Según el reciente informe SOFI 2024, presentado en el G20 en Río de Janeiro, las cifras de hambre en el mundo han sido persistentemente altas durante tres años consecutivos, pero América Latina registra un progreso significativo.

Santiago, Chile – La Oficina Regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en América Latina y el Caribe organizó un primer encuentro dentro de una serie de eventos dedicados a analizar los progresos de la región en la lucha contra el hambre y la malnutrición, a partir de los resultados del informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo (SOFI 2024). 

Según el informe SOFI 2024, presentado en julio durante el G20 en Río de Janeiro, Brasil, en América Latina y el Caribe el porcentaje de hambre subió del 5.6% en 2019 al 6.9% en 2021, pero se registra una reducción progresiva, llegando al 6.2% en 2023. Esto significa que 4.3 millones de personas han dejado de pasar hambre, principalmente gracias a una recuperación en América del Sur. 

Actualmente, Brasil es uno de los países cuyas políticas públicas han tenido un impacto positivo en la reducción del hambre y la inseguridad alimentaria. Es así que, a través de una Conferencia Magistral, celebrada en la oficina regional de la FAO, con más de 400 participantes presenciales y virtuales, el ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre, Wellington Dias, compartió algunas de las acciones emprendidas por el gobierno brasileño en la lucha contra el hambre. 

El ministro Dias detalló la estrategia que posiciona a Brasil como líder regional en la reducción del hambre. "Sacar a alguien del hambre y la pobreza es una inversión que se hace una sola vez. Luego, es muy difícil que las próximas generaciones vuelvan atrás. Por eso, es una inversión que vale la pena", afirmó. 

El Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin, enfatizó que “el hambre y la inseguridad alimentaria, no son simplemente cuestiones de escasez de alimentos; si no que reflejan desigualdades estructurales y fallas sistémicas que afectan la dignidad humana y la justicia social en todo el mundo y también en la región”.  

“Tener la oportunidad de reflexionar sobre estas experiencias nos obliga a reconocer que el hambre es una realidad que sí puede ser afrontada con responsabilidad, decisión y trabajo colectivo; y asegurar que todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica, género o condición económica, tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos”, agregó Lubetkin. 

Este proceso de análisis impulsado por la FAO a nivel regional; y que inició con la Conferencia Magistral del ministro brasileño, busca profundizar en las oportunidades y capacidades de la región para contribuir a una respuesta global de erradicar el hambre y la malnutrición, y abordar otros desafíos como la reducción de la pobreza y las desigualdades. Objetivos internacionales establecidos para garantizar el desarrollo sostenible. 

Brasil en el abordaje multidimensional del hambre y la inseguridad alimentaria 

El ministro Wellington Dias detalló cómo Brasil ha logrado sacar de la pobreza a 14 millones de personas gracias a un programa social que posee dos componentes: la asistencia social y la seguridad alimentaria. 

Este programa se sostiene sobre la creación de un catastro único social que permite conocer las condiciones multidimensionales de pobreza que afectan a una familia y generar una renta de asistencia que se ajuste a sus necesidades. “La transferencia de recursos significa implantar un acceso al alimento y también a otras necesidades. Ese dinero que se le entrega a una persona circula en el lugar donde vive. Y los más pobres normalmente viven en lugares donde también viven otras personas vulnerables y pobres. Entonces además de beneficiar a esa familia, se beneficia a esa comunidad”, aseguró.  

El ministro agregó que esta modalidad de asistencia se acompaña con el Plan Safra o Cosecha para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria. Con ello se trabaja en conjunto a pequeños agricultores para estimular la producción y que luego el Estado pueda comprarles una fracción de la cosecha para entregarla a quienes la requieran.