EL SERVICIO FORESTAL ITALIANO acaba de recibir el informe de una comisión encargada por el gobierno de formular recomendaciones para revisar la actual ley sobre la montaña, promulgada en 1952 y que expira este año.
El origen de la legislación sobre la economía de los bosques y regiones montanas se remonta a los primeros tiempos de la era romana.
En los tiempos paganos, los bosques se consideraban sagrados. El pueblo sentía hacia ellos un respeto tradicional y las ceremonias y actos particularmente importantes se celebraban en un bosque sagrado o en la sombra de algún árbol venerable. Los primeros guardas forestales estaban relacionados con el sacerdocio. Eran los custodios de los bosques sagrados y los encargados de cultivar los árboles y replantarlos cuando era necesario. Los daños causados a los bosques se consideraban sacrilegio y se castigaban con la muerte.
A medida que los romanos extendieron su imperio, la importancia religiosa del bosque fue desapareciendo ante la necesidad de madera para las naves de guerra y de comercio. Se reconoció la necesidad de un patrimonio forestal bien regido y, como los romanos eran grandes legisladores y disponían de una vasta organización civil y militar, fueron creando poco a poco un eficaz servicio de guardería forestal. Al principio, estos hombres eran sólo custodios de los bosques y no desempeñaban funciones técnicas. Su cometido era sumamente peligroso, ya que los bosques estaban plagados de animales salvajes y de bandidos.
Paulatinamente, la administración forestal fue encargándose también del cuidado y ordenación de los bosques, asumiendo la responsabilidad de las cortas y extracciones, así como de la protección de las cuencas hidrográficas. Había guarias forestales cuya función era la de hacer respetar los contratos, regular la explotación y el pastoreo y muchos otros cometidos propios de un servicio forestal moderno.
Esta organización admirable y el respeto por la ley se desintegraron en el siglo IV después de Cristo, cuando los invasores se apoderaron de la península italiana.
En los turbulentos siglos siguientes, únicamente aplicaban las leyes los señores poderosos, pero cada uno en su propio interés y en sus propios dominios. Los bosques eran considerados cotos de caza y se retiraron a las poblaciones locales todos los derechos de corta y de pastoreo. En realidad, la palabra «foresta» se supone que deriva de aquel período de la expresión Foris stare que significa «mantenerse fuera».
Las comunidades y repúblicas libres que llegaron a crearse después del siglo IX en la Italia septentrional y central volvieron a conceder derechos de corta y de pastoreo y contaban para hacer cumplir las leyes con sus propios guardas forestales, que gozaban de igual condición jurídica que los militares.
En los siglos sucesivos, el cuidado de los bosques se ejercía esporádicamente, dependiendo de que los varios pequeños estados se encontraran en guerra o en paz. Los ejércitos invasores y los gobiernos inestables costaron muy caro al patrimonio forestal y la población respetaba muy poco unas leyes que no podían aplicarse con regularidad. Sólo la República de Venecia, con sus grandes intereses navales y comerciales, constituyó una excepción, ya que contaba con una política forestal inteligente y coherente.
El actual Estado italiano se remonta a 1870 y la unificación de los servicios y leyes forestales de tantos estados pequeños, cada uno de los cuales tenía su administración independiente, fue una tarea sumamente ardua. Se trata de un proceso que todavía prosigue, como lo demuestran las recomendaciones para una nueva ley.
Las inundaciones catastróficas de 1966, que causaron ingentes daños a los lugares históricos italianos tan admirados y queridos por todo el mundo civilizado, hicieron más patentes que nunca los peligros de la deforestación y del abandono de las cuencas hidrográficas, y señalaron la necesidad de un servicio forestal bien organizado y dotado del personal, fondos, equipo y mecanismo legislativo necesarios para poder desempeñar con éxito su misión. Es de esperar que Italia no pierda tiempo en promulgar una nueva ley forestal basada en las recomendaciones de la comisión.
