N. Hildyard, P. Hegde, P. Wolvekamp y S. Reddy
Nicholas Hildyard trabaja en The Comer House, Reino Unido.
Pandurang Hegde pertenece al Appiko Movement, India.
Paul Wolvekamp pertenece a Both Ends, Países Bajos
Somasekhare Reddy trabaja en el Indian Institute of Management, India.
Análisis del limitado éxito de los esfuerzos en favor de la participación en la ordenación forestal, especialmente en la India.
INTERESES CONFLICTIVOS, PERCEPCIONES DIFERENTES
Lo que divide es a menudo tan importante, si no más, que lo que se tiene en común. Incluso palabras y conceptos cuyo significado es con frecuencia evidente para quien los usa pueden contener sentidos diferentes para personas diferentes, en tiempos y lugares diferentes. Así la palabra bosque, usada aparentemente sin discusión para describir una clase de terrenos, pero cuyo significado es interpretado de distinto modo por los diversos grupos de interés, lo que ha conducido a acaloradas discusiones sobre lo que son los bosques y para qué deberían utilizarse.
La degradación de los bosques tiene sentidos radicalmente diferentes para distintos grupos de personas, porque la diversidad de sus consecuencias da lugar inevitablemente a distintos enfoques ante el problema de la degradación ambiental. La respuesta preferida de muchos planificadores, políticos, personal de desarrollo, funcionarios e industriales apunta a formas de ordenación que son instrumentales, e inevitablemente actúan de arriba abajo. Trabajando sobre datos objetivos, los gestores planifican, se movilizan y despejan el terreno para la acción. Las personas son incentivadas, movilizadas, sacadas de su aislamiento tradicional, capacitadas o halagadas para que colaboren y realicen los planes de los gestores... o bien se convierten en obstáculos que hay que apartar. Se justifica el manejo de las personas en nombre de la protección del medio ambiente. Entre tanto, el medio físico se convierte en un terreno destinado a ser reordenado, dividido en zonas y parcelado con arreglo a algún plan básico preconcebido.
En contraste, para los grupos populares que dependen de los bosques para su sustento, el debate es a menudo no sólo sobre cuestiones técnicas, como la manera de conservar el suelo o las especies de árboles que han de plantar se, sino también sobre la manera de crear o defender instituciones comunitarias democráticas abiertas que permitan a la gente ser dueños de sus propias vidas. En el centro de las reivindicaciones reiteradas de los grupos están las aspiraciones al control local de los recursos; a una autoridad conferida a la comunidad, no al Estado, ni al gobierno local, ni al mercado, ni al terrateniente local; al derecho a revisar e incluso vetar la aplicación de proyectos de desarrollo planificados por la administración central; a la reforma agraria; y a una política que enfrente la falta de equidad en las relaciones de poder en todos los niveles de la sociedad, no sólo entre las comunidades sino también dentro de ellas. Para tales grupos, la cuestión no es simplemente cómo gestionar su medio ambiente, sino quién gestiona el medio ambiente de quién y en interés de quién. Se lucha entonces por algo más que el mero reconocimiento de los derechos sobre bienes comunales materiales; se trata también de restaurar o defender los medios de control y equilibrio en el uso del poder que afecta a la comunidad local.
CONTEXTO DE LA PARTICIPACIÓN
Dada la existencia de percepciones tan diferentes de lo que constituye la degradación ambiental, no es sorprendente que el entusiasmo creciente entre las administraciones forestales del mundo respecto a las formas participativas de la ordenación forestal y a los enfoques participativos que hacen hincapié en la ordenación de recursos basada en la comunidad suscite una fuerte desconfianza, incluso en el seno de los movimientos para los que la participación y el control comunal de los bosques son reivindicaciones básicas. Una de las razones de esta desconfianza es que pocas de las instituciones que ahora preconizan la participación tienen antecedentes de haberla tomado en serio (Williams, 1976).
La literatura contiene une multitud de ejemplos - referentes no sólo a organismos multilaterales y bilaterales sino también al sector no gubernamental - en que la retórica de la participación no corresponde a las realidades sobre el terreno. La política forestal del Banco Mundial, por ejemplo, declara que «el Banco favorecerá nuevos enfoques de la ordenación de zonas protegidas que incorporen a la población local a la protección, al reparto de los beneficios y a la planificación y recalcará la necesidad de considerar las necesidades y el bienestar de los habitantes de los bosques».
Según un estudio interno de 1994 sobre la ejecución, el personal del Banco ha aplicado con éxito esta política. El Banco ha orientado su asistencia a «ayudar a los gobiernos... a capacitar a las poblaciones rurales para conservar y administrar mejor todos los bosques» y ha «incorporado a su labor la necesidad de contar con la participación de cuantos tienen intereses en los bosques» (Lohmann, 1994).
Pero los documentos programáticos son una cosa y su aplicación es otra. La experiencia de los aldeanos del noroeste de Tailandia, donde el Banco quería llevar a cabo un gran proyecto de conservación, es ilustrativa. Un crítico del proyecto escribió por entonces: «Tengo frente a mí cientos de páginas de un estudio de preinversión para (el proyecto)... El proyecto está concebido para una zona - los santuarios Thung Yai-Huai Kha Khaeng - habitada por el pueblo karen, que habla una lengua distinta de la de la mayoría tailandesa. El proyecto propicia su desalojo. Pero ni una sola de estos cientos de páginas en inglés burocrático ha sido traducida al tailandés, y menos aún a la lengua karen; menos aún se les han comunicado, y todavía menos han sido aceptadas por la población local karen del santuario que ha de verse afectado. Ello a pesar de que las ONG han pedido traducciones tailandesas de todo este material...» (Lohmann, 1994).
No menos culpables son otros organismos. Un estudio realizado en 1998 de los proyectos forestales de asistencia al desarrollo de la Unión Europea cita numerosos ejemplos de llamadas a la participación ignoradas o incumplidas (Rice y Counsell, 1998). El Programa Leuser de desarrollo financiado por la Unión Europea en Indonesia, por ejemplo, específicamente apunta a desarrollar «un programa para estimular la participación de la comunidad en la conservación de los recursos nacionales y el interés por el ecosistema». Sin embargo, las ONG dicen que las comunidades locales nunca han intervenido en la planificación y la ejecución del proyecto. Una consecuencia es que las plantaciones establecidas por el proyecto han sido repetidamente destruidas por el fuego.
Incluso cuando los organismos han tomado medidas para hacer intervenir a las comunidades, a menudo se ve que tal participación es un simple medio para obtener el consentimiento a proyectos y programas cuyas grandes líneas se han determinado previamente: un medio para que la planificación de arriba abajo sea impuesta desde abajo. Las consultas suelen ser esporádicas. El Instituto Católico de Relaciones Internacionales, por ejemplo, da cuenta del resultado de un proyecto participativo en el sur de la India, que afectaba a las mujeres de 19 aldeas a las que se concedió un préstamo bancario para comprar una vaca lechera. Menos del 10 por ciento de las mujeres utilizaron el dinero como se pretendía. Cuando el personal del proyecto les preguntó por qué no habían utilizado el dinero, las mujeres expresaron su descontento por haber sido tratadas como receptoras pasivas e ignorantes: «No nos preguntaron si queríamos vacas lecheras», «Yo prefería un préstamo para cultivar té», «Yo quería recuperar mis cocoteros hipotecados» (ICRI, 1995). Afortunadamente en este caso el resultado no fue malo para las participantes en el proyecto, que, como observa el ICRI, contaron con un amplio apoyo local. Sin embargo, en muchos otros casos las poblaciones locales se ven de hecho «atrapadas» en proyectos que al final pueden estar lejos de beneficiar a la mayoría de los habitantes. En algunos casos, se han utilizado planes participativos de autoayuda o programas de alimentos por trabajo para obtener una mano de obra barata para proyectos de infraestructura (Chambers, 1995; Peters, 1997); en otros, para paliar las consecuencias sociales y económicas de políticas, como los programas de ajuste estructural, que han exacerbado las desigualdades sociales y económicas y empeorado la posición de los sectores más pobres de la sociedad.
En este contexto político, no es sorprendente que muchos sectores de la comunidad vean la nueva tendencia entre los organismos de desarrollo a presentar formas de desarrollo participativo como intentos de desvirtuar de hecho sus esfuerzos por reivindicar el control de las instituciones, los bosques, los caladeros, los campos y los ríos de los que dependen para su sustento. El caso de la ordenación forestal conjunta en la India es ilustrativo.
Ordenación forestal conjunta en la India
En la India, la ordenación forestal conjunta, así como la planificación y ordenación forestal conjunta, ha desempeñado un papel de importancia creciente en los proyectos y programas forestales desde los últimos años ochenta. Como consecuencia de las protestas en los últimos años setenta y primeros ochenta contra la degradación de los bosques por obra de la industria y contra la exclusión de las poblaciones locales del aprovechamiento de los recursos forestales, el Gobierno de la India inició una serie de programas de silvicultura social para atender a las necesidades locales de leña y otros productos forestales mediante la participación activa de los aldeanos en las plantaciones. Lejos de desactivar las protestas, sin embargo, la frecuente dedicación de tierras comunales a plantaciones comerciales (principalmente eucaliptos para la industria papelera) más bien que a cotos forestales de las aldeas suscitó todavía más agitación, en los aldeanos que arrancaron los eucaliptos.
El fracaso evidente de estos primeros esfuerzos obligó al Gobierno a revisar su política forestal: los departamentos forestales tuvieron que subordinar la explotación comercial de los bosques a la ordenación forestal cuidadosa del medio ambiente y atenta a las necesidades de subsistencia de las poblaciones locales; se exigió la protección de los derechos consuetudinarios de los campesinos sobre los bosques; y se propició una mayor participación de la población local en la protección y el desarrollo de los bosques de los que obtenía beneficios como leña, alimentos y madera (Feeney, 1997).
En junio de 1990, el Ministerio del Medio Ambiente propuso que se concediera el usufructo de determinadas tierras forestales a las comunidades que se constituyesen como organización adecuada de aldeas con la finalidad de regenerar bosques degradados (Arara, 1994). Los trabajos emprendidos serían supervisados por el departamento de bosques, como lo sería el acceso de los campesinos a los productos forestales.
Se estimularía a las ONG a desempeñar un papel de intermediarias entre el departamento de bosques y las aldeas. Dieciséis estados han introducido ya cambios en sus leyes forestales para facilitar la ejecución de esta ordenación forestal conjunta (Feeney, 1997).
Es significativo que en Orissa y en Bengala Occidental, los dos primeros estados en adoptar este tipo de ordenación forestal, la promulgación de disposiciones formales de participación no se hizo sin que antes numerosos grupos locales hubiesen constituido ya sus propias organizaciones para proteger los bosques locales. De hecho, «la participación popular y el poder del pueblo precedieron al cambio de política en estas comarcas, más bien que ser el resultado de tal cambio» (Arara, 1 997).
El proyecto forestal de Ghats occidental
En varios estados, sin embargo, la ordenación forestal conjunta llegó a la India menos por obra de instituciones nacionales que respondieran a la presión popular que por la acción de organismos internacionales. En el estado de Karnataka, por ejemplo, los movimientos populares fueron muy activos en los años ochenta (y también en decenios anteriores) en la defensa y la regeneración de los bosques. Aunque el departamento forestal de Karnataka ignoró el movimiento nacional en favor de la ordenación forestal conjunta, aprovechó en cambio las preocupaciones nacionales e internacionales sobre la degradación forestal y formuló una propuesta de financiación para un amplio programa de reforestación en la zona de Ghats occidental presentándola a la Administración de Desarrollo de Ultramar (que había financiado anteriormente varios proyectos de silvicultura social en ese estado). En la propuesta estaba enteramente ausente cualquier elemento de participación popular. Las poblaciones locales aparecían sólo como mano de obra barata para los planes de reforestación. La Administración de Desarrollo de Ultramar aceptó tomar en consideración el proyecto, a condición de incorporar la participación popular y la mitigación de la pobreza.
Tras una serie de reuniones de trabajo entre el departamento forestal de Karnataka y las ONG locales el proyecto se modificó profundamente, aunque las ONG seguían bastante preocupadas. En abril de 1991, el departamento forestal estableció un proyecto definitivo que incorporaba planes de participación (basados sobre todo en propuestas de expertos forestales del Reino Unido) que introducirían en Ghats occidental la planificación y ordenación forestal conjunta. El Gobierno del Reino Unido convino en asignar al proyecto 24 millones de libras esterlinas.
El proyecto forestal de Ghats occidental se propone promover y mejorar la capacidad de ordenación del departamento forestal del estado de Karnataka, y en particular ponerlo en condiciones de responder a las demandas conflictivas de diferentes usuarios de los bosques. En virtud del plan, los bosques se han dividido en cinco zonas: Zona 1, espacios ecológicamente importantes; Zona 2, espacios forestales deshabitados con posibilidades de explotación comercial; Zona 3, espacios con bolsas para pobladores; Zona 4, bosques marginales cerca de los asentamientos (principalmente tierras degradadas); Zona 5, tierras comunales fuera de los bosques. Se permite que los campesinos participen únicamente en la ordenación de las tierras de la Zona 4.
Decidido de antemano
Aunque las ONG desempeñaron un papel fundamental modificando el proyecto para dar cabida a una mayor intervención de los campesinos y para orientarlo a los pobres, estas modificaciones se añadieron simplemente a una estructura existente. Los objetivos del proyecto habían sido decididos ya por el departamento forestal de Karnataka y por la Administración de Desarrollo de Ultramar; las ONG fueron consultadas únicamente sobre la mejor manera de alcanzar esos objetivos. Si las ONG hubiesen formulado su propio proyecto, en lugar de modificar un proyecto ajeno, su forma podría haber sido muy diferente. En lugar de preocuparse por conservar los bosques dividiéndolos en zonas y estimulando la plantación en tierras degradadas, por ejemplo, muchos campesinos habrían exigido que se introdujesen en el departamento forestal duras sanciones profesionales contra los funcionarios forestales que se dejan sobornar para otorgar concesiones de explotación de bosques. Podrían haber abogado por inversiones en zanjas contra elefantes y alambrados eléctricos para proteger los cultivos contra los animales del bosque, elevando así los ingresos agrícolas y ayudando a superar de algún modo la hostilidad con que muchos agricultores miran los bosques. Podrían haber pedido la reparación (o construcción) de caminos vecinales para facilitar el acceso a los mercados, o la suspensión de las actividades mineras en el bosque, o el control efectivo de las talas de árboles. Podrían haber señalado instituciones locales que estaban ya administrando propiedades comunes locales o cuidando de arboledas sagradas locales como mejores instrumentos para la ordenación forestal que los comités forestales de aldea impuestos desde fuera. Podrían haber abogado por la reforma agraria o por medidas para garantizar a los campesinos más pobres la posesión de la tierra. Podrían haber puesto en duda que plantar árboles sea la mejor manera de restaurar tierras degradadas, invocando los muchos ejemplos en la región en que la regeneración sin ayudas ha resultado muy efectiva. Podrían haber advertido que las plantaciones en tierras comunales tal vez redunden en perjuicio de los campesinos más pobres, que utilizan de diversos modos esas tierras y obtienen de ellas productos. Y, en fin, podrían haber reivindicado el pleno control legal de extensiones forestales mucho mayores que la mera Zona 4.
En virtud del proyecto, se estimula a los habitantes de las aldeas a formar un comité forestal de aldea con atribuciones para conservar y restaurar espacios forestales específicos y compartir los beneficios (ventas de madera de las plantaciones, por ejemplo) con el departamento forestal de Karnataka. Todo cambio en el acceso o en el uso que tenga consecuencias para las comunidades locales deberá realizarse previa consulta.
En muchos casos, sin embargo, el departamento forestal ha establecido plantaciones aunque no se había constituido un comité forestal de aldea.
Según informa Oxfam (Reino Unido), «Aunque hubo reuniones públicas... para informar a la comunidad local sobre el proyecto y para escuchar en principio sus sugerencias sobre las plantaciones, ya se habían establecido viveros y se habían cavado agujeros antes de cualquier consulta. La plantación estaba predeterminada por el departamento forestal de Karnataka» (Feeney, 1997).
Donde se han constituido los comités forestales de aldea, las reuniones se han convocado a menudo con escasa antelación a conveniencia del departamento forestal de Karnataka, cuyos funcionarios levantaban las actas de las reuniones y administraban los fondos, lo que hacía sospechar que los comités se habían instituido únicamente para responder a las condiciones de financiación de la Administración de Desarrollo de Ultramar.
Aunque en principio los comités forestales deben asegurar la participación de todos los sectores de la aldea en las decisiones sobre sistemas de plantación, muchos están dominados por los grupos sociales más poderosos, y por los hombres en detrimento de las mujeres. Además, «los elegidos como miembros del comité tienen atribuciones y autoridad para obligar a los no miembros a acatar las decisiones de dicho comité respecto a zonas forestales protegidas y a respetar las nuevas reglas de acceso y uso de productos forestales. Esto puede tener consecuencias dramáticas sobre los derechos de los campesinos más pobres a recoger productos forestales no leñosos día a día para subvenir a sus necesidades... La privación de esos derechos daña gravemente la equidad y puede causar conflictos en el futuro» (Feeney, 1997).
En efecto, los comités forestales reordenan directa o indirectamente el acceso a los recursos naturales y los derechos sobre ellos, generalmente en favor de las minorías de propietarios que los dominan, incluso en las aldeas en que la participación es plena. (Saxena et al., 1997).
El predominio de las minorías en los comités forestales es la metodología seguida por el departamento forestal de Karnataka al establecerlos. Generalmente, los funcionarios forestales tienden a tomar contacto con las personas que consideran más importantes de la aldea; éstas suelen ser, al final, el presidente y los miembros del comité forestal de aldea.
Es comprensible que muchos otros aldeanos duden de la imparcialidad del comité forestal. Una evaluación del proyecto hecha recientemente por Oxfam cita la opinión de un aldeano de Honnavar:
«¿Qué trae de nuevo esta planificación y ordenación forestal conjunta? Nuestro presidente ha trabajado en el departamento forestal de Karnataka muchos años. ¿Cree usted que es diferente que ellos? Ellos le propusieron como presidente, y tuvimos que aceptarlo. No es que nos obligaran, pero ya sabe usted lo que pasa si no nos plegamos a lo que dice el departamento forestal de Karnataka. Tenemos que vivir en esta aldea toda nuestra vida» (Mitra, 1997).
Marginación de las mujeres
Muchas mujeres, en particular las de la casta inferior, fueron marginadas por el proyecto, pese a los esfuerzos de la Administración de Desarrollo de Ultramar por incluirlas. Originalmente, el departamento forestal de Karnataka prescribió un representante por familia en el comité forestal de aldea, lo que tuvo el efecto de excluir sistemáticamente a las mujeres de los comités forestales y de la participación activa en la planificación y ordenación forestal conjunta (Feeney, 1997). Ante la insistencia de la Administración de Desarrollo de Ultramar, se modificaron las reglas del departamento forestal para hacer que los cónyuges fuesen automáticamente miembros de los comités forestales. Aun así, muchas mujeres marginadas (y hombres) dentro de los hogares quedan excluidas: por ejemplo mujeres solteras, mujeres abandonadas por sus maridos, esposas segundas y viudas.
Cuando las mujeres asisten a las reuniones de los comités forestales, generalmente «permanecen calladas y sirven té y bocaditos», mientras que algunas «no asisten nunca porque no se debaten problemas que les afecten» (Feeney, 1997). Incluso cuando tales debates tienen lugar, las opiniones de las mujeres suelen ser ignoradas. En una aldea, por ejemplo, las mujeres se quejaban de que la escasez de leña significaba que pasasen hasta tres horas cada día recogiendo una carga de hojas y ramitas para poder cocinar. Pero sólo seis de los 97 miembros del comité forestal de aldea eran mujeres, de manera que «casi no hubo objeciones a la decisión del Comité de vender toda la leña obtenido de las 30 hectáreas de plantación comunal en lugar de utilizarla para satisfacer las necesidades del consumo local» (Feeney, 1997).
Debilitamiento de los ya marginados
Aunque el proyecto de Ghats occidental se proponía elevar el nivel de vida de los pobres, las mujeres, las poblaciones tribales y otros grupos desfavorecidos, ha tenido en muchos casos el efecto contrario. Las plantaciones financiadas por la Administración de Desarrollo de Ultramar se han hecho principalmente sobre tierras comunales de las que los campesinos (en particular los más pobres) obtienen pastos para animales, leña, estiércol, plantas medicinales y otros productos para cubrir sus necesidades básicas.
En algunas aldeas, familias sin tierra que han ocupado tierras comunales por no tener otro sitio donde hacer cultivos para su sustento han sido desalojadas para poner plantaciones, quedando sin medios de subsistencia y sin compensación alguna. Estas expulsiones son los ejemplos más visibles de los perjuicios que el proyecto ha causado a la seguridad de los aldeanos más pobres. Una revisión independiente del proyecto patrocinada por la Administración de Desarrollo de Ultramar y realizada en 1997 en respuesta a las presiones de la ONG hacía notar que en algunas aldeas el proyecto y la ejecución de la planificación y ordenación forestal conjunta están debilitando sistemáticamente a los ya marginados y carentes de recursos por medio de un proceso de exclusión, des legitimación de sus modalidades tradicionales de uso de recursos y uso de incentivos monetarios y salariales derivados de las plantaciones (Saxena et al., 1997).
Según el proyecto, en los claros del bosque hay que plantar especies madereras valiosas, con objeto de restaurar la variedad natural del bosque. No obstante, un estudio reciente de una ONG local revela que, en la mayoría de las aldeas estudiadas tales claros se plantaron con Acacia auriculiformis (especie exótica importada de Australia); en algunos casos, el 90 por ciento de los árboles plantados eran acacias. Los campesinos han pedido repetidamente que se plantaran menos acacias. Las ONG habían advertido que, pese al compromiso de permitir que los campesinos plantaran los árboles preferidos por ellos, el proyecto favorecería la conversión del bosque natural en plantaciones de monocultivo. (Parisara Sanmrakshana Kendra, 1994 y 1995).
Hace tiempo han existido en Karnataka, como en otros lugares de la India, instituciones de ordenación forestal con base en la aldea. Si ya no son efectivas, ello se debe en gran parte a la política anterior del departamento forestal de Karnataka. En virtud de la Ley forestal de 1924, por ejemplo, el gobierno colonial de entonces dispuso que se confiase a las comunidades la ordenación de los bosques contiguos a las aldeas, muchas de las cuales establecieron comités de aldea con ese propósito. Pero en 1979 el comisario de distrito de Karnataka dictó una orden disponiendo que los comités forestales de aldea traspasaran sus bosques al departamento forestal. En la mayoría de los casos, así se hizo sin discusión. Sin embargo, tres aldeas se opusieron con éxito a la disposición en el alto tribunal, y mantienen hasta hoy el control de sus espacios forestales inmediatos, que han administrado de conformidad con sus propias prioridades y costumbres. Los nuevos comités impuestos con arreglo al proyecto de Ghats occidental tienen una existencia nominal, pero el control real del bosque sigue en manos del departamento.
PODER Y PARTICIPACIÓN
El proyecto de Ghats occidental pone de manifiesto que la participación que no reconoce plenamente ni aprovecha la distribución y los mecanismos del poder dentro de las comunidades locales, y en general en la sociedad de que éstas forman parte, poco ofrece a los grupos marginados.
Muchos proyectos participativos parten del supuesto dudoso de que identificando simplemente a los diferentes interesados y poniéndolos en torno a la mesa se alcanzará un consenso aceptable para todos. Pero este supuesto sólo es válido en caso de que todos los actores presentes tengan la misma fuerza de negociación o de que las desigualdades entre los interesados se consideren una cuestión puramente técnica, consistiendo entonces el problema únicamente en cuidar de que se sigan procedimientos correctos para poner a las partes en contacto, modificar el comportamiento y las actitudes de quienes están acostumbrados a dominar y dar a los primeros interesados más oportunidades de exponer sus ideas. Las medidas de facilitación pueden ser importantes en las negociaciones, pero no son suficientes para dar a los grupos marginales el poder de negociación que necesitan para superar la capacidad de dominación de que gozan los grupos más poderosos. Desde este punto de vista, la participación requiere procesos más amplios de transformación social y cambio estructural en el sistema de relaciones sociales en el que se reproducen las desigualdades. Los cambios de comportamiento, aunque necesarios, no son suficientes.
DECIR LA VERDAD A LOS PODEROSOS
Para atacar las causas estructurales de la desigualdad es preciso no sólo cambiar las políticas - por ejemplo, mediante una reforma agraria - sino elaborar nuevamente los medios para lograr ese cambio. Muchas ONG, por ejemplo, son llamadas a participar en proyectos en cuyo diseño no han desempeñado papel alguno sustantivo ni ellas ni las comunidades con las que trabajan. Su concepción del poder como algo que una pequeña minoría (los «poderosos») detiene y de lo que otros (los «débiles») carecen sugiere que la participación en tales proyectos es una de las pocas maneras que tendrán para ejercer influencia. Hay aquí, sin embargo, una paradoja. La idea del poder como algo que se tiene o no se tiene nunca ha sido la de los poderosos. Industriales y gobernantes, por ejemplo, muestran una preocupación por la resistencia de la base y las opiniones de la gente ordinaria. Saben muy bien que tienen que actuar con el constante telón de fondo de la oposición y que es necesario contar con esa oposición.
Aceptar los proyectos simplemente porque «están ahí», o porque entrar en ellos es una oportunidad para plantear lo nuestro a los «poderosos» puede ser, por consiguiente, una equivocación. Antes que participar en proyectos que no reflejan las aspiraciones políticas de los grupos marginados, una vía mejor hacia el genuino cambio estructural podía evitar el tener que ver con ellos.
TRABAJAR EN LAS CONDICIONES QUE UNO MISMO SE FIJE
No se trata aquí de huir del compromiso; se trata de propugnar otras formas de compromiso que se fundamentan en los éxitos de aquellos movimientos populares que, históricamente? han sido más eficaces para forzar el cambio político.. Más bien que participar en alianzas y programas que han sido diseñados por instituciones a las que les interesa poco el cambio estructural, las ONG y otros actores harían mejor en formar alianzas con aquellos cuya política comparten. En tales alianzas podrían muy bien entrar individuos simpatizantes de entre el personal de los organismos oficiales y de la industria, lo mismo que una amplia gama de otras ONG.
Esta perspectiva aboga por que las ONG y otros actores asuman un mayor compromiso político en su enfoque de los proyectos participativos, e insten a los donantes y a los gobiernos a hacer otro tanto. Si los organismos internacionales y nacionales de desarrollo quieren realmente hacer frente a los problemas de equidad, sostenibilidad y reducción de la pobreza, deberán prestar oídos a las demandas de los grupos marginados y oprimidos. Para ello puede ser preciso que tomen medidas que contraríen a los grupos dominantes (por ejemplo realizando la reforma agraria o, como en el proyecto de Ghats occidental, promoviendo comités forestales de aldea sólo para mujeres). También puede ser necesario que alleguen fondos y otras formas de apoyo (sin excluir, en algunos casos, su propia retirada de proyectos y programas) con un espíritu de solidaridad activa, y no tan sólo para sumar inversores en un programa preconcebido o con miras a impartir una capacitación venida de fuera. Tal vez el primer paso que podrían dar los organismos que tomen en serio la participación y el pluralismo es no buscar el último manual sobre técnicas de participación, sino poner en orden el suyo propio: considerar cómo sus propias jerarquías internas, sus técnicas de formación y sus culturas oficinescas condicionan la receptividad, la flexibilidad, la paciencia, la apertura de espíritu, la capacidad de rectificar, el humor, la curiosidad y el respeto por las opiniones de otros que la solidaridad activa exige.
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