Para regular una pesquería y conseguir los objetivos de explotación establecidos, el hombre sólo puede intervenir por lo tanto directamente de dos formas:
regulando el esfuerzo total;
modificando la distribución de ese esfuerzo sobre las distintas clases anuales y las especies que integran la población.
Se sabe que, modificando la edad media de las capturas - y sobre todo la edad a partir de la cual comienza a capturarse una especie - es posible mejorar en cierta medida la producción de una población para un nivel de esfuerzo dado y de ese modo aumentar en las mismas proporciones el rendimiento máximo sostenible y la rentabilidad económica de la explotación (Figura 8). Así es como se justifican las reglamentaciones sobre la selectividad de las artes: la luz de malla de las redes de arrastre o redes de enmalle, trampa de escape de las nasas, etc. Ahora bien, este método no constituye la única forma de intervención. Llegado el caso, cade la posibilidad de prohibir la pesca en las zonas y temporadas en que abundan las piezas demasiado pequeñas. Estas reglamentaciones pueden ir acompañadas eventualmente de medidas encaminadas a prohibir el desembarque y la comercialización de las tallas inferiores a un determinado tamaño.
Aunque sea limitado el alcance de las mejoras que se puedan relizar (generalmente, apenas pasan del 10 al 20 %, sobre todo en las pesquerías de especies múltiples donde no es posible pescar cada especie con la malla óptima), tales mejoras no son despreciables. En efecto, se obtienen sin aumentar el costo de captura, fuera del ocasionado por la aplicación de la reglamentación. Sin embargo, varios métodos de pesca no son muy selectivos (la pesca con red, de cerco, por ejemplo). Lo cual reduce mucho las posibilidades de esta forma de regulación de la pesca.
Figura 8 Efecto de una variación de la edad de primera captura (o de la luz de malla) en la producción (curvas superiores) y el rendimiento (curvas inferiores):
talla corta de primera captura
talla larga de primera captura
A estos problemas viene a añadirse en las pesquerías de varias especies el de la optimización del reparto del esfurezo en las diversas especies que componen la población. En realidad, el problema de la selectividad de una pesquería rebasa la definición en boga: en una especie al alcance de una o varias flotas, que emplean, llegado el caso, artes diferentes y que ejercen distintos esfuerzos en las diversas especies y las clases anuales de la población, ¿cómo es posible mejorar la distribución de las operaciones de la capacidad pesquera disponible de suerte que se pueda elevar al máximo la producción del recurso? A los métodos ya mencionados en el capítulo anterior se añade aquí la reglamentación o la promoción de nuevas artes (por ejemplo la red de arrastre de gran abertura vertical) para poder aumentar la explotación de las especies relativamente infra-aprovechadas (Pope, 1980). La reducción simultánea de los costos globales de captura forma también parte de este problema en cuanto condiciona el aprovechamiento de poblaciones todavía no explotadas por razones económicas.
Sin embargo, la selectividad, por sí sola, no puede contrarrestar la motivación de los pescadores a adquirir medios de captura complementarios y, por ende, impedir la disipación de los beneficios económicos, incluidos los que derivan de la adopción de una reglamentación sobre luz de malla (Sección 2.3.2; Figura 6). En la ordenación de las pesquerías, la regulación de la selectividad sólo puede constituir, por lo tanto, un complemento interesante, pero en ningún caso un sucedáneo del control de la tasa de explotación.
En control del nivel de explotación plantea grandes dificultades de orden político, teórico y práctico. En el plano técnico, la dificultad básica estriba en que para dominar la tasa de explotación hay que dominar antes la de mortalidad por pesca 1a bien, esta dimensión no es medible ni directa ni inmediatamente, es decir en tiempo real. Puede seguirse su evolución observando otros factores que están más o menos directamente vinculados a ella, como las capturas totales, la biomasa, el esfuerzo de pesca o las capacidades de captura. Viceversa, se podrá tratar de controlar la inmortalidad por pesca delimitando las capturas o bloqueando el esfuerzo de pesca o, lo que es mejor, las capacidades de captura.
El inconveniente está en que las relaciones entre la mortalidad por pesca y cada uno de esos factores controlables tomados aisladamente no son rígidas. En cada relación, intervienen varios otros elementos, unos que dependen de los pescadores y otros de la naturaleza. Si no se dominan bien estos factores, que son complementarios del que es objeto de control desencadenarán en los planes de ordenación desviaciones suficientes como para causar su fallo parcial. Este riesgo es tanto más grave en cuanto que las conversiones entre los factores controlables y la mortalidad por pesca sólo pueden establecerse tras un plazo variable, pero siempre notable, de observación y análisis. Por lo tanto, es menester prever las desviaciones posibles y su amplitud y esto tanto más cuanto que serán grandes los intervalos que median entre el carácter continuo de las pesquerías y la aplicación de las correcciones pertinentes a los planes de ordenación.
En el capítulo que sigue se tratará de pasar reseña a las principales causas de desviación, propias de las principales relaciones empleadas para regular la mortalidad por pesca. Se tratará también de identificar sus ventajas e inconvenientes respectivos, habida cuenta de las condiciones que imponen los principales tipos de pesquerías. En efecto, el interés de los métodos al alcance variará según las características de las pesquerías, los medios de que se dispone para la ordenación, los esfuerzos justificados por su valor o el marco jurídico en que opera. Al hacerlo, se tendrá en cuenta el interés que existe al mismo tiempo por:
controlar la tasa de captura para mantener la población a un nivel de producción elevado;
reducir los costos de producción con arreglo al objetivo de ordenación fijado para maximizar los beneficios netos independientemente de la naturaleza del objetivo establecido;
facilitar la aplicación, reduciendo especialmente los motivos que pueden tener los pescadores para burlar la ley, pues las dificultades y los costos de aplicación han sido hasta aquí motivo importante de fracaso en los planes de ordenación.
Este método de regulación del nivel de explotación se funda en la ecuación:
Y = F. B (1)
en que
Y, representa las capturas totales anuales,
F, la mortalidad por pesca y,
B, la biomasa media de la población.
Cuando las fluctuaciones de carácter natural de la biomasa o son despreciables para la precisión necesaria, o pueden tenerse en cuenta correctamente al determinarse los cupos, es posible regular el valor F fijando tope de captura.
Este método puede aplicarse de diferentes formas. En su forma más sencilla, se fija cada año solamente el total de las capturas autorizadas. En la medida en que puede registrarse la totalidad de las capturas de forma a la vez fiable que rápida (de suerte que se pueda cerrar la temporada de pesca tan pronto como se alcance el cupo fijado previamente), este método permite en principio conservar la población en el nivel de producción deseado. En cambio, no puede contrarrestar la tendencia al incremento de los costos de captura, pues cada participante se ve siempre movido a aumentar su capacidad de captura para asegurar una parte mayor del cupo global o simplemente para mantenerla. La competencia que hace subsistir esta forma de obrar tendrá como efecto el reducir progresivamente la estación de pesca hasta que el peso de las inversiones y de los gastos fijos llegue a anular los beneficios netos producidos por la pesquería. En la literatura especializada abundan ejemplos de acortamiento progresivo de la temporada de pesca en las pesquerías en que se ha aplicado ese sistema (ballenas antárticas, reducción de la temporada de 121 a 64 días en cinco años (Gulland, 1974); halibut del nordeste del Pacífico, de nueve meses a cuatro semanas (Crutchfield y Zellner, 1968), correspondiendo el récord sin duda a la pesquería del arenque del nordeste del Pacífico, pescado por sus huevas, donde la sobrecapacidad de captura es tal que se reduce la temporada de pesca a 15 min, que es lo necesario a cada barco para echar una vez la red de cerco (Newton, comunicación personal).
Para paliar los efectos económicos desastrosos de esta competencia, se ha tenido naturalmente que llegar a distribuir el cupo global en cuotas nacionales (ese fue el sistema más comúnmente empleado en el ámbito de las comisiones regionales encargadas de las principales pesquerías internacionales de Atlántico), por factorías (cuando toda la población pasa por un número limitado de puntos de elaboración: la sardina de Namibia y de Africa del Sur, por ejemplo (Gertenbach, 1973)), por artes de pesca o incluso por pescadores (arenque de la bahía de Fundy; Newton, 1980).
De esa forma se reduce la competencia entre los grupos a quienes se asignan cupos individuales, pues se les encomienda la adopción de las disposiciones que permiten capturar su cupo en las mejores condiciones. Para eliminar toda concurrencia dañosa que pueda persistir dentro de esos grupos, se tiende naturalmente a distribuir la captura global autorizada entre cada uno de los operadores individuales. Se llega así al sistema llamado de los derechos de captura individuales (Christy, 1973).
En cuanto la pesquería no es perturbada por otros fenómenos secundarios1, los operadoresdeberían dentro de este marco reglamentario, tratar por sí mismos de reducir al mínimo los costos de captura para el cupo que les está asignado y, por lo tanto, de maximizarlos beneficios netos, tanto individuales como globales. Si se contentan con la parte que les toca y disponen de garantías que les asegure el acceso a la pesquería en condiciones equivalentes, puede esperarse que den también su apoyo a la aplicación del sistema.
Al responder a los tres criterios indicados en el capítulo precedente, este sistema debería en principio dar una solución satisfactoria al difícil problema de la explotación racional de los recursos pesqueros comunes. Mira en efecto a crear una situación análoga a la que se da mayormente en la agricultura, en que los campesinos, propietarios o arrendatarios de una fracción individuada del recurso, aseguran por su cuenta lo indispensable de la labor de ordenación. Los dos sistemas difieren sin embargo en cuanto a que, en la agricultura es el recurso mismo el que se distribuye, mientras que en el sistema de los cupos individuales se trata de la producción.
El inconveniente está en que en el terreno práctico este método tropieza con graves dificultades. Una de las principales se refiere a las fluctuaciones naturales de la biomasa de las poblaciones. La ecuación (1) muestra que para poder controlar la mortalidad por pesca (F) regulando las capturas (Y), es indispensable que la biomasa de la pobla- ción (B) se mantenga estable o que se conozcan sus variaciones. Cuando estas son apreciables,pueden crear costos elevados o sesgos serios en la determinación de los cupos.He aquí dos situaciones que hay que tener en cuenta:
(a) Variaciones estacionales en las especies de vida corta (peneidos tropicales, cefalópodos, etc.) cuya fase explotada se compone fundamentalmente de una sola clase anual
En estas poblaciones, la captura de un mismo cupo puede llevar consigo mortalidades por pesca muy diferentes según que se capture en un período más o menos próximo al reclutamiento. En efecto, según la edad media de las capturas, el cupo se compondrá de un número más o menos elevado de individuos. Los pescadores, si compiten por la captura de un cupo global, tenderán a concentrar sus operaciones cada vez más en el reclutamiento, causando de esa forma para un mismo peso capturado un aumento continuo de la mortalidad por pesca (Caddy, 1981). Puede salvarse este inconveniente, pero a costa de una mayor complejidad de la reglamentación, fraccionando, por ejemplo, el cupo anual en contingentes,trimestrales o no, para asegurar así un aprovechamiento adecuado de las capacidades de captura a lo largo de todo el año.
(b) Fluctuaciones interanuales de las biomasas
Diversas poblaciones, y sobre todo las especies pelágicas costeras, registran variacionesa largo plazo de mucho alcance, que actualmente es casi imposible prever lo sufi- cientemente bien como para lograr el pleno aprovechamiento del recurso. Si se puede medir directamente el tamaño de la población por prospecciones acústicas cuantitativas, no pueden del todo reducirse los plazos necesarios para analizar las observaciones, ver las consecuencias de los cupos previsibles y elegir el cupo final. Estos plazos son tanto más críticos en las especies pelágicas costeras por cuanto estas poblaciones, sobre todo por la duración más corta de su fase explotada, tienen una inercia menor que, por ejemplo, la de muchas de las poblaciones demersales. Así, en la pesquería namibiana de sardina, un simple retraso medio de dos años entre las variaciones de biomasa y la fijación de los cupos anuales ha provocado sin duda una subpesca período de incremento natural de la población y una intensificación de la sobrepesca cuando comenzaba a bajar, también por razones naturales. Este fenómeno tuvo que ver probablemente en el colapso de la población acaecido al final de los años setenta (Troadec, Clark y Gulland 1980).
Por último, y aquí radica sin duda la mayor limitación del sistema de cupos aplicado a las pesquerías, tenemos que la gran movilidad de las operaciones de pesca, la frecuente multiplicidad de los posibles puntos de desembarque o de trasbordo y, lo que todavía es más, la fluidez de las capturas, hacen sumamente difícil, e incluso imposible actualmente en muchas pesquerías, el control efectivo de la totalidad de las capturas (peso y determinación de las especies). No afrontaremos aquí los problemas técnicos de la estimación correcta de las cantidades capturadas. Se trata de una cuestión que se puede solucionar, aunque a veces resulte difícil, por ejemplo en los países que no disponen de los expertos necesarios para elaborar planes de muestreo funcionales. Lo que es mucho más inquietante todavía es el problema de las declaraciones de captura falsificadas deliberadamente. En varias pesquerías internacionales (mar del Norte, Atlántico centro-oriental, Atlántico sudoriental, etc.), donde las administraciones nacionales ejercen independientemente el seguimiento y el control, está cada vez más demostrado que estas prácticas se vuelven más frecuentes y las falsificaciones más graves. No siempre son obras sólo de pescadores o de armadores aislados. A veces, algunas administraciones nacionales, urgidas por una profesión que tiene que afrontar una coyuntura difícil por el retraso habido en el reajuste de las capacidades de captura a la productividad del recurso y la necesidad de defender los intereses de la profesión en la competencia internacional, pueden verse inducidas a hacer lo mismo.
El problema es tanto más grave cuanto que para poder determinar las mortalidades por pesca realmente experimentadas por las poblaciones y, por ende, la fijación de cupos adecuados,es menester conocer la totalidad de las capturas. El servirse de las declaracio- nes de captura para la aplicación de los planes de ordenación se presta a que se hagan declaraciones falsas, cosa que no se resolverá fácilmente mientras los pescadores tengan motivos para burlar las restricciones y tengan la convicción y la información necesaria de que sus colegas declaran correctamente sus capturas reales. Es de temer que en varias pesquerías eso no sea realmente posible y que algunos países ribereños no estén en condiciones de asegurar la veracidad de las declaraciones de sus copartícipes extranjeros (FAO, 1981), como tampoco la de sus nacionales.
Las pesquerías puramente nacionales tampoco escapan a esta dificultad (Cram, 1981). El reciente intento de aplicar el sistema de derecho de captura individuales a la pesca del arenque de la bahía de Fundy (Canadá) es a este respecto muy positivo (Newton, 1980). Dado el elevadísimo valor del producto provocado por la penuria del arenque y de las especiesvecinas a raíz del colapso de un buen número de poblaciones pelágicas costeras mun- diales, para algunos pescadores y conserveros era tentador pescar y elaborar cantidades superiores a los cupos que les están permitidos; a pesar del interés fundamental del sistemay la ventaja que suponía su aplicación a una comunidad homogénea de pescadores, no ha sido posible superar la dificultad práctica del control de las capturas. Es posible, aunque no cierto, que sólo se trate de una etapa necesaria para que aquellos tomen conciencia de las condiciones necesarias para la buena marcha del sistema.
Estas dificultades, desde luego indiscutibles, no deben llevar a rechazar el sistema. En las pesquerías en que la población es bastante estable y donde las capturas pueden controlarse1,puede servir de un método práctico de regulación del esfuerzo de pesca: por ejemplo, se piensa ahora en aplicar este método a la pesquería de la almeja de la costa oriental de los EE.UU. (Christy, com. pers.)2.
En líneas generales, este método se basa en las ecuaciones siguientes:
en que:
F, es la mortalidad por pesca ejercida por una embarcación;
q, el coeficiente de capturabilidad, es decir la mortalidad por pesca realizada para cada unidad de esfuerzo de pesca;
f, el esfuerzo de pesca practicado por cada barco;
p, su potencia de pesca individual;
t, su tiempo de pesca efectivo durante el período considerado, y
n, el número de embarcaciones.
Se ve que, para regular F, es indispensable controlar cuatro factores q, p, t y n ó, por lo menos, estar en condiciones de seguir su evolución.
Esta ecuación muestra los límites de las regulaciones que se basan en la única reglamentación del tiempo de pesca (temporadas de pesca, número limitado de días o de horas de pesca por semana o por día). Son límites comparables a los expuestos para los cupos globales de captura (Sección 3.2.1): si la sola reducción del tiempo de pesca puede aminorar inmediatamente el esfuerzo ejercido sobre una población, a costa sin embargo de un incremento relativo de los gastos fijos sufragados por el pescador, la mejora sólo será transitoria, pues la reducción del tiempo de pesca se verá necesariamente contrarrestada por un incremento correlativo de los medios de captura. En realidad, el control del tiempo de pesca casi no está justificado, salvo en el caso de una ordenación del tiempo del trabajo con fines sociales o para ganar momentáneamente tiempo cuando no se hayan podido reducir las capacidades de captura en el momento deseado, al ser el tiempo por su naturaleza limitado.
En principio, bastaría con determinar la capacidad pesquera de cada tipo de embarcación autorizado y limitar el número de éstos en el nivel correspondiente al tope de esfuerzo pretendido. Esto podrá hacerse a base de licencias de pesca que, según la clase de pesquerías y el predominio de los diferentes factores en la determinación de la capacidad final pesquera, se concederán a los pescadores, a las embarcaciones o a los equipos (por ejemplo, número de anzuelos para una pesca de palangres o número de nasas, longitud de las redes de cerco, etc.) o una combinación de éstos.
Efectivamente, la aplicación de este principio sencillo tropieza con varias dificultades prácticas. En efecto, la capacidad de pesca potencial (p) de una unidad de pesca depende de un gran número de características físicas de la embarcación (tonelaje, potencia motriz, equipo de detección, etc.) y de su aparejo de pesca (redes de arrastre, nasas, anzuelos, etc.) así como del valor de su dotación (FAO, 1976). Ahora bien, no es posible ni cuerdo bloquear todas las características físicas en virtud de las cuales un pescador puede mejorar la potencia de pesca de su embarcación. Primeramente, porque ello equivaldría a renunciar a las mejoras tecnológicas y a los beneficios de productividad consiguientes. Luego, porque aun admitiendo que es posible, el pescador siempre tiene la posibilidad de mejorar sus rendimientos aprovechando mejor los medios de captura de que dispone. Para un mejor conocimiento de las poblaciones, de sus movimientos, del comportamiento de los peces, etc., especialmente por medio de una mejora del intercambio de información dentro de la flota pesquera, puede distribuir mejor, en el espacio y en el tiempo, sus faenas de pesca y sacar mejor provecho de las variaciones en la concentración de los peces. Conseguirá de esa forma con los mismos medios y en el mismo tiempo una mortalidad por pesca superior.
Además, cuando una o varias características de la unidad de pesca se hallan sujetas a control, el pescador se esforzará por aumentar la potencia de pesca de ésta reforzando los factores que han quedado libres (por ejemplo, el equipo de detección). El lograrlo, o no, dependerá de las posibilidades de reemplazo que existen entre el factor o los factores sujetos a control y los factores que se han dejado libres. Estas serán moderadas en una pesquería de nasas en que el número y el tamaño de las mismas estarán reglamentados; serán notables en una pesquería con redes de arrastre en que estarán bloqueados únicamente el tonelaje o la potencia motriz.
En los planes de limitación del esfuerzo de pesca habrá de reconocerse, por lo tanto:
que el pescador dispone de dos posibilidades, técnica y táctica, para aumentar la eficacia de sus operaciones y, por consiguiente, la mortalidad por pesca ejercida por una misma unidad de potencia de pesca nominal;
que la explotación de esas posibilidades puede ser beneficiosa para la pesquería, pero que la explotación de las posibilidades sustitutivas para burlar la reglamentación acarreará distorsiones costosas o incluso, llegado el caso, peligrosas para la seguridad de los barcos;
que el pescador hará buen uso de las mismas.
El plan de regulación deberá, por lo tanto, concebirse como un sistema dinámico, o sea, capaz de dar cabida a la evolución conveniente de los factores que determinan el esfuerzo efectivo total de los barcos, aunque controlando al propio tiempo la mortalidad por pesca causada por las flotas que son objeto de ordenación en conjunto. Para ello, habrá de basarse en que en una pesquería bien establecida las ganancias de productividad son a veces progresivas. Evaluándolos y siguiendo su evolución a posteriori, se podrán entonces contrarrestar los efectos interviniendo, por ejemplo, sobre el número de licencias concedidas, así como sobre algunas cláusulas impuestas a éstas (control de los factores que determinan la potencia de pesca). En el plan se deberá prever concretamente la posibilidad de transferir la licencia de una categoría de potencia a otra, o de un sistema de pesca a otro (pues el método es aplicable a flotas heterogéneas). En general. se preferirá un sistema de varias categorías de potencia de pesca de suerte que sea posible la evolución de la flota y se evite un aumento brutal de la potencia de pesca de la flota al aplicarse el sistema. En efecto, tal incremento será inevitable en el caso de un límite único, pues todos los pescadores tienden a adquirir inmediatamente barcos de una potencia correspondiente al límite establecido.
Para apreciar la mayor productividad en cada clase de barcos y comparar sus respectivas capacidades de pesca, convendrá seguir las características correspondientes de los barcos dentro de las distintas categorías. Podrán hacerse estas apreciaciones sobre la base de muestras convenientemente escogidas. En efecto, no es necesario asegurar una cobertura completa de toda la flota en la compilación de estadísticas de captura y de CPUE, exigencia ésta que constituye una gran dificultad en el sistema de los cupos de captura. Las características globales (captura, esfuerzo) de la pesquería considerada en su conjunto podrán extrapolarse proporcionalmente al número de embarcaciones con licencia, dimensión ésta más fácil de controlar íntegramente que la captura, pues se compone de unidades mayores y más fáciles de seguir. En el terreno práctico se tratará de prever la mayor productividad (variaciones de q) para poder así contrarrestar los retrasos inevitables entre el seguimiento de la pesquería y el establecimiento de la capacidad de captura máxima, así como los sesgos que influyen en su correspondencia.
El inconveniente grave que presenta este método estriba en la dificultad que existe en controlar eficazmente esa mayor productividad. Si bien es verdad que varios programas de limitación de la capacidad de captura han logrado disminuir considerablemente el ritmo de incremento del esfuerzo de pesca, los que han logrado de forma satisfactoria constituyen excepción. Si, por ejemplo, en las pesquerías japonesas de altura se ha logrado casi eso, hay que reconocer que lo ha sido durante mucho tiempo en un marco donde se podía transferir a otras pesquerías las capacidades de captura resultantes excedentarias en las pesquerías plenamente desarrolladas (Kasahara, 1964; Asada, 1973). Sin embargo, este mecanismo de regulación tiene la gran ventaja de afrontar directamente la causa misma de la sobreexplotación: tratando de bloquear las inversiones en cuanto a medios de captura, se limita el conjunto de los gastos de explotación manteniendo al propio tiempo las capturas a nivel que se considera adecuado para la población.
En cuanto al establecimiento de cupos para las capturas, el sistema se presta muy bien para prevenir una explotación excesiva en casos de reducción imprevista de la biomasa de la población. La ecuación (2) sugiere, y diversos estudios de simulación (Walter, 1976) demuestran que, por lo menos para las poblaciones demersales1, la mortalidad por pesca se mantiene entre límites más estrechos bloqueando la capacidad de captura más bien que fijando un cupo. Significa esto que la limitación de los medios de captura es por lo general más segura desde el punto de vista de la conservación del recurso y menos exigente por lo que respecta a la vigilancia de éste. En la medida en que se disponga de la posibilidad o de la autoridad necesarias para eliminar las capacidades de captura excedentarias, habría que poderse sacar de ello beneficios considerables por lo que respecta a los gastos de investigación necesarios para la vigilancia de las poblaciones. Esta particularidad es interesante en los países en que son reducidos los medios de investigación.
Por último, es de esperar que, una vez adoptadas las cláusulas de acceso a las pesquerías (Sección 4.1), los pescadores admitidos se muestran propensos a prestar su apoyo de principio a un sistema que pueda llevar a una mejora de sus ingresos y a una seguridad y estabilidad que hasta entonces desconocían. En realidad, en varias pesquerías (la de nasa de Sudáfrica y de Namibia (Gertenbach, 1973)); la de langosta de Australia occidental (Meany, 1978)), los regímenes de control de participación se han establecido por propia iniciativa de los asociados de los pescadores o de las flotas pesqueras.
Aunque esta distinción no sea teóricamente adecuada para ninguno de los sistemas estudiados, se comprueba que en la práctica la limitación de las capacidades de captura se ha aplicado muchas veces a conjuntos amplios que engloban en una misma unidad de ordenación a varias poblaciones y, llegado el caso, artes diferentes (pesca japonesa del atún, pesca del salmón en la Columbia británica, etc.). Así, por ejemplo, el sistema de licencia por cuyo medio el Japón administra el conjunto de sus pesquerías de altura en el mundo, no distinguía al principio de los años 70 sino 17 unidades de ordenación (Asada, 1973). Contrariamente a esta estrategia que actúa sobre el conjunto de los medios de captura, con los cupos muchas veces se ha tratado de transponer en la ordenación el resultado de evaluaciones relativas a unidades de población más pequeñas que las de explotación. Esta práctica presenta dos graves inconvenientes:
no tiene siempre suficientemente en cuenta la incompatilidad - achacable a la imposibilidad de aprovechar plenamente poblaciones explotadas durante las mismas operaciones de pesca - de cupos previstos independientemente para las diversas unidades de explotación y, de forma más general, limitaciones que se manifiestan a nivel de flotas y de sus operaciones;
supone la existencia de capacidades administrativas que pueden administrar un conjunto de unidades de ordenación complejas mientras que en una mayoría de países falla esa capacidad.
Se ha prestado, relativamente hablando, demasiada atención a la precisión y al detalle y no tanta a la viabilidad de las medidas y a su eficacia final. No obstante, al elaborar un plan de control de las capacidades de captura habría que proceder preferentemente de lo general a lo particular y no a la inversa, y considerar sucesivamente:
la definición de las grandes pesquerías que es posible administrar por separado;
la evaluación y la comparación de los factores que influyen en la capacidad de pesca (número y características de las artes; algunas características de las embarcaciones: tonelaje, potencia motriz, etc., número de pescadores, etc.);
la elección, en base a esos factores, de los distintos elementos (barcos, equipo, aparejos, pescadores) y de la red de categorías a las que se impondrá el sistema de licencias destinado a limitar el esfuerzo de pesca individual y global;
la definición, en su caso, de los límites impuestos a la pesquería en su conjunto y a las categorías de embarcaciones que la componen, por lo que respecta a las poblaciones explotables y a las áreas de pesca; se hará esto mediante cláusulas anexas a cada licencia y en las que se definirán concretamente:
las áreas y las estaciones de pesca autorizadas o prohibidas;
los porcentajes de captura que no se pueden superar - por año, marea, etc. - para algunas especies que habría que conservar, con carácter permanente o transitorio, de una explotación excesiva1.
Las cláusulas concernientes a las zonas y temporadas de pesca autorizadas servirán a la vez para determinar los recursos asignados a cada pesquería o categoría de barcos y reducir los conflictos, sobre todo entre artes, que pueden enfrentar a las distintas flotas. Se partirá por lo tanto de un plan de conjunto simple, que se perfilará progresivamente sobre la base de la experiencia adquirida en su aplicación y de estudios complementarios.
Estas ventajas no podrían ocultar las dificultades de aplicación de este mecanismo de regulación de la pesca. Tales dificultades - y sobre todo los reparos políticos como los gastos de aplicación - exigirán una correcta apreciación y comparación con los beneficios que se esperan. Cabrá así la posibilidad de dedicarse prioritariamente a la regulación de las pesquerías que pueden dar los beneficios netos más substanciales.
Al analizar estas dificultades hay que distinguir entre las que son propias del método en sí y las que van unidas a la regulación del nivel de explotación en general. En todo plan de ordenación hay que reconocer que el carácter limitado del recurso lleva consigo el de la explotación y, por consiguiente, la regulación de la participación en ésta. El control del acceso planteará el problema de la distribución de los beneficios netos que producirá la regulación de la pesca. Esta cuestión se abordará en la Sección 4; plantea problemas muy complejos tanto en el plano político como social, independientemente de los mecanismos previstos para regular el esfuerzo.
Son todavía raros los planes de ordenación que reconocen expresamente que una pesquería bien administrada - como también las concesiones temporales para la acuicultura extensiva - producirá una plusvalía económica, que, rebasando un nivel conveniente de desarrollo, conviene impedir la reinversión de esa plusvalía en la pesquería y hacer que revierta al propietario del recurso (Estado, en cuanto representante de la sociedad, o pescadores; véase Sección 4). Esta situación se explica sin duda por el hecho de que, a falta de ordenación, las pesquerías no proporcionan a los pescadores sino un ingreso marginal, por lo que la cuestión de la detracción de esa plusvalía e incluso, todavía más, la del reconocimiento de su existencia, parecen ya hace mucho tiempo políticamente prematuras y académicas.
La cuestión no obstante reviste importancia para el éxito mismo de los planes. Primero, porque las cláusulas de acceso a la pesquería influirán directamente en las posibilidades de acceso de algunos grupos socioprofesionales y, por lo tanto, en la distribución de los ingresos entre los operadores presentes o potenciales. No se pueden oponer razonablemente estas consecuencias al principio de la regulación del acceso a una pesquería. En efecto, la evolución de ésta, bien se verifique en ausencia de medidas de ordenación o que derive de estímulos dados en el marco de planes de desarrollo, tendrá repercusiones totalmente comparables sobre la participación en las pesquerías . Así, por ejemplo, el desarrollo de una pesca con redes de arrastre podrá, por ejemplo, perjudicar la pesca artesanal. Segundo, porque la asignación del ingreso o la detracción por el Estado pueden servir de base al mecanismo de determinación del acceso a la pesquería (véase Sec. 4). En fin porque, como ya se ha subrayado más arriba, la ordenación debe impedir la reinversión de la plusvalía, una vez alcanzado el nivel de desarrollo correspondiente al objetivo de ordenación establecido: al detraer dicha plusvalía, la autoridad encargada de la ordenación se verá muy facilitada la tarea; de lo contrario, no harán más que reforzarse las presiones a un equipamiento y capitalización excesivos.
La dificultad real de este mecanismo de regulación de la pesca estriba en el control permanente de la mayor productividad que proviene de innovaciones tecnológicas o de mejora de los sistemas de pesca, es decir, que radica en la gestión regular de los traspasos de licencias dentro de una misma unidad de ordenación, de una categoría de tamaño de barco a otra y, llegado el caso, de un método de pesca a otro. Al respecto hacen falta más investigaciones y mayor experiencia, que podrían obtenerse de la realización de proyectos piloto. Conviene reconocer esta dinámica previendo sistemas de ordenación flexibles que no quiten a la flota su capacidad de adaptación y de evolución, sin por ello dejar de ser capaz de controlar el esfuerzo total que despliega. Entraña esto la existencia de una autoridad con poder decisorio y el apoyo de los principales interesados para retirar las capacidades de captura que resulten excedentarias. Estas condiciones sólo concurren hasta ahora en algunas pesquerías nacionales (Sudáfrica, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Namibia, etc.) (Pearse, 1979; Rettig y Ginter, 1978).
La independencia y la autoridad de la administración central serán teóricamerte mayores frente a flotas extranjeras1. La administración nacional dispone entonces en principio de un gran margen de maniobra para movilizar cada año el número deseado de barcos con las características adecuadas para lograr el objetivo de ordenación establecido (Doucet, Pearse y Troadec, 1981). Para ella podrá recurrirse, por ejemplo, a sistemas de licitaciones que permitan hacer entrar en competición a las flotas extranjeras más eficaces y capaces por tanto de presentar las ofertas más interesantes y producir los ingresos más fuertes. Actualmente, los países ricos en recursos parecen hallarse en situación de fuerza en la negociación de acuerdos de cooperación dadas las capacidades de captura excedentarias de países armadores de flotas de gran altura. No se excluye que la posición ventajosa de aquellos se deteriore una vez que éstos hayan eliminado esas capacidades excesivas. Sin embargo, son raras las pesquerías en que se ha reconocido el interés de maximizar los ingresos, sea cual sea la forma - en especie o en dinero - en que se obtenga y se ha admitido la necesidad para ello de intervenir sobre el nivel total del esfuerzo de pesca. Para aquellos países en que la maximización de los ingresos económicos netos constituye el objetivo de ordenación prioritario y que no disponen todavía de los medios de captura suficientes, a esta fórmula de gestión de la participación extranjera no se le ha sacado todavía pleno partido.
Lo mismo se trate de las inversiones (barcos) o de la mano de obra (pescadores), las pesquerías nacionales distan mucho de ofrecer la misma movilidad. El riesgo de un equipamiento y aprovechamiento excesivos no deja de ser mayor. Mientras para el conjunto de las pesquerías nacionales existan posibilidades de ampliación, puede recurrirse a transferencias de una unidad objeto de ordenación atascada hacia otra que ofrezca todavía posibilidades de expansión. De esta forma, por ejemplo, Japón ha podido, tras la Segunda Guerra Mundial, redistribuir sus capacidades de captura excedentarias y armonizar el desarrollo de sus pesquerías de altura (Kasahara, 1964; Asada, 1973). Cuando se agotan estas posibilidades, se plantea el difícil problema de retirar las capacidades de captura correspondientes a la mayor productividad regular alcanzada. Aunque esta observación no ofrece solución, se observará que la cuestión se plantea con igual agudeza en una pesquería no ordenada pero con la diferencia de que, en una pesquería bien administrada, el recurso a las subvenciones para permitir el retiro de las capacidades sobrantes se justificará plenamente ante la perspectiva que ofrecen de sostener la pesquería en buena situación económica. Por otra parte, el costo de los programas necesarios de retirada deberían poderse cubrir con la plusvalía producida por la pesquería. Es más, los profesionales de pesca han tomado ya unilateralmente en varias pesquerías japonesas dichas medidas (rescate de licencias para la retirada de las capacidades sobrantes de capturas), lo que demuestra el interés de la ordenación para todo este ramo profesional tomado globalmente.
Cabe preguntarse por qué no se ha recurrido más frecuentemente al sistema de regulación del esfuerzo y de control de las capacidades de captura y por qué se ha aplicado ampliamente el sistema de cupos en las pesquerías internacionales. Se ha aducido a menudo que la captura constituía una unidad de medida común de la participación en la pesquería: en tal sentido debía ser por lo tanto menos discutible y, por consiguiente, más aceptable al conjunto de los partícipes que el esfuerzo de pesca. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que las posibilidades de declarar menos capturas de las efectuadas podían introducir desviaciones al menos comparables a las propias de las dificultades de estimación del esfuerzo de pesca. La verdadera razón parece ser otra: en las pesquerías internacionales, las partes no habían concordado, ni siquiera implícitamente, planes a largo plazo de distribución de los recursos y de participación en su explotación. En esos casos, es decir en una concurrencia destinada en principio a seguir abierta, los medios de captura representaban para los países el instrumento privilegiado para defender sus derechos en la parte que estimaban que debía o podía corresponderles. Para esos países no cabía hablar entonces de bloquear ese instrumento. La actitud que respectivamente los países ribereños y los países armadores de flotas de altura adoptaban en las reuniones científicas organizadas por la CIPAN para confrontar los méritos de los dos sistemas a este respecto es significativa (ICNAF, 1973): los expertos de los países ribereños defendían la regulación de la pesca mediante la reglamentación del esfuerzo, en cambio los representantes de los países con flotas de gran altura propugnaban el control de las capturas.
En el antiguo régimen, los copartícipes más eficaces o mejor establecidos en la pesquería se sentían entonces tentados a defender las ventajas del cupo global justificándolo por el carácter común del recurso y el factor de progreso que constituye la competencia. El sistema de un cupo de captura único, o por países, representaba entonces, en relación con el sistema de limitación del esfuerzo y de las capacidades de captura, el máximo de lo que entonces era políticamente aceptable. De lo que resultaba que la ordenación no podía ir más allá de la simple conservación de los recursos y, en el mejor de los casos, de la distribución inmediata de la captura total aceptada según fórmulas revisables cada año (Troadec, en preparación). Si esta explicación era fundada, cabe pensar que el estatuto jurídico de las pesquerías comunes (pesquerías basadas en poblaciones comunes, pesquerías bajo la responsabilidad de la Comisión Ecónomica Europea, por ejemplo) generó la adopción de sistemas de limitación y de distribución por países de las capacidades de captura.
Ya se ha visto (Sec. 3.2) que había dificultades en aplicar a las pesquerías el sistema de cupos individuales de captura. Ahora bien, la idea sigue interesando, es decir, la de colocar al operador en una situación que le lleve a reducir al mínimo los costos de su explotación. Cuando su recurso (biomasa) pueda distribuirse entre los operadores, éstos deberían también estar en condiciones por sí mismos de asegurar los elementos básicos de la ordenación indispensable al mismo tiempo que el aprovechamiento de la pesquería. Esta solución presenta la enorme ventaja para la autoridad central de reducir considerablemente el costo y la complejidad de la vigilancia. Por desgracia, en las pesquerías, la aplicabilidad de este método se reduce a causa de la movilidad de las especies, que impide la distribución directa a los pescadores de porciones determinadas de poblaciones. Sin embargo, existen algunas poblaciones, sobre todo aquellas cuya fase explotada es sedentaria o poco móvil, que ofrecen esa posibilidad. Después de haber tratado de la regulación de las capturas y de la limitación directa del esfuerzo de pesca, en este capítulo se describe brevemente esta tercera fórmula de ordenación.
El grado de sedentarismo de la fase explotada de la población determinará directamente la posibilidad de distribuir el recurso y la responsabilidad de su explotación entre los pescadores, tomados individualmente o por pequeños grupos (aldeas, cooperativas, agrupaciones profesionales, etc.). Para que sea viable el sistema, esto es, para que cada pescador o grupo de pescadores se interese directamente por la buena explotación de su lote, es preciso que dentro de cada lote los métodos de explotación repercutan directamente en la porción correspondiente del recurso y en los rendimientos futuros y, relativamente poco en la población y en las capturas de los lotes vecinos. Cuando concurren estas condiciones, puede distribuirse el recurso. En algunas pesquerías tradicionales, este mecanismo se aplicaba o aplica corrientemente. En Japón, un sistema de este tipo y la distribución de derechos exclusivos de pesca en determinados sectores para la captura de especies más móviles y la acuicultura extensiva sirven de base para la ordenación de las pesquerías costeras (Herrington, 1971; Asada, 1973). En Bretaña (Francia), el corte del fuco se distribuía, según el derecho consuetudinario, por lotes de peñascos (Arzel, en preparación). En Italia, para regular la pesquería adriática de bivalvos (“vongole”), se ha adoptado más recientemente pero con el mismo espíritu la adjudicación de derechos exclusivos de explotación (D. Levi, com. pers.). En Suecia, los derechos de explotación de los bancos de ostras naturales se han adscrito tradicionalmente a la propiedad territorial sobre la costa adyacente (Lindquist, com. pers.).
Para la asignación de derechos de pesca exclusivos sobre porciones del recurso, no es indispensable que la población sea estrictamente sedentaria o sésil. Basta que los intercambios entre lotes sean lo suficientemente reducidos para que las capturas futuras de cada pescador o grupo de operadores, que constituyen la unidad de explotación, estén más influidos por los métodos aplicados en su propia actividad que por la explotación que se realiza en los lotes vecinos.
A este respecto interesa recordar el ejemplo del régimen de ordenación desarrollado por los pescadores de bogavante del Maine (EE.UU.) (Acheson, 1975). Estos pescadores controlan oficiosamente pero eficazmente el acceso a su pesquería y se distribuyen el recurso repartiéndose entre las aldeas ribereñas el espacio de pesca. Dentro de cada aldea de pescadores, el acceso a la pesquería está rigurosamente controlado por la propia comunidad. Actualmente, predominan dos sistemas territoriales: el tradicional, según el cual los territorios de pesca de cada aldea están rigurosamente delimitados, sin gran superposición y la tendencia reciente según la cual los límites resultan más difusos más adentro, y en la periferia de los respectivos territorios se acepta una cierta superposi- ción de las operaciones de pesca realizadas por cada aldea. Enseña mucho la comparación de los regímenes de pesca que prevalecen en cada uno de los dos sistemas y sus consecuencias. Se observa que, frente a lo que sucede en los territorios más permeables, en los feudos estrictamente delimitados los pescadores han reducido muchas veces por su cuenta el tiempo de pesca individual (número de salidas anuales), y esto sin que haya habido repercusiones en sus capturas. Por otra parte, la comparación de los histogramas de talla de las capturas realizadas en los dos tipos de territorio muestra que la población por término medio es más adulta en los sectores estrictamente delimitados. Lo cual es indicio de una explotación menos intensiva.
Por lo tanto, los pescadores han podido por sí mismos:
distribuirse oficiosa pero eficazmente, el recurso;
controlar su concurrencia regulando el acceso y la participación en la pesquería;
limitar el esfuerzo de pesca individual y total;
llegar así a una mejor explotación de la población en los planos tanto biológico como económico.
Para poder aplicar este método no es por lo tanto indispensable que el recurso sea rigurosamente sedentario. Unicamente que cuanto más móvil sea la especie en su fase explotada y más vasta el área de distribución de la población, más extensas serán las unidades de explotación objeto de ordenación por separado y más elevados tendrán que ser los efectivos de los grupos de pescadores correspondientes. Esta ampliación de las unidades tropezará con el ejercicio de una autodisciplina y comportamiento comunitario dentro de cada grupo: en la medida en que éstos aumenten, harán su aparición las motivaciones de los individuos para competir entre sí y la antinomia entre intereses individuales y bien común. Pero, incluso para las especies que sólo podrán ser ordenadas por conjuntos amplios (pequeños pelágicos, por ejemplo), no deben descuidarse las posibilidades de responsabilización - sobre todo la delegación de una porción de la función ordenadora - que ofrece la asignación del recurso a un grupo de operadores.
Por consiguiente, los planes de distribución, de mezcla y de migración de las especies influirán en el tamaño de las comunidades de pescadores que pueden asumir comunitariamente la ordenación de las poblaciones en cuestión, así como en el grado y los términos de los conflictos de intereses que pueden surgir entre ellos. En la Sección 4.2 se estudian estas cuestiones: en pequeña escala, en efecto, la incidencia de la movilidad de las poblaciones sobre la competencia entre los operadores y el interés y las condiciones de su cooperación se plantean en términos idénticos en las pesquerías nacionales que en las relativas a poblaciones que compartan varios países.
En este mecanismo de ordenación se clasifican a menudo los regímenes en los que se asignan derechos de pesca exclusivos para la captura de especies móviles a determinados operadores (pescadores o comunidades) en algunas áreas de pesca. Los derechos se refieren entonces al empleo de un número fijo de artes (redes fijas, nasas de playa, balsas de atracción de los túnidos, etc.) de determinadas características. Administrativamente hablando, este sistema presenta grandes analogías con el sistema de distribución directa del recurso. La distribución de estos derechos exclusivos de pesca en algunas áreas delimitadas puede también regular el índice de explotación, permitir sacar beneficios netos e interesar a los pescadores en la ordenación. Ahora bien, desde el punto de vista de la teoría de la ordenación, este sistema es análogo al sistema de licencias y de regulación del esfuerzo de pesca de que se habla en la Sección anterior. Dada la movilidad de las especies, no se puede en efecto haber una distribución propiamente dicha del recurso y un interesamiento directo del operador por la adaptación de los medios y costos de explotación a la productividad del recurso. La autoridad encargada de la ordenación tendrá siempre que fijar y administrar el número, la densidad, el reparto y las características que determinan la potencia de pesca de las artes autorizadas, de suerte que las capacidades totales de captura no superen el tope necesario para alcanzar el índice de explotación elegido.
La adjudicación de concesiones del dominio público para la acuicultura litoral extensiva, por ejemplo, para la conchilicultura o la cría en cajas, puede constituir a veces un caso intermedio: en general, más que del sitio - que es fijo, es del ambiente (alimentación en suspenso, contaminación), que es móvil de donde depende la población - que le suministra el operador para su desarrollo: el medio podrá constituir el elemento esencial del recurso común. Tendrá entonces que ser ordenado por una autoridad central. Si los caladeros pueden distribuirse fácilmente a operadores individuales, la intervención de esta autoridad seguirá siendo necesaria para determinar la densidad y las condiciones óptimas de aprovechamiento de la especie marina así como para la conservación de la productividad de ese sector (control de la contaminación, densidad y distribución óptima de las cajas y concesiones conchilículas).
El último punto que hay que examinar para la preparación y gestión de sistemas de arriendo del recurso es la determinación del índice adecuado de explotación y la capacidad de los operadores para determinarlos convenientemente ellos mismos. Para algunas poblaciones, como las algas, la frecuencia, la intensidad y los sistemas de corte (para asegurar un buen rebrote de las mismas) pueden haberse establecido en base a la experiencia (Arzel, en preparación): entonces los pescadores podrán aplicar independientemente un régimen de explotación óptimo. Para otros, la determinación de la tasa óptima de mortalidad por pesca (F = Y/B), ecuación (1) es más compleja como lo será entonces la fijación de las modalidades de su relización. Hará falta un apoyo científico para determinar esas condiciones óptimas de explotación (cuota individual de captura, selección de edades y de especies). Ese apoyo resultará necesario de forma rutinaria si la biomasa puede variar considerablemente por efecto de factores naturales, y requiere cada año el reajuste de las reglamentaciones.
La ordenación de la pesca y de la acuicultura extensiva - que en un principio estaba llamada a quedar concentrada en las zonas del litoral - debería basarse cada día más en la adjudicación de derechos exclusivos, pero no necesariamente permanentes, a operadores o grupos de operadores individuales en determinados sectores geográficos. Esta adjudicación puede hacerse de diferentes formas: asignación del recurso mismo, licencia de pesca, concesiones acuícolas, cupos de captura. Al ser en parte antinómicos los diversos tipos de utilización y de aprovechamiento de la producción biológica de este espacio (la pesca de arrastre, la pesca artesanal con artes fijas, las concesiones acuícolas, etc., son inconciliables), deberá integrarse forzosamente la ordenación de las pesquerías y de la acuicultura extensiva. La propia administración debería llevar a cabo su aplicación. Por idénticas razones, y si la misma entidad de investigación se encarga paralelamente de los estudios básicos sobre los métodos de distribución de los recursos y de la regulación de la explotación de la materia viva en el espacio marino litoral, es mucho lo que se ganaría.
Se ha visto (Sección 2.1.2) que todo control eficaz de la pesca lleva a la producción de un ingreso económico neto conexo al valor territorial del recurso, es decir de una plusvalía que viene a sumarse a los ingresos ordinarios del capital y del trabajo necesarios para su explotación. Esta relación puede utilizarse en sentido inverso: el índice de explotación experimentado por una pesquería puede regularse indirectamente detrayendo directamente la plusvalía. Teóricamente, si se detrae el ingreso correspondiente al nivel de explotación deseado, la pesquería acabará estabilizándose en ese nivel, al ser entonces iguales al valor de las capturas los costos globales de producción - incluida la detracción de la plusvalía.
En la práctica, es difícil emplear directamente ese mecanismo en una pesquería nacional no ordenada para mejorar su estado. Bajo el aspecto económico y político, no serían aceptables por los pescadores al incremento temporal de los gravámenes y la reducción simultánea del empleo que supone la reducción del esfuerzo indispensable para ese mejoramiento. En cambio, puede pensarse en aplicar ese sistema cubriendo el sobre costo impuesto a los pescadores durante la fase de reconstrucción de la pesquería. Una vez reducida la pesquería al nivel de explotación conveniente, tendría todo su valor este mecanismo de intervención.
La plusvalía puede detraerse:
antes de la captura, en forma de un canon que se pagaría para obtener la licencia de pesca, el cupo de captura o la alicuota del recurso;
o, después de la captura, en forma de tasas y de impuestos diversos o mediante un control de los precios impuestos a los pescadores.
En el primer caso y después de haber determinado el nivel óptimo de captura, se podrá o fijar el canon que da derecho a pescar la porción de la captura total en un importe correspondiente al valor estimado de su plusvalía, o mediante un sistema de subastas dejar que el importe total de los cánones se establezca por sí mismo al nivel del ingreso. Esta última fórmula más flexible, parece en principio prestarse bien para la participación de barcos extranjeros: si hay suficiente competencia, los barcos más eficaces estarán en condiciones de presentar las ofertas más interesantes. Este método debería permitir aumentar la renta no sólo regulando el esfuerzo de pesca sino también movilizando las embarcaciones más productivas y, por lo tanto, en condiciones de realizar al costo menor las capturas fijadas.
La plusvalía es psicológicamente mucho más difícil de detraer una vez que ha pasado a los pescadores. En cambio, esta detracción puede efectuarse cuando los pescadores no manejan realmente los ingresos. En los países de economía dirigida, el Estado puede regular el índice de explotación mediante un control de los precios unitarios pagados a los pescadores. Se obtiene una renta del recurso. Se materializará ésta en forma de un suministro proteínico barato a la población. Christy et al. (1981) ofrecen un buen ejemplo de tasación indirecta a la pesquería del listado de las Maldivas, que constituye, junto con el turismo, la principal riqueza del país. Se exporta casi toda la producción. El Gobierno asegura su comercialización. Aplicando a la compra de las capturas el curso oficial de la moneda del país, sólo se paga realmente a los pescadores la mitad más o menos del precio real de exportación. Se detrae así directamente la plusvalía, que se emplea para subvencionar prácticamente la importación de productos de primera necesidad (cereales, alimentos para niños pequeños, motores para la pesca, etc.): lo que se logra aplicando, en sentido inverso, el cambio oficial de la moneda local para calcular el precio de venta de los productos importados en el país.
