No se encuentra entre los objetivos de esta guía ofrecer un examen detallado de las prácticas para fomentar el cumplimiento de las leyes nacionales de aplicación. Aun así, a continuación se ofrecen algunas consideraciones generales. En las páginas 68 a 74 de "Legislating Chemicals: an Overview"(PNUMA 1995) se incluyen más orientaciones. Las Partes y otros interesados pueden tener en cuenta estos temas al analizar sus leyes nacionales para aplicar el Convenio de Rotterdam.
Redacción de leyes para fomentar el cumplimiento y la fuerza ejecutiva. Un medio fundamental para fomentar y lograr el cumplimiento de las leyes nacionales es asegurar que al planearlas y elaborarlas se tomen en consideración los factores relacionados con la fuerza ejecutiva. Algunos factores que hay que tener en cuenta son:
Importancia de contar con disposiciones, obligaciones y sanciones claras y específicas, especialmente en el caso de las sanciones penales. Para ello es necesario claridad en cuanto a lo siguiente:
¿Qué medidas se requieren?
¿Cuándo se ha producido una infracción?
¿Quién la ha cometido?
¿Cuál es el alcance y la naturaleza de la responsabilidad?
¿Cuáles son los remedios y las sanciones disponibles?
¿Quién está encargado de imponer la ley?
¿Cuál es el mecanismo para revisar las medidas de aplicación o apelar contra ellas?
Importancia de adaptar las leyes a las circunstancias, condiciones y realidades nacionales:
Ello puede realizarse asegurando al mismo tiempo que se cumplen plenamente las obligaciones del Convenio.
Base institucional. Como se indica a lo largo de esta guía, un elemento fundamental para fomentar y lograr el cumplimiento de las leyes nacionales, con inclusión de las relativas a la aplicación del Convenio de Rotterdam, es desarrollar una base institucional suficiente y estipular atribuciones al respecto. Los países desarrollarán esta base teniendo en cuenta sus propias tradiciones y circunstancias. Las instituciones competentes que pueden actuar para fomentar y asegurar el cumplimiento de las leyes, y responder ante las infracciones, pueden incluir: autoridades administrativas con la responsabilidad principal de aplicar las leyes y los reglamentos pertinentes (por ejemplo, la AND para el Convenio de Rotterdam); organismos competentes especializados; órganos judiciales; y autoridades subnacionales. La función de la sociedad civil ha sido también puesta de relieve.
Supervisión del cumplimiento. Pueden emplearse varios instrumentos y métodos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones y ayudar a movilizar recursos a tenor de las limitaciones existentes, tales como:
Establecimiento de prioridades sobre la base del riesgo de daño (por ejemplo, se concederá mayor prioridad a los mayores riesgos)
Requisitos de mantenimiento de registros y presentación de informes
Autovigilancia acompañada de auditorias ambientales
Respuesta a las reclamaciones
Inspecciones (incluidos controles puntuales)
Formación de los inspectores existentes (agrícolas, sanitarios, laborales, aduaneros) para detectar infracciones
Exigencia de que las licencias estén sujetas a renovación, para permitir la posibilidad de inspeccionar los registros, actividades y prácticas
Fomento de la participación del público (véase la Parte III supra para los posibles medios).
Instrumentos para fomentar el cumplimiento. Existen varios instrumentos para fomentar el cumplimiento y sancionar las infracciones, que pueden analizarse en función del contexto, como por ejemplo:
Advertencias, citaciones y órdenes judiciales según la situación.
Multas y sanciones (administrativas, civiles, penales); revocación de licencias; responsabilidad jurídica; prohibición de adjudicar futuros contratos públicos a una persona o empresa; mandamiento de un organismo o tribunal para adoptar medidas específicas o abstenerse de adoptarlas; encarcelamiento (para los delitos penales).
Incentivos positivos e iniciativas de cooperación técnica con entidades reguladas. Pueden incluir: suministro de información; formación en asuntos relacionados con el cumplimiento; fomento de la capacidad de gestión ambiental y de auditoría; nuevos enfoques de la solución de diferencias que propicien compromisos para prevenir la contaminación, a fin de ayudar a cumplir las sanciones; apoyo y educación sobre el terreno, y otros métodos.
Fomento de la participación y sensibilización del público, reconociendo la importancia de la opinión y el diálogo públicos en la configuración de políticas y comportamientos. Puede producirse mediante: la publicación de los casos de incumplimiento; la aplicación de medidas basadas en el derecho de las comunidades a estar informadas con objeto de informar al público sobre la presencia y liberación de productos químicos tóxicos; y medidas para permitir la presentación de demandas o acciones judiciales por cualquier interesado para asegurar el cumplimiento.
Apoyo de las iniciativas de la industria orientadas a proteger contra riesgos y propiciar una buena administración; difusión de las medidas positivas.
Sanciones adaptadas a las infracciones. Puede prestarse especial atención al diseño de una política sobre cumplimiento y aplicación que asegure la coherencia y equidad, así como la debida adptación de las sanciones al carácter de la infracción.
