial de exportación de aceite de girasol. El suministro mundial de fertilizantes también está muy concentrado, con la Federación de Rusia como principal productor, y eso afecta también a Uruguay.
Los precios de los alimentos, ya en alza desde hace dos años, alcanzaron un máximo histórico en febrero de este año debido a la fuerte demanda, los costos de los insumos y el transporte y las perturbaciones en los puertos. Los precios mundiales del trigo y la cebada, por ejemplo, aumentaron 31% en 2021. Los precios de los aceites de colza y de girasol subieron más de un 60% a nivel mundial. La importante demanda y la volatilidad de los precios del gas natural también explican el aumento del costo de los fertilizantes. Por ejemplo, el precio de la urea, un fertilizante nitrogenado esencial, aumentó más de 300% en los últimos 12 meses.
Según el informe anual de comercio exterior uruguayo, dentro de las importaciones el quinto producto más importado son alimentos de galletería, que en general vienen de países del Mercosur pero se elaboran con cereales como el trigo, cuya suba repercute directamente en los precios. El mismo informe prevé un aumento de la importación de las raciones para animales, generalmente elaboradas con cereales.
Rusia es a su vez uno de los principales actores del mercado mundial de la energía: representa el 18% de las exportaciones mundiales de carbón, 11% de las de petróleo y 10% de las de gas. La agricultura requiere energía a través del uso de combustible, gas y electricidad, así como fertilizantes, plaguicidas y lubricantes. La fabricación de raciones para animales y de sus ingredientes también requiere energía. Y el conflicto actual ha provocado un aumento de los precios de la energía, con consecuencias negativas para el sector agrícola.
El conflicto podría suponer una repentina y pronunciada reducción de las exportaciones de trigo, producto alimenticio básico para más del 35% de la población mundial, tanto desde Rusia como desde Ucrania. Todavía no está claro si otros exportadores podrán ocupar ese vacío. Las existencias de trigo ya se están agotando en Canadá y es probable que Estados Unidos, Argentina y otros países limiten las exportaciones para garantizar el suministro interno.
Es posible que los países que dependen de las importaciones de trigo aumenten su volumen y eso va a generar presión en los suministros mundiales. Egipto, Turquía, Bangladesh e Irán son los principales importadores mundiales de trigo y compran más del 60% a Rusia y Ucrania; todos ellos tienen importaciones pendientes. El suministro de trigo del Líbano, de Túnez, Yemen, Libia y Pakistán también depende en gran medida de esos dos países. Es esperable que el comercio mundial de maíz se contraiga por las expectativas de que la pérdida de exportaciones de Ucrania no sea cubierta por otros exportadores y también debido a los altos precios.
Las perspectivas para las exportaciones de aceite de girasol y otros aceites alternativos también son inciertas. Los principales importadores de aceite de girasol, como la India, Unión Europea, China, Irán y Turquía, deben cambiar de proveedores o de aceites, lo que podría tener efectos secundarios en los mercados de aceites de palma, de soja y de colza, por ejemplo.
No hay certeza respecto a la intensidad y duración del conflicto. Las probables perturbaciones de las actividades agrícolas de estos dos grandes exportadores de productos alimenticios básicos podrían agravar seriamente la inseguridad alimentaria en el mundo, en un momento en que los precios internacionales de los alimentos y los insumos ya son altos y volátiles. Es claro que los sistemas agroalimentarios se van a ver afectados a nivel internacional, de hecho, ya lo están siendo.
Además de lo anterior, ¿qué otros factores presionan a estos sistemas?
En general, influye la coyuntura internacional, los precios, el cambio climático, los hábitos de consumo, los modos de producción, el cuidado que se tiene con el ambiente y los recursos naturales. También repercute en la salud de nuestros ecosistemas. Los modos de funcionamiento del comercio mundial son factores muy importantes y, en eso, el diálogo entre países, las políticas públicas, son clave. Por eso también la FAO insiste tanto en la participación de la conferencia: la región es la mayor productora de alimentos del mundo y Uruguay es un país productor de alimentos, las exportaciones de alimentos son una de las fuentes principales de ingreso económico, por lo que su postura es clave a nivel internacional en este ámbito y más aún si es una postura consensuada. Si los países logran unir fuerzas para lograr sistemas agroalimentarios más sostenibles, ganamos todas y todos.
¿Qué desafíos enfrentan estos sistemas pensando en la pospandemia?
Primero tenemos que recuperar y fortalecer las economías, hacen falta políticas públicas para eso, inversiones y el compromiso de toda la sociedad. Pero, además, ya tenemos otra crisis en desarrollo y los sistemas agroalimentarios son fundamentales para recuperar la economía, promover el acceso a dietas saludables, generar empleo en áreas rurales y urbanas y administrar los recursos naturales de manera sostenible. Todo esto contribuye a que los países puedan recuperarse y a que sean más resilientes y estén mejor preparados para futuras crisis.
¿Qué acciones pueden desplegarse para mitigar el impacto del aumento del precio de los alimentos?
La FAO llama a la comunidad internacional a tomar cinco medidas clave. La primera es mantener abierto el comercio global de alimentos y fertilizantes para satisfacer la demanda nacional y mundial. La segunda es buscar proveedores nuevos y más diversos de alimentos. Los países que dependen de las importaciones de Rusia y de Ucrania deben aprovechar sus reservas de alimentos y diversificar su producción interna. La tercera es apoyar a las personas más vulnerables —incluidos los desplazados internos— con medidas de seguridad social para proteger a los más pobres del alza de los precios de los alimentos, promoviendo el derecho humano a la alimentación adecuada y evitando así el incremento de la inseguridad alimentaria.
La cuarta medida es evitar las reacciones ad hoc en materia de políticas; los gobiernos deben considerar los posibles efectos de sus intervenciones en los mercados internacionales para no aumentar los precios. Por último, la quinta medida que recomendamos es reforzar la transparencia del mercado mundial de alimentos y el diálogo, para ayudar a los gobiernos y a los inversionistas a tomar decisiones informadas y disminuir así la volatilidad.
¿Cuáles son las prioridades para nuestro país y cómo se determinan?
El eje de cooperación acordado con el Gobierno para los próximos años está orientado en, por un lado, lograr una producción agropecuaria ambientalmente sostenible y resiliente que genere oportunidades de desarrollo territorial y, por el otro, avanzar hacia entornos alimentarios más saludables y hacia el cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada para todas las personas. Además, se definieron tres áreas de trabajo transversales: la generación de datos e información para la toma de decisiones, el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación y la equidad de género.
Estas orientaciones y objetivos se trabajaron en línea con el Marco de cooperación para el Desarrollo Sostenible en Uruguay 2021-2025 que el sistema de Naciones Unidas en su conjunto firmó con el país y también con las prioridades globales y regionales que tiene la FAO (el Marco Estratégico que mencioné y rige de 2022 a 2031). A su vez, los objetivos se definieron considerando las demandas del Gobierno, así como las de los actores de la sociedad civil y sector privado. En ese sentido, el año pasado el equipo de la FAO en Uruguay hizo un gran trabajo de escucha y consultas, para que el apoyo de nuestra organización se oriente de la mejor manera para el país.
¿Cuáles son actualmente las líneas de trabajo de FAO en Uruguay?
En 2021, a través del trabajo de la FAO, se movilizaron 6,6 millones de dólares en Uruguay para apoyar al país en estas áreas tan estratégicas como la alimentación y el agro (incluye fondos propios e internacionales).
El apoyo técnico de la FAO al país potencia, entre otras cosas, su estrategia de desarrollo de la bioeconomía circular y sostenible para lograr una mayor diferenciación de su producción a través de la incorporación de ciencia, tecnología e innovación y el cuidado del ambiente. Cuando hablamos de bioeconomía, nos referimos a un modelo de desarrollo basado en la producción y conservación de bienes y servicios a partir del uso directo de recursos biológicos o su transformación sostenible. Además, la FAO apunta a consolidar junto a Uruguay sus avances hacia una producción sostenible, restaurando y conservando ecosistemas terrestres y generando resiliencia y adaptación de los sistemas productivos a los efectos del cambio climático.
Del mismo modo se busca, junto al Gobierno, profundizar esfuerzos para disponer de datos y estadísticas actualizados y confiables sobre prevalencia de seguridad alimentaria en la población por franja de edad y sexo, hábitos alimenticios, consumo de alimentos y su relación con las Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Esto es clave para la definición de políticas y estrategias apropiadas que aseguren el derecho a una alimentación adecuada de la población.
Estos procesos de transformación requieren un trabajo coordinado con las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, y de la conciencia de los consumidores. Por eso la FAO facilita el acercamiento entre sectores (por ejemplo, del campo y la ciudad), además de aportar expertise técnica de referencia y de ser un puente facilitador para que el país acceda a financiamiento internacional.
¿Cómo visualizan los avances de nuestro país dentro del contexto regional?
Como ya señalé, Uruguay es ejemplar en muchos sentidos para la región. Sin embargo, esto no quita que tenga desafíos, por ejemplo, en cuanto a sobrepeso y obesidad. Es uno de los países en Latinoamérica en donde más crecen la obesidad y el sobrepeso, sobre todo infantil. En cuanto a los sistemas productivos, más allá de los avances realizados por el país aún existen algunos desafíos en lo que refiere a la protección de los recursos hídricos, en la gestión del uso de plaguicidas, restauración y preservación del campo natural, e integración de cadenas de valor.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta nuestro país hacia adelante?
En particular en ganadería, el país ha logrado posicionarse como un productor que asegura condiciones excepcionales de calidad e inocuidad de sus productos, donde la trazabilidad, por ejemplo, es un componente fundamental. Esto le ha permitido diferenciarse y lograr insertarse en mercados muy exigentes. Creo que el desafío principal puede ser lograr esto mismo en otras cadenas productivas, e incorporar valor agregado a la producción primaria, lo que significará sin dudas oportunidades de desarrollo territorial. Además, el país deberá estar muy atento a las exigencias ambientales para la producción agrícola-ganadera, donde seguramente en los próximos años habrá mayores requerimientos de los mercados. Todo esto al tiempo que asegura la alimentación adecuada de sus ciudadanos, en un contexto que está resultando desafiante por la suba de los precios internacionales. Allí las políticas públicas basadas en información de calidad serán clave.
¿Cuáles han sido los avances más relevantes en materia de innovación, desarrollo y uso de la tecnología?
El proyecto Ganadería y Clima, que se plantea enfrentar los desafíos de la ganadería a través de un enfoque integral que abarca la mejora de la productividad y la sostenibilidad de los establecimientos ganaderos, es un ejemplo de la innovación de la que es capaz Uruguay. Uno de los objetivos de ese proyecto financiado por el fondo GEF es generar una estrategia de ganadería climáticamente inteligente a nivel nacional. Esto implica aumentar la productividad a través del manejo sostenible del campo natural y generar mayor adaptación al cambio climático, al mismo tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, se captura carbono en el suelo y se mejora la biodiversidad. Como insumo para desarrollar esa estrategia, el proyecto se implementa en 60 establecimientos, en las zonas ganaderas del país con una metodología de coinnovación y enfoque de género, con liderazgo del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca [MGAP], dirección técnica de la FAO, ejecución del Instituto de Investigación Agropecuaria y de la Facultad de Agronomía y apoyo del Ministerio de Ambiente. Se trata de un proyecto que se está observando desde otros países de la región, tanto por su metodología innovadora como por los resultados esperados. A su vez, Uruguay también destaca por su Ley de Suelos que establece la exigencia de planes del uso y manejo de suelo para todos los cultivos y la rotación de cultivos y prácticas de manejo para controlar la erosión y la trazabilidad que ya mencioné.
Además, el país ha avanzado en gestión del uso de plaguicidas agrícolas desde los ministerios junto con la academia, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el sector privado. Lo hizo validando y generando información objetiva relacionada a estrategias de manejo y alternativas al uso de plaguicidas en busca de herramientas que permitan superar los desafíos de la agricultura actual mirando a futuro. Como ejemplo, podríamos mencionar el uso de coberturas vegetales para el control de malezas, el uso del rolado para finalizar las coberturas (ambos con alto potencial de control y reduciendo el uso de plaguicidas), el desarrollo de bioinsumos que sustituyen productos de síntesis química y las camas (o lechos) biológicas como herramienta para degradar residuos derivados del uso de plaguicidas.
¿Están trabajando en conjunto con el sector privado?
Sí, en realidad siempre lo hicimos, por lo menos con productores, pero ahora tenemos un mandato muy claro, debido a la urgencia de sumar todos los actores que puedan esforzarse en alcanzar el desarrollo sostenible. En este momento estamos profundizando nuestro trabajo con diversos actores de la cadena alimentaria, incluyendo producción, procesamiento y comercialización de alimentos, y trazando una hoja de ruta que nos permita enfocar mejor a futuro nuestro trabajo con el sector privado.
¿En qué proyectos o líneas?
Actualmente la FAO trabaja en Uruguay con dos actores principales. Por un lado, estamos avanzando con la Asociación Civil Sistema B para identificar y difundir las mejores prácticas de empresas vinculadas al sistema agroalimentario para lograr soluciones sostenibles que generen impacto positivo a nivel social, ambiental y económico en el largo plazo. Por otro lado, en el marco de un acuerdo entre la FAO y la facultad de agronomía, estamos trabajando en un diagnóstico de género en las Cooperativas Agrarias Federadas [CAF] y una vez que tengamos mapeada la situación, la idea es poder plantear líneas de acción concretas para intervenir en los desafíos organizacionales que generan brechas de género y dificultan la participación de mujeres en igualdad de oportunidades que los hombres. Es un trabajo clave porque el modelo de cooperativismo y asociatividad con el que cuenta Uruguay juega un rol fundamental para la transformación hacia sistemas alimentarios más sostenibles.
Tengo entendido que están trabajando con Tarjeta Uruguay Social, ¿cómo es eso?
La FAO apoya el análisis de consumo de alimentos de personas destinatarias de la Tarjeta Uruguay Social para aportar a la evaluación del acceso a dietas saludables, y al análisis de patrones de consumo de hogares beneficiarios de esa prestación social. Para nosotros es muy importante generar evidencias que permitan que el diseño de políticas para proveer alimentación a la población más vulnerable y promover el acceso a dietas saludables esté lo más adecuado posible a la realidad y necesidades de las personas, con base en datos fiables y actualizados.
¿Cómo se aborda la equidad de género desde esta perspectiva?
Trabajar para contribuir a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en los sistemas agroalimentarios donde tiene un rol esencial es uno de los objetivos de la FAO. Nuestro equipo en Uruguay cuenta con un punto focal de género que busca apoyar el cumplimiento de nuestra política de igualdad de género y desarrollar estrategias para transversalizar esa perspectiva en los proyectos e iniciativas de la oficina nacional.
Uruguay ha priorizado el logro de la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres. Gracias al trabajo conjunto de la FAO y el MGAP, pero también de toda la institucionalidad agropecuaria del país, en el desarrollo del Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias. Desde el año 2021, Uruguay cuenta con una herramienta que es ejemplo para la región, con objetivos y líneas claros y ejecutables que buscan empoderar a las mujeres y disminuir las desigualdades en torno al acceso a la tierra, dar oportunidades de desarrollo profesional, capacitación y mayor reconocimiento. Esto se suma al trabajo con CAF que ya mencionamos, que además trabaja con el equipo del proyecto de apoyo al Programa de Conciencia Agropecuaria que lidera el MGAP en busca de la reducción de brechas entre el campo y la ciudad, conjuntamente con otros actores públicos y del sector privado para difundir y comunicar todo lo que involucra a los sistemas agroalimentarios sostenibles, así como alternativas en cuanto a oportunidades para emprendimientos y medios de vida en el ámbito rural, para la población en general, con especial énfasis en mujeres y jóvenes. El objetivo final del proyecto es establecer una visión integradora del desarrollo país, fomentar y promover los sistemas agroalimentarios sostenibles y en ese marco, la perspectiva de género es un objetivo transversal, tanto de ese proyecto como del proyecto Ganadería y Clima, así como de nuestro trabajo en el país.
Entrevista publicada en La Diaria, Economía.