El CMCC, que se aprobó en la CNUMAD en 1992, tiene como finalidad estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en el intento de impedir las perturbaciones del sistema climático mundial causadas por el hombre. El CMCC compromete a las Partes a realizar inventarios nacionales de las emisiones y sumideros de gases de efecto invernadero y a esforzarse por alcanzar sus compromisos voluntarios en materia de reducción de las emisiones. En el marco del CMCC, se ha establecido una fase experimental para las «actividades realizadas conjuntamente», con el fin de evaluar la viabilidad de conseguir los objetivos del Convenio mediante proyectos cooperativos entre las Partes que tienen por objeto evitar, almacenar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El 30 de agosto de 1998 estaban en curso 97 proyectos de este tipo, 14 de ellos en el sector forestal37.
El Protocolo de Kyoto, aprobado en la tercera Conferencia de las Partes (Kyoto, diciembre de 1997), y que debe ser ratificado, ha supuesto un paso adelante al estipular compromisos objetivos jurídicamente obligatorios de reducción de las emisiones de los países que figuran en el Anexo 1 (países desarrollados y países con economías en transición) y se refiere explícitamente al cambio de uso de la tierra y a las actividades forestales en varios de sus artículos. (Véase en la Parte I la sección sobre servicios ambientales y sociales proporcionados por los bosques.) Los acuerdos alcanzados ofrecen a los países industrializados incentivos para invertir en actividades forestales que incrementan la retención de carbono o reducen las emisiones de carbono de los bosques. El Protocolo autoriza una lista limitada de actividades que podrían realizarse en relación con el cambio de uso de la tierra y el sector forestal para cumplir los compromisos nacionales respecto de las emisiones. También prevé que se concedan créditos para inversiones en otros países. Los países del Anexo 1 pueden transferir a otros países del anexo, u obtener de ellos, unidades de reducción dimanantes de proyectos encaminados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o incrementar su retención (artículo 6°). Los países del Anexo 1 también pueden invertir en proyectos de reducción de las emisiones en países no incluidos en dicho anexo (casi todos los países en desarrollo) a través del «mecanismo de desarrollo no contaminante» (artículo 12), aunque no está claro hasta qué punto dicho mecanismo incluirá cambios en el uso de la tierra y actividades forestales.
Aunque quedan por aclarar muchos detalles sobre cómo funcionarán estos mecanismos, las posibilidades para la inversión forestal parecen prometedoras. El Protocolo de Kyoto ofrece a los países desarrollados un incentivo para reducir las emisiones debidas a la deforestación y para aumentar su capacidad para retener carbono. Si se decidiera incluir cambios en el uso de la tierra y actividades forestales en el mecanismo de desarrollo no contaminante, los proyectos de contrapartida de las emisiones de carbono podrían ofrecer a los países en desarrollo posibilidades para aumentar las inversiones en actividades forestales prioritarias, la transferencia de tecnología, la reducción de las importaciones de petróleo, la creación de empleo, el fomento de la capacidad institucional y beneficios ambientales y sociales locales.
Atendiendo a una petición formulada por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del CMCC en su octava reunión (junio de 1998), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambios Climáticos (IPCC) preparará para junio del año 2000 un informe especial sobre «emisiones de carbono y eliminación por sumideros mediante cambios en la utilización de la tierra y actividades forestales», con objeto de aclarar las repercusiones del Protocolo de Kyoto para los sectores que se dedican al aprovechamiento de la tierra (incluido el sector forestal).
La cuarta Conferencia de las Partes se celebró en Bratislava (Eslovaquia) del 4 al 15 de mayo de 1998. Se alcanzaron importantes acuerdos sobre programas internacionales de trabajo relacionados con la diversidad biológica forestal y los ecosistemas de zonas marinas y costeras, y sobre la necesidad de ultimar un protocolo sobre bioseguridad. También se tomaron otras decisiones relativas a la evaluación de las actividades en curso en el ámbito de la agrobiodiversidad, la importancia de los conocimientos tradicionales de las poblaciones indígenas, la distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos y el establecimiento de un mecanismo de intercambio de información y los incentivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.
El programa de trabajo sobre los bosques, que fue el resultado de una labor de planificación trienal en tres fases, abarca la formulación de enfoques para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad basados en los ecosistemas, el análisis de la influencia de las actividades humanas, las metodologías necesarias para elaborar y aplicar criterios e indicadores, medidas para atenuar las pérdidas de diversidad biológica y modelos ecológicos de paisajes, incluidas zonas protegidas.
Muchas delegaciones señalaron que el programa propuesto constituía un marco que debía seguir desarrollándose de manera que estuviera más orientado a la acción. Se pidió al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del CDB que informara a la sexta Conferencia de las Partes sobre la situación y las tendencias de la diversidad biológica forestal y sobre las opciones relativas a la conservación y los usos sostenibles de dicha diversidad.
La primera Conferencia de las Partes se celebró en Roma del 29 de septiembre al 9 de octubre de 1997. En ella se aseguraron recursos financieros para apoyar la Secretaría, se eligió el lugar de la sede (Bonn, Alemania), se designó a la Presidencia y los miembros del Comité de Ciencia y Tecnología y se tomó una decisión sobre el organismo anfitrión, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), del Mecanismo Mundial de la Convención encargado de promover el cumplimiento de ésta y de coordinar las actividades.
Varios países, entre ellos Cabo Verde, Malí, el Senegal, Burkina Faso, Chile y China, han iniciado la ejecución de sus planes nacionales de acción. Otros (Malí, Túnez y Uganda) han empezado a planificar iniciativas relacionadas con la Convención. La Secretaría tiene una lista de países de África, Asia y América Latina en los que se promoverá la aplicación de la CLD. En varias reuniones celebradas con el fin de preparar la segunda Conferencia de las Partes (Dakar, Senegal, noviembre de 1998) se ha propuesto que se establezcan redes temáticas para impulsar el intercambio de información y la cooperación técnica entre países en desarrollo en los ámbitos de competencia de la CLD.
En las reuniones de la CITES y en varios otros foros se han seguido debatiendo actividades relacionadas con las listas de la CITES de especies amenazadas de árboles forestales. Aunque desde hace muchos años se han incluido en las listas de los apéndices de la CITES varias especies de árboles (entre ellas Swietenia humilis y Swietenia mahagoni), el tema ha sido objeto de crecientes polémicas en los últimos años en relación con las propuestas de incluir en las listas especies de árboles de gran importancia comercial.
La propuesta de Costa Rica de que se incluyera en el Apéndice III de la CITES la caoba de hojas grandes (Swietenia macrophylla) se hizo efectiva en 1995. Bolivia y el Brasil siguieron sus pasos, con la inclusión de sus poblaciones de S. macrophylla en el Apéndice III a partir de 1998. La inclusión en el Apéndice III significa, en la práctica, que el país o países que enumeran las especies deben expedir licencias de exportación, y que otros países donde esas especies son objeto de comercio deben expedir un certificado de origen. Como resultado de ello, otros países exportadores tienen ahora que expedir certificados de origen para sus exportaciones de trozas aserradas, madera aserrada y chapas de caoba de hojas grandes. En la décima Conferencia de las Partes de la CITES (Harare, Zimbabwe, junio de 1997), Bolivia y los Estados Unidos propusieron que S. macrophylla se incluyera en el Apéndice II, lo que entrañaría unas restricciones comerciales más rigurosas que las del Apéndice III, pero la propuesta fue rechazada.
Se ha expresado preocupación por la posibilidad de que la inclusión de especies en las listas de la CITES no sirva, por sí sola, para salvar especies o poblaciones en peligro de extinción. Las listas deben contribuir a fomentar la protección o la ordenación activas para conservar y mejorar los recursos genéticos amenazados de extinción o de erosión genética. Muchos países miembros han subrayado que la inclusión de especies en las listas debe basarse en información objetiva y fidedigna sobre las amenazas, la distribución, la ecología y la variación genética de las especies en cuestión.
Estas y otras inquietudes se abordaron en la reunión del Grupo de Trabajo sobre la Caoba que se celebró en junio de 1998 en Brasilia, como seguimiento de la décima Conferencia de las Partes de la CITES. En la reunión se examinaron importantes temas, como por ejemplo la situación de la caoba en los países amazónicos, las políticas y prácticas de ordenación para la caoba, la cooperación internacional y su comercio. La reunión recomendó varias medidas destinadas a mejorar la cooperación, especialmente entre los países de la Amazonia.
El nuevo ITTA de 1994, que entró en vigor el 1º de enero de 1997, ha sido firmado por 28 países productores, 25 países consumidores y la UE, con lo que el número de miembros de la OIMT asciende a un total de 54 (véase la lista en el Cuadro 5 del Anexo 3). El ITTA estará vigente durante cuatro años (hasta el año 2001), con dos posibles prórrogas de tres años cada una, por lo que su duración efectiva sería de diez años.
El ITTA actual presta más atención que el anterior (1985-1995) a la ordenación forestal sostenible. El núcleo central de la labor de la OIMT es ahora el «Objetivo para el año 2000», por el que todos los países productores se han comprometido a asegurar que para ese año sus exportaciones de maderas tropicales y de productos de esas maderas procedan de fuentes que hayan sido explotadas de manera sostenible. Los países consumidores se han comprometido también a que sus bosques sean objeto de una explotación sostenible para el año 2000. Se ha creado el nuevo Fondo Social de Bali para ayudar a los países miembros productores a llevar a cabo una ordenación forestal sostenible. Hasta la fecha, los miembros han prometido unos 12 millones de dólares EE.UU. (de los que 11,5 millones provienen del Japón), cuyo pago está pendiente de la finalización de las normas de funcionamiento.
Entre las cuestiones que está examinando actualmente la OIMT figuran las siguientes: actualización de los criterios e indicadores para la ordenación sostenible de los bosques tropicales naturales, incendios forestales, acceso a los mercados y dificultades de mercado creadas por la actual crisis económica asiática. Suscita preocupación la posibilidad de que ésta obstaculice los esfuerzos de los productores para mejorar las prácticas de ordenación forestal, dificultando de ese modo los intentos de alcanzar el objetivo de la OIMT para el año 2000.
Los criterios e indicadores son instrumentos para evaluar las tendencias de la situación y la ordenación de los bosques a nivel nacional. Mientras que los «criterios» definen los componentes esenciales de la ordenación forestal sostenible, los «indicadores» son medios para medir o describir un criterio. Conjuntamente, proporcionan un marco común para describir, seguir y evaluar los avances en materia de ordenación forestal sostenible.
Más de 150 países participan actualmente en procesos internacionales que tienen por objeto la elaboración y aplicación de criterios e indicadores para la ordenación forestal sostenible a nivel nacional. Estos esfuerzos se agrupan en las siete iniciativas regionales y ecorregionales que se indican a continuación:
Aunque las iniciativas difieren ligeramente en cuanto a su contenido y/o estructura38, son similares en sus objetivos y su enfoque. Todas ellas incorporan, de algún modo, los siguientes elementos fundamentales de los criterios para una ordenación forestal sostenible: extensión de los recursos forestales, diversidad biológica, salud y vitalidad de los bosques, funciones productivas de los bosques, funciones protectivas de los bosques, necesidades y beneficios socieconómicos, y marco jurídico, normativo
e institucional.
Las iniciativas se encuentran en diversas fases de desarrollo y aplicación, que van desde la recolección inicial de datos y la presentación de informes sobre los indicadores a la realización de ensayos sobre el terreno y el examen de criterios e indicadores subnacionales. Aparte de los constantes esfuerzos para precisar los indicadores, en los dos últimos años casi todas las iniciativas se han centrado en la evaluación de la idoneidad de los criterios y la aplicabilidad de los indicadores a la luz de las necesidades y las condiciones económicas, ecológicas, sociales, políticas e institucionales de sus países miembros. Con este fin, en estos dos últimos años se han celebrado diversas reuniones y talleres de validación regionales y nacionales. Además, el Proceso de Montreal publicó en 1997 su primer informe aproximativo sobre la aplicación, en el que se examina la importancia de los criterios e indicadores para los distintos países.
Entre las últimas novedades se incluye también un examen de las actividades relacionadas con los criterios e indicadores para los bosques europeos efectuado en la Tercera Conferencia Ministerial sobre la Protección de los Bosques en Europa (Lisboa, junio de 1998). Los Ministros aprobaron oficialmente los seis criterios paneuropeos para la ordenación forestal sostenible y convinieron en seguir desarrollando los indicadores paneuropeos existentes. Se ratificó el marco voluntario de recomendaciones de uso práctico para la ordenación forestal sostenible (Directrices paneuropeas a nivel operacional para la ordenación forestal sostenible) y se adquirió el compromiso de llevar a cabo otras actividades en apoyo del Proceso de Helsinki. Cabe señalar que casi todos los informes nacionales presentados en la Conferencia de Lisboa vinculaban explícitamente los recientes cambios en sus leyes e instituciones (muchas de ellas aprobadas después de 1993) con los criterios de Helsinki. La formulación de los criterios para una buena ordenación forestal a través del Proceso de Helsinki ha culminado al parecer en la convergencia de los países europeos en unas metas y normas mínimas de ordenación.
Por conducto de un Grupo de Expertos establecido en 1997 por el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales, la OIMT, ha revisado sus criterios para la ordenación sostenible de los bosques tropicales, en consonancia con las últimas tendencias y novedades internacionales en este ámbito. El Consejo finalizó el proyecto del documento Criterios e indicadores para la medición de la ordenación sostenible de los bosques tropicales naturales, en Libreville (Gabón) en mayo de 1998.
Los criterios e indicadores a nivel nacional y a nivel de unidad de ordenación forestal deben estar vinculados y ser compatibles entre sí de manera que quede asegurada la coherencia de los enfoques para mejorar la ordenación forestal. Están en curso varias iniciativas encaminadas a determinar indicadores a nivel de unidad de ordenación forestal, entre las que se incluyen las siguientes:
La IUFRO, en colaboración con la FAO y el CIFOR, organizó una conferencia internacional sobre Fomento de las aportaciones de las partes interesadas para impulsar la elaboración de indicadores basados en principios científicos, celebrada en Melbourne, Australia, en agosto de 1998. La Conferencia recomendó medios para seguir elaborando indicadores basados en principios científicos para la ordenación forestal sostenible a nivel de unidad de ordenación forestal.
Mientras que la labor de conceptualización, perfeccionamiento y ensayo de criterios e indicadores para la ordenación forestal sostenible ha avanzado rápidamente a nivel regional y ecorregional, y se ha adaptado a nivel nacional, siguen siendo necesarios más esfuerzos para la aplicación de los criterios e indicadores a nivel nacional y subnacional. Existe la oportunidad de aumentar el apoyo entre iniciativas, mediante el cual los procesos más experimentados (a saber, el Proceso de Montreal y el Proceso paneuropeo) podrían proporcionar asesoramiento y asistencia suplementarios a iniciativas más recientes.
Los Jefes de Estado de los países del G-8 (Alemania, el Canadá, los Estados Unidos, Francia, Italia, el Japón, el Reino Unido y la Federación de Rusia), propusieron por vez primera la elaboración de un programa de acción sobre los bosques en su Cumbre de Denver, Estados Unidos, de junio de 1997. El programa fue aprobado en la Cumbre siguiente, celebrada en Birmingham, Reino Unido, en mayo de 1998. El programa de acción empeña a los países del G-8 a tomar medidas en cinco áreas programáticas:
En el marco de la Red Internacional de Bosques Modelo, coordinada por el Canadá, se han establecido «zonas forestales modelo» en varios países, entre los que se incluyen el Canadá, los Estados Unidos, México y la Federación de Rusia. La Argentina, Austria, Chile, China, el Ecuador, Indonesia, el Japón, Malasia, la República de Carelia en la Federación de Rusia y Viet Nam están también en vías de establecer bosques modelo. Estos bosques, que representan diversas condiciones ambientales, sociales y económicas, proporcionan una oportunidad para comparar conceptos y métodos, y para fomentar la capacitación en ordenación forestal. La red ha seguido elaborando indicadores locales para evaluar los efectos de las actividades de ordenación y definir con mayor precisión la relación entre costos y beneficios de la ordenación forestal sostenible.
En la región de América Central, el CATIE ha elaborado otra red, con objetivos similares, en el marco de la iniciativa de las Zonas de ordenación forestal para demostraciones.
El XI Congreso Forestal Mundial, hospedado y organizado por Turquía a través de su Ministerio de Montes, se celebró en Antalya del 13 al 22 de octubre de 1997. Los congresos forestales mundiales se han celebrado cada seis años como promedio, con el apoyo de la FAO, y constituyen un importante foro técnico y un punto de referencia para los avances en el sector forestal. El XI Congreso, al que asistieron más de 4 400 participantes de 149 países, representó la mayor reunión mundial del sector forestal jamás celebrada. El tema general del Congreso fue: «La actividad forestal para un desarrollo sostenible: hacia el siglo XXI». Antes del Congreso se celebró una Reunión Ministerial oficiosa, a la que asistieron ministros de montes o sus representantes de más de 50 países, y tres reuniones por satélite (gestión de conflictos, función del sector forestal en la lucha contra la desertificación y la XVII reunión de Silva Mediterranea). Los resultados del Congreso se recogen en la Declaración de Antalya (véase el Recuadro 25) y en las conclusiones y recomendaciones de las sesiones técnicas39.
Declaración de Antalya |
En la Declaración de Antalya, que fue aprobada por los participantes en el XI Congreso Forestal Mundial, se pidió a los países que demostraran una mayor voluntad política para superar los obstáculos a la consecución de la ordenación forestal sostenible; a los profesionales del sector forestal que respondieran al desafío de conseguir la ordenación forestal sostenible; y a los países y a la comunidad internacional de donantes que movilizaran recursos financieros y promovieran una transferencia de tecnología ecológicamente racional y apropiada. En la Declaración se subrayó la importancia de aumentar la conciencia del público acerca de las funciones vitales de los bosques para la sociedad y los problemas con que se enfrentan. Se apoyó la aplicación de las propuestas de acción del GIB y la prosecución del diálogo internacional sobre políticas forestales. En la Declaración se pidió a los países que adoptaran un enfoque más intersectorial para las políticas nacionales y que prepararan y aplicaran tanto programas forestales nacionales como planes nacionales de lucha contra la desertificación. Se apoyó la mejora de la integración de los beneficios de los bosques que no son objeto de comercio en los mercados y la distribución equitativa de los costos y beneficios correspondientes. Se pidió que se prestara mayor atención al papel de las mujeres y los jóvenes en el sector forestal y se estableciera una colaboración más abierta y participativa entre todas las partes interesadas. Se pidió a las organizaciones de investigación que determinaran y emprendieran actividades prioritarias de investigación, a los países que elaboraran y aplicaran criterios e indicadores para la ordenación forestal sostenible a nivel nacional y que fortalecieran los sistemas nacionales de inventario y vigilancia de los bosques, y a las industrias forestales que adoptaran y aplicaran códigos voluntarios de conducta que contribuyeran a la ordenación forestal sostenible. En la Declaración se pidió también que se reforzaran los programas y se crearan entornos normativos favorables en muchas esferas técnicas, entre ellas las actividades forestales comunitarias y los programas agroforestales, las plantaciones de árboles de crecimiento rápido, la prevención de incendios y la respuesta a ellos, la rehabilitación de tierras forestales degradadas y la conservación y utilización de la diversidad biológica. |
Silva Mediterranea, que en 1998 celebró su cincuentenario como órgano estatutario de la FAO, constituye un ejemplo de colaboración regional duradera en el sector forestal. Ya en 1911 la idea de una cooperación forestal en el Mediterráneo fue objeto de debates que culminaron en el establecimiento en 1922 de una Liga Forestal Mediterránea con el nombre de «Silva Mediterranea». En 1948, Silva Mediterranea pasó a ser un órgano estatutario de la FAO, llamado oficialmente Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo. Este Comité, que está integrado actualmente por veinticinco Estados Miembros de la cuenca del Mediterráneo y la UE, constituye un mecanismo para que los países mediterráneos se reúnan, intercambien experiencias y establezcan programas de cooperación. Entre otras actividades, Silva Mediterranea ha elaborado un proyecto de marco estratégico -el Programa de acción forestal del Mediterráneo- cuyo objetivo es ayudar a los países mediterráneos a establecer sus políticas forestales. Este organismo no sólo alienta actividades coordinadas de ordenación de los bosques mediterráneos, sino que contribuye a difundir la imagen de esos bosques, con su riqueza, su fragilidad y su vulnerabilidad a las amenazas.
Sector privado. La industria ha reaccionado a la globalización del sector forestal y de sus problemas aumentando de diversos modos la sensibilización y la preocupación con respecto al medio ambiente. Está participando cada vez más en iniciativas a nivel nacional, regional y mundial (por ejemplo, el FIB, el CMCC), cuyos resultados repercutirán probablemente en la posición financiera y/o la imagen de la industria forestal. La industria está realizando importantes actividades voluntarias para responder a las exigencias de sus clientes y del público en general en lo que concierne a una mejor ordenación de los bosques que están bajo su control y a unas tecnologías de fabricación ecológicamente racionales. Las empresas están informando de sus iniciativas al público y a sus accionistas mediante informes a nivel de empresa y de sector. Estas iniciativas voluntarias representan una importante contribución a los esfuerzos para conseguir una ordenación forestal sostenible y son ilustrativas de los intentos de la industria para adoptar una actitud responsable frente al medio ambiente. A continuación se ofrecen tres ejemplos de actividades del sector privado.
En muchos países del mundo están surgiendo programas de ordenación forestal encabezados por la industria. Por ejemplo, la Iniciativa en favor de actividades forestales sostenibles de la Asociación de los Bosques y el Papel de los Estados Unidos ha establecido unas normas válidas para la industria de todo el país. En el Canadá, la industria ha emprendido un programa que tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica por medio de una ordenación forestal acertada y la protección de especies amenazadas y en peligro. El sector privado está apoyando también activamente iniciativas de ordenación forestal sostenible en varios países en desarrollo, ilustradas por algunos ejemplos de Malasia. El Consejo de la Madera de Malasia, a pesar de no estar directamente encargado de la elaboración de normas sobre certificación en Malasia, está apoyando los esfuerzos del gobierno en ese ámbito. El Consejo representa los intereses de la industria maderera de Malasia y está examinando los problemas con los que se enfrenta ésta en su avance hacia la ordenación forestal sostenible. BP Malaysia ha adoptado una iniciativa de plantación de árboles en todo el país, en consonancia con la campaña nacional de reforestación de Malasia. Se están distribuyendo plantones gratuitos con el objetivo de plantar 3 millones de árboles para el año 2000, al tiempo que se están subcontratando varias actividades paralelas con empresas privadas. Además, organismos privados, como el Consejo de las Empresas de Malasia para un Desarrollo Sostenible y la Cámara de Comercio e Industria de Malasia, patrocinan premios para mejorar el comportamiento de las empresas malasias con respecto al medio ambiente.
ISO 14001, una de las normas sobre sistemas de ordenación del medio ambiente elaboradas por la ISO para ayudar a las empresas a mejorar su comportamiento ambiental, está siendo adoptada rápidamente por la industria de varios países (desarrollados y en desarrollo). Estas normas se aplican tanto a operaciones forestales como a procesos de fabricación de productos forestales. Si la norma ISO 14001 se combina con una estructura que favorece una ordenación forestal sostenible, como por ejemplo los criterios e indicadores de Helsinki, de Montreal o de otros procesos regionales (véase el debate anterior en esta sección), puede convertirse en una importante plataforma, reconocida a nivel mundial, para una certificación de la ordenación forestal sujeta a una auditoría independiente. Esta es la conclusión del informe del Grupo de Trabajo 2 de la ISO aprobado recientemente por el Comité Técnico 207 de esa organización. Las normas CSA 808 y 809 de la Asociación de Normas del Canadá pueden citarse como ejemplo de un sistema de certificación acorde con esta concepción. Otros países están avanzando en la misma dirección (véase el análisis sobre la certificación en la Parte I).
Representantes de la industria de todo el mundo se están reuniendo con mayor frecuencia para intercambiar opiniones y están colaborando a través de organizaciones como el Consejo Mundial de las Empresas para un Desarrollo Sostenible, el Comité Asesor de la FAO sobre el Papel y los Productos Madereros y otros foros menos convencionales. Los representantes de la industria reconocen la necesidad de presentar de manera más concertada sus preocupaciones en el debate internacional sobre políticas forestales, en la medida en que lo permitan los recursos financieros. No hay duda, sin embargo, de que el sector privado seguirá avanzando hacia una ordenación forestal y una producción y comercio de productos forestales responsables.
ONG. Las organizaciones no gubernamentales ejercen una creciente influencia en la política forestal tanto mundial como nacional configurando la opinión pública, participando en programas sobre el terreno y cabildeando en los foros donde se adoptan decisiones. Las ONG que se ocupan de la conservación y el desarrollo rural representan actualmente las opiniones de un número considerable de personas en países de todo el mundo. Hay una gran variedad de ONG, desde las ONG interesadas en la conservación, radicadas en el Norte, que cuentan con decenas o centenas de miles de miembros, hasta las organizaciones populares de los países en desarrollo, que tienen escasos fondos y se ocupan de temas locales que con frecuencia abarcan desde los derechos humanos a la conservación de los bosques.
Las ONG representan una amplia variedad de opiniones, desde las extremadamente radicales hasta las muy moderadas. A veces se ha establecido una colaboración entre ONG muy diferentes. Ha habido también discrepancias, por ejemplo, entre las organizaciones interesadas en los derechos humanos y las que se ocupan de la conservación de la fauna y flora silvestres en torno a cuestiones relacionadas con las poblaciones indígenas que viven en zonas protegidas.
A pesar de esta diversidad, hay ciertas tendencias reconocibles en las posturas adoptadas por las ONG. Desde principios del decenio de 1990, la atención se ha extendido de los trópicos a los bosques de zonas templadas y boreales y a una preocupación más general por la ordenación forestal sostenible. De manera creciente, las ONG se están esforzando por conciliar las necesidades de las poblaciones humanas con las preocupaciones ambientales y muchas de ellas se están orientando hacia unos sistemas de conservación basados en la búsqueda de soluciones, en lugar de fundamentar sus actividades en una oposición a ciertos aspectos de las prácticas actuales. Como resultado de ello, han surgido nuevas asociaciones -algunas de las cuales habrían parecido sumamente improbables hace un decenio- entre ONG y otros actores, como por ejemplo gobiernos, empresas privadas y grupos de habitantes de los bosques. Por ejemplo, el WWF y la UICN dedicaron recientemente dos años a elaborar un cuadro detallado de los bosques en el futuro, junto con una estrategia para hacer realidad esa visión que se publicó con el título Bosques para la vida (Dudley et al., 1996). Esta estrategia, que indica unos objetivos claros para el progreso, recibió posteriormente el respaldo de más de veinte gobiernos (en lo que respecta a las zonas protegidas elegidas como objetivo), el Banco Mundial y la Cumbre del G-8 celebrada en Denver, Estados Unidos, en junio de 1997. La reciente firma de un acuerdo entre el WWF y el Banco Mundial es un ejemplo significativo de alianza entre intereses aparentemente inconciliables. La creación del sistema de certificación forestal y del Consejo de Administración de Bosques es otro ejemplo de colaboración de ONG con la industria y el comercio forestales -«enemigos» tradicionales-, junto con gobiernos, técnicos forestales y poblaciones indígenas, para formular políticas que pueden beneficiar a todas las partes interesadas.
No todas las ONG apoyan esta postura. Hay importantes debates en curso acerca del grado en que las ONG deben aliarse con otros organismos (por ejemplo la industria, a través de la certificación forestal) o mantenerse «al margen» para promover un cambio positivo. Mientras que algunas ONG están tratando de reforzar la colaboración, otras están intensificando la acción directa, como por ejemplo los grupos que bloquean los caminos forestales y ocupan oficinas de empresas que importan especies madereras en peligro. Algunos de estos últimos grupos rechazan las ONG más consolidadas. Otra cuestión se refiere al tiempo que debe dedicarse a procesos internacionales como el CDB y el FIB. ¿Deben las ONG formar parte del proceso decisorio o seguir ejerciendo presión sobre este proceso? En definitiva, la enorme variedad de organizaciones no gubernamentales en todo el mundo significa que los diferentes grupos continuarán desempeñando diferentes funciones.
La Comisión Mundial sobre los Bosques y el Desarrollo Sostenible. La Comisión Mundial sobre los Bosques y del Desarrollo Sostenible (WCFSD), órgano independiente constituido por 25 científicos, planificadores y especialistas internacionales del Norte y del Sur, fue creado en 1995. En 1996 y 1997 celebró audiencias públicas regionales en Asia, América del Norte, América Latina, África, Europa y la Federación de Rusia. La finalidad de las audiencias, en las que participaron personas que representaban a una gran variedad de grupos de interés, fue hacerse una idea más precisa de cómo, con qué fin y en beneficio de quién se considera que deben ordenarse los bosques. Estas audiencias se centraron en las limitaciones políticas a la aplicación de reformas normativas orientadas a la ordenación forestal sostenible y en las interacciones entre los grupos que determinan los resultados de la ordenación forestal en la esfera política. Al fomentar la participación de la sociedad civil en el debate sobre los bosques mundiales, las audiencias han constituido un útil complemento de los procesos intergubernamentales. La labor de la Comisión concluyó en 1998. Su informe se publicará a finales de 1998 o en 1999.
36 En el Cuadro 5 del Anexo 3 se muestra el estado de ratificación de estos convenios y acuerdos internacionales.
37 Ese número incluye todos los productos aceptados, aprobados o ratificados. Los correspondientes al sector forestal comprenden los enumerados en los epígrafes «forestación», «reforestación» y «conservación forestal», aunque es posible que algunos componentes de los proyectos del sector energético incluyan actividades relacionadas con el sector forestal. La fuente de esta información es el sitio Web del CMCC: http://www.unfccc.de.
38 Las diferencias entre las iniciativas existentes están relacionadas, entre otras cosas, con el número de criterios a nivel nacional (que va de seis en el proceso de Helsinki a ocho en el de América Central), el nivel de la evaluación prevista (nacional en la mayoría de los casos, aunque algunas iniciativas incluyen criterios e indicadores a nivel de unidad de ordenación forestal y/o a nivel regional o mundial) y el número y la variedad de los indicadores.
39 Las Actas del Congreso pueden consultarse en el sitio Web de la FAO: http://www.fao.org. También están disponibles en CD-Rom.