La comunidad internacional ha entrado en una nueva era en lo que respecta a la percepción de los recursos naturales y su utilización. Se reconoce cada vez más en todo el mundo la importancia de una recolección de los recursos agotables que sea sostenible y ecológicamente racional, así como el concepto de que todos los estados comparten la responsabilidad consiguiente. Esto es a la vez el resultado y la causa de la elaboración de acuerdos y leyes internacionales sobre la utilización de los recursos naturales, a la que se ha procedido durante los últimos decenios del siglo XX, en particular el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (el Convenio de las Naciones Unidas de 1982) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD).
El nuevo régimen jurídico de los océanos asigna a los estados ribereños derechos y responsabilidades en materia de ordenación y utilización de los recursos pesqueros dentro de sus ZEE, las cuales suman un 90 por ciento de las pesquerías marinas del mundo. Esto coincide con indicaciones claras de sobreexplotación en muchas aguas, lo que induce a los gobiernos nacionales a introducir un control adecuado en las actividades pesqueras. Un instrumento evidente de control es la concesión de autorizaciones de pesca tanto a los barcos como a las tripulaciones.
De esta forma se abren nuevas posibilidades para promover la seguridad en el mar. Durante todo el siglo XX, se han promovido las cuestiones de seguridad casi exclusivamente de forma voluntaria, lo que ha dado resultados limitados. Se garantizarán progresos a este respecto si se utilizan los requisitos de seguridad como condiciones previas indispensables para autorizar la pesca. Pescar legalmente equivaldrá a pescar de forma segura. Este paso exigirá un cambio de actitudes dentro del sector pesquero y, por consiguiente, un convencimiento pleno de los legisladores, pero, como la pesca es una de las ocupaciones más peligrosas que se conocen sobre la tierra, será inevitable conseguir estos progresos.
La FAO, al proporcionar asesoramiento, fomentará un enfoque holístico de la ordenación pesquera para los países en desarrollo que incluye la seguridad en el mar como parte integrante del régimen de ordenación. Se reflejará esto en la utilización activa del Código de Conducta para promover y controlar las cuestiones pertinentes a la seguridad del mar.
