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Declaración de Pretoria

Setenta expertos de 45 países de todas las regiones se reunieron, del 4 al 7 de junio de 1966 en Pretoria, en el taller sobre «Mecanismos financieros y fuentes de financiación para la agricultura sostenible», copatrocinado por los Gobiernos de Dinamarca y Sudáfrica y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), celebrado en apoyo del Grupo intergubernamental ad hoc sobre bosques.

Los expertos reconocieron que los bosques, incluidas las tierras arboladas, proporcionan una gran variedad de beneficios económicos, sociales, ambientales y culturales en los planos local, nacional, regional y mundial, y que el interés colectivo de las generaciones presentes y futuras exige que se mantengan en estado saludable todos los tipos de bosques del mundo.

Los expertos, no obstante, expresaron su grave preocupación por la falta de seguimiento y aplicación de los acuerdos de Rio para combatir la deforestación y promover la gestión forestal sostenible, siendo motivos de preocupación en particular:

· el hecho de que los bosques no se administren de manera sostenible, y prosigan a un ritmo sin precedentes la deforestación extensiva no planificada y la degradación forestal;

· la capacidad de los bosques para responder a las múltiples necesidades de las sociedades en caso de que continúen las actuales tendencias y prácticas de inversión;

· la insuficiencia de los recursos para responder a las necesidades de la gestión forestal sostenible.

En atención a estas preocupaciones y para alcanzar el objetivo de una gestión forestal sostenible, socialmente equilibrada y ecológicamente sana, los expertos instan a los gobiernos, al sector privado y a los inversores, a las organizaciones internacionales multilaterales, las organizaciones no gubernamentales y el sector voluntario, a reconocer su responsabilidad común y a tomar las siguientes medidas urgentes:

· que los gobiernos nacionales modifiquen sus políticas incluyendo el reconocimiento del valor de mercado de las reservas de recursos naturales, la planificación del uso de la tierra y la seguridad en la tenencia de la tierra, así como el uso de los recursos nacionales;

· que los gobiernos nacionales susciten y promuevan un ambiente favorable para la inversión en gestión forestal sostenible, incluida la estabilidad macroeconómica, y desarrollen y mantengan una firme capacidad institucional y humana;

· que los gobiernos nacionales ofrezcan incentivos, en particular a pequeñas empresas, comunidades locales y propietarios de bosques, para promover el uso de tecnologías apropiadas en apoyo de la gestión forestal sostenible, y que cuiden de que los incentivos a otros sectores sean favorables a la gestión forestal sostenible;

· que los gobiernos nacionales formulen y apliquen, mediante un proceso abierto y participativo, un programa forestal nacional que incluya planes claros de acción y disposiciones sobre mecanismos de coordinación interna y control de las actuaciones, y que asegure la congruencia en la planificación nacional del desarrollo, así como en el plano macroeconómico y en el sector correspondiente;

· que los donantes y el sector voluntario orienten sus actividades a cubrir las necesidades de subsistencia, a ofrecer capacitación y crear industrias en los países en desarrollo, en particular aquellos dotados de escasa cubierta forestal;

· que se aumenten en términos reales los recursos financieros nacionales y la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) destinados a actividades de gestión forestal sostenible, reconociéndose la importancia de dicha AOD para financiar la gestión forestal sostenible en muchos países en desarrollo;

· que se movilicen recursos nacionales y exteriores adicionales para financiar las medidas necesarias para promover la gestión forestal sostenible;

· que se desarrollen nuevos mecanismos financieros de manera que las inversiones privadas y los fondos de la AOD se estimulen mutuamente;

· que se utilicen con mayor eficiencia los fondos de todas las fuentes;

· que los donantes respondan con mayor eficacia a las necesidades prioritarias de los países en desarrollo destinando mayores proporciones de los fondos totales a la ejecución de proyectos locales, la coordinación y la evaluación periódica conjunta;

· que se aliente al sector privado a adoptar códigos de conducta que promuevan la gestión forestal sostenible;

· que el sistema de las Naciones Unidas acepte la coordinación como una actividad obligatoria;

· que se definan claramente las funciones de los organismos de las Naciones Unidas sobre la base de su fuerza respectiva para poner en práctica un objetivo común de gestión forestal sostenible;

· que se intensifique el apoyo a la investigación para promover la gestión forestal sostenible.


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