La regulación de la pesca, necesaria por el carácter limitado de los recursos pesqueros, lleva también consigo un control de la participación en las pesquerías y del reparto de las riquezas producidas por su explotación. Invocando la libre empresa o el carácter común de las poblaciones pesqueras, algunos claman contra esta afirmación. Se oponen sobre todo al concepto de entrada limitada1 y de regulación de la pesca mediante la expedición de un número limitado de licencias, aduciendo que su aplicación crearía una situación de monopolio para los pescadores beneficiados por su otorgamiento. Esta afirmación, formulada sin más explicación, sigue creando confusión entre un derecho de principio - el de que todo ciudadano puede llegar a participar en las pesquerías nacionales - y circunstancias muy reales - las de que el número de pescadores que pueden vivir con los recursos pesqueros nacionales es limitado y que la realización de los objetivos nacionales de aprovechamiento y ordenación de las pesquerías nacionales depende de la definición y aplicación de cláusulas que establecen las condiciones de acceso y de reparto de los beneficios entre los operadores así como entre éstos y la socciedad. En las secciones precedentes se han dado varios ejemplos de las repercusiones a veces nefastas que sobre el estado económico de las pesquerías, el empleo, los ingresos individuales de los pescadores o las transferencias de rentas entre diferentes grupos de pescadores tiene la falta de decisiones explícitas en materia de ordenación. Más consecuencias implícitas son de preferir los efectos que derivan de elecciones razonadas y explícitas. Una situación de este tipo no es exclusiva de las pesquerías. En agricultura, por ejemplo, el aumento de número de campesinos puede, si no gozan de la movilidad necesaria, acarrear una reducción excesiva de la superficie cultivada individualmente y requerir la intervención de los poderes públicos. La expresión “de entrada limitada” se presta pues a confusión: no es el acceso de este o aquel operador potencial lo que debe prohibirse, sino que será el efectivo de los pescadores el que se beneficiará de la regulación. Unicamente que el carácter común del recurso hace que en las pesquerías sea mayor la necesidad de intervención central si se quieren realizar plenamente las posibilidades que ofrece este sector de la economía.
1 “Limited entry” en la literatura anglosajona
El problema que plantea la distribución de los recursos es político al mismo tiempo que técnico. Se trata en último término de decidir cuál debe ser el reparto de beneficios netos obtenidos de la pesca entre los operadores presentes y potenciales, entre el capital (flota) y la mano de obra (tripulaciones), entre los productores y los consumidores, y por último, entre el sector pesquero y el conjunto de la economía nacional. En el terreno técnico, se trata de elaborar mecanismos que permitan poner en práctica los esquemas de distribución elegidos; si, a la postre, lo que interesa es la distribución de los beneficios, habrá entonces que determinar si puede hacerse mejor distribuyendo el recurso mismo, los medios de captura, la captura en sí o incluso, directamente, la plusvalía, y las consecuencias que la elección de uno u otro de esos mecanismos tiene en el reparto de los beneficios netos.
La distinción entre la función política y la función administrativa de la ordenación es fundamental, aunque no siempre se aprecie en su justo valor, al asimilarse muchas veces la toma de decisión a la función administrativa. Las dos tareas no pueden confundirse en el terreno práctico sino cuando las tomas de decisión puedan adoptarse en función de un consenso por lo menos implícito sobre el reparto de los recursos y de los beneficios actuales o virtuales de su pesca. Siempre que, para las decisiones que se planteen, no exista un marco de referencia o que el equilibrio hasta entonces aceptado por las partes interesadas se ponga en tela de juicio, se impone el recurso a los mecanismos lo mismo que a los responsables políticos. Por ejemplo, la decisión adoptada durante el verano de 1980 por los armadores de Boulogne (Francia) de reducir el efectivo de las tripulaciones para compensar el aumento del precio del gasolio provocó una huelga, conflicto que sólo pudo resolverse recurriendo a los medios políticos. Esta observación vale tanto a nivel nacional (reparto entre diversos grupos de pescadores o socioprofesionales) que internacional (poblaciones comunes).
Lo ideal sería que las políticas que se apliquen y desarrollen progresivamente cumplan tres condiciones:
mantener la tasa de explotación al nivel correspondiente al objetivo de ordenación previsto;
obtener los beneficios netos pertinentes y lograr que se distribuyan de acuerdo con la política establecida;
favorecer su aplicación.
Además, estos planes de reparto y de ordenación no deberían demorar las mejoras tecnológicas que puedan producir una mayor productividad, ni inhibir la iniciativa personal. Deberían por último reducir los riesgos de arbitrariedad o de corrupción cuando se asignen los derechos de acceso a las pesquerías. Los mecanismos de distribución de los recursos que responden a estas inquietudes se montan en torno a dos opciones fundamentales.
La primera parte de que el recurso pesquero, lo mismo que el dominio público asignable a las empresas acuícolas, pertenece a la sociedad. El Estado otorga entonces a los operadores licencias de explotación temporales de suerte que se pueda hacer una revisión periódica de los planes de distribución y la sustitución dando entrada eventual a nuevos participantes. Estos esquemas podrán reconocer derechos preferentes a algunas categorías socioprofesionales. Por ejemplo, para contrarrestar una movilidad, con frecuencia menor de mano de obra y de inversiones, en la pesca artesanal, o para tener en cuenta la necesidad de lanzar programas de desarrollo que beneficien directamente a los sectores más desfavorecidos de la población cuando se hace mal la redistribución de las riquezas, se podrá admitir que los pescadores tienen prioridad de acceso a las pesquerías y también a los planes de desarrollo de la acuicultura extensiva en zonas del litoral. Asímismo, para conservar y aprovechar totalmente su mejor conocimiento y apreciación del espacio natural en que viven, podrá también admitirse que los que participan ya en la pesquería o que explotan ya concesiones acuícolas tengan, en igualdad de condiciones, prioridad sobre los nuevos aspirantes. Las licencias se concederán entonces para períodos suficientemente largos que permitan la rentabilización de las inversiones autorizadas. La duración de esos períodos se fijará en función de la movilidad de las inversiones y de la mano de obra: así, serán largos (por ejemplo, un decenio) en el caso de pesquerías nacionales y desde luego más cortos (por ejemplo, un año) en el caso de las flotas extranjeras de gran altura que pueden operar en las zonas de soberanía de un país ribereño.
La segunda opción consiste en admitir que el recurso pertenece a los pescadores que participan en la pesquería. En ese caso, las licencias equivalen en cierto modo a acciones sobre el recurso; éstas pueden entonces transferirse o rescatarse sobre la base del valor comercial que adquieren con los avances efectuados en la ordenación.
En efecto, el valor de las licencias de pesca tenderá a acercarse al del ingreso resultante del control de la pesca. Si se admite que el recurso es posición del Estado, pero éste concede los derechos de pesca gratuitamente, la autoridad encargada de la ordenación estará sujeta a grandes presiones en la concesión de las licencias. De ahí el interés que existe en apoyarse en los mecanismos de mercado, completados en los casos necesarios por cláusulas destinadas a proteger los derechos, tanto históricos como de otro tipo, y a reducir las desventajas reconocidas en algunas comunidades o grupos socioprofesionales: se podrá pues recurrir a un sistema de subasta para su distribución, prever para su libre transmisión que los pescadores pueden revenderlas libremente y, llegado el caso, hacer que la administración pueda rescatar un cierto número de ellas con objeto de compensar la mayor productividad conseguida o eliminar las capacidades excesivas en las pesquerías inicialmente sobreexplotadas. Esas transacciones se harán sobre la base del valor comercial de las licencias que determine el mercado.
Como quiera que los mecanismos del mercado pudieran no funcionar perfectamente, para evitar que en la distribución de las riquezas se produzcan transferencias, concentraciones o monopolios indeseables, podría resultar conveniente que la administración central mantenga una cierta facultad de intervención. Tal será el caso, por ejemplo, cuando las poblaciones locales no disponen de las mismas capacidades de movilización del capital y de las tecnologías nuevas necesarias para el pleno aprovechamiento de los recursos costeros que explotan tradicionalmente. La aparición de nuevas formas de explotación de los recursos (pesca industrial en los países en desarrollo, nuevas modalidades de acuicultura extensiva, etc.) puede entonces atraer a nuevos operadores que tienen una eficacia superior y excluyen así parcialmente a los pescadores tradicionales, desfavorecidos por una movilidad insuficiente y alternativas en un principio reducidas.
En la práctica, la cuestión de la propiedad del recurso y del valor que se les adscriba se reconoce pocas veces con claridad. Esto se debe en parte a que los planes de regulación se a plican a menudo inicialmente a pesquerías ya sobreexplotadas en las que el valor de la renta es casi nulo. Las licencias se conceden entonces, sin limitación de tiempo, a todos o a la casi totalidad de los pescadores presentes. Esta práctica equivale a convertir en propietarios del recurso a los pescadores presentes en el momento del bloqueo de la participación y en asignarles casi toda la renta económica, teniendo sus sucesores que comprarles un derecho de pesca por un valor correspondiente a esa renta.
Esta práctica no prevé expresamente la renovación periódica de las licencias, medida que facilita mucho la tasación por el Estado de la renta producida cada año gracias a una riqueza natural nacional, el reajuste periódico de la capacidad de captura a la productividad de la población y el reemplazo eventual de algunos operadores por recién llegados que pueden mejorar la rentabilidad de la explotación. Cuando se otorgan las licencias para períodos largos, se debería prever concretamente la renovación cada año de los derechos de una parte de la flota pesquera que podría ser igual al efectivo total dividido por el número de años de validez de las licencias, de suerte que la administración pueda regular sin demora la capacidad total de captura mediante pequeños toques sucesivos.
Se observará en fin que la detracción de la renta por el Estado recurriendo a los mecanismos del mercado o incluso la privatización del recurso y la transmisión de los derechos de propiedad por los mismos mecanismos no mejorarán en principio directamente el ingreso individual medio de los pescadores. Podrá ser aceptable este recurso cuando los pescadores gocen de una movilidad para abandonar la pesca comparable a la que disfruten los otros sectores de la economía que pueden acogerlos. En las pesquerías tradicionales no sucede muchas veces eso, sobre todo en las pesquerías artesanales de los países en desarrollo (Panayotou, 1983). En una pesquerías en equilibrio bioeconómico, en la que la extracción de la renta se sumará a los costos que sufraga el operador, el ingreso individual medio de los pescadores no dependerá de la regulación del esfuerzo, sino fundamentalmente de las medidas que se adopten para aumentar su movilidad (creación de nuevas actividades) o de la asignación a los operadores de una parte del ingreso. Para ello será necesaria la intervención del Estado. Como el apoyo que prestarán los pescadores a la aplicación de los planes de ordenación dependerá de los beneficios que saquen, los avances en la ordenación podrán depender de la aplicación de planes que les permitan recibir una parte de la renta producida por las mejoras introducidas en las pesquerías. El mejoramiento de sus ingresos debería a su vez aumentar su movilidad.
Abundan los ejemplos de conflictos de este tipo: pueden poner frente a frente diferentes grupos socioeconómicos (pesca artesanal y pesca industrial, pesca comercial y pesca deportiva, etc.), así como a diferentes artes (pesca con nasas y con redes de arrastre, por ejemplo) y a diferentes utilizaciones de la riqueza pesquera y del medio ambiente (conchilicultura y contaminación). Los conflictos no se limitan a la captura del recurso. Pueden también manifestarse en el plano de las operaciones pesqueras: por ejemplo, la pesca con artes fijos (palangres, trasmallos, nasas, etc.) es imcompatible materialmente con la pesca de arrastre. Este tipo de conflicto puede zanjarse asignando sectores de pesca distintos a cada sistema de pesca. Muchas veces se reserva una franja costera de anchura variable a la pesca artesanal en consideración de su poco radio de acción y de su menor movilidad. Estas medidas influyen en los esquemas de reparto de los recursos entre los diferentes grupos de pescadores y su evolución; alzan el costo de captura de los pescadores a cuyas operaciones de pesca más eficaces se les pone freno, y acarrean para la administración gastos y dificultades de aplicación, que pueden ser redhibitorias. Ahora bien, estos costos pueden justificarse totalmente en el plano social por lo menos de forma temporal, para proteger a algunos grupos sociales que no se hallan en pie de igualdad por lo que respecta a la movilidad, al acceso a los recursos o a los mercados (Sec. 2.2.1) o para mantener un volumen de empleo donde escasean otras posibilidades de trabajo.
Los conflictos entre pesquerías pueden también manifestarse en la competencia de los mercados. Por ejemplo, el desarrollo de la pesca comercial y el recurso a las importaciones han tenido efectos nefastos en el desarrollo y el estado económico de las pesquerías artesanales de varios países del golfo de Guinea (Longhurst, 1969) incapaces de producir a los mismos precios.
En la Sección 4.2.2 se verá que, bajo el mismo régimen del derecho del mar, la competición entre países copropietarios de las mismas poblaciones se plantea en términos comparables. Dada la segregación que ahora se impone a las operaciones de las flotas nacionales con el establecimiento de las zonas económicas exclusivas, los esquemas de distribución de mezcla de individuos dentro de cada población y de emigración con la edad repercuten directamente en las condiciones de esa competición.
Ahora bien, el problema se planteará de modo más frecuente y más complejo a nivel nacional, primero porque el número de poblaciones compartidas aumentará en función inversa del radio de actuación de las diversas flotas operantes, y luego porque los conflictos dentro de las pesquerías nacionales interesarán a un número superior de factores. Así lo demuestran los graves conflictos que oponen ahora a las pescas artesanales y a las industriales en muchos países, principalmente en el sudeste de Asia (Panayotou, 1983). Contrariamente a la filosofía de libre competencia que reinaba antes en las pesquerías internacionales, donde seguían siendo libres el acceso y la localización de las operaciones pesqueras, las administraciones nacionales no pueden seguir ignorando estos conflictos presentes o potenciales. En esta lucha, las partes no se encuentran realmente en pie de igualdad. Como lo demuestra el ejemplo de la pesca camaronera marfilense (Sec. 2.2.1), la pesca lagunera goza de una posición estratégica dominante porque ejerce su actividad sobre los juveniles. En cambio, si por lo general es superior su eficacia en cuanto a captura por unidad de inversión o por volumen de combustible consumido, las pesquerías artesanales tropiezan muchas veces con los inconvenientes de movilidad menor de la mano de obra, de capacidades inferiores de la movilización del capital e innovaciones tecnológicas, de una gran dispersión de los puntos de desembarque y sus consecuencias sobre la salida y la comercialización de la producción (Panayotou, 1983). Son disparidades que no pueden ser olvidados por las administraciones nacionales.
Las decisiones finales seguirán siendo fundamentalmente de carácter político puesto que determinarán la forma cómo se distribuirán algunas riquezas nacionales entre diversos grupos socioprofesionales. La autoridad otorgada a los Estados para administrar sus pesquerías en sus zonas económicas exclusivas ha aumentado paralelamente a sus responsabilidades. Dicha autoridad no se refiere sólo a las actividades de las flotas extranjeras que puedan operar en sus zonas económicas exclusivas; se extiende también a las flotas nacionales. La posibilidad de controlar las operaciones de las flotas extranjeras así como sus incidencias en los resultados de las pesquerías nacionales anula el argumento aducido hasta ahora por diversas administraciones nacionales, y no siempre con razón, para justificar la atención insuficiente que se ha prestado a la ordenación de sus pesquerías nacionales y a la eficaz aplicación a las mismas de reglamentaciones adecuadas.
El régimen jurídico de los mares que se está estableciendo constituye el primer intento, en parte logrado, de reducir la competencia entre los países por la explotación de recursos pesqueros comunes. La existencia de un acuerdo sobre la distribución internacional de los recursos y el reparto de la autoridad necesaria para su buena administración ofrece ahora a los países ribereños la posibilidad de regular la pesca y de conseguir de esa forma los beneficios económicos y sociales hasta ahora latentes en la mayoría de las pesquerías.
Existe, sin embargo, un grupo de poblaciones, cuya importancia varía según las regiones, para el que sigue en absoluto sin resolver el problema de la racionalización de la explotación. Trátase de las poblaciones distribuidas en más de una zona económica exclusiva así como más allá de las 200 millas en mar abierto. Las probabilidades de poder aplicar a estas poblaciones los diversos planes y mecanismos expuestos en las secciones anteriores seguirán siendo exiguas mientras los países interesados no se hayan puesto de acuerdo en los principios de reparto a largo plazo de los beneficios que la pesca de esas poblaciones puede depararles y, por ende, de los esquemas de reparto de la autoridad indispensable para su ordenación.
El nuevo régimen de los mares tienen dos consecuencias sobre la ordenación de estas poblaciones multinacionales, que son las siguientes:
el número de países responsables de su ordenación se reduce (salvo por lo que se refiere a las poblaciones de alta mar, fundamentalmente atunes y ballenas);
lo que es más importante, las operaciones de sus flotas respectivas resultarán, salvo acuerdo en contrario, limitadas a sectores geográficos más reducidos y circunscriptos dentro del área de distribución y migración de las poblaciones; mientras que bajo el régimen antiguo de las pesquerías internacionales las embarcaciones podían obtener sus capturas en cualquiera de las zonas abiertas, en cambio ahora las capturas de cada país afectarán muchas veces a fases diferentes de la vida de los individuos que componen cada población. Estos obstáculos impuestos a la localización de las operaciones de pesca tienen repercusiones importantes sobre los posibles esquemas de reparto de los recursos.
Cuando en el antiguo régimen los países reconocían la necesidad de fijar cupos para sus capturas, el reparto de la captura total conjunta se hacía casi siempre en base a las capturas nacionales anteriores. Se aplicaban fórmulas de reparto en que se ponderaban de diferentes formas las capturas recientes y las anteriores; se corregían luego esas fórmulas, llegado el caso, a la vista de las necesidades y de los derechos específicos reconocidos a algunas categorías de países o de flotas pesqueras: países recién llegados a la pesquería, estados ribereños y flotas de poco radio de acción, países en desarrollo, etc.
A los países ligados por afinidades especiales, comunidad de intereses o por la historia, sus anales pueden siempre suministrar elementos pertinentes de información para la negociación de sus acuerdos. Así, por ejemplo, en el décimocuarto período de sesiones del Comité de Pesca de la FAO (FAO, 1981b), Noruega mencionó este elemento entre los que se tuvieran en cuenta con ocasión de sus negociaciones con la URSS. Sin embargo, no es general esa forma de ver las cosas. Los hechos pasados tienen pocas probabilidades de servir de base de negociación cuando los países se hallan separados por disparidades de desarrollo. El nuevo régimen refleja, por una parte, el rechazo por los países menos desarrollados de las ventajas adquiridas en el curso de la historia por una minoría de países económica y tecnológicamente más avanzados. Son muchas las probabilidades de que estas diferencias se repercutan en los objetivos nacionales de ordenación. Por ejemplo, México ve en la parte de la población de anchoas que le corresponde delante de la península californiana la base de una industria destinada a proporcionarle ingresos, nuevos empleos y frutos económicos importantes; para ello necesita elevar sus capturas anuales a un nivel considerable. En cambio, el Estado de California (EE.UU.) hasta ahora ha visto en su parte del mismo recurso la base alimentaria de una población (bonito, pez espada, barracuda, caballa, etc.) que interesa fundamentalmente a sus pesquerías recreativas - de gran importancia económica - y comercial. Por lo tanto, su ordenación hasta ahora se ha basado en la adopción de cupos de captura que no representan sino una ligera proporción del potencial máximo de captura de la población de anchoa.
Sea cual fuere el peso que los países decidan dar en sus negociaciones a estas consideraciones, así como a los aspectos, exteriores a la pesca, de su cooperación, son cuestiones que se salen del marco de este estudio, cuyo objeto es analizar las limitaciones que las características de los recursos y de su pesca imponen a la aplicación del nuevo régimen y los tipos de información que han de servir de base para la elaboración de acuerdos. Debido a las nuevas condiciones impuestas por el nuevo régimen de los mares a la localización geográfica de las operaciones de pesca de las distintas flotas nacionales, los planes de distribución, de mezcla o de migración de las poblaciones compartidas influirán fuertemente en:
la necesidad de cooperación;
las etapas de concertación necesarias para la elaboración de acuerdos de explotación y de ordenación;
el contenido de esos acuerdos.
Son tres los elementos de los esquemas de distribución y de migración que pueden repercutir en las necesidades y las modalidades en materia de cooperación entre países ribereños interesados en la explotación y la ordenación de las mismas poblaciones (Gulland, 1980; Caddy, 1982), a saber:
amplitud de las áreas de reparto de las poblaciones en función de la divisón geográfica de las zonas de soberanía nacionales;
intensidad de los intercambios intrapoblacionales a través de las fronteras que delimitan las zonas económicas exclusivas;
los tipos de desplazamiento y, en particular, el que afecten o no a la población en bloque o, de forma diferencial, a las distintas clases anuales que la componen.
En el Cuadro 2 se dan ejemplos de poblaciones clasificadas con arreglo a estos tres factores.
La distribución geográfica de las poblaciones determinará aquellas que están compartidas y los países conjuntamente interesados por su explotación y su ordenación. Entre las primeras, se hará una distinción entre poblaciones multinacionales confinadas dentro de varias zonas económicas exclusivas y las que también se explotan libremente en alta mar: poblaciones adyacentes (poblaciones demersales en el Bonnet flamenco y en la fachada sudoeste del Gran Banco - Atlántico nordoccidental) y poblaciones migratorias de alta mar (ballenas, atunes). Al hacerlo, se tendrá en cuenta que el límite de las poblaciones es poco neto, con densidades demasiado escasas para su explotación que se extienden mucho más allá de las áreas de pesca. Así mismo, hay que recordar que las poblaciones no son estables a lo largo del tiempo ni en su abundancia absoluta ni en su distribución geográfica (Sec. 2.1.1). También habrá que revisar periódicamente la lista de los países interesados y la parte de las capturas que puede corresponder a cada uno. Así, por ejemplo, al aumentar y ampliarse hacia el sur la población de sardina marroquí, Mauritania se convierte en beneficiaria de la ordenación de esta población. Los cambios en la composición específica de los ecosistemas repercuten generalmente en extensiones geográficas mucho más considerables. Por ejemplo, la explosión del pez ballesta (Balistes capriscus) en el golfo de Guinea interesa a todos los países ribereños desde Angola a Mauritania (Troadec y Garcia, 1979).
Cuadro 2 - Principales esquemas de distribución, de mezcla interna y de migración, clasificados según su consecuencia en las necesidades de cooperación subregional y en las formas de repartos posibles (véase Sec. 4.2.2)
| 1. Población compuesta de individuos sedentarios poco móviles (fase explotada) | A.1 - Algas, bivalvos y otros moluscos, algunos crustáceos (langostas, cangrejos), peces de arrecifes, etc. | B.1 - Algas, bivalvos y otros moluscos, algunos crustáceos (langostas, cangrejos), peces de arrecifes, etc. | ||||||||
| 2. Desplazamientos individuales no orientados a lo largo de la costa (a través de las fronteras de la ZEE) | A.2 - Algunos demersales tropicales de distribución discontinua, por ejemplo, el jorobado (Pseudotolithus elongatus) Africa occidental con habitat en las desembocaduras de los ríos | B.2 - Diversas poblaciones demersales tropicales (por ejemplo, lubina (Pseudotolithus senegalensis)) Africa occidental; anchoa a lo largo delas costas de Chile y del Perú (Fig. 9) | C.2 - Listado (Katsuwonus pelamis) | |||||||
| 3. Desplazamientos con la edad | →criaderos→ área de→área de alidesove mentación(ver Fig. 10) | A.3 - Camarones, peneidos tropicales | B.3 - Camarones, peneidos tropicales | C.3 - Salmones, diversasespecies de atunes (rabil, patudo) | ||||||
| 4. Migraciones estacio (de adultos) | →criaderos→ área de→área de alidesove→ mentación (ver Fig. 10) | A.4 - Bonga (E. fimbriata) Africa occidental, etc. | B.4- Bonga, sardinela atlántica (Fig. 11), jureles y caballas, Africa occidental, etc. | C.4 - Ballena, atún, marlín rayado (Fig. 12) | ||||||
| 5. Fluctuaciones a largo plazo: - en la distribución y la abundancia de las poblaciones -en la composición del ecosistema por especies | B.5 - - la mayoría de las poblaciones pelágicas costeras (Japón, Namibia, Perú), etc. - ballesta (Balistes capricus) Africa occidental | C.5 - Jureles | ||||||||
La tasa de mezcla dentro de la población determinará el interés potencial de la cooperación y los beneficios que los países pueden esperar alcanzar de su cooperación. Así pues, el interés en ponerse de acuerdo para elaborar y aplicar planes conjuntos de ordenación de nada valdrá en el caso de poblaciones cuya fase explotada es sedentaria o muy poco móvil (algas, gran parte de los moluscos, incluidos probablemente varias poblaciones de cefalópodos demersales, algunos crustáceos - langostas y bogamantes, peces de arrecifes; esquema de desplazamiento l en el Cuadro 2), salvo si resulta necesario conservar el reclutamiento. Es lo que podría suceder con algunas poblaciones de langosta cuya fase larval es oceánica y cuyo reclutamiento en una zona económica exclusiva podría verse afectado por la pesca y el tamaño de la población adulta resultante en otras zonas económicas.
Para las poblaciones cuyos individuos explotados sólo efectúan, de una zona económica exclusiva a otra, desplazamientos no orientados de una amplitud tal que los intercambios de una zona a otra siguen siendo ligeros (población de anchoas de Chile y de Perú; esquema 2, Cuadro 2, Figura 9) sigue siendo escasa la necesidad de cooperación. La existencia de desplazamientos batimétricos, es decir perpendiculares a la costa, apreciables con la edad, no modifica forzosamente esta observación. Basta con que las migraciones paralelas a éstas sigan siendo moderadas de suerte que cada zona económica exclusiva contenga una fracción completa, en términos de clases anuales de la población que sigue prácticamente siendo autónoma respecto de las fracciones explotadas en las zonas económicas contiguas. Con los conocimientos actuales, este esquema parece frecuente en las especies de peces demersales tropicales. Por ejemplo, Troadec (1971) estima que los países que dan al golfo de Guinea pueden aplicar a sus pesquerías costeras de arrastre reglamentos formulados unilateralmente con la esperanza de obtener resultados notables.
Esta observación es importante porque para los países es siempre más fácil decidir y actuar solos, sobre todo cuando las decisiones que se adoptan en común y su respeto pueden repercutir en los resultados de las pesquerías nacionales. Lo cual no significa que, en este caso como en el anterior, no exista interés por cooperar. Los países que explotan las mismas poblaciones tienen muchas veces que afrontar problemas análogos de investigación, de desarrollo y de ordenación. La organización de intercambios periódicos de informaciones y de experiencias tienen toda la probabilidad de ser mutuamente benéfica.
Por último, el tipo de desplazamiento de las poblaciones - pero también el conocimiento que de ello se tiene1 - influirán en las modalidades de reparto de los recursos. Cuando nos encontramos con poblaciones cuyos individuos sólo efectúan o parecen efectuar desplazamientos no orientados, es decir cuando los individuos parecen hallarse uniformemente distribuidos, independientemente de su edad por toda el área de distribución, la negociación de modalidades de reparto podrá basarse en mapas de densidad media de la población respecto del año y respecto del conjunto de su área de distribución. El recurrir a este tipo de información equivale a admitir que los esquemas de distribución del recurso pueden basarse en el reparto geográfico de la producción media de la población entre las diversas zonas de soberanía nacional. La biomasa media - absoluta o relativa - proporcionará entonces un índice de producción y las cartas de este índice servirán para determinar su reparto geográfico. Las capturas por unidad de esfuerzo sacadas de campañas de prospección de biomasa (por pesca de arrastre, por ejemplo) o de las estadísticas de la pesca comercial, como las medidas de biomasa absoluta (mediante prospección acústica cuantitativa, sobre todo) podrán utilizarse para establecer esas cartas. Con campañas de marcado su costo y su complejidad no superan los beneficios que se piensan obtener con mejores acuerdos de reparto, podrán suministrar también datos de interés básico, sobre todo, sobre el alcance y los índices de mezcla entre zonas económicas contiguas. Durante una reunión (Dakar, junio de 1979) los países del sector norte del CPACO1 (Cabo Verde, España, Gambia, Guinea, Bissau, Marruecos, Mauritania, Senegal y ierra Leone) han reconocido el interés de estos tipos de información para un primer análisis de las fórmulas posibles de reparto de la producción de las poblaciones pelágicas costeras - sardina, sardinela, caballa, chicharros - que controlan conjuntamente (FAO, 1979) y algunos de ellos se han apoyado en esos elementos de información con motivo de las negociaciones que han celebrado luego sobre ese tema (Conferencia subregional sobre la preservación, la conservación y la explotación de los recursos pesqueros, Nouakchott, Mauritania, mayo de 1980). Noruega se ha basado también en esos principios para preparar los elementos de negociación de un acuerdo de reparto de los recursos con la Comunidad Económica Europea.
Los esquemas 3 y 4 del Cuadro 2 corresponden a situaciones en que las poblaciones efectúan con la edad, a través o no de las zonas económicas exclusivas, migraciones acentuadas (Fig. 10). En el primer caso, los individuos sólo efectúan durante su vida un ciclo de migración (zona de cría - área de desove); mueren en general después de la freza, que sólo tiene lugar una vez (gambas peneidas, cefalópodos, salmón, etc.). En el segundo caso, las cosas se complican: al esquema precedente se superpone un ciclo anual de migraciones estacionales, entre zonas tróficas y zonas de desove. Este último esquema es muy frecuente en los peces; existen ejemplos en que esas migraciones pueden tener una amplitud más o menos grande como es el caso de las poblaciones anádromas, por ejemplo la bonga (Ethmalosa fimbriata), los pelágicos costeros como la sardinela redonda de Africa occidental (Fig. 11), y, para especies oceánicas, el marlín rayado (Fig. 12).
En estas circunstancias una forma de enfocar la elaboración de esquemas posibles de reparto consiste en ver cómo y hasta qué punto los países pueden perjudicarse mutuamente aumentando sus capturas en sus propias zonas económicas exclusivas, y sólo dentro de éstas. En líneas generales un país puede perjudicar la producción del país vecino explotando la misma producción, en dos supuestos:
(a) Si tiene la posibilidad de intensificar la explotación de las cohortes antes que puedan tener acceso a ellas los barcos del segundo país, su pesca reducirá entonces el reclutamiento de la fracción de la población explotada por este último. Esta situación corresponde bastante a la pesquería noruego-soviética del bacalao el Atlántico nordoriental: los juveniles abundan sobre todo en la zona soviética donde se efectúa el reclutamiento después de que los huevos y las larvas han derivado partiendo de la costa noruega donde se efectúa el desove. Esta situación es comparable, pero sin migraciones estacionales, a la expuesta para los camarones peneidos tropicales (véase Sec. 2.2.1), cuando sus criaderos se hallan en las lagunas de un país y las concentraciones de adultos a lo largo de las costas de otro país.
Cuando un país está por lo tanto, en condiciones de explotar las cohortes antes que su vecino, está en situación de fuerza porque tiene la posibilidad de reducir los rendimientos de este último, sin que éste pueda acarrearle un perjuicio comparable acudiendo al mismo expediente. Ante esta situación, Noruega invitó a la URSS a venir a capturar, en su propia zona exclusiva, una parte de su cupo de captura fijado de común acuerdo. Noruega contaba así con obtener que el cupo soviético se compusiera de individuos de más edad por término medio, lo que hubiera permitido, para el mismo cupo de captura, reducir la mortalidad por pesca causada al conjunto de la población en general y, en particular, a la porción a que tendría acceso la flota noruega. Si sólo se piensa en el perjuicio que los competidores pueden teóricamente producirse intensificando su explotación de cohortes ya reclutadas - es decir, haciendo abstracción de las retorsiones posibles mediante una reducción del reclutamiento general de la poblaciónse puede pensar que Noruega podría sentirse así inclinada a ofrecer a la URSS compensaciones que puedan equipar los daños que esta última está en condiciones de infligirle debido a la localización estratégicamente privilegiada de las operaciones de pesca soviéticas.
1 Comité de Pesca de la FAO para el Atlántico centro-oriental
Figura 9 Anchoa del Pacífico sudoriental: área de distribución y desplazamientos según se puede deducir de experiencias de marcado; parece haber un corte en la distribución y la mescla internal a la altura de la latitud 15°S) según FAO, 1981e). Esta observación y el poco alcance de kis desplazamientos de los individuos permitirá trazer esquemas independientes de ordenación de sectores distintos del área de distribución de la especie, sobre todo al sur y al norte de 15°S
Figura 10 Esquema simplificado de migración en los peces: hay que considerar dos casos:
(a) aquél en que los adultos realizan migraciones estacionales entre zona de alimentacón y área de desove;
(b) aquél en que la especie muerce después del primer desove (salmón, camarones peneidos) o no efectúa migraciones estacionales claras (véase texto) (según FAO, 1981e)
Figura 11 Sardinelas de Africa occidental: esquemas hipotéticos de distribución y de migració dentro de las zonas económicas exclusivas de los países ribereños (segñn FAO, 1981e). La existencia de migraciones estaciona- les, netas y de gran alcance, viene a complicar el problema del reparto del recurso entre los países coproietarios
Figura 12 Marlín rayado del Pacífico (según FAO, 1981e). Caso de población internacional que migra transoceánicamente y cuyo esquema de migración y de distribución hace sumamente complejo el problema del reparto del recurso entre operadores potenciales
(b)Reduciendo el reclutamiento global de la población mediante una explotación excesiva de los adultos y de los juveniles de suerte que la fracción reproductora de la población se reduzca a un nivel tal que resulte afectado negativamente el reclutamiento medio. En tal situación, las pescas del conjunto de los países que explotan la misma población, incluida la del países que serían responsables de una pesca excesiva, se verán afectados por esta sobrepesca. Las posibilidades de retorsión en ese caso están mejor distribuidas, independientemente de que la pesca excesiva se ejerza al principio o al final de la vida de las cohortes.
Mientras que en la primera situación los efectos de una intensificación de la pesca se harán sentir inmediata y directamente sobre todas las pesquerías que siguen, los efectos del segundo fenómeno serán diferidos y mucho más difusos y difíciles de demostrar. De todas formas, cada país tiene interés en determinar qué fracciones de las poblaciones que explota se hallan concentradas en su zona económica exclusiva, así como en las de sus vecinos y de qué manera y hasta qué punto cada uno puede hacerse mutuamente daño.
Estos factores no son los únicos que pueden influir en los planes de cooperación. Los cambios geográficos y estacionales en la disponibilidad, lo mismo que en la calidad del pez, pueden influir directamente en el costo y en el valor de las capturas. Cosa importante ya que el reparto entre los operadores de los beneficios netos producidos por la pesca interesa a la postre más que el de los simples pesos capturados.
Sobre todo, las migraciones estacionales pueden provocar en la disponibilidad del pez variaciones especialmente acentuadas. Así, por ejemplo, cálculos preliminares sugieren que la pesca con redes de arrastre pelágico de las poblaciones pelágicas costeras (sardinelas, jureles, caballas) dejaría de ser rentable al nivel actual de explotación si los arrastreros tuvieran que limitar sus operaciones a la zona económica exclusiva mauritana sin poder seguir a esas poblaciones en su migración invernal hacia el sur o dedicarse a otras pescas durante la estación muerta(Doucet, Pearse y Troadec, 1981). La firma de acuerdos' recíprocos de pesca, en virtud de los cuales los países que comparten las mismas poblaciones abrirían sus fronteras para permitir a sus flotas nacionales respectivas capturar la parte que les corresponde en los sectores más favorables de toda el área de distribución de las poblaciones, constituye otro campo prometedor de cooperación regional y subregional. Hasta ahora no ha recibido sino escasa atención, sin duda porque los países quieren afirmar primeramente su autoridad sobre los recursos que controlan y no tomar decisiones apresuradas por lo que respecta a las modalidades de explotación de las poblaciones que se reparten. Además de la plena utilización de las inversiones y las economías substanciales que favorecerían, esos acuerdos recíprocos de pesca podrían, por los contactos directos entre las flotas nacionales que llevan consigo, permitir a cada país apreciar mejor en qué medida sus copartícipes se atienen a las reglamentaciones aceptadas conjuntamente.
La reducción del número de las partes interesadas por la explotación y la ordenación de cada población compartida y, sobre todo, las restricciones concretas que ahora se imponen a la localización de las operaciones de cada flota nacional trastocan, pues, las condiciones de la competencia para explotar poblaciones compartidas. Las consecuencias mucho más específicas por lo que respecta a la naturaleza y a la importancia de los perjuicios que los países pueden ahora acarrearse, podrían finalmente acelerar la firma de acuerdos mutuamente aceptables, pero tal vez sólo después de que cada competidor, durante un período de competencia más o menos intenso, haya podido convencerse de sus posibilidades reales de aumentar la parte que les puede corresponder así como las de sus socios de oponerse a ello. En la medida en que se dispone de los datos necesarios, debería ser posible simular las consecuencias de diferentes modelos hipotéticos de competencia previsibles y proporcionar así a los interesados estimaciones de los daños que pueden causarse. Estos análisis podrían contribuir a acercar los puntos de vista y a favorecer el éxito de las negociaciones sobre los esquemas de reparto y de cooperación, lo que permitiría también evitar una competencia costosa.
Para acabar esta sección, se recordará que estas consideraciones sobre la incidencia de los esquemas de reparto, de mezcla y de migración sobre la ordenación de las poblaciones compartidas se aplican directamente a los problemas de competencia y de conflicto entre las diferentes flotas o grupos de pescadores nacionales (por ejemplo, establecimiento de zonas paralelas a la costa para proteger la pesca artesanal de los perjuicios causados por la invasión de la pesca de arrastre o fajas perpendiculares a la costa asignadas a los pueblos que la jalonan). El que las adminitraciones nacionales dispongan en principio de una autoridad nueva equivaldría también a que se interesen más que hasta ahora por la ordenación de las poblaciones nacionales compartidas. Cabe pensar que, con la experiencia que acumularán así, los países se darán mejor cuenta de las fórmulas que pueden facilitar la ordenación de las poblaciones que comparten.
El nuevo régimen de los mares, por las repercusiones que tiene en el reparto de los recursos pesqueros mundiales, debería modificar por lo tanto profundamente los planes de cooperación regional y subregional hasta ahora practicados para afrontar los problemas comunes de explotación y de ordenación de las pesquerías. Estas modificaciones se presentan de forma esquemática en el Anexo 1, etapa por etapa, desde la compilación de la información bruta sobre las pesquerías hasta la aplicación de las reglamentaciones y la vigilancia. Para elaborar el cuadro, se ha partido como hipótesis más probable de las soluciones que menos se apartan de las admitidas comúnmente con el antiguo régimen. Está claro que los arreglos que puedan adoptarse podrán apartarse, más o menos netamente según los casos, de estas indicaciones de alcance general.
