T.T.K. Tchamie
La destrucción deliberada por parte de la población local de los recursos naturales en las zonas protegidas de Togo demuestra el conflicto que existe entre los programas gubernamentales y las necesidades de la población. Una nueva política de salvaguardia de las zonas protegidas y de gestión de los recursos naturales debe reconciliar los intereses del Gobierno con los de la población local.
Thiou Tanzidani Komlan Tchamie es profesor de geografía de la Universidad de Bénin en Lomé, Togo.
BREVE HISTORIA
El concepto jurídico de zona protegida se introdujo en Africa Occidental Francesa en 1925 y, un año más tarde, el Gobernador General promulgó una ordenanza en la que se establecían 15 de estas zonas. En Togo, una circular del Gobernador General del 1° de febrero de 1933 estipulaba que «he previsto la creación de una vasta reserva forestal, como una forma eficaz de prevenir la deforestación excesiva en el país y para evitar la expansión desordenada de las tierras forestales desocupadas y sin propietario. A esta reserva se le concederá la situación jurídica adecuada, límites claramente determinados y especial protección» (Aubreville, 1937). Estas zonas protegidas debían mantenerse en la medida de lo posible alejadas de contacto humano prohibiéndose el ingreso y la caza en ellas (Foury, 1948). Aunque en la circular del Gobernador General se preveía que se permitiese a la población indígena ejercer los derechos de usufructo de las zonas no reservadas, al considerar la zona boscosa como «desocupa da y sin propietario» se ponía de manifiesto una falta de comprensión básica por parte de las autoridades coloniales de las prácticas tradicionales del uso de la tierra.
Un mercado al borde de la carretera en la entrada de la ciudad de Mango, cerca de la reserva de Naboulgou; se ha matado tanta fauna silvestre que la carne se vende a precios de saldo
La tenencia consuetudinaria de las tierras en Togo se basa en el clan, donde la tierra es de propiedad colectiva de los descendientes del mismo antepasado. No existe la propiedad individual puesto que toda la tierra comprendida dentro de los límites territoriales del clan se considera como una entidad única a disposición de todos sus miembros. Por lo tanto, la creación de zonas reservadas suscitó la oposición de la población ya que se le retiraban sus derechos de usufructo, en particular el derecho al desbroce, lo que equivalía claramente a desposeerlos de algo que consideraban como propio.
En 1955 se adoptó un nuevo estatuto que transfirió todos los poderes, excepto los de defensa, relaciones exteriores y emisión de moneda, al gobierno local. El estatuto contenía también una cláusula que rehusaba el principio de la tierra desocupada y sin propietario y estipulaba que en la creación de las reservas forestales debía participar la población local y que se tendrían en cuenta sus aspiraciones y necesidades. Los textos jurídicos reconocían los derechos tradicionales de los usuarios, incluido el derecho de recoger leña y recolectar fruta así como plantas alimentarias y medicinales. Antes de clasificar un bosque como zona protegida, se debía realizar una investigación entre la población local para determinar si existían los derechos de los usuarios. Si se llegaba a la conclusión de que el interés general pesaba más que los derechos de los usuarios, se clasificaba el bosque como zona protegida pero se indemnizaba a los propietarios expropiados. Desgraciadamente esta revisión de los derechos de usufructo llegó demasiado tarde para poder ponerla en práctica.
En 1958, durante la campaña electoral para la nueva asamblea legislativa, que precedió a la independencia y fue celebrada con el auspicio de las Naciones
Unidas, algunos dirigentes políticos convirtieron a los bosques protegidos en su caballo de batalla, denunciándolos como una forma de expropiación de la tierra; al mismo tiempo las poblaciones locales atacaron a los guardias forestales y destruyeron deliberadamente la flora y la fauna de las zonas protegidas.
Poco después de asumir el cargo en 1967, el Presidente Eyadema convocó una reunión de todos los profesionales forestales para analizar el estado del medio ambiente y sugerir formas de remediar la situación. A partir de 1968 se estableció una política muy centralizada de gestión de zonas protegidas y conservación de recursos naturales; en todo el territorio nacional quedó vedada la caza de todos los animales, excepto los pequeños, a menos que se dispusiese de una autorización especial, y se prohibió nuevamente la posesión de armas de fuego al igual que durante el período colonial.
Elefantes en el Parque Nacional de Kéran antes de 1990
A partir de 1971, el Gobierno expendió algunas de las zonas protegidas del país, clasificando a tres de ellas como parques nacionales, como parte de su política de protección ambiental:
· el Parque Nacional Fazao-Malfakassa se creó en 1975 combinando dos reservas forestales establecidas en 1951 (Fazao: 162000 ha; Malfakassa: 30000 ha). Este parque, ubicado en las montañas de Atakora, en la región central del país, tiene un ecosistema típico de bosque tropical semimontañoso;· el Parque Nacional Kéran, creado en 1971 tomando como base una reserva forestal establecida en 1950 (6700 ha), fue ampliado a 163600 ha en 1975-76 y luego a un total de 179550 ha en 198182, incluidas 50470 ha de reservas de caza. Este parque, situado en Togo septentrional, es representativo de la sabana subsudanesa;
· el Parque Nacional Fosse aux Lions, establecido como reserva forestal en 1954, abarca una superficie de 1650 ha. En 1981 se decidió proteger todo el valle del Oti (que se extiende desde los límites septentrional y nororiental del Parque Nacional Kéran a la frontera nororiental del país), estableciendo así la reserva de fauna de Oti-Mandouri, cuyos límites se ampliaron en varias ocasiones y actualmente abarcan 148000 ha.
La superficie total del territorio togolés ocupada por parques nacionales (357390 ha), reservas de fauna (290401 ha) y reservas forestales (159719 ha) representan ahora aproximadamente 807510 ha, o sea aproximadamente el 12 por ciento de su territorio. La región de la sabana, en la parte más septentrional de Togo, es la más importante en cuanto a la protección de la flora y la fauna (DRPD, 1985). La zona protegida de esta región (parques nacionales, reservas de fauna y reservas forestales) se expendió de 164 km² en 1960 a unos 2632 km² en 1990, lo que representa aproximadamente un tercio (31 por ciento) de la región y casi el 40 por ciento de todas las zonas protegidas.
Lamentablemente, la ampliación de las zonas protegidas y la creación de nuevas no hizo una distinción racional entre la tierra que debía protegerse y la que se necesitaba para el cultivo de alimentos por parte de una población en aumento. La política de conservación debía implicar la utilización de la protección física de la tierra para mejorar el medio ambiente natural en beneficio de la población local, sin embargo no hubieron medidas complementarias (mejora de las tierras cultivables, evaluación de las necesidades de la población, etc.) que ayudaran a las zonas protegidas a desempeñar plenamente las funciones ecológica y económica esperadas. En realidad, las órdenes de clasificación forestal se concentraron en la protección de la tierra por sí misma, y la planificación del aprovechamiento de la tierra respetó este objetivo fijo. Desgraciadamente, los objetivos políticos de protección ambiental se han impuesto completamente sobre la lógica básica para el establecimiento de zonas protegidas. En lugar de fomentar el desarrollo económico de las regiones, más del 90 por ciento de las cuales son de carácter rural, las zonas protegidas se convirtieron en «despensas repletas de alimentos y rodeadas por el hambre» (Sournia, 1990).
El informe de un taller sobre parques nacionales y protección de la flora y la fauna celebrado en Kara, en 1982, decía: «... con el objetivo sociocultural de brindar a cada ciudadano togolés su lugar dentro del hábitat natural, de ayudarlo a recuperar la identidad perdida y a reconocer y valorar su patrimonio cultural, el Gobierno ha iniciado decididamente un proceso de desarrollo y conservación ecológicos cuyos objetivos fundamentales son planificar la gestión de los parques y reservas nacionales para protegerlos, y acrecentar sus recursos naturales para el bienestar económico y social de la población togolesa en general y de la población rural en particular».
En el plano económico, el informe reconocía claramente que los parques nacionales debían apoyar el desarrollo económico regional y nacional, principalmente mediante la explotación racional de la fauna. La utilización económica de la fauna era un componente del programa gubernamental para el fomento de los recursos naturales renovables, cuyo objetivo era satisfacer las necesidades alimentarias y, sobre todo, reducir el déficit de proteínas animales, así como, a corto o largo plazo, producir en gran cantidad productos y subproductos de caza de calidad para el mercado, mediante la caza planificada y reglamentada. El informe sostenía más adelante que los parques nacionales y las zonas protegidas habrían ayudado a la población local a: encontrar un empleo rentable; obtener una renta con los servicios turísticos; vender artesanías y recuerdos; y satisfacer sus necesidades alimentarias consumiendo los animales cazados por los turistas.
Sin embargo, en realidad, nada de esto se ha logrado. Por el contrario, las zonas protegidas han resultado enormemente perjudiciales para la población local. En 1985, la Dirección Regional de Planificación y Desarrollo de Dapango relevó que «el impacto negativo de la reserva es clarísimo: pérdida de tierras de caza y, por ende, pérdida de proteínas para la población rural; prohibición de la pesca, que es una actividad tradicional a lo largo del río Oti; acceso prohibido para el ganado a las zonas bajas de pastizales y las aguadas, de suma importancia durante la estación seca; abandono de numerosos proyectos de desarrollo agrícola [originalmente previstos en tierras ahora clasificadas como zonas protegidas] en las partes más productivas de la región» (DRPD, 1985).
Destrucción deliberada de una plantación de teca (Tectona grandis) en el pueblo de Amaudè, en Togo central
LA SITUACION ACTUAL
Las encuestas realizadas en las aldeas que bordean el Parque Nacional Fosse aux Lions (Panabago, Tambago), el Parque Nacional Kéran (Sagbiébou, Mango, Péssidé), la Reserva de fauna de Galangashie (Galangashie) y la Reserva de fauna de Abdoulaye (Tchamba) dan algunos indicios de la desilusión, la amargura y la hostilidad suscitadas en la población local por las zonas protegidas. Las poblaciones que viven en las cercanías las consideran como algo totalmente ajeno a sus necesidades y las ven como símbolos de expropiación, de interés sólo para los turistas extranjeros y para una parte de la élite política. La ventaja, si existe, es sólo para el Estado. Como afirma un habitante de Péssidé, una aldea situada al sur del Parque Nacional Kéran: «desde 1976, cuando nuestra aldea fue desplazada para dejar lugar al parque, padecemos hambre. [NdR: partiendo del principio de que una reserva forestal debe estar lo más aislada posible del contacto humano, el Gobierno desalojó a las poblaciones en 1970, con frecuencia, mediante el uso de la fuerza. Las poblaciones desplazadas por lo general desconocían el nuevo territorio y, aún en el caso de conocerlo no recibieron compensación ni infraestructura socioeconómica como caminos, escuelas, pozos de agua, dispensarios, etc.]. Nuestra nueva aldea está en un suelo muy pobre y el agua escasea muchísimo. Nuestras cosechas son malas y, a pesar de que somos agricultores, tenemos que comprar nuestros cereales en otro lado... No nos oponemos a la protección ambiental como tal pero lamentamos el hecho de que las autoridades políticas y administrativas no hagan nada para ayudarnos».
Los aldeanos que viven cerca del Parque Nacional Fosse aux Lions creen que todos sus problemas derivan de los parques y las reservas de fauna, no sólo porque no disponen de tierras para cultivar sus cereales sino también porque cada año los elefantes, los jabalíes y los monos, que los aldeanos ni siquiera tienen derecho a cazar, destruyen sus escasos cultivos y magras cosechas. «Hemos sufrido mucho a causa de los elefantes y no queremos volver a verlos - dice un aldeano -. Todos nuestros cultivos y cosechas han desaparecido, hace años que no tenemos ni sorgo, ni frijoles, ni maní, ni maíz, sólo se da el mijo de seis meses. Los elefantes son los causantes del hambre de la región y estamos hartos de oír hablar de ellos a las personas que vienen de fuera. Si quieren garantizar su protección, tienen que cercar el parque para evitar que se escapen. Si no lo hacen, nos opondremos categóricamente a todo intento de proteger a estos animales en nuestras tierras».
Manifestaciones de hostilidad
La profunda hostilidad latente de los que han sido víctimas de expropiaciones, han sido desplazados y luego ignorados, estalló en 1990. Hubo numerosos ataques a las tierras forestales: tala descontrolada de árboles, desbroce ilícito de tierras, reimplantación ilegal en las aldeas evacuadas y destrucción masiva de la fauna. Antes de 1990 los parques y reservas nacionales atesoraban una fauna riquísima. Con los disturbios sociales acaecidos ese año, las poblaciones locales masacraron sistemáticamente la fauna como un acto de venganza y no para satisfacer sus necesidades de caza. El puesto de control de la fauna en Mango, en el límite septentrional del Parque Nacional Kéran, se convirtió en un mercado de carne de caza fresca y cecina en cantidades que excedían la demanda. Resulta muy difícil evaluar el daño causado a la fauna, pero cualquier persona que hubiese conocido el Parque Nacional Kéran antes de 1990 y después, puede darse cuenta fácilmente de las nefastas consecuencias. Se ha demostrado también que las poblaciones locales han alentado y protegido a los cazadores furtivos de los países vecinos, incluidos Ghana y Benin (Jefe de Bombouaka, comunicación personal, 1992).
La destrucción se extendió también más allá de las zonas protegidas a las parcelas de reforestación con teca y eucaliptos. En la región central, por ejemplo, alrededor de las aldeas que bordean la carretera nacional 1, como Yalimbè Ayengré, Nima, Aouda, Amaidé y Amaudè, las plantaciones estatales de teca fueron taladas sistemáticamente por la población local como un acto de venganza.
Otra forma de hostilidad a los parques nacionales y las zonas protegidas se puso de manifiesto en los pedidos de reducción, e incluso de eliminación, de las zonas protegidas para permitir el uso de la tierra a las poblaciones locales. Había dos grandes tendencias: la eliminación total de la condición de «zona protegida», lo que demostraba un rechazo categórico de la reserva; y una posición más moderada, basada en la aceptación de las zonas protegidas pero con límites que correspondieran a los establecidos durante el período colonial. Las protestas fueron mucho más virulentas en las partes central y septentrional del país donde la creación de las reservas forestales había causado considerables problemas a la población local.
Como ejemplo de una posición más extrema podemos citar el caso de las poblaciones afectadas por el Parque Nacional Kéran, que está comprendido entre las prefecturas de Oti, en el norte, y de Kéran, en el sur. En 1991, se suprimió la protección de las tierras de la reserva en la prefectura de Oti, pero las poblaciones locales ano reclaman toda la zona comprendida entre el sur de la carretera de Sadori a Takpaniéni y el río Koumongou, que es el límite natural entre ambas prefecturas. Esta posición indica claramente el rechazo de la población local a aceptar zonas protegidas en su región. Una actitud más moderada se adoptó en la prefectura de Kéran, en donde la población local reclama más tierra y quiere que los límites de la zona protegida correspondan a los de la aldea de Atchenritè (Ayendete), como era en 1973.
EL DESAFIO ES ALCAZAR UN COMPROMISO
Togo ha vivido dos decenios de desequilibrio ecológico (persistente sequía, en particular en la parte norte del país, deforestación y desaparición de la vegetación leñosa, en particular en las regiones de la sabana, la marítima y la de Kara, con la consiguiente escasez de leña y un uso cada vez más irracional de la tierra) que causó enormes daños a la flora y la fauna nacionales. Es probable que el desequilibrio ecológico perdure por un plazo más o menos prolongado a menos que se adopten medidas para remediarlo, las que deben conceder prioridad a la dimensión sociológica y psicológica más que a los aspectos técnicos y financieros. La solución adecuada es, sin lugar a dudas, aquella que prevé la participación de la población local en la gestión y explotación de sus recursos naturales y procura acrecentar su sentido de la responsabilidad. El objetivo primordial ya no puede seguir siendo aislar las zonas protegidas de las comunidades locales. Las encuestas realizadas en unas 20 zonas protegidas, distribuidas en todo el país, revelan que la población local es consciente de la función ecológica de los bosques en las lluvias y la fertilidad del suelo, así como en su propia supervivencia, y que considera que es necesaria la protección ambiental. Sin embargo, quieren que se redefinan los usos de las zonas protegidas y que se reduzca su tamaño, ya que lo consideran excesivo dada la cantidad de tierra cultivable que se necesita para hacer frente al crecimiento demográfico. Proponen que los límites de las zonas protegidas vuelvan a ser los del período colonial. Esta nueva demarcación debería efectuarse junto con los representantes de los terratenientes e ir acompañada de una compensación, puesto que las poblaciones locales consideran que en el pasado, más que comprárseles, se les ha confiscado la tierra. Con respecto a la caza, las poblaciones locales quieren que fuera de las zonas protegidas se les permita cazar los animales, en particular aquellos que causan daños a los cultivos.
Habrá que crear una infraestructura socioeconómica básica en las aldeas cercanas a las zonas protegidas antiguas y nuevas para mejorar la calidad de vida, así como brindar asistencia para que la tierra que limita con las zonas protegidas pueda utilizarse de forma racional y metódica y para que la población local sea capaz de integrarse al proceso de protección. Convendrá reflexionar mucho sobre la gestión participativa de las zonas protegidas, lo que representa una forma innovadora de protección ambiental. Será necesario cambiar la actitud de las personas - lo que implica una toma de conciencia de la situación - y de los guardabosques - lo que entraña formación -, con respecto tanto a la gestión como a la explotación de los recursos naturales. Además deberá adaptarse debidamente la legislación forestal del país. Por último, habrá que esforzarse porque las palabras se traduzcan en hechos para evitar que surjan desacuerdos entre las autoridades y la población local.
CONCLUSION
La protección de la naturaleza es importante ya que su destrucción reduce drásticamente la calidad de la vida de los seres humanos que son una parte integrante de ella, y de la que dependen para su bienestar. Los recientes ejemplos de destrucción voluntaria de los recursos naturales son una manifestación de hostilidad latente que ha existido en Togo durante los últimos 20 años y que se desencadenó en 1990. Es necesario redefinir los motivos por los cuales se crearon las zonas protegidas para lograr que la población local contribuya a la protección, la gestión y la explotación racional de los recursos naturales. Asimismo, las autoridades gubernamentales deben sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger los recursos forestales nacionales.
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