1.1 Datos generales
1.2 Situación forestal y política estatal
Ubicada en el istmo centroamericano, y con una extensión de 51.100 km2, Costa Rica limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al este con el Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico. El país se encuentra dividido en siete provincias: San José (donde se encuentra la capital del mismo nombre), Cartago, Heredia, Alajuela, Guanacaste, Puntarenas y Limón; las provincias a su vez están divididas en 81 cantones y éstos en 415 distritos.
Para efectos de planeamiento del desarrollo, el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) ha subdividido el país en seis regiones a saber: Región Central, Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántica y Huetar Norte. El caso de Hojancha, que analizamos en el presente trabajo, se ubica en la región Chorotega, mientras que el de San Miguel (Asociación San Migueleña de Conservación y Desarrollo, ASACODE), en la Huetar Atlántica.
Costa Rica posee un clima definido como tropical y subtropical húmedo, con doce zonas de vida según la clasificación de Holdridge. Para efectos prácticos, el país se puede agrupar en cuatro regiones climáticas:
I. El Pacífico Sur, que presenta un clima tropical húmedo, una precipitación anual de 3450 mm, suelos arenosos con drenaje relativamente inadecuado y con una temperatura media anual de 25 a 29 °C. Un 20% de la tierra es apta para cultivos permanentes, 8% para cultivos en limpio y la mayor parte del territorio para actividades forestales.II. El Pacífico Norte y Centro, de clima tropical y estación seca bien definida, precipitación anual de 2100 mm y temperatura media de 25 a 26 °C. Un 11% de los suelos tienen aptitud para agricultura intensiva y en una gran parte para cultivos permanentes, pero existe un elevado factor de riesgo debido a la estación seca (falta de agua, incendios, etc.) para las actividades agrícolas y forestales. Dentro de esta región se ubica el caso de Hojancha.
III. La Región Central, de clima templado, diversa calidad de suelos entre los cuales se encuentran los suelos volcánicos que son los más fértiles del país, precipitación anual de 2400 mm, temperatura que oscila entre los 18 y los 26 °C y con una estación seca de 5 meses. La región incluye el Valle Central donde está ubicada la capital, San José, y se concentra la mayor parte de la población y la actividad económica.
IV. La Región Atlántica y Norte de clima tropical húmedo, 4100 mm anuales de precipitación y una temperatura media de 24 °C. Presenta suelos frágiles y peligro de deterioro ambiental al ser removida la cobertura vegetal. Un 10% de la tierra presenta condiciones aptas para la agricultura intensiva, un tercio tiene aptitud ganadera, otro tercio aptitud para cultivos permanentes y el resto es sólo para uso forestal. En esta última región climática se halla la comunidad de San Miguel.
En resumen, del total del país el 11,6% ha sido clasificada como apta para la agricultura intensiva, el 5% para uso agrícola menos intensivo, el 25,5% para cultivos permanentes o pasturas, el 30,1% para uso forestal y el 27,8% corresponde a áreas de protección.
Mientras el caso de Hojancha, analizado en nuestro estudio, se ubica en una zona de baja pluviosidad y bastante seca; en el sector atlántico, el pueblo de San Miguel se encuentra en una zona de alta pluviosidad, aspecto que como veremos incide fuertemente en la biodiversidad de la zona y su potencial agrícola.
Respecto a la distribución de fincas existente en el país, los datos indican que las menores de 10 ha conforman cerca de la mitad de las explotaciones con que se cuenta. De las 17.000 nuevas fincas que revela el censo de 19842 con relación al de 1973, 11.000 corresponden a predios con una superficie menor a 10 ha. Es posible que el agotamiento de la frontera agrícola, la acción del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en la distribución de parcelas y el asentamiento de campesinos, tanto como el apego de los campesinos al campo y la tierra expresado en invasiones de tierra a lo largo y ancho de todo el país, explique esta tendencia a mantenerse un amplio porcentaje de pequeñas fincas.
El Censo Agropecuario establece tres tipos básicos de tenencia posible que cubren el área total de explotaciones considerada en 3'070.000 ha.
i. Tierra propia y a modo de propietario. Incluye a todos los productores que poseen título de propiedad sobre la tierra, así como aquellos que hacen uso de la tierra a modo de propietario aunque no posean el título de propiedad. Corresponde al 84% del número total de fincas. Esta es la categoría más importante, correspondiendo el 87% del área cultivada del país (2,7 millones de ha) a esta modalidad.ii. Tierras en arriendo. Personas que explotan o trabajan tierras que pertenecen a otros ya sea por alquiler, por pago fijo de dinero en efectivo, en esquilmo mediante pago en especie y gratuitamente. En 1984 ocupaban 55.300 ha en 5312 fincas, lo que representa únicamente el 1,8% del área total.
iii. Otras formas simples. Incorpora todo otro tipo de tenencia que no esté incluido en las categorías anteriores, y corresponde al 3% del área total (10.100 ha) en 662 fincas. (Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1984)
Alrededor de tres millones de hectáreas, de un total de 5,1 millones que comprende el territorio nacional, son utilizadas para la actividad agropecuaria.
En lo que se refiere al área dedicada a las pasturas, su crecimiento fue muy elevado en las últimas tres décadas, pasando de 625 mil hectáreas a principios de los años 50 a 1,65 millones de hectáreas en la década de 1980. Las pasturas se encuentran en estrecha relación con el problema de la deforestación en el país, dado que justamente son la ganadería y la extracción de madera, las causas fundamentales de la desaparición de los bosques en las últimas tres décadas.
Organismos internacionales han situado la tasa de deforestación en el país cercana a las 65 mil hectáreas anuales, mientras que la Dirección General Forestal la considera del orden de 45 mil. Más allá de la diferencia en los datos, esto indica la existencia de una tala ilegal muy elevada si se toma en cuenta que los permisos anuales de corta que se otorgan en el país oscilan en un promedio de 23 mil hectáreas.
Al igual que muchos otros países tropicales del sur, Costa Rica sufre una grave crisis ecológica. El uso de suelos de vocación forestal (60% aproximadamente) para actividades agropecuarias no adecuadas trae como consecuencia: erosión, pérdida de fertilidad y baja productividad, escasez de madera, leña y otros subproductos del bosque, etc. De seguir la tendencia actual del consumo de madera, una de las consecuencias más graves es que a mediano plazo (20 años) se espera el agotamiento del recurso forestal proveniente del bosque productor, tanto para uso industrial como energético, ya que los bosques remanentes no podrán suplir la demanda de este producto.
Aunque con muchas limitaciones, el Estado costarricense ha realizado algunos esfuerzos por mantener el recurso forestal. Existe una extensión de 1,3 millones de hectáreas en áreas silvestres protegidas, incluidas 432 mil en parques nacionales, 359 mil en reservas forestales, 325,5 mil en reservas indígenas, 111 mil en zonas protectoras y 128 mil hectáreas en refugios de vida silvestre.
Concretamente, los programas de reforestación en el país comenzaron, a través de incentivos dirigidos a la empresa privada, a partir de 1969, con la promulgación de la ley 4465, la cual permitía al reforestador la deducción de todas las inversiones realizadas en trabajos de reforestación o forestación cuyo objeto fuera la obtención de materia prima para la industria de aserrío3. Asimismo, en 1982 a través del Programa Conservación de Recursos Naturales (CORENA/AID-032) se establece una línea de créditos blandos subsidiados para plantaciones forestales.
En 1986, la ley forestal 7032, con un espíritu de democratizar los incentivos para reforestación, creó el Certificado de Abono Forestal (CAF). En el sistema del CAF se entrega el monto total, que en la actualidad es de 120.000 colones por hectárea reforestada (670 US$) durante 5 años, en porcentajes que van de 50% para el primer año, pasando luego a 20, 15, 10 y 5% anual, respectivamente.
Aparte de una serie de prerrogativas que supone el CAF y de contar con los incentivos fiscales de que disfrutan aquellas fincas sometidas a "Régimen Forestal", cuenta con otros beneficios como la emisión de un CAF especial por lo gastado en el combate de alguna plaga o enfermedad, en caso de que las plantaciones sean atacadas, y la autorización de la adquisición de bienes de capital por un monto de aproximadamente el 10% del total otorgado por hectárea reforestada. (DECAFOR, 1993)
Otros incentivos específicos derivados de la actividad forestal lo constituyen: el programa 10:10, Fideicomiso 04-87, Fondo de Desarrollo Forestal (FDF), etc., instrumentos que se han creado también para fortalecer estos procesos. (DECAFOR, 1993)
Cuadro No 1. Crecimiento del área reforestada en Costa Rica de 1970 a 1993
|
Año |
Superficie (ha) |
Año |
Superficie (ha) |
|
1970 |
3,2 |
1983 |
1747,9 |
|
1971 |
1,5 |
1984 |
1194,1 |
|
1972 |
84,4 |
1985 |
1478,9 |
|
1973 |
24,0 |
1986 |
3653,9 |
|
1974 |
10,0 |
1987 |
5120,8 |
|
1975 |
21,0 |
1988 |
8009,2 |
|
1976 |
1,5 |
1989 |
9827,9 |
|
1977 |
2,0 |
1990 |
13984,9 |
|
1978 |
8,0 |
1991 |
15686,3 |
|
1979 |
632,6 |
1992 |
19326,2 |
|
1980 |
1073,8 |
1993(*) |
19343,5 |
|
1981 |
1402,3 |
1994(**) |
11034,0 |
|
1982 |
877,0 |
|
|
Fuente: OPUS MAGNA MIENEM, 1994 Total 111.579
* Estimación a diciembre de 1993.
** Estimación a enero de 1994.
Según se desprende de lo anterior, no es sino hasta que se inicia el Programa con Incentivos en 1979 y con la introducción del CAF en 1988, cuando en Costa Rica se empieza el proceso de reforestación, aumentando año con año y a veces duplicando el área reforestada. Sin embargo, como señala un documento del Ministerio de Recursos Naturales:
"...a pesar de los grandes esfuerzos realizados en este campo, no se ha garantizado aún la permanencia del recurso forestal, dado que la tasa de extracción ha superado considerablemente la reposición de este recurso. Además, los programas de plantaciones forestales enfrentan problemas en cuanto a falta de claridad en el propósito de plantar, la selección de especies, definición de turnos comerciales, mercados y material vegetativo de calidad". (MIRENEM-DGF, 1993)
Para enfrentar este problema, el MIRENEM se ha propuesto desarrollar una política tendiente a un adecuado manejo de los recursos naturales renovables del país, a través del establecimiento de una serie de objetivos. En este esfuerzo se le asigna al sector público la función promotora, coordinadora, impulsora y de control, mientras que al sector privado la función ejecutora de los programas de manejo y aprovechamiento del bosque, reforestación e industrialización del recurso. (MIREEM-DGF, 1993)
Es necesario considerar además que los Programas con incentivos forestales, sobre todo los que promueven la silvicultura social, se iniciaron en una coyuntura crítica de la actividad agropecuaria del país, donde se hacía evidente la falta de alternativas claras para los agricultores en el campo. En este sentido, la actividad forestal coincide en el tiempo con el despegue y estímulo a nivel nacional de los llamados productos no tradicionales de exportación, dentro de una perspectiva de agricultura de cambio, sentido en el cual la actividad de reforestación se plantea como una entre otras nuevas opciones.
