La tenencia es fundamental para los medios de vida de miles de millones de personas. Para muchas de ellas, su seguridad alimentaria está vinculada a la seguridad de la tenencia. Las personas que poseen derechos de tenencia inseguros y débiles corren el riesgo de perder sus medios de subsistencia si pierden el acceso a los recursos naturales. Las mujeres a menudo cuentan con derechos de tenencia más débiles en zonas donde hay discriminación en cuanto a leyes y costumbres. Los sistemas de tenencia determinan quiénes pueden usar qué recursos, durante cuánto tiempo y en qué condiciones. Muchos problemas relacionados con la tenencia surgen a consecuencia de una gobernanza débil; y los intentos de abordar los problemas de tenencia se ven afectados por la calidad de la gobernanza. |
La función de la FAO en la tenencia
Las Directrices promueven la gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques con respecto a todas las formas de tenencia: pública, comunal, indígena, consuetudinaria e informal.
Las metas globales de las Directrices son la consecución de la seguridad alimentaria para todos y el apoyo a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Al tiempo que respaldan los esfuerzos encaminados a la erradicación del hambre y la pobreza, las Directrices tienen también por objetivo contribuir al logro de medios de vida sostenibles, a la estabilidad social, a la seguridad de la vivienda, al desarrollo rural, a la protección medioambiental y al desarrollo social y económico sostenible. Con estas Directrices se busca aportar benefi cios a los individuos en todos los países, aunque se hace hincapié en las personas vulnerables y marginadas.
Las Directrices sirven como texto de referencia en el que se estipulan principios y normas internacionalmente aceptados para las prácticas responsables de la gobernanza de la tenencia. Las Directrices constituyen un marco que los Estados pueden utilizar a la hora de elaborar sus propias estrategias, políticas, legislación, programas y actividades. Las Directrices permiten a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los ciudadanos juzgar si las actuaciones que ellos se proponen llevar a cabo, o si las actuaciones de otros sujetos, constituyen prácticas aceptables.
Las Directrices están disponibles en varios idiomas