Temas desarrollados en el capítulo
En este capítulo se analiza exhaustivamente el diseño de contratos forestales, además de examinar cuestiones relacionadas con la administración de contratos. En los capítulos sucesivos se abordan temas como la fijación de precios y recaudación de ingresos, el proceso de adjudicación de contratos, el seguimiento y la supervisión de los bosques, y el cumplimiento y la observancia de los contratos.
El capítulo se centra fundamentalmente en los contratos de aprovechamiento forestal, es decir aquellos que los gobiernos utilizan para vender derechos de extracción y aprovechamiento de los recursos del bosque. Los términos y condiciones de este tipo de contrato revisten gran importancia y complejidad y pueden tener un impacto considerable en el modo en que se usan y manejan los bosques. En estas páginas se atribuye asimismo especial importancia a los contratos de aprovechamiento que prevén obligaciones en materia de ordenación forestal. Ahora bien, el análisis del diseño y la administración de contratos puede aplicarse en su mayor parte también a los contratos de adquisición de bienes y servicios, conforme a los cuales el gobierno adquiere bienes y servicios destinados a la ordenación y administración de los bosques. De hecho, pueden contratarse muchos de los servicios de supervisión y seguimiento relacionados con la ordenación y la administración forestales.
Para comenzar, se aborda el tema de la planificación de la utilización de la tierra, que se considera un primer paso importante para destinar determinadas superficies forestales a la producción maderera y no maderera, la conservación, la diversidad biológica y otros usos. Posteriormente, se presentan los seis requisitos fundamentales de un arreglo contractual: técnicos, de desarrollo, administrativos, jurídicos, de riesgos y finanzas, y de interpretación. Se analiza el proceso de diseño de los contratos de aprovechamiento forestal, con inclusión de los componentes de los contratos y las diversas fases de ese proceso.
No son muchos los países, desarrollados o en vías de desarrollo, que hacen uso de la planificación del uso de las tierras en relación con sus bosques. Se trata de un proceso técnicamente arduo y con frecuencia difícil desde un punto de vista político, pero representa un importante requisito previo para la elaboración de arreglos contractuales.
Antes de la preparación de un contrato, es fundamental establecer los límites de las superficies forestales permanentes, incluidas las zonas que se han de manejar como montes de producción (de productos madereros y no madereros), o de protección, o para fines de la ordenación de los recursos hídricos, actividades recreativas y de ecoturismo, el fomento de la diversidad biológica y la diversidad de otros usos de los bosques. Las zonas abarcadas por los contratos deben indicarse explícitamente en los propios contratos y la ubicación y los usos previstos deben guardar correlación con un plan de aprovechamiento de la tierra y con otros usos forestales. En la zona prevista por el contrato no deben gravar otras restricciones derivadas de la propiedad o la utilización de la tierra. Además, la zona no debe estar en oposición con otras formas de utilización o con reservas ecológicas, zonas de protección o parques. Para que los arreglos contractuales logren funcionar con éxito y alcanzar una ordenación forestal sostenible, hay que resolver las incertidumbres en materia de propiedad de la tierra. La zona debe estar pues libre de toda reivindicación por parte de privados y se deben haber resuelto eventuales reivindicaciones por parte de la población autóctona o de otro tenor.
Si se carece de un plan de utilización de la tierra, las incertidumbres acerca de la propiedad de ésta seguirán existiendo y surgirán conflictos entre usuarios y usos contrapuestos. La adopción de decisiones inadecuadas en relación con la distribución de los usos de la tierra puede ocasionar daños o la destrucción de recursos forestales, ecosistemas y formas culturales, únicos en su género y de importancia crítica.
Para garantizar la cabalidad de la estructura y el diseño de un contrato, es muy útil identificar algunos grupos clave de requisitos:
Los primeros cinco requisitos abarcan actividades sobre el terreno, trabajo de oficina y tareas o deberes relacionados con las actividades de revisión, y elaboración y presentación de informes. El sexto tipo de requisito se refiere a la definición e interpretación de los términos y condiciones incluidos en un contrato, así como los procedimientos para establecer una comprensión común entre las partes del significado y las finalidades del contrato. Los seis requisitos pueden aplicarse indistintamente a los contratos de aprovechamiento como a los de adquisición de bienes y servicios. Sin embargo, a los fines de este estudio se atribuye especial atención a los contratos de aprovechamiento forestal y a los contratos de ordenación forestal por los cuales se otorgan derechos de utilización, al tiempo que se exige la prestación de servicios de manejo forestal. En el Cuadro 7.1 se presenta un resumen de los seis tipos de requisitos y sus principales componentes
Los contratos contienen un conjunto de especificaciones técnicas que describen en detalle las condiciones, requisitos, indicadores y criterios de desempeño que conforman las obligaciones y responsabilidades de las partes. Ello se refiere por igual a los contratos de aprovechamiento forestal y a los de adquisición de bienes y servicios. En este último tipo de contrato, si nos referimos por ejemplo a los inventarios forestales, en el contrato se especificarán la superficie prevista, los requisitos y especificaciones relativos a la elaboración de los mapas, los métodos y frecuencia del levantamiento, las especies y otras características que han de medirse, la intensidad del muestreo, el volumen necesario de análisis de datos, la forma en que deben presentarse las conclusiones, y los mapas y otros resultados que deben proporcionarse. Entre los ejemplos de especificaciones técnicas de un contrato de aprovechamiento forestal pueden citarse: requisitos de exploración previa al contrato, obligaciones en materia de planes de ordenación, planificación del abastecimiento de recursos, planes de desarrollo, planes de trabajo anuales, planes y procedimientos de protección y actividades de seguimiento. En los acuerdos de ordenación forestal que prevén, tanto el aprovechamiento forestal como el suministro de servicios de ordenación forestal, se estipularán especificaciones técnicas similares respecto de los métodos que se han de utilizar y los insumos y resultados que se desea obtener con el proceso.
Esta sección del contrato expone los deberes del contratista respecto de los derechos de la población que vive en la zona forestal del contrato o en sus cercanías. Especifica asimismo el contexto jurídico relativo al régimen de empleo e inversiones en el país.
La sección incluye además otras subsecciones en las que se describen los derechos y deberes en cuanto a establecer y poner en funcionamiento instalaciones de elaboración de la madera, la obligación de mantener en funcionamiento instalaciones de elaboración, y disposiciones para el establecimiento o la expansión de instalaciones de conversión maderera.
El contrato puede incluir la obligación de que el licenciatario contrate a personal con conocimientos técnicos y profesionales en materia de ordenación forestal y en otros aspectos relativos a la organización.
Cuadro 7.1: Los seis requisitos fundamentales de los contratos forestales, sus objetivos y componentes
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Requisitos clave |
Objetivos |
Componentes |
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Técnicos |
Delinear los métodos que han de utilizarse y los insumos y resultados que se desea obtener |
Exploración previa al contrato Plan de ordenación Planificación del abastecimiento de recursos Plan de desarrollo Planes de trabajo anuales Protección Seguimiento |
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De desarrollo |
Estipular las condiciones para la sostenibilidad y la generación de empleo derivadas de las inversiones de desarrollo económico relacionadas con el contrato |
Condiciones para las inversiones Condiciones en materia de empleo Operaciones de financiación local Evaluación del impacto ambiental, social y de la sostenibilidad |
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Administrativos |
Estipular las obligaciones y detalles del proceso de examen de los planes Establecer los procedimientos de presentación de informes Establecer los procedimientos de supervisión, seguimiento, observancia y auditoría |
Consecución de la aprobación de los planes técnicos Directrices para la obtención de retroinformación e instrucciones del gobierno Derechos de inspección Requisitos en relación con los informes anuales |
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Jurídicos |
Indicar las disposiciones legales que rigen el contrato y lo legitiman, resolución obligatoria de las controversias, cambios en las leyes y los reglamentos, subcontratación, fuerza mayor, rescisión |
Límites de la concesión Consecución de la concesión de derechos de propiedad Mapa detallado Concesión de derechos y términos Responsabilidad e indemnización Rescisión y renuncia Notificación |
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De riesgos y finanzas |
Determinar los requisitos en materia de depósito y las obligaciones financieras de las partes contratantes |
Precios y tarifas contractuales Requisitos de depósito Garantía y responsabilidad Depósitos por perjuicios Gravámenes forestales y tarifas especiales Derechos de tala y otros derechos forestales Impuestos |
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De interpretación |
Brindar las definiciones que ayudan a interpretar el contenido de un contrato |
Glosarios de términos y procedimientos para la interpretación Notificación |
Los requisitos y cláusulas de índole administrativa delinean el nivel de autoridad del gobierno y el personal del contratista, las normas de conducta del contratista, los procedimientos de inspección y auditoría técnicas, financieras y medioambientales, las modalidades y el calendario de los procedimientos de elaboración y presentación de informes, los procedimientos para aportar cambios a los términos y condiciones de los contratos, procedimientos de resolución de controversias, así como condiciones y procedimientos de rescisión del contrato. Estas cláusulas sientan las bases para las actividades de seguimiento y supervisión, e inspección y observancia de los términos y condiciones del contrato, asimismo fijan los requerimientos para establecer la relación de trabajo entre el gobierno y el contratista. Además, el contrato puede especificar el nombramiento de personas para que actúen como representantes del contratista o del gobierno.
En todo contrato deben inlcuirse disposiciones jurídicas estrictas con miras a garantizar que el contrato mismo, y los documentos conexos, tengan capacidad legal legítima. Entre ellas figuran la información básica, como la denominación y condición jurídicas, el domicilio legal del contratista y del ministro o los representantes del gobierno. La ubicación exacta de los límites de la zona en cuestión debe especificarse mediante puntos de referencia estándar y debe utilizarse y adjuntarse un mapa detallado de la zona. Otros requisitos jurídicos son las leyes pertinentes al contrato, la concesión de derechos y otros términos y condiciones, incluidos los relativos a vencimiento de plazos, cuestiones de responsabilidad e indemnización, condiciones para la rescisión, renuncia y notificación.
Esta categoría abarca las prescripciones relativas a los depósitos de garantía encaminados a asegurar el desempeño y las obligaciones en el marco del contrato. Incluye además, las cauciones personales para mantener el contrato, los depósitos contra daños y perjuicios especiales, las tasas o derechos específicos para una variedad de actividades, como la protección forestal, la reforestación y los procedimientos de contratación y eventuales otros requerimientos en materia de derechos y actuación.
Los requisitos de depósito con frecuencia obligan al contratista a mantener depósitos en materia de desempeño a fin de garantizar al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones conforme al contrato. Puede exigirse el pago de estos depósitos en efectivo o en valores negociables. Si el concesionario no paga la suma debida al gobierno o no cumple las obligaciones previstas, tras la debida notificación, el gobierno puede retirar del depósito una cantidad equivalente a la debida por el contratista o un monto suficiente para sufragar los costos en los que haya incurrido para subsanar el no cumplimiento de las obligaciones por el contratista. Asimismo, pueden exigirse formas de caución personal, especificando los requisitos del cesionario en la materia.
En una de las cláusula del contrato puede requerirse un depósito especial en caso de que las operaciones previstas puedan perjudicar a terceros u otros bienes. Si esto ocurre y el contratista no llega a pagar los daños, el gobierno puede utilizar el depósito especial para indemnizar esas personas o bienes.
Las cláusulas en las que se especifican las tasas de tala sobre los productos forestales, los derechos sobre el área, y otros derechos y gravámenes describen detalladamente los derechos que deben pagarse, las modalidades de pago y los recursos de que dispone el gobierno si el contratista comete omisión en los pagos debidos. Las cláusulas de esta sección especifican además cómo deben ajustarse los derechos a lo largo del tiempo, las circunstancias en las cuales se modifican o se evalúan de nuevo, y el momento en que se les debe ajustar, cambiar o reexaminar. Los derechos forestales se analizan más exhaustivamente en el Capítulo 8.
Muchas controversias y casos de incumplimiento contractual derivan de la interpretación errónea o desacuerdos respecto de las palabras escritas en un contrato o su significado. Por ello, es importante establecer definiciones e interpretaciones patentes y precisas de las palabras, cláusulas y condiciones de un contrato y utilizarlas en modo uniforme en todo el contrato. Unas definiciones claras y el uso homogéneo de los términos evita que una de las partes (el gobierno o el contratista) plantee problemas relacionados con la interpretación del contrato.
El proceso de diseño de contratos de aprovechamiento y ordenación forestales incorpora los seis aspectos examinados anteriormente en diversos componentes clave. Entre los más importantes cabe mencionar la ordenación forestal, la ordenación del medio ambiente, y los planes sociales y de desarrollo. En las secciones que figuran a continuación se delinean estos planes y otros componentes fundamentales del proceso de elaboración de contratos y del contrato final.
En todo contrato, el primer requisito técnico consiste en la elaboración de suficiente información acerca de la probable zona del contrato, los recursos forestales, no forestales y ecológicos, las comunidades humanas, los actuales usos y usuarios, así como otros datos de orden social, legal, físico y administrativo. Esta retro información es necesaria para poder desarrollar un plan de ordenación integral y otros documentos de planificación en forma exhaustiva, velar por la viabilidad financiera, ambiental y social de los avances que se proponen y del contrato.
En ciertos casos esta información puede obtenerse en los registros existentes en varios organismos públicos; en otros, habrá que efectuar algunos estudios a fin de reunir los datos necesarios. La realización de estudios de evaluación del alcance brinda información que puede utilizarse en el diseño de los contratos, proporcionando además información básica para los licitantes interesados y para que las empresas puedan desarrollar estudios de viabilidad. La disponibilidad de este tipo de información estimulará una mayor presencia de licitantes y reducirá el nivel de incertidumbre entre ellos, favoreciendo así una elevada presentación de ofertas para la adjudicación de los contratos de aprovechamiento forestal o precios más bajos en relación con los contratos de adquisición de bienes y servicios.
Si el gobierno dispone de suficientes recursos financieros y humanos, puede emprender los estudios autónomamente. Si el organismo forestal de que se trate no logra efectuar los estudios de determinación del alcance en forma autónoma, lo que representa un problema frecuente en muchos países en desarrollo, el gobierno puede adjudicar nuevos contratos para este fin. Otra posibilidad, es que el procedimiento se incluya como parte del contrato mismo para que se encargue de él el contratista que logre resultados satisfactorios. No obstante, este procedimiento no es recomendable pues coloca al gobierno en situación de desventaja cuando se trata de evaluar el contrato, establecer los derechos forestales, evaluar las ofertas y negociar los contratos. No obstante, si se escoge esta opción, el gobierno debe exigir que toda información reunida por el contratista se presente al organismo público. Es imprescindible que se verifique la calidad de los datos recogidos por el contratista.
La siguiente lista relativa a la información de carácter general y a los datos sobre evaluación del alcance que deben recogerse no es detallada ni completa, ya que los requisitos en esta materia varían según los países y los diferentes bosques. Cuando se carezca de datos o informaciones, los estudios de evaluación del alcance deberían indicar las deficiencias y facilitar los medios necesarios para el acopio sucesivo de datos.
Tras la finalización de los estudios de evaluación del alcance, el informe conexo sirve de base para planificar los nuevos inventarios y acopios de datos que hagan falta para elaborar los planes de ordenación y un prospecto para el diseño de un contrato cabal y completo. El informe sobre la determinación del alcance especifica además la clase de conocimientos especializados que se necesitan para reunir y analizar nuevos datos.
El plan de ordenación es una parte independiente pero por lo general integrante del contrato como un anexo o apéndice técnico. En el documento del contrato el gobierno, debe estipular las modalidades de examen del plan de ordenación, la duración del plan y el momento en que se efectuará el proceso de revisión y examen.
La sección del contrato dedicada al plan de ordenación debe indicar cuáles son las obligaciones del contratista respecto de un plan de ordenación forestal aceptable. Esta sección específica del contrato debería abarcar lo siguiente:
Después de que se reúna la información, en el plan de ordenación se especificará el modo, el momento, el lugar, el volumen de la explotación forestal, las medidas que deben adoptarse para resguardar los otros valores forestales y los métodos de ordenación que se aplicarán para velar por la utilización de prácticas forestales sostenibles.
En teoría, el plan de ordenación debería ultimarse antes de firmar el contrato, de manera que pueda diseñarse debidamente un contrato para ejecutar el plan. Pero por lo general, se elabora y aprueba tras haber firmado el contrato, si bien antes de que se autorice el inicio de la explotación forestal.
La responsabilidad del desarrollo del plan de ordenación puede incumbir tanto al gobierno como al contratista, dependiendo de la posición gubernamental respecto del reparto de las funciones de ordenación. Normalmente, en los contratos a largo plazo y en gran escala, el contratista se encarga de ello. Los planes de trabajo anuales (que se examinan más abajo) no se aprueban hasta que el gobierno haya aprobado un plan de ordenación aceptable.
En las subsecciones que figuran a continuación se esbozan algunos de los componentes más importantes de un plan de ordenación típico, pero su descripción exhaustiva puede encontrarse en diversas publicaciones, como el Estudio FAO (Armitage, 1998). La lista no es ni detallada ni exhaustiva, pues los elementos varían según los países y los tipos de bosques. En el Apéndice A, que figura al final del capítulo, se presenta una lista de actividades resumida a este respecto.
1. Inventario forestal de los recursos madereros
A fin de determinar cuáles sistemas de ordenación pueden adoptarse y cuáles son los niveles de explotación sostenibles y de evaluar la viabilidad económica de la gestión del recurso, es necesario disponer de datos sobre el inventario de los recursos comerciales madereros. Por lo general, en la sección del contrato relativa al plan de ordenación suelen especificarse los niveles mínimos de la frecuencia o precisión del inventario.
El diseño y la ejecución del inventario forestal son aspectos que trascienden el alcance de la presente publicación y se tratan ampliamente en una gran variedad de libros, textos y manuales, véase FAO (1981) y otros que se indican en la bibliografía al final de este capítulo.
Es preciso finalizar también los inventarios de los recursos forestales que no se incluyen en estas páginas, así como de los recursos forestales no madereros. Aunque no es necesario alcanzar el mismo nivel de precisión relativo a los recursos madereros previstos, debe disponerse de conocimientos básicos documentados de su potencial. Asimismo, se deben determinar los conflictos que pueden surgir en materia de acceso y extracción de los recursos madereros abarcados por el contrato.
2. Inventarios de los recursos no madereros y ambientales
Es importante catalogar e inventariar también los recursos no madereros y ambientales que incluyen: frutas, nueces, otros alimentos, plantas medicinales, fauna y flora silvestres, sitios arqueológicos, lugares de atractivos generales (valores naturales y paisajísticos), valores de la calidad del medio ambiente (aire, agua y suelo), valores ecológicos (diversidad biológica, especies en peligro de extinción) y valores de utilización pública (recreación, turismo ecológico y de otro tipo).
La información de los inventarios relativa a estos recursos es útil para determinar los sistemas de ordenación que han de utilizarse, los niveles de explotación sostenibles y evaluar la viabilidad económica del manejo de los recursos. En teoría, deberían reunirse datos básicos acerca de la dimensión y la distribución de las poblaciones de plantas y animales, especialmente amenazadas o vulnerables. No obstante, esto puede constituir una tarea de gran envergadura y laboriosa, por lo tanto, es importante establecer un orden equilibrado de las prioridades y especificarlo en el contrato.
En los casos en que titulares de otros contratos efectúen operaciones en la misma zona, el plan de ordenación debe indicar las medidas que el contratista aplicará a fin de determinar los otros usos y consultar a los demás usuarios. Esos usos pueden guardar relación con productos no madereros, tradiciones aborígenes o de otras comunidades forestales, actividades recreativas al aire libre y de ecoturismo, el patrimonio, lugares sagrados o de interés cultural, etc. Tal vez sea necesario incluir mapas que muestren la ubicación exacta de esos usos.
Los valores no madereros y ambientales son importantes pues amplían el valor del bosque y la gama de opciones posibles cuando se deben tomar decisiones concernientes a la protección, utilización y ordenación de las tierras forestales públicas. Esos valores pueden catalogarse por medio de encuestas entre los usuarios debidamente diseñadas, y en gran parte cuantificarse aplicando metodologías desarrolladas en diversos estudios. Un estudio de los métodos aplicables a los bosques y los casos de estudio forestales puede hallarse en Bishop (1999).
3. Sistemas de transporte
El plan de ordenación debe proporcionar además detalles de los sistemas de transporte que se van a construir y utilizar. En la mayoría de los casos, la red de transporte primaria consistirá en caminos de calidad variable, si bien puede incluir ríos y vías navegables. El plan de transporte debería identificar los caminos existentes, los que se van a construir, los que se necesitan exclusivamente para facilitar el acceso al bosque, los que pasarán a formar parte del sistema de vías públicas, los que son menester para la ordenación a largo plazo de los bosques y los que se destinan a fines de protección.
En determinadas secciones del plan de ordenación se esbozarán los calendarios de construcción y mantenimiento. Además, se indicarán las fechas en que el contratista se encargará de construir y mantener sistemas de drenaje, incluidas alcantarillas y acequias, reducir al mínimo la erosión superficial y asegurarse de que los caminos sean aptos para la explotación u otras finalidades industriales. Los caminos deberían satisfacer las normas medioambientales a fin de evitar la erosión y sedimentación de los cursos de agua y mantenerse a una distancia mínima de éstos. Los puentes y cruces de cursos de agua también deberían respetar esas normas para no perjudicar los cursos de agua e impedir su sedimentación y otras formas de contaminación. En relación con las zonas de uso público, se debe proporcionar un plan detallado de control del tráfico, así como un plan de desactivación de caminos en que se especifiquen las operaciones necesarias para estabilizarlos y restaurar y mantener el drenaje natural en cada emplazamiento. Por último, es necesario indicar la propiedad de la infraestructura de caminos como puentes y alcantarillas y otras mejoras.
4. Otras obras de infraestructura
Es necesario explicar en detalle la construcción y el mantenimiento de otras obras de infraestructura necesarias para permitir el acceso a la materia prima o a bienes elaborados así como su transporte y almacenamiento. Se trata por lo general de campamentos, garajes e instalaciones de servicios de mantenimiento, tanques de almacenamiento de combustible, muelles, depósitos, instalaciones para operaciones de carga, generación de electricidad, líneas de transporte de energía y tuberías, y pistas de aterrizaje. Es necesario adjuntar al plan los mapas que indican la posición de todas las instalaciones, acompañados de documentos justificativos claros para cada una de ellas. Éstas deberían estar situadas lejos de los cursos de agua, vías navegables y humedales y satisfacer los requisitos ambientales. Igualmente, hay que presentar documentos que expliquen los riesgos para la seguridad del medio ambiente que podrían derivarse de las instalaciones o materiales utilizados o almacenados e indicar con claridad los procedimientos de protección y limpieza. Como se hace respecto de los caminos y puentes, debe establecerse y documentarse la propiedad de esas instalaciones. Por último, es preciso especificar disposiciones para el desmontaje y la rehabilitación del lugar.
5. Los objetivos de ordenación forestal y los sistemas silviculturales
En el plan de ordenación deben formularse asimismo los objetivos de manejo y los sistemas silviculturales que han de aplicarse. Los objetivos pueden abarcar una amplia gama de cuestiones, como las tasas sostenibles de aprovechamiento a corto y largo plazo, el mantenimiento e incremento de la productividad del bosque, la renovación de las superficies explotadas, la protección de los bosques y los procedimientos para la participación del público. La declaración de los objetivos debería abarcar además el empleo de las personas que viven en la zona del contrato o en sus cercanías, incluidas las poblaciones locales
Los planes de ordenación deben contener un conjunto de prescripciones silvícolas encaminadas a lograr los objetivos de ordenación enunciados. Dichas prescripciones deben redactarse en términos sencillos y seguir un modelo de fácil lectura que faciliten y aseguren su comprensión y una ejecución eficaz.
En el marco de estas disposiciones también se especifican los requisitos en materia de prevención y supresión de incendios, que incluyen la exigencia de un plan de acción y las obligaciones del contratista con arreglo a dicho plan aprobado. Un eficaz plan de prevención y supresión de incendios conlleva la necesidad de infraestructura, equipo, mano de obra y capacitación, por ello en el plan se preverán las siguientes medidas:
Debe indicarse cómo se manejarán los recursos forestales, conjuntamente con información pormenorizada de los planes de trabajo anuales; y proporcionar detalles sobre los tipos de bosques y las condiciones en que se aplicará cada sistema silvícola. Además, se enunciarán los métodos de regeneración forestal que serán utilizados.
También deben exponerse las principales actividades que se requieren para llevar a cabo la ordenación forestal, que deberían incluir como mínimo lo siguiente: métodos de explotación (véase Dykstra y Heinrich, FAO, 1996), métodos de construcción de caminos, protección de rodales o poblaciones jóvenes, control de la vegetación y lucha contra las plagas. Debe explicarse todo uso previsto de agentes químicos (herbicidas, plaguicidas, etc.), comprendidas disposiciones de seguridad en materia de salud y medio ambiente. En los planes de trabajo anuales figurarán detalles adicionales sobre estos temas.
Ya se trate de contratos basados en zonas o de contratos basados en la cantidad, el documento respectivo debe especificar los volúmenes y las especies (y quizá también su dimensión y calidad) que se han de aprovechar. En los casos de permisos simples a corto plazo (como el permiso anual para la corta de leña) se indicará la cantidad total que puede extraerse. En otros contratos de mayor duración, si abarcan diversos años, debe indicarse la explotación anual o estacional permisible.
Esas cantidades deberían basarse en un análisis de la oferta de recursos. Teóricamente, este análisis debería llevarse a cabo antes de firmar el contrato y teniendo en cuenta los datos del inventario forestal reunidos y compilados durante la fase de exploración. Sin embargo, no suele disponerse de esta información antes de la firma del documento. A este respecto, puede disponerse en el contrato que se ultime el estudio sobre la oferta en un lapso determinado y se fijen los volúmenes de explotación en el marco del contrato.
El análisis de la oferta de recursos debe ser efectuado por una o ambas partes. Si se encarga de ello el contratista, el contrato debe especificar los métodos que se utilizarán así como las disposiciones encaminadas a realizar una auditoría independiente de los métodos y resultados. Davis y Johnson (1987) y Armitage (1998) examinan los métodos de análisis del abastecimiento de madera a largo plazo.
En este plan se pormenorizan la ubicación y el calendario que se proponen para las actividades de desarrollo en la zona del contrato por un período inicial de al menos cinco años. Ello incluye la ubicación y calendario de la explotación de los recursos y la construcción de caminos, así como de las actividades de desactivación. Al igual que el plan de ordenación, el plan de desarrollo es una parte autónoma e integrada del contrato mismo, si bien se presenta como anexo o apéndice de éste. El documento del contrato debería estipular el contenido y la duración del plan de desarrollo y la forma en que el gobierno debe examinarlo y aprobarlo. En la elaboración del plan de desarrollo que por lo general incumbe al contratista, deberían encontrar cabida los siguientes elementos:
En teoría, el plan de desarrollo debería finalizarse antes de firmar el contrato, de modo que éste pueda diseñarse para ejecutar el plan en la forma debida. Otra posibilidad es que se exija la ultimación del plan en el propio contrato y se lleve a cabo posteriormente en una fecha determinada, incorporándose al contrato como anexo o apéndice.
Los planes de trabajo anuales deben ajustarse a los términos del acuerdo y condiciones generales de aprovechamiento previstos en el contrato, así como a las leyes y los reglamentos que rigen la explotación maderera y no maderera, la ordenación del medio ambiente, la salud, la seguridad, etc. Esos planes obligan al contratista a brindar mayores detalles en relación con la zona de explotación. Tras la aprobación del plan de trabajo anual, se expiden permisos de tala para las zonas en las que se haya autorizado la extracción de recursos. Un permiso o plan de corta autoriza la extracción de madera de conformidad con las disposiciones del permiso de tala a partir de bloques de corta ubicados dentro de la zona del contrato (Armitage, 1998, págs. 182 y 190, Anexo 6).
En el marco de la sección del contrato inherente al acuerdo de aprovechamiento se especifican los requisitos del permiso de tala y los detalles necesarios. Entre los más comunes figuran los siguientes:
El informe presentado anualmente por el contratista ofrece una síntesis de las actividades realizadas el año anterior, desde la ordenación de la zona del contrato al cumplimiento de las obligaciones previstas. Describe además la realización de las estipulaciones y condiciones previstas por el contrato, el plan de trabajo anual y los permisos de corta a lo largo del período abarcado por el informe (por lo general un año). Da a conocer asimismo los logros del contratista en cuanto a conseguir los objetivos de ordenación forestal, incluidos los relacionados con el empleo, la actuación financiera, la utilización de la madera, la ordenación silvícola, la protección del medio ambiente, etc.
El informe anual debería además poner de relieve las principales iniciativas planificadas para el año sucesivo y estar al alcance de todos los grupos e individuos interesados. Servirá además de punto de inicio para el proceso de supervisión e inspección y para el seguimiento o la auditoría del desempeño del contrato que se examina en el Capítulo 10. (Véase además Armitage, 1998, pág. 224, Anexo 14).
En las secciones anteriores se delinearon los principales componentes que integran los anexos técnicos del contrato de aprovechamiento forestal (el plan de ordenación, el plan de desarrollo y el plan de trabajo anual). La etapa sucesiva del diseño de los contratos de utilización forestal es identificar y organizar sistemáticamente los términos contractuales para formar una estructura lógica. Los términos y condiciones que deben incluirse están determinados por tres criterios principales:
La información introductoria de carácter legal que aparece en la parte inicial de un contrato incluye el nombre, condición jurídica y domicilio del representante gubernamental y el contratista, la ubicación exacta y la descripción legal de la zona del contrato y sus límites, las leyes pertinentes, las concesiones de derechos, y los términos y condiciones del contrato. Además, debería adjuntarse un mapa detallado de la zona que indique los límites y utilice puntos de referencia estándar.
1. Legislación pertinente
Con frecuencia incluye una lista de leyes, decretos y reglamentos conforme a los cuales se concede la licencia.
2. Concesión de derechos, y obligaciones, términos y condiciones
En esta sección del contrato se otorgan derechos de uso al contratista para fines específicos, esto es derechos de acceder al bosque designado y utilizarlo, obligando en forma explícita al contratista a realizar actividades de ordenación en la zona. Asimismo, se disponen prescripciones e indicaciones claras respecto de los recursos que se pueden recolectar y extraer (especies, dimensiones, ubicación, etc.).
Otros tipos de derechos y requisitos incluidos en esta parte del contrato se refieren a los derechos de uso de terceros en la zona del contrato. Entre esos usuarios figuran las poblaciones aborígenes, las comunidades locales y otros usuarios con licencias sobre otros recursos (leña, carbón vegetal, peces, frutas, nueces y otros alimentos, etc.).
También se otorga derecho de acceso al cedente (es decir, el organismo forestal gubernamental y el administrador del contrato) para hacer inspecciones acerca de las actividades del contratista, y de los subcontratistas, a fin de velar para que éstas se lleven a cabo de conformidad con el contrato, las leyes y los reglamentos conexos. Esta sección debería al mismo tiempo estipular el acceso a los registros y documentos del contratista, y subcontratistas, así como a los registros de producción maderera y a toda información adicional relativa a las operaciones.
Inmediatamente después de «Concesión de derechos» figura una sección sobre «Negación de derechos», en la que se especifican las restricciones de explotación dentro de la zona prevista. Tales limitaciones pueden referirse a determinadas especies, características específicas (como rollos o trozas para chapas de madera), derechos consuetudinarios, zonas particularmente vulnerables desde el punto de vista ambiental y zonas protegidas.
En esta parte del contrato se especifican los términos y condiciones que se exigen en el plan de ordenación. En esta sección debería enunciarse la cantidad global de recursos que pueden extraerse, anualmente y a lo largo de un período de cinco años, así como toda restricción aplicable a las variaciones de la cantidad recolectada. Con ello se protege al gobierno de posibles especulaciones por parte de los contratistas forestales que retengan la madera sin utilizarla. Por lo general, en el contrato únicamente se resumen las condiciones de ordenación forestal, remitiéndose al anexo técnico para los detalles pertinentes.
La protección representa una actividad de ordenación de gran importancia en las tierras forestales públicas. En este contexto, abarca requisitos en materia de incendios, medio ambiente, zonas protegidas, insectos y otros agentes patógenos, etc.
1. Protección del medio ambiente
Comprende las directrices para la protección de elementos ecológicos como: calidad del agua, humedales, biodiversidad, suelos, márgenes de los cursos de agua, hábitat de peces y fauna y flora silvestres, otras comunidades de plantas y zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental. Algunos de estos aspectos pueden abordarse también en las prescripciones para la ordenación de la masa forestal formuladas por el contratista, así como en los permisos de tala.
2. Zonas protegidas
Esta sección incluye listas de rasgos culturales, ecológicos, científicos o arqueológicos de la zona del contrato que se consideran importantes y que en consecuencia deben protegerse contra los efectos del aprovechamiento de los recursos. El contratista está obligado a someter un plan de protección de las áreas adyacentes o cercanas a la zona del contrato.
Las políticas encaminadas a proteger las zonas vulnerables pueden prever la participación de las poblaciones locales y de las zonas vecinas en la ordenación de las zonas protegidas. Por ello, en las estrategias de protección públicas y en los documentos contractuales debería incluirse una exposición sobre el modo en que esas poblaciones podrían intervenir en las actividades.
Las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y las inversiones constituyen elementos clave del plan de desarrollo. En el Apéndice A figura una lista de actividades que resume los elementos contenidos en el plan de desarrollo.
1. Aspectos relacionados con el empleo
Esta sección abarca las oportunidades económicas y de empleo para las poblaciones que viven en la zona del contrato o en sus cercanías, las cuales pueden especificarse también en las leyes de inversiones del país como condiciones que deben satisfacer los inversionistas para que sus operaciones sean aprobadas.
Las disposiciones en materia de empleo pueden comprender la obligación de emplear a ciudadanos del país en cuestión para ocupar cargos técnicos, no técnicos, profesionales y directivos.
Esta sección debería indicar además la administración técnica forestal que el contratista utilizará, incluido el empleo de personal profesional y técnico del sector.
2. Requisitos en materia de inversiones
Esta sección establece los niveles de inversión mínimos en obras de infraestructura, caminos, plantas de elaboración, etc. previstas en el marco del contrato y comprende un calendario detallado de las inversiones y la obligación de que el cesionario presente un plan de inversiones en un lapso determinado.
Esta sección incluye disposiciones para la supervisión, el seguimiento, la observancia del contrato y el desempeño del contratista de acuerdo con los objetivos, opciones y prescripciones de gestión enunciados en los planes de ordenación y desarrollo.
En esta parte se especifica además el papel que deben desempeñar el gobierno y el contratista, y posibles terceras partes, en las labores de supervisión y seguimiento a fin de hacer cumplir el contrato, lo que comporta un intenso trabajo de inspección sobre el terreno para seguir la marcha de las actividades. Después de que se da inicio a las operaciones, los informes anuales representan uno de los puntos de partida para supervisar, seguir y evaluar la evolución sobre el terreno.
En esta sección se trazan las cuantías de los derechos que se deben pagar respecto de la madera u otros elementos, y se proporcionan detalles de los requisitos relacionados con las garantías. Los derechos forestales pueden especificarse en un anexo separado. Deben indicarse los métodos de ajuste de tarifas debido a la inflación o a variaciones del valor de los recursos, y las condiciones, procedimientos y calendarios relativos a la reevaluación de las tarifas.
La mayor parte de los acuerdos exigen al contratista que mantenga en depósito una determinada suma en efectivo o en valores negociables como garantía para el gobierno de sus obligaciones y desempeño en virtud del contrato, el pago de derechos de tala y la realización de actividades de ordenación forestal. Si el contratista no paga la suma debida al gobierno, o no cumple con sus obligaciones, el gobierno está facultado para retirar del depósito una cantidad equivalente a su omisión, o un monto suficiente para sufragar los costos en los que haya incurrido para subsanar el no cumplimiento de las obligaciones por el contratista.
El contrato puede además prever formas de caución personal y en esta disposición se indican los requisitos específicos del cesionario en la materia. Puede tratarse de un depósito especial en caso de que una actividad realizada por el contratista pueda perjudicar a personas o bienes. De ser así, y el titular de la licencia no repara los daños, el gobierno puede utilizar el depósito especial para sufragar los costos conexos.
Esta sección del contrato establece los procedimientos necesarios para examinar el plan de ordenación y documentos de otra índole. Describe pues los procedimientos y fases previstos para la aprobación de los planes y los pasos que se deben tomar si éstos no se llegan a aprobar y necesitan ser revisados.
En esta sección del contrato se delinean los derechos de inspección del organismo público, o de su oficial designado y los procedimientos que el contratista debe respetar. Se puede estipular, por ejemplo, que el contratista deba:
En esta sección se reseñan las responsabilidades del contratista en lo referente a sus actividades y transacciones y se especifica que el gobierno no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica hacia terceros por acciones cometidas por el contratista, o representantes, empleados y obreros de éste. Se señala además que el contratista deberá indemnizar al gobierno por las reclamaciones, peticiones, demandas, acciones, costos o gastos a los que se vea sujeto el gobierno como resultado de las omisiones del contratista o sus representantes.
Asimismo, se indica su responsabilidad jurídica en el mantenimiento de caminos, puentes, edificios, campamentos para el madereo, etc.
En esta sección se enuncian las condiciones en virtud de las cuales puede rescindirse un contrato o renunciar a él. Éste puede rescindirse a causa de una violación de envergadura, como el hecho de no dar inicio a las actividades en el plazo previsto o de no construir las fábricas necesarias o de no llevar a cabo la ordenación forestal u otras omisiones de los términos contractuales. Esta cláusula debe contener detalles exactos de los actos, la ausencia de informes o de su presentación y otras violaciones que justifican la terminación del contrato.
En esta sección se indican también las condiciones conforme a las cuales puede renunciarse al contrato, las responsabilidades si esto sucede y los procedimientos para hacerlo.
La notificación se refiere al modo en que las dos partes se comunican el calendario de presentación de informes, el pago de derechos y otros gravámenes, el pago de sanciones, violaciones del contrato o la cancelación del contrato. En esta sección se informa del modo en que cada signatario debe responder tras recibir una notificación.
En esta parte del contrato se abordan cuestiones específicas no incluidas anteriormente que una o ambas partes quieran incorporar al contrato. Algunos ejemplos son:
El glosario de términos que se incluye a fin de aclarar su significado puede colocarse al inicio o al final del contrato.
Cuando la duración de un contrato de aprovechamiento forestal tiene una vigencia superior a los diez años, serán necesarios cláusulas y requisitos adicionales con objeto de garantizar una planificación a largo plazo y el desarrollo y ordenación sostenibles de los bosques. En primer lugar, será preciso elaborar dos planes a largo plazo, uno de ordenación forestal y uno de abastecimiento de madera, para planificar las actividades, el manejo de los bosques y la renovación de toda la zona del contrato. En segundo lugar, el contrato deberá incluir disposiciones para su modificación si acontecen cambios en las condiciones, o si se registran otras que no pueden preverse en el momento de la firma del contrato. Será preciso agregar estipulaciones y procedimientos relativos a una nueva evaluación y a las modificaciones necesarias para actualizar un contrato conforme a las actuales normas en materia de recursos y medio ambiente. Además, el contrato debería prever disposiciones para la modificación de la zona, la revisión de los límites o la conversión de algunas partes de la zona para otros usos, así como para modificar el método con el que se determinan o revisan los derechos de tala, los derechos sobre el área y otros gravámenes.
Otras disposiciones y procedimientos que será menester incluir en el contrato se refieren a su renovación, que debería estar sujeta a un examen de la situación de la ordenación forestal y medioambiental, tal vez con la contribución de una auditoría independiente.
Los contratos de aprovechamiento de los recursos pueden tener formas más sencillas: por ejemplo, en el caso de la venta durante un año de una zona maderera o de la venta a corto plazo de cien o doscientas hectáreas, normalmente no se exige un plan de ordenación forestal, así como no es necesario presentar informes anuales. Sin embargo, pueden seguir siendo necesarios un permiso de construcción de caminos y un plan de trabajo.
Estos ejemplos ilustran algunas de las variaciones de los términos contractuales necesarios para ajustarse a diferentes plazos de tenencia y otras condiciones. Los organismos gubernamentales encargados de elaborar el contrato necesitarán diseñar contratos con diversas vigencias a fin de adaptarlos a las circunstancias.
Esta sección reúne las cuestiones, ideas y puntos desarrollados en las secciones anteriores en una secuencia de etapas que deben seguirse durante el diseño y aplicación de los contratos de aprovechamiento forestal. La sección abarca pues las fases más importantes e indica los puntos decisivos del proceso. En el Apéndice A que figura al final del capítulo se presenta una lista de los componentes y requisitos relativos al diseño de contratos.
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Etapa 1: |
Garantizar que la zona del contrato sea compatible con los planes generales de utilización de tierras y su uso y que esté libre de otros conflictos en materia de propiedad o reivindicaciones de tierras |
Un primer paso de fundamental importancia consiste en brindar la seguridad de que el contrato que se propone esté en armonía con un plan general de utilización de tierras. Es importante velar para que la zona del contrato no esté gravada por otro tipo de propiedad, usos o reivindicaciones de las tierras.
Si bien no sean muchos los países que disponen de planes establecidos y exhaustivos de utilización de tierras antes de adoptar decisiones en materia de distribución de tierras forestales, un plan de utilización y una buena planificación de esa utilización pueden contribuir a tomar mejores decisiones y evitar problemas futuros. La elaboración de planes de utilización es una tarea de gran envergadura, pues constituye un desafío encontrar el equilibrio entre los diferentes usos e intereses inherentes a la tierra, muchos de los cuales tienen profundas connotaciones políticas. En teoría, debería desarrollarse y establecerse al menos un plan preliminar antes de proceder con la elaboración de contratos de aprovechamiento forestal. Una vez resueltas las cuestiones relacionadas con la propiedad de la tierra y elaborado un plan de utilización, puede decidirse cuáles son las zonas disponibles para estipular arreglos contractuales y convenirse los tipos de arreglos para cada una de ellas.
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Decisión 1: |
¿Cuáles zonas se incluirán y qué tipo de arreglos contractuales se utilizarán para la zona propuesta? |
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Etapa 2: |
Llevar a cabo estudios preliminares de determinación del alcance de la zona del contrato |
Una evaluación preliminar de la zona potencial del contrato forestal se hace necesaria para determinar los recursos forestales, medioambientales o de otra índole y las características del área. Estos estudios preliminares brindan suficiente información para evaluar con un costo mínimo la viabilidad del contrato forestal propuesto y el interés de potenciales licitantes en el contrato.
Etapa 3: Determinar el interés de contratistas y licitantes en la zona
Tras haber finalizado los estudios de evaluación del alcance de la zona, el organismo gubernamental puede evaluar el interés de mercado de los contratistas en la zona del contrato propuesta. Esta fase puede ahorrar un considerable volumen de trabajo adicional si no se manifiesta ese interés o puede contribuir a determinar el alcance del interés y a establecer la mejor forma de llevar adelante las negociaciones o procedimientos de licitación del contrato. Los intereses de mercado pueden estimarse por medio de una encuesta no oficial entre los posibles licitantes o de propaganda oficial en el plano nacional e internacional o contactando a grupos del sector forestal, etc. Puede obtenerse una indicación concreta del interés de los contratistas solicitando una comunicación escrita preliminar en ese sentido.
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Decisión 2: |
¿El nivel de interés es suficiente para justificar nuevas exploraciones y evaluaciones? |
¿Se ha expresado interés en la zona? ¿Cuántos contratistas reconocidos podrían presentar ofertas para el contrato? Si se carece de un determinado nivel de interés, no debe incurrirse en nuevos costos de estudios o análisis. Si, en cambio hay un manifiesto interés, documentado por cartas de interés de contratistas reconocidos, el gobierno puede llevar adelante el proceso de contratación.
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Decisión 3: |
¿Quién conducirá los estudios más exhaustivos de evaluación y determinación del alcance? |
Un nivel suficiente de interés hace necesaria la realización de evaluaciones y estudios de determinación del ámbito del contrato más detallados. Los componentes de esos estudios se explican en el Apéndice A que figura al final de este capítulo. A este respecto, es preciso decidir quién se encargará de su ejecución. ¿Puede hacerlo el gobierno en su propio ámbito? ¿Posee la capacidad para emprenderlos? ¿Contratará a terceros para su realización mediante contratos de compra? También deben examinarse las cuestiones relativas a costos, tiempo y personal especializado. Los estudios de evaluación del alcance pueden formar parte del contrato mismo (aunque ésta no es la vía preferente); no obstante, esto deja a los gobiernos en una posición de desventaja frente a los posibles contratistas por lo que se refiere a la negociación del contrato.
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Etapa 4: |
Obtener una evaluación del valor de mercado que posee la zona del contrato |
La evaluación del valor de mercado representa otro paso importante en el proceso de adjudicación de contratos. A los fines de las negociaciones y las licitaciones, la disponibilidad de mayor información para el gobierno y los potenciales contratistas favorecerá un mayor número de partes interesadas, reducirá los riesgos en el proceso de licitación y por ende incrementará las cantidades que los licitantes están dispuestos a pagar. El gobierno debe además determinar su precio mínimo o precio límite, esto es el precio por debajo del cual no está dispuesto a firmar. La determinación del valor de mercado facilitará la fijación de este precio.
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Decisión 4: |
¿Cuáles derechos y gravámenes forestales se aplicarán? ¿En qué forma se recaudarán? |
Antes de negociar o poner en venta un contrato, deben decidirse la estructura y los tipos de los derechos forestales. ¿Qué otros derechos y gravámenes se aplicarán? ¿Deben cobrarse derechos forestales sobre los volúmenes de madera extraída o la zona del contrato o en ambos casos? ¿Cómo debe determinarse el nivel de los derechos? ¿Las ofertas para los contratos corresponderán al nivel de los derechos? ¿Las licitaciones se basarán en ofertas de bonificaciones? ¿Cómo se revisarán o ajustarán los derechos? ¿Cómo se recaudarán los derechos y gravámenes? Esta información deberá incluirse en toda solicitud de ofertas así como en las negociaciones con potenciales contratistas, de modo que los licitantes puedan evaluar los costos que implica el contrato. En el Capítulo 8 se examinan las cuestiones relativas a los derechos forestales y otros tipos de gravámenes.
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Etapa 5: |
Evaluar la capacidad del gobierno de administrar y manejar los contratos. Tomar en consideración la contratación externa de estudios en los casos en que el gobierno no logre hacerlo |
¿Cuáles son los elementos del proceso de elaboración de contratos de los que puede encargarse el gobierno? ¿Qué aspectos de las operaciones de administración, examen, observancia y seguimiento del contrato son necesarios una vez que se ha firmado un determinado contrato? ¿Qué requisitos administrativos y en materia de recursos humanos hacen falta para administrar debidamente un contrato? ¿Cuáles son los costos inherentes a la administración y gestión de un contrato? ¿El gobierno está capacitado para desempeñar estas funciones? En caso negativo: ¿Quién se encargará de hacerlo? Esta evaluación de la capacidad deberá efectuarse antes de proceder a la licitación o negociación de los contratos de aprovechamiento de los recursos.
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Decisión 5: |
¿Cuáles actividades de supervisión, seguimiento y observancia puede llevar a cabo el gobierno? ¿En cuáles pueden contratarse a terceros? |
Una vez que se ha realizado la evaluación de la capacidad, el gobierno debe determinar cuáles obligaciones en materia de administración, supervisión, seguimiento y observancia del contrato cumplirá directamente y cuáles debe asignar a terceros.
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Etapa 6: |
Solicitar propuestas, entablar ne go ciaciones o recabar ofertas |
Esta etapa depende de la forma de adjudicación contractual escogida. Pueden solicitarse propuestas a las partes interesadas y si se opta por un mecanismo de licitación pública, habrá que concebir los procedimientos conexos y solicitar luego la presentación de ofertas a las partes interesadas. Los procedimientos de negociación y licitación se examinan en el Capítulo 9.
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Decisión 6: |
¿Cómo se adjudicará el contrato? |
¿Los contratos se adjudicarán mediante adquisición de un solo proveedor, negociación competitiva o licitación pública? (véase el Capítulo 9). Si el número de interesados es reducido, tal vez sea preferible el método de negociación competitiva al de licitación pública. Las manifestaciones de interés y el análisis del valor de mercado ayudarán a determinar el número de posibles licitantes y a decidir el método de venta. La selección de la forma de adjudicación del contrato debería basarse en la opción que conlleve el mejor precio.
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Etapa 7: |
Evaluar las ofertas o propuestas presentadas |
Con arreglo al mecanismo de licitación pública, las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los criterios de que disponen los licitantes en la fase previa a la presentación de sus ofertas. Si la propuesta u oferta excede al precio mínimo o precio límite fijado por el gobierno, el contrato se adjudica al postor que hace la oferta más elevada, sobre la base del precio y otros criterios establecidos con antelación y conocidos por los licitantes. Si las ofertas son demasiado bajas, es decir inferiores al precio mínimo, el gobierno debería rechazarlas y considerar el hecho de ofrecer nuevamente el contrato.
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Decisión 7: |
Adjudicar el contrato o rechazar todas las ofertas. |
En caso de adjudicación del contrato, esta decisión se debe anunciar a todas las partes que participaron en el proceso y divulgar al público.
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Etapa 8: |
Finalizar y firmar el contrato |
Los elementos del contrato descritos en este capítulo deberían conformar la base de la versión final del contrato.
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Decisión 8: |
¿Los planes de ordenación y desarrollo se exigirán antes o después de haberse firmado el contrato? |
Los planes de ordenación y desarrollo son un requisito del contrato de aprovechamiento forestal y se convierten en partes con valor legal del mismo. Su ultimación puede exigirse antes de la firma del contrato o permitir que se lleve a cabo después de la firma y antes de una fecha límite definida. La preparación de estos planes conlleva una labor de gran envergadura, y en caso de exigirse su presentación antes de adjudicar el contrato, se podría desalentar a potenciales licitantes. Por otra parte, es importante fijar una fecha límite para la finalización y presentación de los planes en caso de que se difieran hasta después de la firma. Posterior mente, el gobierno examina los planes y los aprueba o devuelve para que sean revisados. Una vez que los planes se han examinado y aprobado y luego de que también los planes de trabajo se han ultimado y aprobado, el contratista puede llevar a cabo las actividades de aprovechamiento forestal.
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Etapa 9: |
Cumplir con los elementos del contrato por las partes |
Las tareas de supervisión, seguimiento, examen y observancia se llevarán a cabo en los términos estipulados en el contrato. Esta materia se examina más detalladamente en el Capítulo 10.
Anderson, V.L. y McLean, R.A. 1974. Design of experiments: a realistic approach. Statistics, textbooks and monographs, Vol. 5. Nueva York, Marcell Dekker, Inc.
Armitage, I. 1998. Directrices para la ordenación de los bosques tropicales. Estudios FAO: Montes N° 135, Roma.
Bishop, J. T. (ed.). 1999. Valuing forests: a review of methods and applications in developing countries. Londres. Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIMAD).
Davis, L.S. y Johnson, K.N. 1987. Forest management. Nueva York, McGraw-Hill.
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Husch, B., Miller, C.I. y Beers, T.W. 1982. Forest mensuration. Nueva York, John Wiley & Sons.
Schmithüsen, F. 1977. Forest utilization contracts on public land. Estudio FAO: Montes N° 1, Roma.
Apéndice A: Lista de actividades relativas al diseño de contratos
Autoridades legales y administrativas
Usos comerciales de los recursos
Facilidad de acceso
Inquietudes sociales y ambientales
Fuentes de información
Inventario de los recursos comerciales
Inventarios de los recursos no comerciales
Sistemas de transporte
Ordenación de los recursos
Otros componentes
Acceso
Zonas sensibles
Instalaciones de elaboración
Dotación de personal
Disposiciones jurídicas preliminares
Legislación pertinente
Concesiones de derechos y términos
Ordenación de los recursos
Protección
Desarrollo
Empleo
Niveles de inversión
Seguimiento
Finanzas y depósitos
Estrategia de examen
Procedimientos de auditoría técnica
Responsabilidad e indemnización
Rescisión y renuncia
Notificación
Glosario
